– ¿Qué echa en falta en el texto del Gobierno?
– El documento no recoge las propuestas sindicales dirigidas a eliminar la temporalidad injustificada; mejorar la regulación y protección de los contratos a tiempo parcial; desvincular la temporalidad de la estacionalidad, sustituyendo en determinados sectores y actividades el uso abusivo de la contratación temporal por el más adecuado uso del contrato fijo discontinuo; o desvincular el contrato de obra o servicio de las contratas y subcontratas en actividades que son permanentes, aunque cambie la empresa adjudicataria.
Echamos en falta una apuesta clara y efectiva por la estabilidad del empleo, por la erradicación del fraude y del abuso en la contratación temporal y por la eliminación de la precariedad laboral, objetivos que entendemos constituyen la base real para romper con lo que desde todos lados se señala como el elemento perverso de nuestro mercado de trabajo, la dualidad laboral.
– ¿Cuál es el cambio más relevante de los propuestos?
– Los cambios relevantes negativos son bastantes y algunos de ellos previsiblemente inconstitucionales, como en el caso de la imposición de los arbitrajes obligatorios para la resolución de las discrepancias planteadas en los periodos de consulta en los supuestos de movilidad geográfica, modificación substancial de condiciones de trabajo, despidos colectivos o de los individuales al amparo del artículo 52 c) o para el descuelgue de los compromisos salariales pactados en convenio colectivo.
La nueva definición establecida en la reforma aprobada por el Gobierno para las cláusulas de descuelgue se aleja por completo de los criterios acordados en el reciente AENC firmado por las confederaciones empresariales y sindicales.
– ¿Cree que esta reforma contribuirá a crear nuevos puestos de trabajo o a estabilizar los que ya existen?
Ni esta ni otras reformas del marco laboral generan por sí mismas puestos de trabajo, que se generan mediante el desarrollo de la actividad productiva. Es muy improbable que fomente una mayor estabilidad en la contratación. No estamos ante una reforma pactada; la supuesta oposición empresarial está dirigida a exigir más desregulación y menores costes.
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