El alcalde, Jesús Sepúlveda, del PP, asistió al acto "a título personal"

Unas 250 personas participaron ayer en una manifestación celebrada en el centro de Pozuelo de Alarcón bajo el lema Libertad para elegir colegio. La concentración apoyaba la cesión de un solar municipal en la zona de Arroyo Meaques a la fundación educativa católica Tiempos Más Nuevos para edificar un colegio concertado (subvencionado en parte con fondos públicos). Esta organización establece un modelo de enseñanza que separa a los niños y niñas en las aulas desde los 10 años hasta cuarto de la ESO.

Con gritos de "yo no quiero que me eduque Zapatero" y "queremos libertad para elegir centro", los participantes en la marcha recorrieron una céntrica calle del municipio hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento. Allí, representantes del Foro Español de la Familia, de la Plataforma de Madres de Pozuelo, de Tiempos Más Nuevos y de Hazte Oír pidieron libertad para educar a los niños según las convicciones morales y religiosas de las familias.

En la manifestación estuvieron también el alcalde de la localidad, Jesús Sepúlveda (PP), y el primer teniente de alcalde, Mario Utrilla. Ambos especificaron que se encontraban en la manifestación "a título personal" para apoyar el proyecto educativo de Monte Tabor. "Estoy aquí porque como padre tengo derecho a decidir qué tipo de educación deseo para mis hijos, pero ni apoyo ni dejo de apoyar a Monte Tabor", especificó Utrilla.

La cesión de un solar municipal de 11.800 metros cuadrados a la fundación Tiempos Más Nuevos ha levantado las críticas de colectivos de padres de la localidad y de la oposición socialista. Rafael Simancas, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, incluso anunció, a raíz de esta concesión, que si gana las próximas elecciones autonómicas de 2007, "revisará e incluso retirará" los conciertos a los centros que vulneren principios constitucionales. El dirigente socialista considera que en este caso no se respeta el artículo 14 de la Constitución.

Los socialistas han criticado duramente la filosofía de la organización católica que está detrás de Monte Tabor. "Hablan de curar la homosexualidad, de cruzadas, de formar a ciudadanos que sean capaces de morir por Jesucristo ...", afirmó Simancas.

El director del colegio Monte Tabor, José Antonio Perteguez, tachó de absurdas las acusaciones del PSOE. "Son producto de cierta ignorancia. Además, no ha querido escuchar nuestro proyecto cuando se lo hemos propuesto", dijo. Perteguez defiende la separación de los niños por sexos en las aulas sosteniendo que "todos los estudios pedagógicos demuestran que con la educación diferenciada se logran mejores resultados".

Acoso en las aulas

Perteguez aseguró que la decisión de separar a niños y niñas en las aulas "beneficia a la mujer, que en el sistema educativo actual está muy relegada". "Muchos problemas de acoso escolar", advirtió, "los sufren las muchachas en un ambiente de educación mixta, no controlada".

En cuanto al donativo que los responsables del centro piden a los padres al solicitar plaza -1.750 euros por el primer niño, 1.250 por el segundo y 500 por el tercero-, el director dice que es un préstamo voluntario no vinculado a la admisión de los niños.

Perteguez dijo que, aunque el proceso de inscripción y matriculación aún no está cerrado, ya han superado con creces las expectativas, de forma que en educación infantil, por ejemplo, "se han presentado más de 400 solicitudes para las 200 plazas que hay disponibles".

La representante de la Plataforma por la Escuela Pública de Pozuelo, Isabel López, contraria a este centro, indicó ayer que los manifestantes representaban a un determinado sector de la población que defiende los intereses ideológicos y religiosos de Monte Tabor. "Los que no podemos elegir somos nosotros, que sólo tenemos en la zona dos colegios concertados religiosos y uno privado", explicó.

El PP anunció en las pasadas elecciones municipales la construcción de un colegio y un instituto público en el área donde ahora se está levantando el Monte Tabor. La concentración de ayer fue convocada después del rechazo que ha producido en algunos sectores de la población la cesión de suelo público.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Pozuelo, Eva Izquierdo, subrayó que los promotores del colegio han hipotecado el derecho de superficie de la parcela pública que les cedió el Ayuntamiento por 14 millones de euros, a devolver a los bancos en un plazo de 20 años, porque no tienen dinero para hacer frente a la construcción del centro escolar.

Los sindicatos no nacionalistas consideran improcedente la encuesta y cuestionan su legalidad

Durante el pasado mes de febrero, los profesores de los centros públicos y concertados recibieron una encuesta procedente del Departamento de Educación en la que se les pedía que respondieran en qué idioma, euskera o castellano, quieren que se dirija a partir de ahora a ellos la administración educativa. La encuesta, que venía a nombre de cada uno de los aproximadamente 30.000 docentes que ejercen en las dos redes de la comunidad autónoma, ha despertado recelos entre algunos sectores del profesorado, siempre muy sensible a las cuestiones lingüísticas.

Además, a los profesores también se les pregunta sobre el idioma con el que se relacionan con sus compañeros. Los responsables de los centros también han recibido otra encuesta para que el equipo directivo informe sobre la lengua en el que desea ser atendido el colegio. Las encuestas han sido enviadas por la directora de Gestión de Personal del Departamento, Itziar Garaizar, quien asegura en su escrito de notificación a los centros y a los profesores que para responder al esfuerzo de euskaldunización que se ha dado en la enseñanza es necesario "extender la normalización del uso del euskera en la propia administración". Con este fin, se traslada el cuestionario para que los profesores puedan realizar su "opción lingüística y pueda ser tomada en consideración". "El objetivo", añade el escrito de Garaizar, "es claro y preciso: respetar y aplicar la opción de cada profesor" para así avanzar en avanzar en la normalización lingüística.

La Ley de Normalización del Uso del Euskera especifica en su artículo 8 que "todo acto en el que intervengan los poderes públicos sitos en la comunidad autónoma del País Vasco, así como las notificaciones y comunicaciones administrativas, deberán ir redactados en forma bilingüe, salvo que los interesados privados elijan expresamente la utilización de una de las lenguas oficiales de la comunidad". Fuentes del departamento resaltaron que las encuestas al profesorado se basan precisamente en esta última disposición del artículo 8 de la ley.

Para ello y para facilitar e impulsar la lengua de trabajo, es decir, el euskera, se puso en marcha hace dos años el programa de euskaldunización para la administración educativa (HAE en sus siglas en euskera). Uno de sus cometidos ha sido la redacción de estos cuestionarios. Un portavoz del departamento indicó que "en general" se han recibido muy pocas quejas. Algunas han sido de particulares que consideran que el programa se queda corto, pero otra han ido en el otro sentido.

Protección de datos

Es el caso del sindicato UGT, que considera la encuesta de "dudosa legalidad" al entender que es "incompatible con la protección de datos", según el responsable del sector de enseñanza de UGT en Euskadi, Luis Santiso. La central ha recurrido a la Agencia Vasca de Protección de Datos, pero aún no ha recibido una respuesta oficial. "La administración debe dirigirse a los profesores en los dos idiomas de la comunidad", zanja Santiso, quien ha recomendado a los docentes que no respondan a la encuesta.

Tras recibir esta queja, el departamento también se ha puesto en contacto con la Agencia Vasca de Protección de Datos para comprobar si el procedimiento utilizado para conocer la voluntad de los profesores es "plenamente ajustado a la ley".

Comisiones Obreras, sindicato mayoritario entre el profesorado de la red pública, cree que se trata de un cuestionario "improcedente y con unas preguntas impertinentes". El responsable de la Federación de Enseñanza de CC OO en Euskadi, Javier Nogales, asegura que si se trata de respetar y aplicar la opción de cada profesor "lo que hay que hacer es dirigirse a la comunidad educativa de manera bilingüe respetando la cooficialidad de las lenguas en vigor. Nadie podrá decir que haciéndolo así se vaya a conculcar el derecho de nadie".

Por su parte, el PSE ha registrado una pregunta en el Parlamento para recabar datos sobre los motivos de las encuestas y el momento elegido para hacerlas. De momento, el departamento ya ha procesado los cuestionarios correspondientes a los centros de Guipúzcoa y de Álava. El nivel de respuesta ronda el 65% y entre las conclusiones figuran que los colegios de Álava prefieren que la comunicación escrita y verbal con la administración sea bilingüe. Mientras, los centros de Guipúzcoa también se decantan por esta opción para la comunicación escrita, pero escogen el euskera para la verbal.

E. A.  -  Vitoria

El programa de euskalduni-zación del profesorado-Irale está a punto de cumplir 25 años desde que se puso en marcha. Este ha sido el pilar sobre el que se ha cimentado la euskaldunización del sistema de enseñanza. Ahora, ha llegado el momento de su revisión, según el Departamento de Educación. Cuando se puso en marcha, apenas un 5% del profesorado sabía euskera. Hoy, cerca de un 80% del profesorado de la red pública está en posesión del perfil lingüístico 2, que capacita para dar clases de euskera o en euskera. Ese porcentaje se reduce el 60% en la red privada concertada. Con unos niveles tan elevados de euskaldu-nización, el objetivo del nuevo Irale, que pasará a denominarse Eiroze, es reforzar a los profesores que ya son bilingües por medio de cursos trimestrales más especializados.

La formación del aproximadamente 20% que aún no sabe euskera quedará en manos de los euskaltegis de HABE. En los últimos años, la consejería había ido delegando en HABE una parte de esta formación y a partir de la entrada en vigor del nuevo modelo, gradualmente irán pasando todos los alumnos sin perfil a estos centros. En la actualidad, cerca de 400 docentes están liberados por uno, dos o tres años, para obtener el perfil 1, el 2 o el título EGA.

Fuentes del departamento explicaron que el Eiroze tratará de "atender con mayor precisión las necesidades formativas" de los diversos colectivos docentes. Además, el programa también contempla la revisión de los actuales modelos de examen para obtener el EGA o los perfiles con el objetivo de mejorarlos y adecuarlos a los parámetros básicos europeos. Por ejemplo, se impulsará la formación de los miembros de los tribunales y se homogeneizarán los criterios de corrección de acuerdo con las técnicas de evaluación que se siguen en otras certificaciones europeas para el conocimiento de idiomas.

En las últimas semanas, dos expertos europeos de las Universidades de Estocolmo y Amsterdam han colaborado en este proceso de revisión para asesorar a Educación sobre el futuro modelo que se implantará en la comunidad.

Las escuelas que abrirán estas dos instituciones no harían 'ascos' al nuevo modelo que rechaza el ala catalanista de la Iglesia El cheque escolar que quiere implantar Rajoy daría acceso a cualquier familia a todos los centros privados

JUAN RIERA ROCA

PALMA.- La llegada a Baleares de dos grandes y prestigiosos centros docentes religiosos que no harán 'ascos' a la implantación de nuevos modelos educativos -como el sistema trilingüe que prepara el Govern balear- hace temer a los colegios privados tradicionales una pérdida de alumnos.

Estos centros serán en realidad cuatro, ya que en ambos casos los patrocinadores tienen previsto mantener separados a los niños de las niñas en dos bloques diferentes. Este modelo de educación, aparentemente arcaico, está retomando fuerza en países 'progresistas' en lo educativo, como Suecia.

La Fundación Educación y Familia de las Islas Baleares, vinculada al Opus Dei, promoverá dos colegios -uno para chicas, otro para chicas- en un solar ya adquirido en el ParcBIT. Estos centros darán cabida a unos 1.600 alumnos, según informaban hace un mes los rocinadores.

Menos conocido es el proyecto de los Legionarios de Cristo, orden religiosa relativamente joven pero cuyos colegios han adquirido gran prestigio en otros puntos de España, que se desarrollará en un solar junto al complejo comercial temático Festival Parck, en el municipio de Marratxí.

Estos centros supondrían ya de por sí una competencia directa a otros, como es el caso del Madre Alberta, al que tradicionalmente llevan a sus hijos las familias afines al Opus Dei, que en Baleares son bastantes, a la espera de la construcción del centro docente vinculado a esta Prelatura Personal.

Pero a la competencia normal entre centros que cabía esperar de la apertura de colegios de prestigio en las Islas hay que añadir ahora dos nuevas circunstancias que pueden resultar determinantes: la llegada del trilingüismo, ya el curso 2006-2007 y la llegada, aún sin fecha, del 'cheque escolar'.

El trilingüismo consiste, como ya se ha informado, en la impartición de un tercio del horario lectivo en catalán, otro en castellano y otro en una lengua extranjera a elegir, normalmente el inglés. El objetivo es garantizar el dominio real de las tres lenguas mediante una práctica exhaustiva.

El 'cheque escolar' consiste en una modalidad de financiación pública de la educación que solo los países más modernos se han atrevido a imponer y que consiste en 'dar' a los padres el dinero que el Estado destina a la educación de sus hijos para que ellos los gasten en el colegio que elijan.

El ala nacionalista del profesorado, en el que curiosamente se alinean profesores vinculados al STEI-i con algunos centros docentes privados religiosos ha anunciado ya que se resistirá a la implantación del modelo trilingüe, por temor a que se vea reducido el protagonismo omnímodo del catalán.

En previsión de este rechazo, la Conselleria de Educación ha incluido en el decreto que regulará la implantación del trilingüismo la posibilidad de que los padres tengan la última palabra, o gran poder, a la hora de exigir al centro que adopte el modelo de la enseñanza en tres idiomas.

De otro modo, la única posibilidad de acceder a un centro que aplique ese modelo es hacerlo asistiendo a un colegio privado no concertado, ya que éstos, la mayoría de los cuales -como los del Opus Dei o los Legionarios- no dudarán, con toda probabilidad, en aplicar ese sistema.

Sin embargo, asistir a un colegio privado no concertado tiene el inconveniente de los 300 euros mensuales que como mínimo hay que pagar por niño, cantidad inasumible por muchas familias, máxime si se tiene en cuenta que hay que sumar costes de transporte, comedor, actividades, etcétera.

Pues ni eso va a frenar el éxodo que se teme ya desde algunos de los colegios privados tradicionales. Esta semana el presidente del PP Mariano Rajoy, hizo en Madrid unas declaraciones que pueden suponer, en caso de materializarse, una revolución en el mundo docente.

Rajoy, que parece que parecía mirar a Baleares cuando hacía estas declaraciones, dijo dos cosas. Una, que apoyaba a los presidentes de Baleares y Valencia en sus iniciativas de garantizar la libertad de elección de colegio para aquellas personas que quieran que sus hijos se eduquen en castellano.

La otra, que la libertad de elección de centro se garantiza mediante la implantación del modelo del 'cheque escolar', es decir, dar a los padres la posibilidad de elegir a qué colegio, público o privado, concertado o libre, se destina la cantidad anual que la Administración gasta en educación.

Si se elige destinar el cheque a un colegio público, no le costará más dinero, tal como no le cuesta ahora llevar a sus hijos a un centro de esta titularidad. Si elige destinarlo a un concertado, tampoco tendrá que pagar más. Y si acude a un privado libre tendrá que pagar, en el peor de los casos, un poco más.

Se equivoca quien crea que la escuela religiosa es forzosamente proclive a modelos de enseñanza que den las mismas oportunidades al castellano que al catalán. Esta semana las patronales Educació i Gestió y FERE, agrupadas en torno a la entidad Escola Católica, que reúne a los centros de la Iglesia y de las órdenes religiosas, ha emitido un comunicado significativo:

«Escola Católica considera imprescindible aclarar que en los centros concertados la decisión sobre el modelo educativo -incluido el lingüístico- es en último extremo competencia exclusiva del titular».

Con estas declaraciones contestaban a las hechas pocos días antes por Jaume Juan, director general de Administración Educativa del Govern, gestor del nuevo modelo trilingüe, que ha incluido en el decreto regulador la posibilidad de que una mayoría cualificada de padres exija la adaptación de un centro al nuevo sistema.

Con este comunicado Escola Católica dice a los padres que las directivas de los centros que así lo juzguen oportuno no les obedecerán aunque mayoritariamente pidan el trilingüismo.

Es notorio el enfrentamiento por el modelo lingüístico de algunos colegios privados religiosos con los padres, como es el caso del Colegio Sant Francesc.

También en el mundo de la educación el mercado acaba corrigiendo la falta de sintonía entre la oferta y la demanda, bien por una política de la oferta, bien por el tirón de la demanda a la que no se puede tener permanentemente ignorada. Aquí, en Mallorca e incluso en buena parte de los colegios concertados, es clamoroso el distanciamiento entre los padres de los alumnos y la oferta que imponen los colegios en cuestiones tan conflictivas como la lengua vehicular de la enseñanza. El último caso que ha impactado a la opinión pública ha sido uno de los «grandes» -el colegio de San Francisco- cuya catalanización es, por lo visto, total. De ahí la esperanza que suscitan los dos nuevos colegios privados que se anuncian, pertenecientes a instituciones religiosas de prestigio en el ámbito de la enseñanza, y que no parecen ser proclives a todos estos fanatismos lingüístico-educativos. La esperanza que generan unos colegios que serán trilingües no es solamente por el hecho en si de serlo, sino porque su éxito -que lo tendrán y que nadie lo dude- tendrá efectos multiplicadores sobre la oferta. Y es que no se pueden poner puertas al campo ni crear ficticias realidades virtuales a base de mirarse el ombligo. La modernidad y la demanda van en la dirección opuesta a lo que representa el catalanismo exlcuyente con lo que el proyecto del trilingüismo, tarde o temprano, está destinado a triunfar. Es sólo cuestión de tiempo.

El Gobierno regional invertirá este año más de 24 millones de euros en el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías en los centros educativos

M. ASENJO

MADRID. La Comunidad de Madrid dotará a la largo del próximo curso (2006-2007) a todo el profesorado de Educación Secundaria de los institutos de una agenda personal electrónica conectada al sistema de información de los centros, que incorpora una serie de aplicaciones informáticas y que permitirá mejorar la gestión docente y la comunicación entre los profesores y las familias de los alumnos. Se trata del sistema AFD (Asistente a la Función Docente), que desarrolla un conjunto de aplicaciones superiores a los PDA comerciales.

Así lo anunció la viceconsejera de Educación, Carmen González, en el transcurso de su visita al Instituto de Secundaria «Antonio Machado», de Alcalá de Henares, uno de los centros de la Comunidad donde los alumnos utilizan tecnología de vanguardia para su formación. El profesorado del centro cuenta ya con las nuevas agendas electrónicas.

Otros equipamientos

Este sistema informático está implantado en 50 institutos de la región, otros 25 se encuentran en fase de instalación y Educación proyecta extenderlo a todos los centros de Educación Secundaria el próximo año.

El AFD incluye hojas de cálculo, procesadores de texto, agenda personal y bloc de notas, entre otras, que permiten al profesorado disponer de elementos de información para facilitar su quehacer educativo diario.

La viceconsejera explicó también que la Comunidad trabaja para dotar al profesorado de otros equipamientos para mejorar la infraestructura tecnológica de los centros: ordenadores portátiles, redes inalámbricas o proyectores que podrán utilizar en las aulas.

De acuerdo con las palabras de Carmen González, a través del Plan Educamadrid, el Gobierno regional invertirá este año 24,1 millones de euros en el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías. La mayor parte de este presupuesto se destinará a incrementar la dotación de equipamiento informático en los centros de Educación Infantil, Primaria, Especial, Secundaria y FP. Es decir, que en 2006 los centros escolares contarán con un total de 44.113 ordenadores, uno por cada 11,38 alumnos. Para 2007, la relación será de 9,34 alumnos por ordenador.

Acceso a internet

Entre las actuaciones previstas para este curso, se dotará de segundas líneas a los centros que lo necesiten (todos los colegios de la región disponen de acceso a internet de banda ancha) y se mejorarán las conexiones. También se mejorarán el sistema de filtrado de contenido en el acceso a internet desde los centros y las infraestructuras de las redes de gestión de los colegios.

Carmen González destacó también el esfuerzo que el Gobierno regional está haciendo para implantar equipos informáticos en las aulas ordinarias, dotándolas de 2 ordenadores por clase en los centros de Infantil y Primaria, y aseguró que al finalizar el primer trimestre de este año un total de 1.989 aulas estarán equipadas con 2 ordenadores cada una, lo que supone la instalación de 3.901 equipos informáticos.

González destacó el especial interés del Gobierno regional por facilitar y promocionar el acceso y uso de las nuevas tecnologías de los alumnos con necesidades educativas especiales. Para ello, se extenderá a personas con discapacidad motórica, la dotación de ordenadores portátiles para los estudiantes con necesidades educativas específicas. Igualmente, se dotará a las aulas de enlace (destinadas a la integración lingüística y escolar de los inmigrantes) de recursos on-line.

Aplicaciones pedagógicas

Finalmente, González indicó que, a través de Educamadrid, los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial disponen de una serie de aplicaciones y productos con un valor pedagógico relevante. Hasta el momento, se han gestionado un total de 1.477 peticiones correspondientes a 696 centros de un total de 812, cifra que indica que el 86% de los mencionados centros están utilizando este procedimiento.

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, afirmó hoy, en relación al comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Española en el que señalaba que la Ley Orgánica de Educación (LOE) "no cumple" los Acuerdos firmados entre España y la Santa Sede sobre la asignatura de Religión y su profesorado, que la LOE "cita explícitamente" los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede pero también con otras confesiones religiosas.

   La titular de Educación explicó ante los periodistas, después de la presentación en el recinto ferial de IFEMA (Madrid) de los recursos educativos multimedia elaborados en colaboración entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas en el marco de la Feria AULA, que la disposición que hace referencia las enseñanzas de la religión "cita explícitamente" a los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede pero también con otras confesiones religiosas.

   La ley -añadió la ministra- cita "explícitamente" que las enseñanzas de religión "se ajustarán a lo dispuesto -en el caso de la religión católica- a los acuerdos de España con la Santa Sede", y en el caso de las otras confesiones religiosas a las leyes "que nuestro Parlamento ha dispuesto".  

   San Segundo señaló que la ley garantiza que aquellas familias que deseen la enseñanza de la religión para sus hijos "la tendrán", "pero de igual manera" respeta los derechos de aquellos que no deseen la enseñanza de religión para sus hijos. "La ley tiene que respetar los derechos de todos, tanto de los que desean la enseñanza de religión como los que no", sentenció.

   Preguntada por la nueva concentración anunciada por la la plataforma LOE-NO la ministra indicó que "si uno decide oponerse y sigue oponiéndose" a la ley "está utilizando sus derechos".

   Asimismo quiso recordar que que la ley se encuentra actualmente en Senado y que ha sido aprobada "por la mayoría del Congreso, que representa a la mayoría de los ciudadanos". Además añadió que se lleva "un año y medio" trabajando con "la mayoría" de los representantes del sistema educativo para obtener "la mejor ley posible", y que, después de este tiempo, "no queda duda de la apertura al diálogo" por parte del Ministerio y del "espacio que se ha dado ha todo el mundo" para trabajar en esta ley.

INTERNET EN EL AULA

   Por otro lado, la ministra presentó esta mañana los materiales digitales del programa "Internet en el Aula", que tiene como objetivo la implantación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el sistema educativo español. La elaboración de estos materiales multimedia se enmarcan dentro de del plan de acción 2005-2008, que cuenta con una inversión total de 453,5 millones de euros. La ministra valoró la "combinación de esfuerzos" entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas para "avanzar" en la introducción de las nuevas tecnologías en el sistema educativo.

   Finalmente, San Segundo se refirió al segundo aniversario del 11-M, y dijo que "el peor atentado para este pais" siempre estará muy unido a la historia de nuestro país, y también a AULA (el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta educativa) que se celebraba en esos momentos el recinto ferial del IFEMA, lugar hasta el que se trasladaron los cuerpos de los fallecidos en el atentado.

El director del centro asegura que los "préstamos" que aportan los padres, de 1.750 euros, serán devueltos

   MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Unas 250 personas participaron hoy en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón en una manifestación convocada por el Foro Español de la Familia y la Asociación Madres de Pozuelo en apoyo del colegio concertado Monte Tabor, que funcionará desde el próximo curso escolar con aulas separadas para niños y niñas.

   El acto contó con la presencia del alcalde de la localidad, Jesús Sepúlveda (PP), y el portavoz del PP local, Mario Utrilla, aunque ambos aseguraron asistir "a título personal", no como representantes políticos, sino para apoyar el derecho de los padres a elegir el tipo de centro educativo en el que quieren escolarizar a sus hijos.  

   La marcha, que tuvo como lema 'Por una educación de calidad en libertad', también estuvo respaldada por la plataforma Hazteoir.org y la Fundación Tiempos más Nuevos, y finalizó en la plaza del Ayuntamiento con la lectura de un comunicado en el que los convocantes defendieron la libertad de elección de los padres del centro educativo al que quieren llevar a sus hijos.

   'Nosotras educamos, nosotras elegimos', 'Aquí están los votos de 20107' y 'Todos somos Monte Tabor' son otros de los lemas de los manifestantes. Entre ellos se encontraba el director del futuro colegio Monte Tabor, José Antonio Pertegués, que en declaraciones a la prensa defendió el sistema pedagógico que implantarán argumentando que "fomenta mejor el desarrollo de la familia en todos los sentidos".

NIÑAS "RELEGADAS" EN LA EDUCACIÓN MIXTA

   En este sentido, Pertegués aseguró que la decisión de separar a niños y niñas en las aulas "beneficia a la mujer, que en el sistema educativo actual lamentablemente está muy relegada". "Muchos problemas de acoso escolar -advirtió- los sufren las muchachas en un ambiente de educación mixta, no controlada".

   En cuanto a los supuestos donativos, por valor 1.750 euros, que se pide a los padres por inscribir a sus hijos, el director del colegio argumentó que no son "donativos", sino "depósitos a devolver para que nos ayuden a construir el colegio y no endeudarnos tanto con los bancos".

   Así, aseguró que se trata de "préstamos totalmente voluntarios, no vinculados a la admisión de plaza, que está sujeta a una baremación", y que están obteniendo por parte de "muchas familias que ni siquiera van a venir a este colegio".

   Por otro lado, Pertegués dijo que aunque el proceso de inscripción y matriculación aún no está cerrado, ya han superado con creces las expectativas, de forma que en Educación Infantil, por ejemplo, "se han presentado más de 400 solicitudes y tan sólo hay 200 plazas disponibles".

PADRES PRO ESCUELA PÚBLICA

   En relación con esta manifestación de apoyo al Monte Tabor, una portavoz de la Plataforma por la Escuela Pública de Arroyo Meaque, Isabel López, consideró que los participantes "para nada representan a las madres de Pozuelo". "Son representantes de unos intereses políticos, ideológicos e incluso religiosos de la gente de Monte Tabor, porque realmente los que no tenemos derecho a elección somos los padres de Pozuelo de Arroyo Meaques que queremos escuela pública".

   "Tenemos dos colegios concertados religiosos y un privado, pero no escuela pública", reprochó López, advirtiendo en este punto que el colegio público más próximo al barrio está a 10 kilómetros.

   La apertura de este colegio concertado ha encontrado también una fuerte oposición en el PSOE, cuya portavoz en el municipio, Eva Izquierdo, recordó que, aparte de los "depósitos" o "préstamos" que pide el Monte Tabor y de los aularios separados por sexos, se levantará sobre una parcela municipal que les fue adjudicada por concurso público.  

   La edil socialista subrayó que, sin embargo, han hipotecado el derecho de superficie de la parcela pública que les cedió el Ayuntamiento por 14 millones de euros, a devolver a los bancos en un plazo de 20 años, porque no tienen dinero para hacer frente a la construcción del centro. Además, según Izquierdo, el Ayuntamiento ha eximido al colegio del pago de 200.000 euros en el impuesto de obras.

Madrid, 12 mar (EFE).- El Senado comienza a debatir mañana el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), remitido por el Congreso, con la discusión y votación en comisión de los dos vetos presentados, uno del Grupo Popular y otro del único senador de Eusko Alkartasuna (EA, Grupo Mixto).

En caso de que prospere alguno de ellos, la Comisión de Educación y Ciencia enviará el texto legislativo al Pleno de la Cámara para que se pronuncie sobre estas propuestas de devolución del texto legislativo al Congreso.
Si son rechazados, la Comisión debatirá hasta el miércoles próximo las 927 enmiendas parciales presentadas entre todos los grupos.
El Grupo Popular, que se encuentra a un voto de la mayoría absoluta en la Comisión de Educación y Ciencia, justifica el veto porque la LOE es una "reedición" de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990.
El PP atribuye a la LOGSE el fracaso escolar, el bajo nivel medio de conocimientos, la "desmoralización" de los profesores, la "desmotivación" de los estudiantes, el "crecimiento exponencial" de la indisciplina y la "degradación" del clima de estudio y trabajo en las aulas.
La LOE añade el "agravante" de que "reduce drásticamente" las competencias educativas del Estado, lo que puede originar que las CCAA establezcan "sus propios" modelos educativos.
"Además de no garantizar la vertebración del sistema educativo español, pone en riesgo la igualdad de oportunidades de los españoles a través de la educación y la cohesión social", precisa el PP.
En tercer lugar, el proyecto llega "sin el consenso" que demanda la sociedad "y al que se comprometió el presidente del Gobierno".
Las CCAA gobernadas por este partido "no han sido escuchadas" y "no se han tenido en cuenta" las propuestas de asociaciones de padres, profesores y estudiantes ni las indicaciones del Consejo Escolar del Estado (órgano consultivo).
El senador de EA, José Ramón Urrutia, comenta algunas de las "numerosas invasiones" de competencias propias de las comunidades autónomas en general y del País Vasco en particular.
Más concretamente, manifiesta "preocupación" por el desarrollo normativo posterior del artículo 6.3, por el que los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas "requerirán" el 55 por ciento de los horarios escolares para las comunidades con lengua cooficial y el 65 por ciento para las otras.
El senador nacionalista entiende que tal proporción "debiera ser un máximo" que permitiera a cada comunidad organizar los horarios escolares.
"Es más, junto a la capacidad para financiar el sistema educativo propio, estamos convencidos de nuestra capacidad para fijar el 100 por cien del currículo", apostilla en la justificación del veto.

DIFÍCILMENTE admitiríamos hoy que una persona tiene una buena educación si no está mínimamente informada de lo que ocurre en el mundo. Porque nunca como ahora la información ha formado parte -de un modo inseparable- de la educación. Por ello es tan importante la presencia de los medios de comunicación en los procesos educativos de una sociedad moderna. Dicho de un modo que no induzca a equívocos, el periódico no sustituye -ni sustituirá en el futuro- al colegio, pero sí que es -y será cada vez más- insustituible en la formación escolar. Es el efecto lógico de la creciente relevancia de la información (entendida también como divulgación) en la nueva era en que vivimos. Lo dijo Gustave Flaubert: «La vida debe ser una incesante educación». ¿Podría concebirse esa educación al margen de lo que acontece en el mundo si el destino natural del proceso educativo es la radicación, positiva y favorable, de cada uno en su entorno, de modo que su realización personal sea posible? Dijo Arturo Graf que un hombre comienza a ser viejo cuando cesa de ser educable. Tenía razón, y hoy más que ayer.

El papel de los medios de comunicación en el proceso educativo es cada vez mayor porque son muchos los modelos y patrones vitales y culturales que emanan de sus contenidos. Por ello, en una sociedad libre y democrática, cada medio es el autor y el responsable de su propia credibilidad. Un buen medio contribuirá siempre a la formación de buenos ciudadanos, consciente de que ésa es una labor consustancial al propio hecho de informar con respeto a la verdad. La Constitución Española así lo consagra al establecer el derecho de los españoles a recibir una información veraz.

Educadores e informadores han coincido -y de alguna manera se han fusionado- en la senda por la que el ciudadano accede a la Sociedad de la Información, que se caracteriza, entre otras cosas, por el alcance y la capacidad de las redes de comunicación y por un creciente caudal noticioso-divulgativo, que suma un volumen jamás igualado en ningún otro momento de la historia. El proverbio turco de que «el verdadero huérfano es el que no ha recibido educación» es hoy más cierto que nunca.

Los directores solicitan que el personal administrativo y de servicios de sus centros dependa de Educación

Las fechas de las selectividad de este curso vuelven a coincidir con las evaluaciones finales en los institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana. Esta circunstancia, que ya fue puesta en evidencia por los directores el ejercicio escolar pasado, se repite al no haberse solucionado.

M. Ducajú, Valencia

Una representación de la permanente de directores de institutos se reunió ayer con responsables de la dirección territorial de Educación para analizar el final del curso.

La selectividad se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de junio para los alumnos de segundo curso de Bachillerato. En estas fechas, los estudiantes de la Secundaria Obligatoria también tienen sus evaluaciones finales.

Los profesores deben dividirse entre cuidar y organizar con los universitarios las pruebas de acceso y la jornada lectiva en los institutos; este solapamiento es el que preocupa a los directores porque, en muchos casos, supone un elevado porcentaje de personal docente afectado.

Una de las soluciones planteadas es que la dirección territorial se dirija a las universidades (organizadoras de este proceso) para que las reuniones de la selectividad -previas y posteriores a las pruebas- se realicen por la tarde.

Una de las cuestiones que pusieron en evidencia los directores fue la que la ley antitabaco no les permite adoptar medidas sancionadoras en caso de que en sus centros se incumpla. Por el contrario, cualquier ciudadano, profesor o alumno puede denunciar al director de un instituto si alguien fuma en el recinto educativo, por no hacer cumplir la legislación.

Además, la permanente ha enviado una carta al presidente de la Generalitat solicitando que el personal de administración y servicios de sus centros cambien de adscripción y dependan de la conselleria de Función Pública a Educación ante los problemas en cubrir las bajas

Directores de los 225 colegios concertados de la región analizan la situación de sus planes de estudio

V. G. IZQUIERDO/VALLADOLID

Más de 200 directores y miembros de los equipos directivos de todos los colegios concertados de la región analizaron ayer, en una reunión convocada por la Federación Española de Religiosos de Enseñanza, Centros Católicos y Educación y Gestión en Castilla y León (FERE-CECA EyG) en el centro educativo de Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, las perspectivas de futuro y los retos fijados por la educación concertada para el curso siguiente.

La intención principal de concentrar a representantes de los 225 centros concertados presentes en la comunidad en una de las tres jornadas de trabajo anuales que propone la FERE-CECA EyG es comprobar el desarrollo del plan anual aprobado en la última asamblea regional se corresponde con lo proyectado.

El secretario regional de la federación, Gregorio de Frutos, señaló la importancia de este encuentro por «reunir a representantes de la Administración autonómica, a secretarios de los sindicatos presentes en la educación concertada y a nuestros propios superiores en el ámbito estatal» y de esta forma, que todos los protagonistas de la sección concertada pudieran ofrecer «una mejor y más concreta visión de la educación».

En la actualidad, al igual que ocurre en otros sectores de la educación, el problema más importante al que se enfrentan los colegios concertados se centra en las incidencias económicas que sufren. De acuerdo con los datos ofrecidos por Frutos, cada unidad concertada adquiere un déficit de 3.000 euros al año, lo que se traduce en el «16% de déficit acumulado» en todos los centros de la nación.

Apoyo autonómico

En este sentido, y en palabras del representante de FECE-CECA EyG, es destacable la concesión que, tras una larga negociación, «el Gobierno autonómico ha otorgado a los profesores de educación Primaria y Secundaria» al incrementarles en 152 euros al mes la nómina durante los próximos tres años. Un principio de acuerdo, alcanzado entre los sindicatos y la Consejería de Educación, y pendiente de la aprobación del Consejo de Gobierno, «del que nos alegramos y del que esperamos una próxima repercusión sobre el profesorado de los centros concertados» declaró Frutos.

De producirse en un futuro una subida salarial semejante a la desarrollada sobre el personal docente de la educación pública en el profesorado de los colegios concertados, la medida afectaría a los más de siete mil profesionales que trabajan, en estos momentos, en los 225 centros integrados repartidos por Castilla y León.

Principales retos

La celebración de esta jornada responde a la consolidación clara en los participantes en el encuentro de la estructura educativa que los que se dedican a la enseñanza concertada pretenden desplegar sobre los cerca de 110.000 estudiantes que reciben educación Primaria y Secundaria en cualquiera de sus centros. La proximidad entre los profesores y los alumnos se erige como la principal premisa elegida por los docentes de las escuelas concertadas, que tienen entre sus objetivos básicos, según el secretario regional de la federación educativa, «ser fieles a nuestro carácter propio, que es por lo que los padres nos confían a sus hijos».

Entre los invitados a la reunión se encontraba el director general de planificación de la Consejería de Educación de Castilla y León, Francisco Javier Serna, quien expuso ante los asistentes los elementos más delicados en el desarrollo autonómico y la futura aplicación de la Ley Orgánica de Enseñanza (LOE) sobre los aspectos más relevantes del panorama educativo, como son los consejos escolares, los centros concertados y las asignaturas de religión y de formación de la ciudadanía.

Por otra parte, el secretario general de la federación de enseñanza, Manuel de Castro, informó a los directores de «la confusión creada en la sociedad» por la utilización de la educación por parte de los partidos políticos como «instrumento para otras finalidades no estrictamente educativas».

Para solventar esta situación, Castro propuso la creación de una legislación que permita el desarrollo del carácter propio de las escuelas, la aseguración de una «financiación suficiente» a los centros escolares y el respeto de un «amplio margen de autonomía» para los colegios concertados.

La Junta confía en duplicar la media actual de retornados, que se sitúa en unos 4.200 al año Los empresarios obtendrán ayudas concretas para trasladar sus pequeñas y medianas empresas

ANTONIO MONTILLA/SEVILLA

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana el proyecto de Ley Reguladora del Estatuto de los Andaluces en el Mundo. Esta norma, que derogará a otra vigentes desde 1986, supera el actual reconocimiento a este colectivo como raíz de un movimiento asociativo internacional y se centra en los derechos y deberes individuales de estos emigrados.

Una persona que se plantee regresar a Andalucía con su familia tras años en el exterior -ya sea en otra comunidad autónoma o en otro país- gozará, cuando entre en vigor este Estatuto, de nuevos argumentos para el retorno.

Los hospitales andaluces estarán abiertos desde el primer día para estos ciudadanos. Lo mismo ocurrirá con las plazas escolares o las ayudas sociales. Antes, para solicitar una vivienda protegida, el retornado debía acreditar una estancia mínima en Andalucía de tres años. Ahora lo podrá hacer a partir del primer día en que se empadrone en un municipio andaluz.

Los que opten por quedarse también salen ganando con esta ley. Podrán, por ejemplo, pedir el amparo de Defensor del Pueblo Andaluz en cuestiones puntuales o presentarse como candidato a unos comicios andaluces, siempre que cumpla con el requisito previo de ir en una lista electoral por una de las ocho circunscripciones andaluzas. No obstante, una de las causas que retrae a una parte de esos 1,8 millones de emigrantes andaluces es la necesidad de seguir con su pequeña o mediana empresa. Para intentar combatir esto, la Junta prevé ayudas económicas concretas para que puedan trasladar sus negocios a Andalucía.

Desde el Gobierno andaluz se asegura que este estatuto es una demanda de las más de 350 comunidades de andaluces registradas en el mundo. La mayoría están en otros territorios nacionales, pero también existen asociaciones repartidas por distintos países de Europa, América e, incluso, Oceanía, donde hay un colectivo. La Junta, además, quiere que estos andaluces, que contribuyeron al relanzamiento de Andalucía con el envío de divisas, puedan disfrutar de la Comunidad que ellos han contribuido a crear.

Emigración económica

Andalucía cuenta en la actualidad con unos dos millones de habitantes que residen de forma estable fuera de sus fronteras, producto de una emigración económica que fue especialmente intensa entre los años 1960 y 1975, y que a partir de entonces comenzó a disminuir hasta casi desaparecer hacia el extranjero y reducirse el flujo hacia otras zonas de España. En los últimos años, parte de estas personas han comenzado a retornar mientras que, entre sus descendientes, Andalucía también se contempla como un lugar donde establecerse o estudiar.

El estatuto del emigrante dedica específicamente al regreso su título V, que centra sobre las 'Medidas sociales para facilitar el retorno de los andaluces en el exterior'. En él se establece que los andaluces podrán acceder a las prestaciones y programas sociales, educativos y sanitarios en las mismas condiciones que cualquier otro residente en la comunidad autónoma sin tener que acreditar un tiempo mínimo de estancia en ella.

En aquellos programas cuyo acceso esté limitado a las personas que hayan permanecido en un municipio durante un mínimo de tiempo, se contabilizará como tal la estancia fuera de las fronteras de Andalucía.

Convocatorias

Respecto a las convocatorias de adjudicación de viviendas de promoción pública, no se les exigirá que acrediten ningún periodo de residencia previa en el municipio, de forma que podrán acceder a éstas en las mismas condiciones que el resto. Además, cuando se trate de personas especialmente desprotegidas por razones socioeconómicas, de edad o de salud, la condición de retornado se podrá establecer como mérito en la convocatoria de viviendas.

Además, a los andaluces en el exterior se les proporcionará información sobre las ofertas gestionadas desde la Administración autonómica (a través del SAE), y podrán inscribirse y acceder a los puestos de trabajo en condiciones de igualdad.