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| Entrevistamos a...
GASPAR LLAMAZARES
Diputado de Izquierda Unida |
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– ¿Para qué tiene que servir el Pacto educativo?
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– Un posible pacto social y político por la educación pasa por reconocer como principales interlocutores a los distintos sectores de la comunidad educativa. A partir de esa premisa, IU considera fundamental alcanzar acuerdos concretos que sirvan ante todo para extender, reforzar y mejorar la escuela pública, en tanto que garante del derecho universal a una educación de calidad en condiciones de igualdad. Por otra parte, cualquier acuerdo, en caso de materializarse, tendría que llevar aparejado un compromiso ineludible de financiación suficiente para su ejecución.
– ¿Qué medidas del documento del Ministerio le parecen las más interesantes?
– De sus propuestas, una gran parte no son medidas propiamente dichas, sino objetivos más o menos específicos. Hay demasiados “promover”, “favorecer” o “facilitar” que no concretan cómo ni cuándo. No obstante, hay algunas propuestas, como la relativa al incremento de plazas de Infantil (0-3 años) y a tomar medidas para garantizar el carácter educativo de toda la etapa, que destacamos no por su novedad, sino por su necesidad para una efectiva igualdad de oportunidades educativas desde el inicio. Eso sí, echamos en falta la mención de ‘plazas públicas', como aparece en la propia LOE, y algún compromiso de cuantificación al respecto.
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También podríamos destacar las propuestas encaminadas a garantizar el derecho de todos y todas a aprender con éxito y, por tanto, a combatir el fracaso y el abandono escolar prematuro, siempre que ello no suponga (re)establecer vías segregadoras en la educación obligatoria, como se apunta en el documento y está reclamando el PP.
– ¿Con cuáles no está de acuerdo?
– Nuestro mayor desacuerdo tiene que ver con la ausencia de toda referencia a la educación pública, como primera obligación de las administraciones educativas. Por no hablar del “olvido” permanente de su carácter laico, que exigiría impedir ya cualquier forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. Se renuncia a hacer del sistema público de educación, de titularidad y gestión pública, el eje vertebrador y fundamental del sistema educativo. En este sentido, discrepamos claramente del punto sobre el “Servicio Público de Enseñanza”, que pretende equiparar la enseñanza privada concertada, mayoritariamente confesional, con la de titularidad pública, obviando la existencia de una doble red de centros sostenidos con fondos públicos, cada vez más dual y clasista, que en muchos casos incurren en prácticas de selección o discriminación del alumnado por razones económicas, de sexo, de creencias, o de procedencia cultural.
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