El país que superó la crisis de los años noventa gracias a la mezcla de educación e investigación también ha sufrido los golpes de una tormenta financiera que no respeta galones. Finlandia, que encabeza la lista de países europeos inversores en I+D, sufrió el año pasado una caída del PIB del 7,8% y prevé cerrar el año con un déficit público del 4,1%. Pero el embate es ridículo si se compara con el de España, Reino Unido o EE UU.

Con unas previsiones de débil crecimiento -del 1,2% en 2010 y en torno al 2,2% para los siguientes cinco años-, Helsinki mantendrá las tijeras a buen recaudo, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional le insta a ahorrar mil millones de euros.

El desmembramiento de la Unión Soviética dejó a Finlandia sin su principal mercado. En ese periodo ya apostaba fuerte por la formación de sus profesionales, con un presupuesto en I+D que desde entonces ha rondado el 3% del PIB. Mientras, España ha variado del 0,8% que tenía a mediados de los años noventa al 1,3%, récord que alcanzó en 2008. Nokia es el mejor ejemplo del avance que experimentó en tecnología de la información con la ayuda de los incentivos del Estado. Este sector llegó a ocupar una tercera parte de la actividad económica.

Pero la clave del éxito finlandés reside en un sistema educativo modélico que empieza por los recursos. Finlandia invertía en 2006 un 6,14% de su producto interior bruto en educación, sólo por detrás de Suecia (6,85%) en el conjunto de la Unión Europea, donde se invierte un 5,05% de media.

"La inversión en formación ya comenzó en los años setenta. Finlandia se ha esforzado por coordinar la educación y hacer evaluaciones en todo el país. Algunos han criticado el excesivo número de ingenieros, pero eso ha permitido crear una base para las empresas tecnológicas", asegura Totti Könnölä, finlandés que da clases en el madrileño IE Business School. La sólida formación de los profesores, su evaluación permanente y el respeto del que gozan entre la sociedad catapultó a Finlandia a los primeros puestos de la clasificación internacional de Pisa.

Könnölä, sin embargo, destaca las diferencias entre los dos países para advertir sobre el riesgo de trasplantar automáticamente el modelo a España. Este experto en gestión sostenible destaca asimismo la colaboración entre empresas y universidad. "La alta rentabilidad de los negocios inmobiliarios en España hacía muy difícil durante los años del boom conseguir financiación para un proyecto innovador, que siempre es más arriesgado", añade, informa Luis Doncel.

La rápida recuperación de la economía del país nórdico se explica en parte por el crecimiento de Rusia. El 47,5% del PIB finlandés depende de sus exportaciones, en gran parte dirigidas a su gran vecino del Este. Pero la recuperación de su economía no aleja los fantasmas de inestabilidad política. "Tenemos elecciones generales en 10 meses. El primer ministro se retira bajo acusaciones de corrupción. El Gobierno está paralizado y todas las decisiones se están posponiendo para dentro de dos años", asegura Jaakko Kiander, director del Instituto Laboral de Investigaciones Económicas.

Esta tardanza, sin duda, se paga. Pero Finlandia puede darse ese gusto porque le sale relativamente barato financiarse. La prima de riesgo que tiene que pagar sobre el bono alemán está en 30 puntos básicos, mientras la española ronda los 180. "Finlandia puede pagar su deuda con un crecimiento moderado del 3%, mientras que algunos países del Sur de Europa, con un crecimiento similar, no podrán pagar ni los intereses", dice Martti Nyberg, economista jefe de Nordea, la principal institución bancaria del país.

El problema es que Finlandia no volverá a crecer el 5%, como hacía antes de la crisis. "Tenemos grandes desafíos. Nokia ya no es la empresa que nos puede sacar de los apuros", dice Kiander. En efecto, Nokia, el principal productor de móviles del mundo y buque insignia de la ingeniería finlandesa, ha perdido terreno y sus beneficios ya no son los de antes. La empresa pagaba hasta hace unos años el 30% de los impuestos corporativos del país. Hoy, esa cifra no llega al 12%.

Además, la industria papelera, un sector crucial en la economía del país, también ha perdido mucho músculo por la caída en picado del consumo. Sin duda, las papeleras están detrás de la reciente decisión del Gobierno de centro-derecha de construir otras dos centrales nucleares. "El Gobierno dice que las construye para cubrir el aumento del consumo de electricidad. Pero el motivo de fondo es que las papeleras han decidido entrar en el negocio energético", asegura Lauri Myllyvirta, de Greenpeace.

Hasta mediados de la década, Helsinki ocupaba el podio en todas las encuestas de competitividad. En la última medición del Institute for Management Development, el país nórdico había caído al 19. España está en el 33.


Adrián Soto - El País - 14/6/2010

Recientemente se ha ido creando en las universidades públicas y en los centros públicos de investigación (OPIs), un sordo pero creciente malestar. Un malestar latente debido en parte a los recientes acontecimientos económicos, políticos y sociales de nuestro país y la forma en que las autoridades los han gestionado, pero también, y sobre todo, al efecto de las campañas de acoso y derribo que algunas corporaciones financieras y la amalgama ideológica liberal-conservadora vienen orquestando contra la universidad pública y contra los intelectuales y científicos que se han manifestado con espíritu crítico en los debates sobre nuestro modelo político, económico, institucional o judicial.

Una de las paradojas, casi esperpéntica, a que ha dado lugar esta campaña mediática, es que actualmente se viene presentado como alternativa a la gobernanza en la universidad pública un tipo de gestión, antidemocrático y sujeto a la dictadura del mercado que, como todo el mundo sabe, está en la base de la crisis que padecemos.

También ha contribuido al aumento de este malestar difuso el recorte de los presupuestos dedicados a las universidades públicas y la reducción de las partidas presupuestarias dedicadas a financiar la investigación científica, que han castigado particularmente al sector público.

¿Cuántos son?

En España hay más de 2,5 millones de trabajadores al servicio de la Administración (2.659.010 personas, según el último boletín estadístico de julio de 2009 ). ¿Eso es mucho, poco o regular? Teniendo en cuenta una población de más de 46 millones, cada funcionario toca a 17 habitantes a los que atender. Sin embargo, la verdadera dimensión de su fuerza laboral se mide, más que por la ratio por habitante, al compararlos con la población activa ocupada -18.394.200 personas según la EPA del primer trimestre de 2010 -. El resultado es que uno de cada siete trabajadores con empleo en España está en nómina de alguna de las tres Administraciones públicas (estatal, autonómica o local), el 14,46%. Otro dato revelador que retrata a la economía española es que hay casi tantos funcionarios como empresarios y autónomos -3.130.800, según la EPA, el 17,02%-.

Del total, sólo un 21,9% (583.447) trabaja para la Administración pública estatal (ministerios, Agencia Tributaria, prisiones, justicia, Fuerzas Armadas, policía nacional, Guardia Civil o entidades públicas empresariales...), mientras que el grueso de la mano de obra pública, el 50,6% (1.345.557), cobra de las comunidades autónomas. En la Administración local (ayuntamientos, diputaciones y cabildos) se encuentra el 23,6% de los trabajadores públicos (627.092) y completan el cuadro las universidades, que dan trabajo al 3,9% de los funcionarios (102.894).

La mayor parte del funcionariado, el 20,7%, trabaja en un ayuntamiento, el clásico oficinista que cobra tributos y tramita documentos, pero el grueso del cuerpo lo conforman profesores y sanitarios. Juntos suman 43 de cada 100 (el 20,3% se dedica a la docencia no universitaria y el 18,5%, al Sistema Nacional de Salud). Los menos son los que emplea Patrimonio Nacional (0,6%, 1.435 trabajadores), seguidos de las fuerzas de seguridad autonómicas (0,9%, 23.826). La administración de justicia, sumando la estatal (0,9%) y la autonómica (1,4%), supone sólo el 2,3%.

¿Y en Europa?

La leyenda negra dice que España es un país de funcionarios pero ¿más que Francia, menos que Alemania, igual que Estonia, el doble que Finlandia? La Presidencia francesa de la Unión Europea realizó en 2008 la comparativa más actual que existe sobre los cuerpos de funcionarios en un informe titulado Administration and the Civil Service in the EU 27 Member States . Analiza datos de 25 países del continente europeo entre los que no está España. Tomando los mismos datos de España en 2008, cuando había casi 100.000 empleados públicos menos -2.582.846-, ¿en qué lugar del ranking quedamos? En la zona media, exactamente en el puesto 16, al mismo nivel que Italia y Alemania. Italia tenía hace dos años 3.400.000 empleados públicos, el 5,7% de la población, uno por cada 17 habitantes, una cifra muy similar a la española -5,5%, uno por cada 18- y a la alemana -donde había 4.500.000 funcionarios para más de 82 millones de personas, lo que se traduce en un 5,4%, 18 habitantes por cada empleado público-.

El país que lidera la lista es Suecia, donde trabajan para la administración 1.125.000 personas, suponen el 12,3% de la población y tocan apenas a ocho habitantes por funcionario. Le siguen Finlandia, Letonia y Malta, con nueve por cabeza. Bélgica y Francia ocupan los puestos séptimo y octavo, ambos con 12 funcionarios por habitante. Irlanda, Portugal y Países Bajos también ganan a España, los dos primeros con 13 habitantes por cada empleado público y el último, con 16. Con menos funcionarios que España hay 11 países, incluidos Luxemburgo -en el puesto 17, con 21 vecinos por trabajador público-, Reino Unido -en el 19, con 29 por cabeza- y Grecia -el 20º de la clasificación, con un habitante más por funcionario que Reino Unido-. Los tres países de cola son República Checa, donde un funcionario atiende a más de un centenar de habitantes, Rumania, con 127, y Eslovaquia, con hasta 135. La mediana de funcionarios por país está en 5,9%.

¿Trabajo de por vida?

Según el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 , los empleados públicos pueden ser funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y personal eventual o de confianza. Sólo los de carrera (oposición) son los que comúnmente se entiende por funcionarios. En virtud de un "nombramiento legal", están vinculados a una Administración por una "relación estatutaria regulada por el derecho administrativo" en lugar del laboral como el resto de los mortales y disfrutan por tanto de plaza en propiedad, fija, vitalicia y sin posibilidad de despido -cuidado, en Italia se pone en la calle desde 2009 a los que tengan más de tres faltas sin justificar-. Son 1.596.916.

En la categoría de personal laboral militan 686.951 personas que, en cambio, tienen contratos ordinarios de trabajo (ya sean fijos, indefinidos o temporales) regidos por el Estatuto de los Trabajadores y por convenios colectivos. Aún queda una tercera categoría que, bajo el paraguas de otro personal , engloba al personal eventual - "realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial en virtud de nombramiento y con carácter no permanente"- y a los funcionarios interinos - aunque son funcionarios y se rigen también por el derecho administrativo, no tienen plaza a perpetuidad, sino que son nombrados "por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia"-, entre otros. Esta situación la sufren 375.143 personas. A ninguno de estos dos grupos se le aplica el principio de "inamovilidad de la condición de funcionario", es decir, que los pueden echar como a todo hijo de vecino, al tiempo que deben cumplir normas como la incompatibilidad y el régimen disciplinario propias del funcionariado.

Conclusión: el 39,9% de los servidores públicos no tiene trabajo de por vida, al tiempo que crece la temporalidad a marchas forzadas. Según UGT , asciende al 8% en la Administración General del Estado, un porcentaje mucho mayor en las autonomías y que llega al 20% en los ayuntamientos. Ya hay entidades locales, como Jerez de la Frontera, que ha puesto en marcha un expediente de regulación de empleo para 550 trabajadores de su personal laboral, el "primer ERE en la Administración" según UGT. El Registro Central de Personal, que en este caso únicamente aporta cifras de los empleados ministeriales, constata que de sus 223.995 trabajadores, 152.150 son funcionarios de carrera, 66.635 personal laboral -con 56.950 fijos, 8.059 temporales y 1.626 fijos discontinuos- y 5.210 otro personal -632 eventuales y 4.401 interinos-. CSI-CSIC apunta a que la mayor parte de los contratados y de los interinos están en la docencia y en la sanidad, en cambio, esta modalidad de empleo público "no existe en la Policía Nacional, por ejemplo".

¿Cuáles son sus condiciones laborales?

Los funcionarios tienen 22 días hábiles de vacaciones, como la gran mayoría de los trabajadores por cuenta ajena, a los que se suman días extra por antigüedad y otras particularidades por autonomías, por lo que pueden llegar a los 26. Los más criticados son los docentes, de los que siempre se dice que disfrutan dos meses de vacaciones, a lo que CSI-CSIF responde que "el mismo calendario escolar de la escuela pública rige para la privada y concertada" -por no hablar de que no son dos meses reales, los exámenes finales y de recuperación no se corrigen solos-. Además, los profesores no disponen de "días de asuntos particulares" como el resto de sus compañeros y la gran mayoría de los asalariados.

Su jornada laboral, que de nuevo depende de las distintas administraciones, va según UGT desde las 40 horas de los grupos altos a las 35 de la Seguridad Social con una media de 38 horas, por debajo de Austria (40) pero por encima de Finlandia y Holanda (36 horas), Francia y Portugal (35 horas) e Italia, cuyos empleados públicos son los que menos horas trabajan en Europa, con una jornada de 32,9 horas a la semana.

En 2006 se aprobó el Plan Concilia para la Administración central , impulsado por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que establece que la parte flexible de la jornada se amplía a un tercio y que sitúa la hora límite de salida en las seis de la tarde. Los padres tienen 10 días por el nacimiento de un hijo y las madres disponen de una ampliación en cuatro semanas más del permiso de lactancia.

Sobre el sambenito del absentismo laboral tampoco hay datos oficiales, pero CSF-CSIF sostiene que "es similar al de las grandes empresas, no es lo mismo el hospital Miguel Servet que un taller de pintura con cinco empleados". En todo caso, muchas administraciones han instalado "sistemas de fichar dactilares o relojes", hay un "sistema disciplinario que establece faltas leves, graves y sanciones" y muchos trabajos "con relevo, como los bomberos, sanitarios, policías y docentes, en los que el mejor control es el compañero, porque jamás se abandona un puesto hasta que no llega el siguiente".

"La gente tiene que saber que el señor que está en la ventanilla ni organiza el trabajo, ni decide los medios humanos y materiales con los que cuenta, ni tiene la culpa de que los trámites sean complejos, lentos y largos", se defiende Miguel Borra.

¿Cuánto ganan?

Calcular cuánto ganan de media es casi tan complicado como realizar los 12 trabajos de Hércules. Para empezar sólo hay datos de los funcionarios, cuyo salarios está regulado por ley, pero no del personal laboral ni de otro personal . Ni siquiera los sindicatos se arriesgan -"nadie se ha atrevido a sacar medias, es un infierno", reconocen- y las fuentes oficiales remiten al BOE, donde figuran seis grupos salariales según la titulación -de un sueldo base de 1.161 euros el más alto a 548 el más bajo-, a los que se añade un complemento de destino para el que hay hasta 30 niveles y otros complementos. Así, según explica el gabinete técnico de UGT, para calcular las nóminas de los empleados públicos hay que sumar a las retribuciones básicas (sueldo base, más trienios y pagas extra) las complementarias (complemento de destino, de productividad, específico de puesto, entre otros, como la nocturnidad para funcionarios de prisiones y sanitarios). Además, "cada comunidad es autónoma en el pago de sus complementos", explica CSI-CSIF, por lo que, por ejemplo, un profesor de Secundaria gana más en el País Vasco que en Andalucía.

Según estimaciones de este periódico, la inmensa mayoría de los funcionarios tiene un salario mensual de entre 1.200 y 3.000 euros. Apenas hay empleados submileuristas en la función pública, según el Gobierno. UGT matiza que al menos es así en la Administración General del Estado, donde se alcanzó el compromiso de que las categorías más bajas no percibieran menos de mil euros brutos al mes. Por ejemplo, en Aragón el funcionario que más cobra tiene una nómina de 53.589 euros al año -al sumar los complementos a un sueldo base anual de 13.935,6 euros-, frente a los 15.923 euros -de una base anual de 6.581- que se lleva a casa, probablemente de sus padres, el que menos.

¿Dónde trabajan?

La mitad, en las comunidades autónomas. El Estado les ha transferido 1.943 competencias y 821.001 funcionarios desde 1978, según la Estadística de Traspasos del Ministerio de Política Territorial . Cataluña se sitúa a la cabeza con 185 competencias asumidas seguida de Galicia, con 154; Andalucía, 152; Comunidad Valenciana, 131 y Canarias con 120. Por el contrario, las autonomías con menos transferencias son Navarra (69) y La Rioja (75), además de Ceuta (21) y Melilla (24).

Sin embargo, este nivel de competencias no siempre se traduce en número de funcionarios. En cifras totales, la distribución de los funcionarios por regiones es casi un calco de su peso demográfico. Andalucía, con 8.302.923 habitantes ( a 1 de enero de 2009, según el INE ), concentra a casi medio millón de funcionarios, seguida de Madrid, aunque por población ocupa el tercer lugar tras Cataluña. Madrid tiene casi tantos empleados públicos como Andalucía (427.650) con dos millones de habitantes menos. La razón es que en esta comunidad viven y trabajan gran parte de los empleados de la Administración central (171.870, la cota más alta de largo, ya que es de nuevo Andalucía, con cerca de la mitad, 92.408), lo que se traduce en una proporción de casi 15 habitantes por funcionario frente a la media nacional de 17 y en que uno de cada seis empleados en la capital sea funcionario. A Andalucía y Madrid le siguen Cataluña, con 302.607 funcionarios, y Comunidad Valenciana, con 228.453, cuarta en población y en número de empleados públicos. Por contra, donde menos funcionarios hay es en Ceuta y Melilla (10.038 y 9.586), seguidas de La Rioja, Navarra y Cantabria.

Sin embargo, los números totales engañan (y mucho). En términos generales, en las zonas con mayor tejido productivo, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra o País Vasco, tiene menos peso el empleo público -con la excepción de Madrid-. En Cataluña, que ostenta la ratio más baja, hay casi 25 habitantes por funcionario y sólo uno de cada diez ocupados trabaja en la Administración, a pesar de tener más competencias que nadie y de ser la segunda comunidad más poblada. En las otras tres comunidades, es empleado público uno de cada ocho. En el punto contrario está Extremadura, donde con un millón de habitantes hay un trabajador de la Administración por cada 11 vecinos y uno de cada cuatro trabajadores en activo es empleado público. Le sigue Aragón, donde hay un empleado público por cada 14,5 habitantes y una de cada seis personas con trabajo lo tiene en la Administración. Por no hablar de Ceuta y Melilla. Cada uno toca tan sólo a siete habitantes y una de cada dos personas empleadas trabaja en el servicio público. Se debe a los más de 3.000 militares que hay en cada una de las ciudades autónomas, que suponen un tercio del total de empleados públicos.

¿Hombres o mujeres?

La administración central es hombre, mientras que la autonómica es mujer. En la primera, trabajan 406.489 hombres frente a sólo 176.958 mujeres. Sin embargo, en las autonomías las mujeres doblan a los varones: 886.474 frente a 459.103. Más cerca de la paridad están los ayuntamientos (334.995 hombres y 292.097) y las universidades (59.511 varones frente a 43.383). Cuando vamos al total, la paridad es casi total: 1.260.098 hombres y 1.398.912 mujeres.

Por ocupaciones, los mayores contrastes están, sin sorpresa alguna, en las Fuerzas de Seguridad del Estado (125.976 ellos frente a 9.974 ellas ) y las Fuerzas Armadas (111.832 frente a 15.541). Las entidades públicas empresariales son también territorio masculino, 44.338 frente a 12.263, al igual que las prisiones: 16.534 funcionarios y sólo 5.305 funcionarias.

Sin embargo, las mujeres casi doblan a los hombres en la administración de justicia: 14.916 frente a 8.742, pero no son magistradas, jueces y fiscales, sino otro personal (10. 025). Pero donde las mujeres son legión es en docencia no universitaria y Sanidad (368.926 profesoras sumando las administraciones central y autonómica frente a 177.951 profesores y 345.966 sanitarias/146.755 sanitarios).

Los ministerios reproducen también el esquema de una sociedad todavía lejos de la igualdad y en la que la mujer se encarga, sobre todo, de la docencia y la salud. Así, ellos ganan en Defensa (15.197 hombres frente a 12.152 mujeres), Fomento (casi el doble: 4.277/2.426) e Interior (21.355/13.740), mientras que ellas son mayoría en Educación (6.614/2.836) y Sanidad (27.659/18.580). Según CSI-CSIF, en unos años se espera una progresiva "feminización de las administraciones" similar -y por las mismas razones- al que se observa en las universidades.

¿Qué edad tienen?

Mucho más complicado de determinar, ya que el boletín del Registro Central de Personal sólo aporta el desglose por edad de los efectivos al servicio de ministerios, organismo autónomos y áreas vinculadas salvo docencia no universitaria. Para el resto, consultar comunidad por comunidad. "El 75% del personal público está transferido y cada comunidad es un auténtico mundo, algunas publican estadísticas, otras no...", advierte Miguel Borra. Sin embargo, los sindicatos opinan que el dibujo del funcionario de entre 40 y 59 años es perfectamente extrapolable al resto de administraciones. Del total de 216.787 empleados de ministerios, organismos autónomos y áreas vinculadas, más de la mitad, 158.485, tiene entre 40 y 59 años. Los menores de 30 suponen apenas 5.729 personas, y los que tienen más de 60 son 20.668.

"Es un cuerpo envejecido porque la oferta pública de empleo es reducida . Viene marcada por la tasa de reposición que se negocia cada año. Para 2010 es del 10%, aunque acordamos un 15% en las negociaciones, lo que quiere decir que de cada 10 que se jubilan sólo se repone uno, salvo Sanidad, Educación, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y servicios sociales". Los sectores más jóvenes de la Administración son, según CSI-CSIF, Sanidad y Educación, debido a que "es donde hay más oferta de empleo".

Victoria Torres/Cecilia Jan - El País - 28/5/2010

Subvención de 8 días con el Fogasa

Pese a estos cambios, el sistema de despidos en España cambiaría definitivamente a partir del 1 de enero de 2012, cuando está previsto que entre en marcha un fondo individual que cada trabajador acumularía a lo largo de su vida laboral para acceder a él en el caso de que pierda su empleo o se jubile. El Gobierno se da un plazo de un año para negociar con la CEOE, CC OO y UGT, la constitución del llamado modelo austriaco que estaría alimentado con cotizaciones empresariales. Estarán sujetos a él todos los contratos indefinidos que se celebren desde comienzos de 2012.

Hasta entonces, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se utilizará para cubrir ocho días del gasto empresarial en caso de despido objetivo, sea procedente (de los 20 días que recibe el trabajador el patrón sólo paga 12) o no (de los 33 paga 25). Los recursos disponibles son los 3.900 millones de superávit que acumula el Fogasa. Sin embargo, Trabajo limita estas ayudas a los empresarios que hagan nuevas contrataciones con el modelo de fomento y mantengan un año a sus empleados. Esto reduce las subvenciones efectivas a una ventana de entre julio y diciembre del año que viene, ya que luego se instauraría el fondo austriaco.

"Seis meses de pérdidas podrían justificar un despido a 20 días"

La reforma laboral que el Gobierno tiene previsto aprobar el próximo miércoles incluye simplificar las causas del despido procedente, indemnizado con 20 días por año trabajado y un límite de 12 mensualidades. El articulado del borrador definitivo no especifica más allá de lo que lo hacía la propuesta de negociación que fue entregada la pasada semana a sindicatos y patronal. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, reveló el viernes que uno de los postulados que hubo sobre la mesa fue "acumular pérdidas económicas durante seis meses consecutivos".

La idea es que la decisión dependa menos del juez, que mayoritariamente falla a favor del trabajador obligando a pagar 33 o 45 días según el contrato, y se estipulen exigencias concretas que el empresario pueda alegar documentalmente. Este punto queda abierto a su negociación con el resto de grupos parlamentarios, explicó Corbacho.

Trabajo da vía libre a las agencias privadas de colocación de parados

En otro paso sin precedentes en la legislación laboral española, el documento emitido el viernes por el Ministerio de Trabajo abre la puerta a la creación de "agencias privadas de colocación" con "ánimo de lucro" que entrarían a trabajar en paralelo al antiguo Inem. Las empresas deberán "coordinarse con el Servicio Público de Empleo Estatal" pero podrán operar de forma "autónoma". De cualquier modo, el servicio que se preste a los demandantes de empleo deberá ser gratuito para ellos, subrayó el ministro de Trabajo.

Esta novedad cumple las mayores expectativas de Agett, la patronal de las asociaciones de trabajo temporal. Las ETT podrán ver, además, como se derriban los vetos que aún se mantienen para ellas sobre determinados sectores, como las administraciones o la construcción, salvo que sea "de interés general" mantener dichas prohibiciones.

Otras novedades

TEMPORALIDAD. El decreto limitará la duración de los contratos temporales por obra o servicio a dos años, extensibles 12 meses más por acuerdo entre las partes. Además, la indemnización por despido pasará progresivamente de 8 a 12 días para 2014.

PODER SINDICAL. La reforma laboral facilitará la aplicación de expedientes de regulación de empleo (ERE) de suspensión o reducción de jornada "cualquiera que sea el número de trabajadores" de la empresa. A cambio de impulsar el modelo alemán hasta en las pymes, Trabajo concede representación a los sindicatos en ellas.

MÁS COLECTIVOS. Se amplían los colectivos que pueden acogerse al contrato de fomento del empleo (33 días). Sólo quedarán ya excluidos los varones de entre 30 y 45 años con menos de tres meses en paro.

FORMACIÓN. Con ánimo de emplear a los jóvenes con bajo nivel educativo, se incentiva el contrato de formación para poder acogerse a él hasta los 24 años y generar derecho a paro.

BONIFICAR. Se reordenan las bonificaciones al empleo para jóvenes, uno de cada dos de los cuales carece de un puesto de trabajo.

FLEXIBILIDAD. En aras de dotar a las empresas de mayor flexibilidad interna, se facilita a los empresarios variar las condiciones laborales de sus empleados.

DESCUELGUE. Entrando en el ámbito de la negociación colectiva, el Gobierno facilitará a las empresas en las que peligren los puestos de trabajo que se descuelguen del incremento salarial que hayan pactado.

¿Qué queda fuera?

La mayoría de las materias que han estado en la negociación de la reforma laboral han sido incorporadas, de una forma u otra, en el documento del Gobierno. Quedan fuera, sin embargo, algunas alternativas como rebajar la indemnización del despido improcedente disciplinario de 45 a 33 días en el contrato de fomento o la creación de un nuevo modelo contractual con despido más barato, como proponía la CEOE.

Cinco Días - 14 /6/2010

Por tanto, si el Ejecutivo aprueba por imposición la reforma laboral, el plazo comenzará a contar a partir del jueves 17 de junio y concluirá el sábado 26 . Es decir, el paro coincidiría al final de la Presidencia de turno de la UE y con los octavos  del Mundial, jornadas en las que podría jugar la selección española de fútbol.

Las organizaciones sindicales no han convocado por principio nunca un paro de estas características en los meses del verano (julio y agosto), ya que estaría abocado al fracaso. Sin contar con que para garantizarse el éxito de la movilización deben antes «calentar» el país, al menos, unas semanas. Los preliminares de la última huelga general que convocaron, el 20 de junio de 2002, se prolongaron durante dos meses. De momento, no han movido ficha hasta constatar que se rompe la mesa de negociación abierta con el Gobierno y los empresarios y que hoy se volverá a reunir.

En busca del éxito

Las dos centrales ven con buenos ojos hacer coincidir la convocatoria de la huelga general con las movilizaciones convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) el próximo 29 de septiembre. Bajo el lema «Recortes no, más crecimiento», intentará hacer llegar la voz de los europeos a las autoridades comunitarias contra los planes de ajustes de sus respectivos países, en un día en el que el Ecofin se reunirá.

Para esa jornada, Grecia, Portugal, Francia e Italia han convocado huelgas generales en sus respectivos países. Si, al final, las organizaciones sindicales se inclinan por posponer la española para entonces, habrán dispuesto de casi tres meses para garantizar el éxito del paro. Fuentes sindicales aseguran a este diario que necesitan tiempo para preparar el clima, sobre todo, después de comprobar ayer el débil seguimiento que registró la huelga general de los empleados públicos. Según el Gobierno central, sólo el 11,8% de los 2,5 millones de funcionarios secundaron ayer las protestas contra el recorte de sus retribuciones decretado por el Gabinete de Zapatero en mayo pasado.

Inmaculada G. de Molina - La Razón - 9/6/2010