CCOO - 17.6.2010
El secretario confederal de Internacional de CCOO y delegado de los trabajadores españoles en la Conferencia Internacional el Trabajo, Javier Doz criticó que Gobiernos e instituciones de la UE que se habían comprometido a mantener las políticas de estímulo de la demanda en 2010 y a colocar el crecimiento de la economía y del empleo y la protección de los parados como objetivos prioritarios, han empezado a aprobar los planes de ajuste presupuestarios, primero los gobiernos europeos atacados por los especuladores en los mercados de la deuda –Grecia, Portugal, España, etc.- y luego casi todos los demás, se basan en: reducciones o congelaciones de salarios y pensiones, reducción de prestaciones sociales – incluidas las del desempleo en algunos países-, fórmulas de copago de los servicios públicos gratuitos y reducciones de la inversión pública. Cuando se hacen subir los impuestos, son los indirectos. Sobre objetivos y políticas de empleo: nada. Estas medidas van acompañadas frecuentemente, es el caso de España, de propuestas de reforma del mercado laboral, para “flexibilizarlo” y recortar los derechos laborales, y de los sistemas públicos de pensiones, para disminuir sus prestaciones. Se trata de que todo el coste de la crisis lo paguen los trabajadores y las clases medias, nunca los poseedores de capital y patrimonio.
El Gobierno de España ha comenzado a aplicar uno de los planes de ajuste más duros de Europa, al tiempo que está a punto de aprobar, sin acuerdo con los interlocutores sociales, una reforma laboral que facilita el despido y el incumplimiento de los convenios colectivos, y anuncia una reforma del sistema de pensiones que disminuiría su cuantía futura y prolongaría obligatoriamente la edad de jubilación. Este giro radical en su política se justifica porque lo exigen “los mercados”, siendo las instituciones de la UE y el FMI acompañantes de estas exigencias. Esta lógica atenta a la democracia. Porque, ¿quiénes dominan “los mercados financieros”? Lo sabemos todos: los grandes fondos de inversión, en particular los de carácter especulativo. Los gestores de esos fondos se enriquecieron extraordinariamente alimentando el proceso de especulación financiera que culminó en una crisis económica mundial profunda, que ha hecho perder decenas de millones de empleos y empeorar las condiciones de trabajo y de vida de cientos de millones de personas. Lo hicieron con la complicidad de las agencias de calificación de riesgo y la complacencia de gobiernos y organismos reguladores. El sistema financiero fue salvado por los gobiernos con el dinero de todos los contribuyentes y mediante la conversión de las pérdidas privadas en deuda pública. Ahora los mismos especuladores financieros vuelven a enriquecerse, especulando a la baja en los mercados de la deuda, con la ayuda de las mismas agencias de calificación. Los gobiernos, impotentes frente a los dueños del dinero, han cambiado bruscamente de política sin explicación racional alguna y han colocado como única prioridad la reducción de los déficits públicos, haciendo recaer toda la carga de esa reducción sobre los trabajadores. Esto es lo que está pasando en Europa.
Este proceso conlleva un grado de injusticia social que es política, intelectual y moralmente intolerable. Y, además, es un grave error: la depresión de la demanda que producirán estas políticas afectará gravemente a las posibilidades de recuperación de la economía y el empleo, y propiciará más déficit público y la entrada en un peligrosísimo círculo vicioso. Parecería como si las enseñanzas de la gran depresión de la década de 1930 hubiesen servido sólo durante año y medio. El nivel de las contradicciones y de la incoherencia en las declaraciones de los responsables políticos europeos y del FMI y el Banco Mundial durante los últimos meses es difícilmente superable. Corre parejo a la conducta de unos mercados inestables y al borde de la histeria. Una semana se exigen drásticos recortes de los déficits públicos y a la siguiente se muestra la preocupación por el peligro de recaída en la recesión como consecuencia de lo que se exige..
A juicio del representante de los trabajadores españoles se han olvidado los resultados de similares políticas, impulsadas por el FMI, frente a la crisis asiática de 1997 o durante las décadas de los 80 y los 90 en América Latina. Para Doz hay otra alternativa a las políticas de ajuste y sus líneas generales están en las mismas directrices de las Cumbres del G20 sobre crecimiento y empleo, que situaban la reducción de los déficits públicos -cuya importancia no negamos en absoluto- a partir de una recuperación sólida del crecimiento, y establecían las pautas para una seria regulación de los mercados financieros.
Doz pregunta ¿Por qué no se han cumplido las conclusiones de la Cumbre de Londres (abril de 2009) sobre regulación financiera? ¿Por qué se siguen permitiendo las operaciones especulativas a la baja –al descubierto- en los mercados bursátiles y de la deuda? ¿Por qué no se han regulado las actividades de los fondos de inversión libres y de capital-riesgo? ¿Por qué el dinero de la evasión y la elusión fiscales sigue circulando sin demasiados problemas junto con el de las organizaciones criminales en los paraísos fiscales? ¿Por qué los gobiernos y las instituciones multilaterales pueden tan poco frente al capital financiero? ¿Por qué el BCE ha prestado billones de euros a la banca privada europea al 1% de tipo de interés y los gobiernos europeos prestan al Gobierno de Grecia al 5%, el doble del tipo habitual del FMI?
En los orígenes de la crisis de la deuda pública europea influyen los errores y trampas del anterior Gobierno de Grecia, pero en su expansión y desarrollo, en el pudrimiento de la situación griega y la contaminación a los países de Sur de Europa, hay una gravísima responsabilidad de los gobiernos europeos, de la Comisión y el Consejo europeos. Su inacción suicida durante más de tres meses y sus errores en el tratamiento del tema han expandido la crisis y puesto en peligro la Unión Monetaria y la unión y cohesión políticas europeas. Una actuación decidida, a principios de este año, del BCE y los demás bancos centrales nacionales en los mercados de la deuda, y de los gobiernos para respaldar pronta y solidariamente a Grecia, y a los demás países cuyas deudas fueran atacadas por los especuladores, y para crear un fondo monetario o de estabilización financiera europeo hubiera evitado una situación tan grave como la que vivimos y las equivocadas respuestas que se han dado para salir de ella.
Frente a los planes de ajuste y las reformas de acompañamiento que ponen en cuestión los derechos laborales y sociales y las instituciones básicas del Modelo Social Europeo, el sindicalismo europeo ha comenzado a reaccionar con movilizaciones generales en numerosos países, entre ellos España. Lo vamos a seguir haciendo y se producirá una convergencia de las acciones el próximo 29 de septiembre, fecha en la que la Confederación Europea de Sindicatos ha convocado una Jornada de Acción Europea.
Por último Javier Doz manifestó ante la Conferencia Internacional de la OIT que los sindicatos españoles siguen creyendo en el valor del diálogo social y pensando que es la mejor vía para encauzar las relaciones laborales y sociales en las naciones democráticas, pero no estamos dispuestos a aceptar unas imposiciones, que rompen acuerdos y compromisos muy serios, que son tan injustas como las que hemos comentado y que, además, pueden propiciar la continuidad de la crisis o el estancamiento. Estamos convencidos de que podemos coincidir con los intereses y aspiraciones de muchos empresarios del sector productivo que también quieren que la inversión pública no se reduzca a mínimos, que se propicie una reactivación de la demanda interna europea y que se garantice la vuelta del crédito a sus empresas en unos mercados financieros bien regulados.
