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Académicos y profesores piden que el Gobierno retire el polémico contrato de primer empleo
J. M. MARTÍ FONT - París
La revuelta en las universidades contra la reforma laboral del primer ministro, Dominique de Villepin, retomó fuerza ayer en Francia y se extendió a 52 de los 84 centros universitarios, según el principal sindicato estudiantil. A los universitarios se unieron institutos de enseñanza media y numerosos académicos y profesores de prestigio. Todos se suman a la demanda de que el Gobierno retire el polémico contrato de primer trabajo juvenil (CPE, en sus siglas en francés), que permite el despido sin justificar durante los dos primeros años de vigencia. El intento del primer ministro de abrir negociaciones, sin por ello renunciar a la entrada en vigor de la reforma, parecía haber fracasado.
Según la UNEF, el principal sindicato estudiantil, 52 de las 84 universidades de Francia se habían sumado ayer a la huelga. El Ministerio de Educación sólo admite 14, y otras 27 están "con perturbaciones". Hoy hay convocadas nuevas manifestaciones en todo el país.
Las puertas de la vieja Universidad de la Sorbona, en el centro de París, seguían ayer cerradas, oficialmente para reparar los supuestos daños causados por los alumnos que la ocuparon la semana pasada. El Barrio Latino, normalmente lleno de viandantes, estaba medio vacío. La policía lo había cerrado a la circulación. Varios cientos de estudiantes, entre los que se encontraban muchos de los que fueron desalojados el pasado sábado de madrugada, se congregaron frente a un muro disuasorio formado por los policías antidisturbios (CRS).
Los manifestantes, entre los que también se encontraban alumnos de varios institutos, optaron primero por dirigirse hacia el bulevar de Saint-Michel y cortar el tráfico sin encontrar respuesta de las fuerzas del orden. Poco después, sin embargo, un grupo intentó abrirse paso en el Colegio de Francia, una de las grandes instituciones culturales del país, y fue entonces cuando se produjo el choque con los antidisturbios, que utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos, reproduciendo en el Barrio Latino una imagen que muchos no habían visto desde mayo de 1968.
Pero la protesta no se limita ni mucho menos a París, donde pese al cierre de la Sorbona, las asambleas y la agitación se mantiene desde otros centros, como la Facultad de Medicina o las instalaciones de Jussieu. En la Universidad de Rennes, por ejemplo, una gran asamblea reunió en el estadio a más de 5.000 alumnos, que votaron seguir en huelga. Por otro lado, buena parte del profesorado se está sumando a la protesta, apoyándola abiertamente, como ha hecho el presidente de la universidad Marc-Bloch de Estrasburgo y el de Burdeos III, así como los decanos de las universidades Denis-Diderot (París), de Toulouse III, Nantes y París X.
Si Villepin pensaba que apagando el pequeño fuego de la Sorbona y apareciendo conciliador por televisión la noche del domingo podía controlar la situación, se equivocaba. La Coordinación Nacional Estudiantil, que reúne a las diferentes organizaciones universitarias contrarias a la reforma laboral, ha convocado para hoy una "jornada de acción". El jueves los sindicatos se unirán a los estudiantes. El Sindicato Fuerza Obrera, el tercero en importancia de Francia, ha convocado asimismo un paro de 24 horas. Y el sábado hay una nueva cita para que los franceses se manifiesten en todo el país.
El Gobierno, en alerta
El Ejecutivo conservador está completamente a la defensiva. Villepin ha suspendido el viaje que debía realizar hoy a Berlín con motivo de la cumbre franco-alemana, y en lo que se refiere al CPE aseguró que el Gobierno "está unido y decidido". Pero su gran rival, el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, no dejó pasar la ocasión para lanzarle un sutil ataque. El presidente, Jacques Chirac, dijo, debería salir a la palestra y expresar qué es lo que "siente" sobre la situación, dando a entender que Villepin no es más que un subordinado.
El Partido Socialista ha ido más lejos y ha pedido a Chirac que bloquee la reforma laboral puesta en marcha por su partido, la Unión por un Movimiento Popular, que preside Sarkozy. La izquierda se frota las manos con este inesperado regalo. Los socialistas presentarán hoy un recurso ante el Consejo Constitucional contra la ley que contiene el famoso CPE, al que previsiblemente se sumarán comunistas, verdes y radicales de izquierda. |
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El Grupo Popular sostiene que la LOE supone una ruptura del sistema escolar español
CARMEN MORÁN - Madrid La Comisión de Educación del Senado rechazó ayer las dos propuestas de veto a la Ley Orgánica de Educación presentadas por el Grupo Popular y por el senador de Eusko Alkartasuna (EA), José Ramón Urrutia. El PP cree que la ley aprobada en el Congreso supondrá una "ruptura del sistema educativo español y no resolverá sus problemas". Eusko Alkartasuna, que apoyó la ley en el Congreso, justificó su veto en la "intromisión de la ley en el estatuto de autonomía vasco". El portavoz socialista, Manuel Pezzi, contestó que "el problema competencial no es el de la educación".
Una vez rechazadas las dos propuestas de veto, la Ley Orgánica de Educación (LOE) sigue hoy su trámite en el Senado. El PP sólo necesitaba sumar un voto al de sus 12 senadores para que su enmienda de veto prosperase, pero el senador de Eusko Alkartasuna (EA), que también quería vetar la ley, no le prestó el suyo. Tampoco el PP votó a favor del veto de EA. La LOE seguirá, pues, modificándose a través de enmiendas. El portavoz socialista anunció la intención de aceptar 81 de las 927 presentadas, incluidas las 45 de su partido. Muchas son de carácter técnico o aquellas que prevén mejoras para colectivos como los sordos, los niños disléxicos que todos los grupos han ido incorporando. El PSOE aceptaría también que no haya un concejal en los consejos escolares de los centros concertados, como ha pedido CiU y algunas organizaciones educativas. Pezzi explicó también que han pactado con CiU modificar en la ley lo referido a la ausencia voluntaria de los alumnos a clase. Los estudiantes sólo podrían ejercer el derecho a huelga a partir de 3º de ESO, es decir, cuando tengan 14 o 15 años, la edad a la que se les permite también participar en las elecciones para elegir al director del centro. El equipo directivo, por cierto, verá reconocido su poder ejecutivo si prosperan estas enmiendas negociadas por los socialistas en el senado con otros grupos.
Pezzi avanzó, por último, otra enmienda que permitiría el ingreso en el sistema educativo público de los colegios concertados cuya titularidad corresponde a ayuntamientos o diputaciones. Y también explicó que se retocará la ley para dejar constancia de que los conciertos se irán actualizando conforme la ley vaya entrando en vigor.
El debate educativo comenzó ayer en el Senado prácticamente igual a como se dejó en el Congreso. El senador popular Adolfo Abejón expuso su rechazo a la ley, "una ley que tiene los aromas de la LOGSE y se confunden". Insistió en el derecho de los padres a elegir el centro escolar que deseen y mostró su preocupación por la "ruptura del sistema educativo". "No se asegura una formación común para todos los españoles", dijo. Una de las enmiendas del PP pide que la lengua castellana aparezca separada como asignatura de la lengua cooficial, "porque si no quedará relegada a su estudio en clase de gimnasia o de plástica", alertó Abejón. Mientras al PP le preocupa lo que pueda ocurrir con el español en colegios de Cataluña o País Vasco, por ejemplo, el nacionalista Urrutia (EA) teme que se produzca un cambio de gobierno y la ley educativa no tengan las suficientes salvaguardas de las competencias de las comunidades. Por eso pide que un artículo garantice que nadie intentará "mordisquear las competencias de las comunidades". Por lo demás, la ley no le parece rechazable: "Si no fuéramos nacionalistas no hubiéramos plateado este veto", dijo. Pezzi le contestó que la ley es "modélica por el cuidado exquisito para no invadir competencias autonómicas" y tachó el veto de "injusto y fuera de lugar". |
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Sólo dos universidades de la UE, Cambridge y Oxford, figuran entre las 20 mejores del mundo
J. A. AUNIÓN - Madrid
"Francia y Alemania ya no son líderes mundiales en producción de conocimiento y formación". Este deterioro se extiende a toda la educación de la UE. Así lo establece el responsable del Informe PISA, Andreas Schleicher, en un estudio encargado para el organismo que evalúa la Agenda de Lisboa . Este acuerdo firmado en 2000 pretende convertir a la UE en la economía más competitiva del mundo en 2010. Un objetivo que, según el estudio, corre un grave riesgo. EE UU gasta más por alumno en todos los niveles que Europa (en la universidad hasta el doble que la UE), sólo dos de las 20 mejores universidades del mundo son europeas y países como Alemania o Francia no han aumentado el porcentaje de licenciados desde los años sesenta.
- Estudiantes extranjeros. Cerca del 40% de los alumnos que estudian fuera de sus países lo hacen en EE UU, un signo de que este país es "la elección número uno de los consumidores de educación de todo el mundo", asegura Schleicher, responsable del informe PISA, el estudio que evalúa los sistemas educativos de los países de la OCDE.
- Poco gasto educativo. EE UU gasta más por alumno en todos los niveles educativos que Europa. Japón, excepto en educación infantil, también. Pero la diferencia es aún mayor en la educación universitaria, en la que EE UU gasta el doble por estudiante. La media de la UE está sobre los 7.544 euros anuales, mientras la estadounidense supera los 16.764. España gasta unos 6.538 euros en este apartado.
- Congelados en los años sesenta. A pesar de la demanda de titulados superiores, Francia, Italia y Reino Unido mantienen el mismo porcentaje de universitarios, en relación con su población, que en 1960. Alemania, incluso ha disminuido este porcentaje, aunque no hay que olvidar que cuenta con un sistema de formación profesional muy fuerte al que dirige aproximadamente el 70% de los jóvenes. España, es una excepción en este punto: desde 1990, ha pasado de tener un 10% de la población con estudios universitarios a tener un 24%.
- Clasificación de campus. Sólo dos de las 20 mejores universidades del mundo son europeas. Ambas son británicas: Cambridge, que ocupa el segundo lugar, y Oxford, el décimo. La universidad de Tokio es la representante asiática en el vigésimo lugar. España tiene dos campus entre los 200 primeros: la Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona. Así lo refleja un estudio de la Universidad de Jiao Tong de Shanghai recogido en el informe de Schleicher.
- Desigualdad. El informe asegura que la clase social a la que pertenecen los estudiantes marca más diferencias de oportunidades en Alemania, Francia o Italia que en EE UU. Pone un ejemplo: en Alemania, los hijos de trabajadores no cualificados tienen cuatro veces menos oportunidades de llegar a la universidad que los de trabajadores con titulación superior.
- Formación continua. Mientras el 40% de los empleados en Dinamarca, Finlandia, Suecia, Suiza o Estados Unidos realizan anualmente algún curso de formación continua, en España, amén de Grecia, Hungría, Italia o Portugal, ese porcentaje está por debajo del 10%.
- Desocupados. Más del 10% de los jóvenes entre 15 y 19 años de Francia, Italia, Eslovaquia y Turquía ni estudian ni trabajan. Ésta es, según Andreas Schleicher, una de las cifras más "preocupantes" sobre el estado de la educación. En España, este porcentaje está en el 7,3% y en Reino Unido, en el 9,5%. En el otro lado están EE UU (1,5%) y Finlandia (2,3%).
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J. A. A. - Madrid
En 1960, menos de un tercio de la población de Corea tenía estudios de enseñanza secundaria, lo que le colocaba prácticamente en el último puesto de la OCDE. Hoy, el 97% de los coreanos entre 25 y 34 años han completado el bachillerato o educación de nivel similar.
La capacidad para atender en todo momento la demanda de educación es una de los factores que explican este crecimiento. Cuando se amplió esa demanda, dice el autor del estudio, Andreas Schleicher, "los alumnos no eran enviados a casa", sino que se aumentó el "tamaño de las clases y las horas lectivas" y los padres estuvieron dispuestos a "completar la educación" con un fuerte "gasto en la educación privada fuera de la escuela". Además, la inversión educativa no ha dejado de aumentar, estando en la actualidad en el cuarto puesto de la OCDE, sólo por detrás de Islandia, EE UU y Dinamarca. La constante revisión del sistema, comparándose con los países de más éxito, es otro factor importante. Según Schleicher, los trabajadores bien formados pueden devolver a la economía y a la sociedad, la inversión realizada en ellos.
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J. A. A. - Madrid
El sistema educativo finlandés es uno de los mejores del mundo, según reflejan los últimos informes PISA. A mediados de los años ochenta, recuerda Andreas Schleicher, su nivel estaba en la media de la OCDE. La clave del éxito de este país ha sido, según el informe de Schleicher, dar a los profesores y a los directores de los centros la responsabilidad del aprendizaje de cada estudiante. Los alumnos deben alcanzar unas destrezas y son los profesores los que deciden cómo van a hacerlo, aplicando para la situación y necesidades de cada alumno una respuesta concreta.
Un sistema, que sin excesos de gasto, con un marco legislativo muy flexible, en el que cada centro puede diferenciarse según sus necesidades, explica Schleicher, no ha creado falta de equidad en el sistema: la diferencia entre los resultados de los alumnos de todos los centros escolares es menor del 5%, refleja el informe. Otras iniciativas, como eliminar la repetición de curso, poner unos objetivos educativos altos o fomentar la colaboración entre los profesores, las escuelas y las administraciones, también han sido importantes, dice el estudio.
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Una red de 700 organizaciones pide el apoyo de Europa para controlar las armas cortas
WALTER OPPENHEIMER - Londres
Iansa, una red que agrupa a más de 700 organizaciones en todo el mundo, hizo ayer un llamamiento a los Gobiernos europeos para que presionen a favor de un acuerdo para limitar y controlar las armas cortas en las conversaciones que se llevarán a cabo en junio en Naciones Unidas. En los últimos 10 años, al menos 256 niños y 198 adultos han muerto en incidentes armados en escuelas de todo el mundo, según Iansa.
Los datos, difundidos al cumplirse 10 años de la matanza de 16 niños y dos adultos, incluido el francotirador asesino, en la escuela de Dunblane, en Escocia, incluyen las 331 víctimas del ataque terrorista padecido en Beslán (Rusia), en septiembre de 2004.
No hubo ayer ceremonias oficiales ayer en Dunblane. Como cada 13 de marzo desde hace 10 años, sólo las candelas encendidas por familiares y vecinos de los niños fallecidos allí recordaron aquella tragedia. Desde entonces, Iansa (siglas inglesas de Red Internacional de Acción sobre las Armas Cortas) ha registrado más de 40 ataques con armas dentro o a las puertas de recintos escolares. Aunque Beslán, donde murieron 176 niños y 155 adultos cuando el ejército ruso asaltó la escuela, tomada desde hacía días por un grupo de rebeldes chechenos, distorsiona todas las estadísticas, Iansa cree que la facilidad con que se pueden comprar armas de manera legal está en la causa de la violencia en las escuelas.
Es un problema que afecta sobre todo a Estados Unidos, donde además de la matanza de 14 niños y un adulto en Columbine en 1999, se han producido decenas de incidentes con francotiradores. En la mayoría de los casos, los asesinos eran otros niños.
Pero se han dado casos también en escuelas de otros países: Yemen, Argentina, Alemania, Holanda, Bosnia-Herzegovina, Suecia y Canadá. Rebecca Peters, directora de Iansa, cree que "las armas cortas se han extendido por todo el mundo como una auténtica enfermedad y la comunidad internacional no se ha movilizado con la rapidez necesaria para prevenir el problema". El problema en los países de la Unión Europea no es tan acuciante. Pero Europa es uno de los grandes focos de fabricación y comercialización de esas armas y Peters cree que tiene la obligación moral de, si no suprimirlas -porque eso es impensable hoy por hoy- sí de regularizar y controlar ese comercio. Si no se hace nada, 1,8 millones de personas morirán víctimas de disparos de armas cortas en los próximos cinco años. En 2004 murieron más de 300.000 personas por disparos con armas cortas, de las que 200.000 fueron víctimas de violencia común.
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S. T. - Barcelona
Las escuelas públicas de primaria de Cataluña impartirán desde septiembre una sexta hora diaria de clase para igualarse a las concertadas, sufragadas con fondos públicos, que ya la imparten y cobran por ella una cuota a los alumnos. Esta es la medida de más calado social del pacto por la educación anunciado ayer por la consejera del ramo, Marta Cid, tras llegar a un acuerdo con sindicatos, padres y patronales de las escuelas concertadas.
La sexta hora se aplicará en dos cursos. Empezará en escuelas situadas en poblaciones con más de 10.000 habitantes, aunque quienes lo deseen podrán sumarse. Se calcula que algo más del 80% de los alumnos de las escuelas públicas recibirán esta sexta hora a partir del curso próximo. Para el resto, empezará el curso 2007-2008.
La consecuencia de esta sexta hora es que la jornada de alumnos y maestros ya no coincidirá, como ocurre ahora. Mientras que los alumnos de la pública de 6 a 12 años tendrán una hora más de clase, los maestros reducirán su jornada lectiva en una hora el curso que viene y en otra el siguiente. Estas dos horas las dedicarán a mejorar la atención a las familias y a las tutorías.
Para afrontar ambas medidas la Generalitat se compromete a contratar a 4.600 maestros, de los que 2.500 se destinarán a hacer posible el aumento de horario de los alumnos y el resto para afrontar la reducción del horario lectivo de los docentes.
La otra gran pata del pacto es la escolarización de alumnos de familias con bajos recursos, particularmente de inmigrantes, por los centros concertados. Aún así, el avance hacia la gratuidad de esa sexta hora será lento y empezará por menos de una decena de centros en septiembre. Para los centros privados será voluntario sumarse a la gratuidad. Los que lo hagan recibirán más fondos pero no podrán cobrar cuotas a las familias. Hoy, salvo excepciones, estos centros apenas escolarizaban a inmigrantes. Ya que acogen el 38,5% de los alumnos catalanes, pero sólo al 16,6% de los alumnos extranjeros el curso pasado
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El informe sobre las calificaciones de la Hispalense hace mella en profesores y alumnos
Un informe del Rectorado de la Universidad Hispalense ha abierto el debate sobre la calidad en la enseñanza y ha provocado que se señalen como culpables a profesores, alumnos, Administración y otros muchos factores que pueden influir en el hecho de que algunas asignaturas cuenten con bajos porcentajes de calificaciones bajos. Los profesores de la comunidad universitaria sevillana han generado de forma espontánea un foro de discusión a través de listas de correo en el que analizan las causas de este hecho. Las organizaciones estudiantiles y las delegaciones de alumnos de las facultades más afectadas han alzado la voz también en defensa de sus intereses y han reclamado más atención a sus demandas.
PILAR CHOZA - Sevilla
El debate que ha generado el informe del rector, Miguel Florencio, a partir de unas declaraciones que realizó a este periódico el 25 de febrero, sobre los altos porcentajes de suspensos en 117 de las 3.249 asignaturas impartidas en la Universidad Hispalense, ha continuado hasta hoy. Desde la publicación de dicho análisis y de la dimisión de un jefe de departamento de la Facultad de Biología (a la que pertenece Medio Físico, una de las asignaturas con mayor número de cateados), muchos profesores de diferentes áreas han manifestado su opinión a través de una lista de correo que circula como foro improvisado en Internet.
Una de estas últimas aportaciones la ha realizado el profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de Matemáticas, Joaquín Muñoz, quien ha criticado la falta de rigor del estudio del Rectorado que, a su juicio, debió estar elaborado en base a otros muchos factores, además de los utilizados, como cambios de programa o de profesorado. "No se puede ser tan alegre en conclusiones a partir de unos datos. Hay que hacer análisis más profundos", opina el profesor, para quien es tan "atípico" que haya muchos suspensos como que haya "un 100% de sobresalientes".
Precisamente, son todos estos factores los que se han ido analizando sucesivamente a lo largo de estas semanas. Muchos profesores demandan más financiación para poder desarrollar correctamente sus clases, otros critican la masificación, algunos se quejan del absentismo y la falta de motivación de los alumnos y otros reconocen que, a pesar de no ser los únicos culpables, los docentes deben revisar sus métodos de enseñanza. "Que haya asignaturas con suspensos no significa que profesor y alumnos sean malos", alega Muñoz.
Para Carlos Granado, antiguo jefe de Departamento de Ecología de los Peces en la Facultad de Biología, que dimitió como reacción al informe, el descenso de las calificaciones está directamente relacionado con la baja nota de corte que se establece tras selectividad en su Facultad. "La nota de corte ha bajado de siete o seis a cinco. Cuanto más baja es esa nota menor es el nivel de los alumnos", afirma. Granado asegura que existe una "inquietud larvada" entre el profesorado y considera que la solución tiene que encontrarse "entre todos" pero, en su opinión, "es el rector el que tiene la autoridad para tomar decisiones a partir de las conclusiones de los foros de discusión".
El Rectorado, que no se ha pronunciado acerca de las últimas declaraciones de dicho foro, llevará a los futuros Consejos de Gobierno las propuestas de mejora de cada departamento para tomar medidas si es necesario. Por el momento, en muchos departamentos se ha comenzado a hacer reformas. En la mayoría ha habido inclusión de parciales o fórmulas para apoyar las calificaciones de los alumnos a través de trabajos complementarios o procedimientos de participación de los alumnos. "En muchos asignaturas se han introducido más exámenes o se han hecho mejoras para facilitar las cosas a los estudiantes", afirma Cintia, una de los representantes de la Delegación de Alumnos de la Facultad de Biología. Como en este centro, otros profesores han tratado de rebajar las exigencias de sus materias.
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Un informe del Rectorado de la Universidad Hispalense ha abierto el debate sobre la calidad en la enseñanza y ha provocado que se señalen como culpables a profesores, alumnos, Administración y otros muchos factores que pueden influir en el hecho de que algunas asignaturas cuenten con bajos porcentajes de calificaciones bajos. Los profesores de la comunidad universitaria sevillana han generado de forma espontánea un foro de discusión a través de listas de correo en el que analizan las causas de este hecho. Las organizaciones estudiantiles y las delegaciones de alumnos de las facultades más afectadas han alzado la voz también en defensa de sus intereses y han reclamado más atención a sus demandas.
EL PAÍS - Sevilla
Una vía usual de traslado de quejas de parte del alumnado al profesorado o al rector es la que facilita la figura del defensor universitario. Como ya publicó este diario el 20 de diciembre de 2005, varias universidades andaluzas continúan sin tener ocupada esta plaza, a pesar de estar aprobada dentro de los estatutos derivados de la reforma de la Ley Orgánica Universitaria
Una de las universidades que todavía tiene pendiente la ocupación de dicha plaza es la Hispalense. Desde el Rectorado se asegura que está previsto que el puesto se ocupe, pero aún no hay establecido ni candidato ni plazo.
Varios colectivos de alumnos han demandado la existencia de esta figura. "Lo pedimos desde el primer día. Esperamos que a la menor brevedad se ocupe esta plaza", afirma Inmaculada Beltrán, responsable del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla. "Hay en otras universidades, pero en ésta aún no porque aquí el sistema es feudal", critica Francisco Soriques, del Sindicato de Estudiantes.
Lo cierto es que a través de esta figura muchas universidades andaluzas pueden gestionar sus quejas, un gran puñado de ellas referidas a los sistemas de evaluación y a las bajas calificaciones. Algunas instituciones llevan más de una década con esta figura en funcionamiento, aunque en otras apenas se acaba de crear.
En Córdoba, por ejemplo, la figura existe desde 1990. Ricardo Veroz es el defensor en la UCO desde diciembre de 2004 y a finales del año pasado realizó su primer informe. Respecto a las asignaturas con elevados índices de suspensos, Veroz afirma que él no ha recibido nunca una queja formal, aunque sí de forma verbal. "Generalmente hay quejas sobre asignaturas concretas pero no terminan por formalizarse, son sólo de palabra". En la Universidad de Granada el puesto existe desde hace varias décadas bajo el título de Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Docente.
En Málaga, donde el año pasado se tramitaron 83 quejas, el defensor, Pérez de Vargas, que ocupó el cargo en mayo de 2004, solicitó la creación de un reglamento marco para las revisiones de pruebas.
En Cádiz y Jaén, la creación de este cargo también es reciente. El defensor gaditano, Juan Manuel López Alcalá, dijo que su objetivo era la participación. "Hay un trabajo por delante para animar a los que nos deben transmitir las quejas, pero también para que nuestras recomendaciones sean asimiladas como un afán de mejora de la calidad", dijo López Alcalá.
En la Onubense, el defensor, Eduardo Gomero, destacó que en enero pasado recibió "una lluvia menuda de quejas sobre evaluaciones, recalificaciones o relaciones con el profesorado".
La Universidad de Almería tramita unas 150 quejas de alumnos anualmente, la mayoría sobre mala calificación o "falta de atención" de profesores a la hora de resolver sus dudas. El encargado de tramitar estas quejas es un Inspector de Servicios que hace las funciones del defensor del alumno hasta que el claustro haga el nombramiento. Como en Almería, en la Universidad Pablo de Olavide aún debe elegirse al candidato a defensor.
En la Universidad de Sevilla, muchos alumnos desconocen la existencia de esta figura e, incluso, en las delegaciones existe la opinión de que los alumnos no son participativos en las quejas. Un ejemplo lo constituye la Facultad de Medicina donde, en la última Asamblea de Facultad, únicamente asistieron 40 de los 1.700 alumnos del centro. "No se pringan por miedo a que los suspendan o por la creencia de que quejarse no valdrá para nada", explica Elena Martín, estudiante de 3º y uno de los miembros de la Delegación de Alumnos. Hasta ahora, como otros delegados, las demandas las han llevado al Inspector Docente, que es el encargado de vigilar para que se cumpla lo establecido por cada centro.
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Un informe del Rectorado de la Universidad Hispalense ha abierto el debate sobre la calidad en la enseñanza y ha provocado que se señalen como culpables a profesores, alumnos, Administración y otros muchos factores que pueden influir en el hecho de que algunas asignaturas cuenten con bajos porcentajes de calificaciones bajos. Los profesores de la comunidad universitaria sevillana han generado de forma espontánea un foro de discusión a través de listas de correo en el que analizan las causas de este hecho. Las organizaciones estudiantiles y las delegaciones de alumnos de las facultades más afectadas han alzado la voz también en defensa de sus intereses y han reclamado más atención a sus demandas.
P. CH. - Sevilla
Los alumnos han reaccionado también ante las últimas informaciones sobre "malas notas" de la Hispalense. Las opiniones son dispares pero, en general, los estudiantes coinciden en la falta de coordinación a la hora de compatibilizar las prácticas con la teoría y en la masificación. En la mayoría de casos, estos problemas se han trasladado a las Juntas de Facultad, donde se deberán debatir para encontrar soluciones.
El Sindicato de Estudiantes considera que no se debe aumentar la nota de corte para lograr una mejor calidad docente. "Proponemos que dicha nota se establezca en función de las necesidades sociales y no de las plazas", explica Patricia Lappi, miembro del Sindicato. Otros estudiantes consideran que debería haber más restricciones para luchar contra la masificación. "Las clases con 100 personas dificultan la enseñanza", alegan los miembros de la Delegación de Alumnos de Biología, donde, según aseguran, falta coordinación entre prácticas y horas de estudio.
El Consejo de Alumnos de la Hispalense (Cadus), coincide con el Rectorado. "Estamos contentos con la actitud del Consejo. Ahora hay que esperar a que se tomen medidas", afirma Inmaculada Beltrán, del Cadus. Algunas de estas medidas ya se han tomado. "Los profesores del departamento de Energía y Mecánica de Fluidos han cambiado la forma de evaluar y han añadido un parcial", explica Gonzalo Rodríguez, delegado en la Escuela Superior de Ingenieros.
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Educación dedica también 2006 a Mozart
MARGOT MOLINA - Sevilla
Huelva, como no podía ser de otra forma, ha sido la primera en proponer los programas que algunos de sus colegios e institutos desarrollarán este año con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la concesión del Premio Nobel a Juan Ramón Jiménez. Pero este paso no es más que el primero de las miles de actividades que se harán en torno al poeta de Moguer (Huelva), entre las que destacan una edición especial de 12.000 ejemplares de Platero y yo o la colocación de 5.000 carteles con sus versos.
Desde que el pasado viernes se abrió la página web (juntadeandalucia.es/educacion/jrj) para que los centros puedan introducir las propuestas de las actividades que organizarán en torno a Juan Ramón Jiménez durante todo 2006, los centros de Huelva han sido los primeros en responder.
"Por ejemplo, el IES Juan Ramón Jiménez propone hacer dramatizaciones sobre textos del autor y rodar un corto inspirado en uno de sus poemas, o el colegio San Walabonso que conmemorará el Nobel con actividades a través de Internet como la creación de una web-club bilingüe", explicaba ayer la jefa de servicio de Planes y Programas Educativos de la Consejería de Educación, Carmen Macarro.
"Nuestro proyecto en torno a las conmemoraciones, que el año pasado iniciamos con El Quijote y Los 100 años de la relatividad , pretende fomentar la lectura y que los centros se sientan parte de una red que los haga trabajar en equipo", apunta Macarro. Además del autor de Platero y yo, 2006 es el año de Mozart, cuando se cumplen los 250 años de su nacimiento.
A las actividades que organizan los propios centros -que el año pasado para la celebración del Quijote fueron 150.000-, se suman otros dos niveles: lo que organizan las delegaciones provinciales y la oferta regional que hace la consejería.
Entre estas últimas están la publicación de 12.000 ejemplares de Platero y yo y de la Antología poética , que se distribuirá en centros de Educación Primaria; mientras que Poemas escogidos se repartirá en los de Secundaria. También se han editado 5.000 carteles con sus poemas que se repartirán por toda Andalucía. Otra de las iniciativas de Educación, que en la conmemoración de Juan Ramón colabora con la Diputación de Huelva con un presupuesto conjunto de más de 150.00 euros, son las rutas literarias que supone una semana visitando los lugares importantes para el poeta en Huelva, Sevilla y El Puerto (Cádiz)- Las rutas se ofrecen junto al Ministerio de Educación para alumnos de otras comunidades autónomas y por la que pasarán 20 grupos de 24 alumnos cada uno
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FERNANDO VALVERDE - Granada
Unos 150 profesores andaluces de Ciencias, reunido por la Consejería de Educación, ha realizado una serie de propuestas para mejorar la calidad de la enseñanza de sus asignaturas en Andalucía.
Según el comité, uno de los puntos más débiles del sistema es la formación inicial del profesorado en didáctica. Es decir, los futuros profesores no reciben suficientes instrumentos para transmitir sus conocimientos de Ciencias (Matemáticas, Física, Química, Biología y Geología). La solución pasaría, en opinión de los propios profesores, en mejorar la formación práctica con la implantación obligatoria de una asignatura de didáctica para materias científicas. La consejera de Educación, Cándida Martínez, declaró en Granada que, aunque esta materia no es de su competencia, remitirá esta propuesta al gobierno central para que pueda ser considerada.
Los profesores, que han asegurado que aunque la situación podría ser mejor "no existe ningún cataclismo", han mostrado una fuerte pasión por su trabajo, como pudo verse en la jornada final del congreso, en la que se leyeron las conclusiones.
Entre las múltiples peticiones realizadas destaca el aumento de horas de las asignaturas de Ciencia, lo que permitiría ajustar mejor, insisten en las conclusiones, "la amplia cantidad de contenidos al tiempo necesario para explicarlos". También han sido numerosas las peticiones de una mejora en cuanto a laboratorios y de las condiciones que favorezcan un mejor clima de trabajo en el aula.
Todos quieren más horas
La coordinadora del comité, Natalia Gutiérrez, declaró que "este extremo constituye un problema, porque todos los profesores de todas las materias opinan que necesitan más hora para abarcar el temario completo, lo que dificulta tomar decisiones. Sin embargo, de no poder aumentarse el número de horas para las asignaturas de Ciencias en Secundaria, no cabe duda de que las que hay deben emplearse con mayor rendimiento y calidad".
Carlos Sampedro, profesor del IES Federico García Lorca de Granada y uno de los cuatro coordinadores del debate, resumió este aspecto en "más autonomía y recursos para profesores y centros y una mayor flexibilidad en los contenidos".
Los propios profesores, por unanimidad, han solicitado a la Consejería de Educación que la formación científica comience desde la Educación Primaria, e incluso, desde la Infantil, y que se prolongue hasta que los alumnos cumplan 16 años, con su llegada a 4º de ESO.
Por otro lado, el comité ha reivindicado de la Administración el reconocimiento a aquellos profesores que más se impliquen en su profesión, sobre todo a los que dedican buena parte de su tiempo a la innovación pedagógica o a la producción de nuevos materiales. "Existe mucha más información científica y técnica fuera de las escuelas que dentro de ellas", afirman en las conclusiones.
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PEDRO ESPINOSA - Cádiz
Varios institutos de secundaria de Cádiz, y también algunos colegios de Primaria, han extendido la prohibición de llevar y usar el móvil dentro de las aulas, a través de su reglamento de funcionamiento interno. Una medida que también afecta a los dispositivos electrónicos como los MP3. Algunos centros habían tomado esta decisión hace dos o tres cursos, en pleno apogeo de las nuevas tecnologías, aunque otros como el colegio Institución Provincial Gaditana la emprendieron el pasado mes de febrero tras recibir las quejas de profesores por las continuas interrupciones y después de comprobar como algunos alumnos realizaban fotografías a compañeros y maestros o enviaban mensajes de texto insultantes.
La Delegación de Educación no cuenta con una normativa específica. Son los centros, a través de sus Reglamentos de Organización y Funcionamiento (ROF), los que tienen que elaborar su propia normativa.
"Entendemos que un niño no necesita el móvil en el colegio porque tiene el teléfono del centro si requiere ser localizado o contactar con su familia. El móvil es una fuente de problemas porque suena en clase, origina conflictos de posibles robos y puede traer otros inconvenientes mayores que queremos evitar", argumenta la directora del colegio Josefina Pascual, María del Mar Senoy. Si un alumno de este centro es pillado con un móvil, se le retira y son los progenitores los que tienen que acudir al colegio para recuperarlo.
Investigación
También en el Instituto Rafael Alberti, en la barriada de la Paz, se prohíben los móviles y los MP3 desde hace tres cursos. "Estamos muy sensibilizados. Son molestos, distraen y son foco de incidentes", señala su director, Juan Francisco Barcala. El centro llegó a abrir una investigación por unas fotografías realizadas como broma durante el transcurso de una clase.
En el colegio Institución Provincial Gaditana la medida ha sido más reciente. Se inició el pasado mes de febrero. "No hemos tenido ningún caso grave pero sí de alumnos haciendo fotos a profesores, envío de mensajes insultantes o estudiantes escuchando el MP3 en plena clase", enumera el director, Francisco Valenzuela. Tras una semana de transición, el responsable del centro asegura que los alumnos y los padres han aceptado de buen grado la medida.
Otros centros como el Instituto Rosario o el Bahía de Cádiz no cuentan todavía con ninguna normativa contraria a estos dispositivos, aunque los profesores se han quejado de la realización de fotografías o la interrupción de sus lecciones con melodías polifónicas.
La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Cádiz, Confeduca, se ha mostrado a favor de una prohibición generalizada en todos los institutos y colegios.
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EL PAÍS - Sevilla
Según los especialistas no hay que esperar a llegar a la escuela para aficionarse a la lectura. Los expertos aseguran que la lectura en voz alta a un bebé desde su nacimiento contribuye a mejorar su habilidad para usar el lenguaje y el vocabulario.
Esta práctica sirve asimismo para crear en el niño el hábito de la lectura, pues la costumbre de escuchar cuentos le llevará más fácilmente a acercarse a los libros como lector. Precisamente esa afición temprana es lo que persigue la Consejería de Cultura que desde el pasado 28 de febrero
regala a todos los recién nacidos el denominado Kit cultural para los nuevos andaluces, como una de las iniciativas del Plan Integral para el Impulso de la Lectura en Andalucía. El maletín contiene un cuento de Antonio Rodríguez Almodóvar, reciente Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, titulado Mami, ¿yo he sido un pez? y escrito ex profeso para este proyecto.
En este cuento se relata la historia de una niña que no habla y de cómo su familia se preocupa por esta posible anomalía. Finalmente, la niña comienza a hablar y ante la pregunta de "¿Mami, yo he sido un pez?" se descubre que la madre leía durante el embarazo Moby Dick. La historia resalta la importancia de la lectura desde casi el momento de la concepción del bebé y de cómo influye en el enriquecimiento del lenguaje del niño.
Otro de los elementos que componen este kit es un disco compacto de tradición oral y folclore infantil titulado Pipirigaña, que reúne cuentos, acertijos, nanas y canciones populares infantiles de Andalucía. En esta edición pueden oírse las voces de los actores Antonio Banderas y María Galiana, entre otros.
La Consejería de Cultura, con el patrocinio de Unicaja, pone en marcha este proyecto para conseguir que la lectura forme parte de la vida de los niños desde el primer momento. El maletín se distribuirá en la red de hospitales públicos y concertados de Andalucía a través de un programa conjunto de colaboración con la Consejería de Salud. Respecto a los nacidos en centros hospitalarios privados, se entregará a través de las Delegaciones Provinciales de Cultura.
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La exposición puede verse en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla
MARGOT MOLINA - Sevilla
El objetivo es acercar el arte a los estudiantes y para ello nada mejor que hacerlo a través de sus propios profesores. Escuela, arte y ciudadanía es el título de una curiosa exposición que reúne obras de 64 maestros de toda Andalucía y que puede verse en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. Casi todos son profesores de dibujo, pero fuera del aula son también artistas que exponen regularmente. El proyecto, puesto en marcha por la Consejería de Educación, viajará por todas las capitales, además de Jerez y La Línea (ambas en Cádiz) e incluye un concurso de pintura entre los escolares que acudan a ver la muestra y cuyo premio será llevarse a su colegio una de las obras de la muestra.
"La iniciativa es interesante, porque permitirá darle un empujón a las enseñanzas artísticas que están mermando cada vez más, especialmente con la reducción del número de horas obligatorias que en la ESO ha pasado de tres horas semanales a dos", comenta María Jesús Casermeiro, profesora de Educación Plástica Visual, como el resto de sus colegas y que participa en la muestra con el óleo Metamorfosis.
"Lo que ocurre actualmente es una contradicción. Desde las instituciones se está promoviendo mucho el arte, montado importantes exposiciones y creando museos; mientras que en la educación estamos viviendo un retroceso. A la gente hay que empezar a prepararla para que entienda y ame el arte desde la escuela", asegura Casermeiro.
Rafael Cerdá, profesor del Instituto Albero de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) es uno de los más veteranos de la muestra, tras 20 años dando clases, además de un reconocido artista que el pasado año realizó dos exposiciones individuales, una en la Casa de la Provincia y otra en la Galería Margarita Albarrám, ambas en Sevilla.
"Es una buena idea, porque los alumnos se dan cuenta de que sus profesores son artistas y así valoran más el trabajo que hacemos en clase. Sin embargo, podría mejorarse porque esta vez nos han pedido a todos que donemos las obras, ya que serán el premio para los escolares que mejores trabajos hagan. El problema está en que nadie quiere desprenderse de una obra demasiado importante y eso repercute en la calidad de la exposición. Otra solución sería que la obra expuesta no fuera la que se dona, sino otra del mismo artista", apunta Rafael Cerdá, quien cuelga el acrílico Trazos negros.
Escuela, arte y ciudadanía, que está comisariada por otro profesor: Bernardo Palomo, podrá verse en Sevilla hasta el día 18 y a partir del 20 de marzo iniciará su recorrido por toda Andalucía.
David Romero, del IES Torre del Águila en el El Palmar de Troya, hace que sus alumnos se sientan verdaderos artistas y en sus clases hacen murales con los que decoran el centro. "Es positivo porque sus obras forman parte del centro y además, aprenden el valor del trabajo en equipo", comenta Romero quien muestra la obra Buganvilla de copa.
Ricardo Gómez Arcos, del IES La Paz y que ha colgado el cuadro Desayuno sobre la hierba, va más allá y trabaja con las performances y los nuevos lenguajes con sus alumnos.
Mientras que David Jiménez, que ha colgado la abstracción Espacios, cree que las enseñanzas artísticas son esenciales. "No podemos formar artistas, eso llegará más tarde para los que quieran; pero sí a personas que tengan instrumentos para analizar las imágenes con las que nos bombardean continuamente", concluye.
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M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería
El Festival Nacional de Arte Primavera que cada año celebra el IES Martín García Ramos del municipio almeriense de Albox se ha convertido en referente regional por su amplio programa de actividades culturales que complementan las educativas.
El festival, presentado ayer por el delegado de Educación, Francisco Maldonado, supone una auténtica vorágine artística que aglutina un certamen nacional de teatro de aficionados que va por su 26º edición, otro juvenil (18º edición), un certamen nacional de declamación, otro de cartelería, un encuentro de habaneras, un certamen de cuento y poesía, un encuentro intercultural y el Certamen Internacional de Poesía Marín García Ramos. En este último, más de 50 poetas menores de 30 años optan a un premio de 6.000 euros.
El certamen de poesía ofrece además la publicación de la obra del ganador, motivo por el que se ha convertido en uno de los más importantes de poesía joven de España. La viuda e hijos de Martín García Ramos, profesor y director del centro educativo que más tarde tomaría su nombre en homenaje a la labor de "captación" de alumnos que realizó en los años 60, ofrecen de manera altruista el importe total del premio. El jurado estará presidido por el escritor y poeta Jon Juriasti.
El Festival Nacional Arte Primavera está presente cada año con el esfuerzo y apoyo de numeroso patrocinadores públicos y privados "encantados" con el proyecto, tal y como defendió el director del instituto, Francisco Torrecillas. "Presentamos proyectos en todas partes y en todas las instituciones y empresas comprometidas con la cultura. Siempre digo en broma que sólo me queda pedir en la puerta de la iglesia, pero el festival lo merece", señaló el director.
La dilatada trayectoria de su festival de teatro aficionado, que se celebrará del 26 de marzo al 8 de abril, propicia que en cada edición, como en esta, concursen grupos de Barcelona, Cuenca, Valencia, Pamplona, Cádiz, Sevilla, Alicante, Tarragona o Tánger. La incesante actividad de este instituto ha hecho posible que también, por vez primera en su certamen de poesía, se presente el primer número de la colección Morazara con el libro Otros colores, que recoge en edición de lujo y tirada de 1.500 ejemplares un misceláneo de los 16 poetas ganadores de los últimos cuatro años.
"Todavía no hemos presentado el libro y ya tenemos todos los ejemplares vendidos. Probablemente el próximo 23 presentemos la segunda edición", anunció Torrecillas. Morazara era el nombre ficticio que García Ramos dio a su pueblo almeriense de Arboleas en su libro póstumo Camino del desierto.
El certamen de declamación, que este año estará dedicado al Premio Noble Juan Ramón Jiménez, y actividades deportivas completan la programación. "El IES Martín García Ramos es probablemente el mejor ejemplo en Andalucía de centro que sabe trascender sus propios límites y calar en la sociedad como foco difusor de cultura. El esfuerzo que viene realizando durante tantos años por impulsar la cultura en sus diferentes manifestaciones, merece el reconocimiento de la sociedad", dijo ayer el delegado de Educación, Francisco Maldonado
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El acuerdo abre el camino hacia la gratuidad de las concertadas en un plazo de seis años
SEBASTIÁN TOBARRA - Barcelona
Las escuelas públicas de primaria impartirán desde septiembre una sexta hora diaria de clase para igualarse con las concertadas, sufragadas con fondos públicos, que ya la imparten y cobran por ella una cuota a los alumnos. Esta es la medida de más calado social del pacto por la educación anunciado ayer por la consejera Marta Cid tras llegar a un acuerdo con sindicatos, padres y patronales de las escuelas concertadas. El pacto abre el camino para que en seis años las escuelas concertadas que lo deseen reciban más fondos de la Generalitat y, a cambio, dejen de cobrar cuotas a las familias.
"Es un día histórico para la educación del país. El pacto servirà para reducir el fracaso escolar. La sexta hora dará resultados a medio plazo", afirmó la consejera Marta Cid.
La sexta hora se aplicará en dos fases. Empezará en escuelas situadas en poblaciones con más de 10.000 habitantes, aunque quienes lo deseen podrán sumarse. Se calcula que algo más del 80% de los alumnos de las escuelas públicas recibirán esta sexta hora a partir del curso próximo. Para el resto empezará en el curso 2007-2008.
La consecuencia de esta sexta hora es que la jornada de alumnos y maestros ya no coincidirá, como ocurre ahora. Mientras que los alumnos de la pública de 6 a 12 años tendrán una hora más de clase, los maestros reducirán su jornada lectiva en una hora el curso próximo y en otra el siguiente. Estas dos horas las dedicarán a mejorar la atención a las familias y las tutorías.
Para afrontar ambas medidas la Generalitat se compromete a contratar a 4.600 maestros, de los que unos 2.500 se destinarán a hacer posible el aumento de horario de los alumnos y el resto para reducir el horario de clases de los docentes. Para hacer realidad la sexta hora, se prevé un gasto de 248 millones de euros en cuatro años.
La otra gran pata del pacto es la escolarización de alumnos de familias con bajos recursos, particularmente de inmigrantes, en los centros concertados. El avance hacia la gratudiad será modesto. Para el curso próximo empezará en menos de una decena de centros. Éstos recibirán fondos adicionales a los que ya reciben de la Generalitat para escolarizar a estos alumnos. Es la base de lo que el pacto llama servicio público educativo, formado por una red escolar integrada por centros públicos y concertados, con iguales servicios en horario y en condiciones económicas.
Para los centros privados será voluntario sumarse a este proyecto. Los que lo hagan recibirán más fondos, pero no podrán cobrar cuotas a las familias. Salvo excepciones, estos centros apenas reciben inmigrantes, ya que escolarizan al 38,5% de los alumnos, pero apenas tienen en sus centros el 16,6% de los alumnos extranjeros. Para este capítulo se presupuestan 91,4 millones hasta 2009.
Más días de apertura y ayudas para libros
Los colegios podrán recibir ayuda de la Generalitat para mantenerse abiertos hasta final de junio y desde primeros de septiembre. Los padres y los ayuntamientos sufragan ahora el coste de esta apertura en numerosos colegios. El pacto acordado ayer compromete al Departamento de Educación a destinar 16,3 millones de euros en cuatro años para este capítulo, siempre para actividades extraescolares.
Se mantiene la fórmula del copago, pero la cuota de las familias deberá bajar cuando la Generalitat haga su aportación. Los centros deberán solicitarlo, pero la consejera de Educación avanzó ayer que la partida presupuestada permitirá cubrir toda la demanda de los colegios. El pacto destina también fondos para subvencionar el uso de los libros de texto y hacerlos gratuitos a las familias con menos recursos. Se destinan a este fin 40,6 millones de euros. Otra partida destacada es la de becas de comedor, por 100,3 millones. "Duplicamos las becas para comedor", dijo la consejera.
CC OO y UGT, sin 'goal average'
Una veintena de entidades, entre sindicatos, asociaciones de padres y escuelas concertadas han suscrito el pacto. USTEC, sindicato mayoritario en la escuela pública, ha sido fiel al no que anticipó hace unos días, pero contradictorio con lo que defendió hace tres años en su revista Docencia al proponer "en los centros públicos el horario del alumnado de los concertados". A CC OO y UGT les ha costado decidirse. Se suman al pacto tras mantener sendos pulsos reivindicativos con Educación. No sin roces, al final llegan a la vez al pacto, sin necesidad de hacer recuento y proclamar ganador por goal average , tras una larga y complicada negociación.
Autonomía de los colegios y plan para la secundaria
Ha sido uno de los puntos con más reticencia sindical. Con esta medida se quiere lograr mayor "éxito escolar y tasas más altas de escolarización en la educación posobligatoria". El texto acordado ayer recalca que la mayor autonomía servirá para que a "partir de realidades diferentes se logren resultados equitativos y de calidad". "Un mayor grado de autonomía estimula y posibilita mejor utilización de los recursos públicos", dice el texto. De hecho, el Departamento de Educación ya ha puesto en marcha planes de autonomía y hay 74 centros de primaria y secundaria que desarrollan proyectos de este tipo. El objetivo de estos planes es "reducir el fracaso escolar -alumnos que no terminan la secundaria, que rodan el 30%-, "mejorar el rendimiento general del alumnado y favorecer la cohesión social".
La partida más importante de este apartado son 80 millones destinados a proyectos para potenciar planes de choque en la enseñanza secundaria.
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El País Cataluña ( URL) Antoni Garrell i Guiu es presidente del ercle per al Coneixement. |
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ANTONI GARRELL I GUIU
El pasado 24 de febrero se presentó el informe La contribución de las universidades españolas al desarrollo, elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, en el que se alerta del relativo agotamiento de la capacidad del sistema universitario para contribuir al desarrollo económico.
Este es un hecho que no nos debería dejar indiferentes ya que el papel de las universidades es crucial para evolucionar hacia la economía del conocimiento. En esta línea, no se puede olvidar que las universidades, con unos 51.000 investigadores equivalentes a jornada completa, desarrollan casi un tercio del total de I+D del Estado.
Siendo determinante el peso de los investigadores universitarios españoles, en un país en el que el gasto en I+D+i es sólo del 1,05%, hay que entender que debería ser inadmisible que menos del 3% de las empresas consideren la Universidad como fuente de innovación, o que dos terceras partes del total no tengan ningún tipo de relación con la Universidad, y que un tercio de las mismas opinen que la Universidad no es motor de desarrollo económico, aunque el 84% consideren que sí debería serlo.
Este insoportable divorcio entre Universidad y empresa va más allá de sus interrelaciones: la calidad de los profesionales universitarios está contrastada, el 60% de los artículos publicados en las revistas científicas de calidad provienen de científicos y tecnólogos españoles, a pesar de que su conversión en instrumentos generadores de PIB es baja, ya que, tal como queda reflejado, en el año 2001 sólo el 29% de las universidades presentaron una solicitud de patentes europeas y el número de propuestas fue solamente de 47, un escaso 7% del total efectuado desde España.
La realidad evidencia que la Universidad y la empresa no hablamos un lenguaje común. La investigación requiere tiempo y constancia, y la empresa, unos plazos fijos y un equilibrio entre la rentabilidad a corto plazo y la competitividad a largo. En la empresa falta una cultura científica y en la Universidad, espíritu emprendedor y capacidad de asunción de riesgos. Aunque insuficiente, sí es motivante el crecimiento de empresas creadas como resultado de la actividad de la investigación, que va creciendo año tras año; si en 2000 se crearon 19 spin-offs, en 2001 fueron 51 y 65 en 2002, un número pequeño para la calidad de los investigadores, pero que fija una clara y esperanzadora tendencia.
Hay que constatar, sin embargo, que a pesar de la falta de cooperación las empresas van asumiendo los desafíos derivados de la investigación. El informe Cotec 2005 otorga a las empresas el 56% del crecimiento total del gasto en I+D en 2004, también indica que se incrementará en un 22% el número de ellas que lo desarrolla, y sitúa su cifra de investigadores por encima de las 32.000 personas. Estos datos no pueden esconder que el porcentaje ejecutado por las empresas españolas sólo es el 52% del total, mientras que en Alemania llega al 70% y en Francia al 62%.
Estos hechos requieren políticas específicas encaminadas a estimular que los resultados de la investigación permitan crecimientos significativos del PIB, y la aceleración del proceso hacia la economía del conocimiento; unas políticas que ayuden a fomentar que la investigación forme parte de las estrategias empresariales. Puede ser el momento para recordar que, en otros lugares, la creación de agencias intersectoriales para facilitar el seguimiento y la patente de los resultados de la investigación, poniéndolos a disposición del tejido productivo, ha resultado un elemento crucial para solucionar las problemáticas legales, preservar la propiedad y facilitar la interrelación y el diálogo investigación-empresa.
Ahora que la economía crece a un ritmo importante y las tasas de empleo son buenas (aunque se apoya significativamente en la construcción y el consumo interno), que hay más conciencia de la importancia de convertir el conocimiento en progreso económico y social, y que el actual Ejecutivo presidido por Rodríguez Zapatero está cumpliendo su compromiso electoral de incrementar en el 25% anual durante la legislatura el presupuesto en I+D -asumiendo el objetivo de situar en 2010 el gasto en I+D+i en el 2% del PIB-, hay que reclamar que las políticas se planteen a largo plazo y que no sean modificadas en función de las legislaturas cuatrienales o de los cambios de gobierno derivados de las mismas. Al mismo tiempo, se debe pedir que las iniciativas se alejen de actuaciones partidistas o de los réditos electorales. Ahora son requeridas aquellas más arraigadas a la voluntad de construir un país para las próximas generaciones que las de garantizar la subsistencia de las actuales.
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Fontana, De Riquer y Molinero recibirán la aportación solicitada
FRANCESC ARROYO - Barcelona
El Departamento de Universidades del Gobierno catalán rectificó ayer y anunció que algunos de los más prestigiosos historiadores a los que se había negado una ayuda para investigar tendrán acceso a la misma. Entre los historiadores que habían quedado fuera en el proceso de evaluación, hecho por equipos anónimos, estaban Josep Fontana, Borja de Riquer y Carme Molinero. La revisión afecta a 40 grupos de investigación.
El director general de Investigación, Xavier Hernàndez, llamó ayer a los tres historiadores citados para comunicarles que su proyecto había sido revisado y que en la revisión habían ganado las décimas suficientes como para tener derecho a la financiación prevista en la convocatoria. En la misma situación que estos tres historiadores se encuentran, explicó Hernàndez, unos 40 proyectos que en la primera evaluación quedaron por debajo de la nota mínima y ahora recibirán las ayudas o que no fueron considerados investigadores y ahora sí.
Para optar a la beca hacía falta obtener una calificación mínima de 6 sobre 7. Fontana, De Riquer y Molinero se quedaron por debajo en la primera fase evaluadora y, por lo tanto, se les notificó que no tenían derecho a la ayuda. Y así siguieron hasta el pasado sábado, cuando publicó la noticia EL PAÍS. Ayer, sin embargo, los tres investigadores recibieron la notificación de que sus proyectos habían sido revisados y pasaban a formar parte de quienes tenían derecho a ayuda económica, ya que habían ganado las escasas décimas que les faltaban.
La decisión, según el director general de Investigación, Xavier Hernàndez, no tiene nada que ver con la publicación de la noticia por este diario ya que, insistió, fue tomada el pasado 15 de febrero. Lo que ocurrió, según esta versión, es que la persona que explicó la situación el pasado viernes, el director de la agencia de evaluación, Estanislau Fons, no quiso hacerlo público por cortesía hacia los investigadores, para que no se enterasen del resultado por la prensa. "Formalmente", matizó Hernàndez, "la ayuda no es firme hasta que el investigador la acepta. El día 15 de febrero se aprobó el acta que recoge los cambios y durante estos días los equipos jurídicos del departamento estaban comunicando a los investigadores los cambios producidos y recabando la respuesta afirmativa a la ayuda, por eso Fons no lo dijo, porque en realidad aún no era firme".
Hernàndez reivindicó la "transparencia" del sistema de evaluación de los equipos investigadores, frente a la opacidad de los tiempos en que CiU estaba en el Gobierno. Además, anunció su voluntad de comparecer ante los diputados del Parlament para dar cuenta de los cambios introducidos y explicar los criterios que se aplican. El diputado de ICV Joan Boada ya había pedido la comparecencia para conocer los criterios de las ayudas.
Fontana y Molinero habían presentado un recurso contra la decisión de no concederles la financiación, pero Borja de Riquer no lo había hecho. No obstante, su expediente fue revisado por iniciativa del propio departamento, cuyo titular, en representación de ERC, es Carles Solà. Hernàndez reiteró ayer que el consejero es absolutamente ajeno a la decisión y que él es el último responsable para bien o para mal. Fontana, De Riquer y Molinero declinaron ayer comentar la decisión, más allá de reconocer que habían sido informados de la misma.
El director general de Investigación sostuvo que las ayudas, entre 30.000 y 40.000 euros para un periodo de cuatro años, no son un factor esencial para la actividad investigadora. En muchos casos, dijo, refiriéndose sobre todo al área de ciencias, que goza de contratos con empresas, los equipos logran "fácilmente financiaciones de un millón de euros. La cifra que se aporta en las ayudas es, apenas, dinero de bolsillo para viajes o congresos".
El número de equipos con derecho a financiación es de 629, pero la revisión posterior hará que se otorgue a unos 40 más, es decir, que la reevaluación de los informes anónimos ha provocado una desviación de en torno al 15%. Entre los que se beneficiarán de la decisión están los tres historiadores citados. La evaluación la hace un equipo anónimo exterior al sistema universitario catalán, aunque debe conocer la lengua catalana, en la que están redactados la mayoría de proyectos. A la convocatoria se presentaron 1.091 equipos, de todas las disciplinas. Fueron reconocidos 903 como grupos de investigación consolidados. Pero, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, tener la calificación no daba derecho a ayuda económica.
Filósofas sin beca
Uno de los grupos que se ha quedado también sin ayuda pretendía investigar las relaciones entre la filosofía de la ciencia, la ética y la didáctica de la ciencia. La denominación oficial del equipo de investigación era Grupo de Estudios Humanísticos sobre Ciencia y Tecnología. La directora del proyecto es la catedrática de Filosofía de la Ciencia de la UAB Anna Estany. Y junto con ella formaban equipo Victòria Camps, catedrática de Ética en las misma universidad y la también catedrática de Didáctica Mercè Izquierdo.
Las tres tienen un amplio currículo profesional en el que se incluyen no pocas publicaciones. Camps ha sido, además, senadora en las listas del Partit dels Socialistes de Catalunya, aunque con carácter de independiente.
No ha habido beca. El grupo ha sido reconocido como investigador, pero no tiene derecho a recibir financiación para la actividad interdisciplinar que propugna
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SUSANA HIDALGO - Madrid
Una veintena de ayuntamientos del PP ha cedido desde 2000 más de 30 parcelas públicas para la construcción de colegios concertados (de titularidad privada pero sostenidos con dinero público), según denuncian CC OO y UGT. Uno de los casos más polémicos se ha dado en Pozuelo de Alarcón, donde el Consistorio ha cedido una parcela para que una congregación religiosa construya un centro, el Monte Tabor, que separa a los niños de las niñas en las clases.
Otros consistorios (gobernados en ésta o en la pasada legislatura por el PP) que también han cedido o están en proceso de ceder dotación para centros concertados son Madrid, Alcorcón, Valdemoro, Villanueva de la Cañada, Coslada, Alcalá de Henares, Torrejón de Velasco, Arganda, Torrelodones, Colmenar Viejo, Paracuellos del Jarama, Las Rozas, Majadahonda, Villanueva del Pardillo y Boadilla. En Colmenar Viejo, fue la Comunidad la que cedió unos terrenos de su propiedad para la construcción de un colegio concertado.
En el distrito de San Blas, el colegio concertado J. H. Newmann, que empezó a funcionar este curso, pidió a los aspirantes a una plaza "donativos"; una táctica que también están siguiendo los responsables del colegio Monte Tabor de Pozuelo. "En el J. H. Newmann, el 30% de los aspirantes consiguió en el baremo un punto adicional por haber dado donativos", asegura el portavoz socialista de Educación, Adolfo Navarro.
El consejero de Educación, Luis Peral, recuerda que a la Administración le cuesta un 33% menos mantener una plaza concertada que una pública, y que los padres "tienen derecho a elegir a qué centro quieren llevar a sus hijos". "En Madrid capital, el 65% de los padres pidió como primera opción un colegio concertado", afirma. Peral niega que en el J. H. Newmann hubiesen otorgado plazas a cambio de dinero y asegura que ha advertido por carta a los adjudicatarios de los terrenos de que "en ningún caso" los donativos pueden determinar la adjudicación de la plaza escolar.
Desde CC OO, su portavoz en Educación, Francisco García, calificó el sistema de conciertos de "perverso". "Madrid es la única región que, en lugar de promover la planificación de la oferta pública, lo que hace es potenciar la instalación de la privada", criticó. Él y su homólogo en UGT, José Vicente Mata, exigieron "la inmediata paralización" de la cesión de suelo para concertados. "El Gobierno regional descuida la educación pública; que se está quedando para las minorías", denunció Mata.
Los sindicatos, junto a la Federación de Padres Giner de los Ríos, tienen en marcha la campaña El suelo público para la escuela pública
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El País País Vasco (URL )Javier Nogales es secretario general de CC OO Irakaskuntza. |
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Critica el autor la contradicción de que EA vete la LOE en el Senado con el PP tras haberla apoyado en el Congreso
JAVIER NOGALES
El 15 de diciembre pasado se aprobó en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) con el único voto en contra del Partido Popular y la abstención de IU, NafarroaBai, Chunta Aragonesista. Ahora el proyecto de ley se encuentra en el Senado siguiendo su trámite parlamentario. Dos opciones políticas han presentado una propuesta de veto y la consiguiente petición de devolución del proyecto: una, a todas luces esperada, es el Partido Popular; la otra, la de Eusko Alkartasuna es sorprendente, por cuanto que su diputada Begoña Lasagabaster dio su voto favorable al proyecto en el Congreso. El senador de EA José Ramón Urrutia coincide con el PP y discrepa de su compañera.
No es lo mismo presentar enmiendas parciales como ha hecho el Grupo Vasco (27) o la propia EA (42) y el resto de los grupos, que presentar una propuesta de veto al proyecto de ley coincidente en la práctica con el PP. Este hecho no pasaría de ser una mera anécdota parlamentaria más si quien lo hace no fuese el partido que tiene la responsabilidad directa de la cartera de Educación del Gobierno vasco. No nos consta que esto haya sido una decisión compartida con sus otros dos socios de gobierno en Euskadi; más bien se trata de una táctica política que tiene por objeto marcar perfil propio, en coherencia con determinados compromisos adquiridos por este partido o con la voluntad de erigirse en la alternativa de referencia para el corpus soberanista más radical del electorado vasco.
No me voy a meter en la argumentación apocalíptica que realiza el PP para presentar su veto al proyecto, que califica como una reedición de la LOGSE "que reduce drásticamente las competencias del Estado en materia educativa, lo que puede dar lugar a que las CC AA establezcan sus propios modelos educativos (...) no garantiza la vertebración del sistema educativo español (...)", etcétera. Para el PP, este proyecto no gusta a casi nadie, en definitiva. No gusta a casi nadie, pero lo aprueba en el Congreso desde el PSOE hasta EA, pasando por PNV, Coalición Canaria, Convergencia i Unió, o Esquerra Republicana de Catalunya, el partido hermano de EA, cuyo portavoz, Frances Canet, explicó su voto afirmativo diciendo que este proyecto respetaba las competencias de las comunidades autónomas.
El senador de EA argumenta ahora su propuesta de veto en "las numerosas invasiones de competencias propias de la CAPV" que, a su entender, tiene el proyecto de ley. La primera pregunta que uno se hace es porqué, si eso es así, su partido no votó en contra de dicho proyecto de ley en el Congreso el 15 de diciembre.
La segunda pregunta es si esto quiere decir que en el futuro asistiremos a un litigio competencial con el Gobierno central si el texto no se modifica en los términos que quiere EA, y si a este contencioso acudirá el Gobierno vasco en pleno o sólo el partido que tiene la responsabilidad educativa. La gran discrepancia no se reduce a la reclamación de la elaboración del 100% de currículo, tal y como el propio consejero de Educación nos hizo saber el mismo día de la aprobación del proyecto de ley -desautorizando, por cierto, a su propia compañera de partido en el Congreso-, sino también a la regulación de las enseñanzas no obligatorias (infantil, bachillerato, formación profesional, educación de personas adultas, enseñanzas artísticas, idiomas, etc.), e incluso no regladas, así como a la iniciación profesional, función pública docente, autonomía de los centros, elección de directores... En definitiva, se pide el veto por creer que este proyecto de ley invade el marco competencial del País Vasco.
No seré yo quien entre ahora en todos los aspectos que se reseñan, pero sí creo conveniente colegir que el senador de EA no se explica en lo referente al currículo de forma suficiente, pues -en mi opinión y en la de cualquiera que siga el debate educativo en el que nos han metido algunos- no se reclama sólo la capacidad de fijar el 100% del currículo de la CAPV, que ya es saltarse el principio de realidad legal y el sentido de la realidad, sino también el de Navarra y de algunas zonas de Francia que comparten con nosotros el euskara como lengua propia. Es decir, se argumenta una invasión competencial para vetar la ley, mientras se practica con Navarra y centros educativos de Francia una flagrante y delirante invasión competencial.
Algunos, desde la paralización de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) del PP, hemos intentado un pacto de Estado por la educación que implicara un acuerdo con las comunidades autónomas y estuviera complementado con un pacto social y político que colocara la educación en primer plano de la agenda política. Intentar conseguir que esta cuestión haya estado en el centro del debate social a raíz de los informes internacionales, nacionales o autonómicos que nos alertan con unos resultados educativos preocupantes (OCDE, PISA, UE, B2) no era nada difícil, pero hemos visto que, fundamentalmente, por la estrategia del PP se ha limitado el debate a dos cuestiones: la dichosa asignatura de religión y la libertad de elección de centro. Ambas entendidas desde la óptica de quien ha querido desgastar al Gobierno en función de sus intereses de partido, no reparando en mentiras para convocar movilizaciones en la calle.
En nuestro ámbito vasco de educación, también han estado presentes estas dos cuestiones, pero tapadas con lo que el Departamento de Educación nos ha marcado como prioritario en su agenda: el Diseño Curricular Vasco, la revisión de modelos lingüísticos y futura ley del Sistema Educativo Vasco. Algunas tienen que ver con el Pacto de Gobierno, otras, no. No se trata de quitar responsabilidad al Gobierno central, pero creo que mejor haríamos en dejar de jugar con la educación para marcar perfil político y abonar la cancha del enfrentamiento partidista para buscar determinados réditos electorales, para ponernos a acordar lo que debemos hacer para mejorar nuestros ratios de éxito escolar, la revisión de los modelos lingüísticos atendiendo a criterios pedagógicos no sectarios, la revisión de las estrategias formativas adecuadas, el índice necesario de inversión de nuestro PIB en Educación, la atención a la diversidad de alumnado (inmigrantes y no inmigrantes) especialmente en secundaria, la revalorización de la función docente, la necesidad de dotar de nuevas figuras a los centros para atender los retos que nos plantean las nuevas necesidades educativas (trabajadores sociales, intermediación social, más psicólogos, personal especializado en bibliotecas y mediatecas...), el aumento de la oferta infantil, el nuevo perfil profesional del profesorado, etc.
En lugar de eso, unos y otros buscan la bronca. Unos, porque consideran que para desgastar al Gobierno central vale todo; y otros porque, para llevarse el puñado de votos de quienes se colocan fuera del Estado -y por tanto fuera del sistema-, están dispuestos a jugar con la educación. Ni unos ni otros deberían tener responsabilidades de gobierno, porque con la educación de nuestros jóvenes no se juega. Hacerlo de la manera irresponsable que se está haciendo es hipotecar nuestro futuro y añadir más elementos de confrontación en nuestra sociedad.
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La polémica por el sistema retributivo del profesorado resucita las quejas por el trato que la UPV recibe del Gobierno
IÑIGO MARAURI - Bilbao
El malestar que se está extendiendo en el seno de la UPV por el trato que recibe del Gobierno vasco ha encontrado una nueva vía de manifestación en el sistema retributivo del profesorado. La reclamación de una mejora de las condiciones salariales de los docentes, compañera de viaje de la universidad pública casi desde su nacimiento, ha cobrado así renovados bríos.
El anuncio de todos los sindicatos con representación entre los profesores de convocar una huelga en demanda de un aumento lineal en sus sueldos, cifrado en una media de 6.000 euros brutos anuales, refleja que el problema de fondo persiste. Lejos de solucionar esta demanda, la gestión de los polémicos complementos de productividad, pendientes aún de regulación definitiva por decreto, han logrado concitar el rechazo de todas las centrales, algo bastante inhabitual.
Los obstáculos financieros, reglamentarios e incluso políticos que han tenido que salvar los complementos desde su gestación en 2000 les han llevado a un segundo plano. Su carácter individualizado en función de los méritos y el posibilismo que representan ha dado paso a una demanda de máximos y generalizada para todo el profesorado.
Los sindicatos justifican el elevado importe de la subida solicitada por las diferencias frente a los docentes de Secundaria y, sobre todo, al personal de la Administración vasca con una categoría similar. Sin embargo, las quejas van más allá y las centrales cimentan también sus demandas en la comparación con los sueldos de los profesores universitarios de otras comunidades.
En virtud del actual sistema, el País Vasco, como las otras comunidades, debe pagar los sueldos de los profesores de las universidades públicas de su territorio. Sin embargo, es el Gobierno central el que fija la cuantía de esas retribuciones económicas.
Dado lo limitado de esas cantidades, los gobiernos autónomos han ido buscando sistemas para mejorar los emolumentos de los docentes. Comunidades como Madrid, Extremadura o Murcia han establecido complementos de docencia que en sus primeros tramos suponen, por lo reducido de los requisitos que se exigen, un aumento lineal para el conjunto del profesorado. Cataluña, en cambio, ha elegido un sistema basado en una homologación progresiva de los sueldos de los docentes con los de sus categorías equivalentes en la Administración autonómica.
Ninguna de las dos opciones se puede vincular con lo que pasa en la UPV. Los complementos de productividad del profesorado ideados a fines de los 90 se basaban en los méritos de los docentes funcionarios. A esa premisa, que reducía el número de beneficiarios, se han sumado sus múltiples problemas de aplicación.
La implantación en 2000, con Manuel Montero al frente del Rectorado, de un sistema para el que el Gobierno vasco, por su prórroga presupuestaria, no había destinado fondos suficientes causó, además de un enconado enfrentamiento con la entonces consejera de Educación, Anjeles Iztueta, un creciente déficit económico de la UPV.
Los impedimentos han continuado pese al cambio en el equipo de Educación, ahora dirigido por Tontxu Campos. El acuerdo firmado todavía por Iztueta con el actual rector, Juan Ignacio Pérez, en diciembre de 2004 que fijaba, entre otras cosas, la ampliación de los potenciales beneficiarios y el calendario para su regulación por decreto, está, más de un año después, pendiente aún de su materialización.
Este retraso ha aumentado el "hartazgo", patente en amplios sectores del profesorado, por la gestión global de la consejería. Por último, el incumplimiento de la negociación acordada con los sindicatos sobre el borrador de la regulación de los complementos ha hecho germinar una desazón en la que el sistema retributivo se presenta sólo como la punta del iceberg.
Fuentes oficiales de la UPV no quisieron opinar sobre la polémica abierta con respecto a las atribuciones de los docentes.
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I. M. - Bilbao
Cerca de 550 profesores de la UPV no han cobrado aún parte de los complementos de productividad que habían acreditado en la correspondiente convocatoria, según estimaciones del sindicato Comisiones Obreras. En todos los casos, el argumento del Rectorado ha sido la ausencia de disponibilidad presupuestaria con que hacer frente a ese gasto, razonamiento avalado también por el Consejo Social de la UPV. Sin embargo, una reciente sentencia ha abierto la posibilidad de que los docentes afectados puedan recibir las cantidades pendientes.
La resolución, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Bilbao, condena a la universidad pública a pagar unos atrasos de complementos a un profesor. Este docente recurrió a la justicia ordinaria contra la resolución del Rectorado que le denegó el pago de los complementos valorados y asignados en la convocatoria de 2001 con el argumento de la ausencia de recursos presupuestarios suficientes. El juez establece en su decisión que "prevalecen los derechos de los profesores a percibir esos complementos sobre la disponibilidad presupuestaria".
La sentencia recalca que no se puede negar un derecho que tiene el profesorado de la UPV con arreglo a la normativa vigente, pese a la falta de dinero de la universidad para hacer frente a ese pago. "Esta decisión abre la posibilidad a los profesores de la UPV de recurrir las cantidades a las que tienen derecho, por lo que animamos a presentar reclamación a todos los que se encuentren en esta situación", afirma Comisiones Obreras.
Sin nuevas convocatorias
Ésta no es la única consecuencia negativa de los problemas económicos que han marcado la aplicación de los complementos de productividad. La ausencia desde 2001 de nuevas convocatorias ha impedido el acceso de nuevos docentes y que los que ya contaban con uno o varios complementos pudiesen solicitar más en función de los nuevos méritos académicos obtenidos.
Los sindicatos alertan además sobre la repetición de estos problemas si el futuro decreto que regulará los complementos se aprueba en los términos que figuran en el borrador acordado por el Departamento de Educación y el Rectorado de la UPV, que las centrales ya rechazaron en junio pasado. Advierten de que el decreto que el Gobierno les presentó indicaba que los complementos continuarían condicionándose a las disponibilidades presupuestarias y que, de no existir una partida presupuestaria suficiente, se procedería a un sistema de prorrateo para distribuir las cantidades de manera proporcional a los méritos entre todos los beneficiarios.
Las centrales critican además que sigue dejando al margen a parte del profesorado y que la cobertura presupuestaria recogida es escasa e insuficiente para garantizar un aumento general digno para todo el cuerpo docente.
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El País País Vasc o ( URL)
ENTREVISTA: JOSÉ MARÍA ASUA Premio Euskadi de Investigación en Ciencia |
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I. MARAURI - Bilbao
Muchos de los productos y objetos que se emplean en la vida cotidiana contienen polímeros, unos compuestos químicos a los que el catedrático de la UPV José María Asúa (Zaratamo, 1953) ha dedicado su carrera profesional, distinguida la pasada semana con el Premio Euskadi de Investigación en Ciencia y Tecnología. La colaboración con el sector productivo representa una de las principales aportaciones de este ingeniero químico, que se mueve por una fórmula muy clara: "El acercamiento al mundo empresarial parte de la excelencia científica".
Pregunta. Usted es uno de los fundadores del Instituto Polymat de la UPV, una referencia en la investigación aplicada en el País Vasco. ¿Qué importancia tiene para la universidad el trabajo vinculado con el sector productivo?
Respuesta. Mucha y por varios aspectos. Es una fuente impresionante de problemas interesantes. También, por supuesto, una fuente muy importante de financiación para la investigación, pero si sólo fuera financiación sin problemas interesantes, no ganaríamos mucho. Probablemente perderíamos.
P. ¿La relación con el sector productivo resulta habitual o es excepcional?
R. En la UPV hay grupos que por sus propias características están muy cerca del mundo productivo y otros que están bastante lejos, pero es normal.
P. ¿Se puede mejorar?
R. En la vida todo es mejorable, pero no se puede pretender que la UPV en su conjunto tenga el mismo nivel de relaciones con el mundo productivo. Eso sería incluso malo.
P. Las quejas por la escasa relación de la universidad con las empresas y viceversa han sido frecuentes. ¿Cómo se logra una mayor comunicación?
R. No me gusta hablar de forma general, pero en nuestro caso el acercamiento al mundo productivo ha partido de la excelencia científica. Únicamente cuando hemos llegado a un cierto nivel en la investigación fundamental hemos podido contactar con las empresas y darles el servicio adecuado. Lo primero que hay que hacer es ser muy buenos científicamente y después, y esto es una actitud personal, estar dispuesto a aplicar ese conocimiento científico en problemas importantes en la realidad industrial.
P. ¿La excelencia científica está extendida en Euskadi?
R. Tenemos grupos científicos que son de categoría mundial, y no uno o dos. Estamos hablando de una veintena o más en la UPV. Algunos de ellos trabajan en áreas en las que, por sus características, la interacción con las empresas es difícil. Luego hay otros que, por razones diversas, no tienen especial predisposición a trabajar con las empresas, como hay empresas a las que les cuesta hablar con la universidad. Hay otras con las que, en cambio, da gusto.
P. ¿Las empresas desaprovechan el potencial de los investigadores universitarios?
R. Podrían aprovechar más, pero tampoco se puede decir que lo desaprovechen cuando en la UPV nos movemos entre 10 y 15 millones de euros anuales en contratos. Ahora, ¿nos tenemos que conformar con esto? Rotundamente no.
P. Las quejas de los jóvenes investigadores sobre los problemas para desarrollar su carrera profesional son constantes. ¿Están justificadas?
R. Las quejas hay que matizarlas muy bien. Si se refieren a medios materiales, no son justificadas. Las condiciones en las que están son las mejores que se han tenido nunca en la historia y van a ser mejores cuando se aplique la ley que ha aprobado el Gobierno, aunque no estoy diciendo que sean las óptimas. Donde sí hay un problema y puede ser la base de la protesta es en las expectativas de empleo en el sector público. He dirigido unas 30 tesis doctorales. En los últimos 15 años, nadie de los que ha acabado conmigo la tesis ha ido al sistema público de investigación. Eso refleja un problema de la universidad, por la edad media del profesorado, y un problema de país. Tenemos que aprovechar la generación mejor formada que se ha tenido nunca.
P. ¿Y no se aprovecha?
R. Sí se aprovecha, pero creo que no hay, y debería haber, una política mejor planteada de aprovechamiento de nuestros recursos humanos.
P. Usted ha dirigido su trabajo científico al campo de los polímeros. ¿Hasta qué punto son relevantes estos compuestos en la vida diaria?
R. El mundo moderno no se puede concebir sin los polímeros. En el papel en que usted está escribiendo hay un montón de polímero; la silla en la que está sentado tiene polímero; la mesa tiene polímero; la tinta con la que se escribe es polímero; el bolígrafo será, muy posiblemente, polímero; los zapatos que lleva tendrán polímero; cuando coja el coche, prácticamente todo lo que toque será polímero,... lo tiene en todos los sitios. En la actualidad, es el material más versátil que existe.
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El País C. Valenciana (URL) |
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El sector de la construcción lidera las relaciones con el mundo académico
IGNACIO ZAFRA
El grado de contratación de las universidades valencianas con las empresas es moderado. Pero todavía es más modesta la calidad tecnológica de esa relación. Sólo el 15% (4.170) de los 27.800 contratos firmados entre 1999 y 2003 eran de I+D. Y sólo el 2% (556) tenían por objeto la transferencia de tecnología y de licencias. La parte del león de la contratación se la llevan las prestaciones de servicios (43%) y el apoyo tecnológico (39%), dos modalidades que presentan un bajo índice de innovación.
Los datos provienen de un trabajo elaborado por Ingenio (centro mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro Superior de Investigaciones Científicas) y por Ruvid (Red de Universidades Valencianas para el Fomento de la Investigación). Un resumen del mismo puede consultarse en la dirección de Internet http://www.uv.es/roigs/Jornada8feb06/.
El estudio ofrece algunos datos llamativos. Por ejemplo: El sector productivo que más relación mantiene con las universidades es el de la construcción. A él corresponde casi el 18% de la facturación total. Casi tres de cada cuatro de estos contratos, a su vez, tienen por objeto la prestación de apoyo tecnológico por parte de las universidades. ¿De qué tipo? Estudios de calidad de autopistas y carreteras, cálculo de puentes y de otras obras públicas, asesoramiento en el planeamiento de urbanizaciones... Una colaboración en la que raramente interviene la innovación.
El sector químico representa el caso contrario. A pesar de ocupar una posición menor en el conjunto del Producto Interior Bruto Industrial valenciano -en torno al 4% del total-, concentra el 14% de todas las contrataciones con las universidades. Y el 90% de estos negocios tienen por objeto la I+D.
Prácticamente no existe relación entre las industrias tradicionales y el mundo académico: La suma de las facturaciones de los sectores del textil, del calzado y del mueble no alcanza el 2% del total. Mientras que los "sectores de tecnología media baja" -otra categoría productiva a la que alude el estudio- representa el 14% de todo el volumen de negocio.
Hay dos sectores más que superan el 10% del conjunto de la facturación: Uno es de la energía; el otro, el de la automoción y el transporte. Pero mientras casi la mitad de los contratos del primero son de I+D, en el caso del segundo se reduce a una tercera parte.
Las cinco universidades públicas valencianas están persuadidas de que es necesario incrementar la relación entre la universidad y la empresa. También lo está el consejero (y ex rector) Justo Nieto, cuyo departamento se llama, no por casualidad, de Empresa, Universidad y Ciencia.
Para fomentar esa relación las cinco universidades han emprendido la construcción de sus parques científicos. La Generalitat se comprometió en octubre a financiar los proyectos con 35 millones de euros. Pero esa cifra está obligada a crecer, porque no incluye el dinero que recibirá la Universitat de València. Su rector, Francisco Tomás, rechazó la oferta realizada entonces por Nieto por considerarla pobre.
Alguno de los rectores reconoce que el entramado productivo valenciano no ofrece demasiadas posibilidades de encauzar esa relación por el camino de la I+D y de la innovación. Y admite su interés en que, a medio plazo, se instalen también en su parque científico empresas de otras zonas de España o del mundo que sí compitan en el terreno de la alta y de la media alta tecnología. Una posibilidad a favor de la cual jugaría la globalización, pero también el clima.
El estudio de Ingenio y Ruvid aporta datos que ayudan a explicar el bajo índice de alta tecnología que el sector productivo demanda a las universidades. En 2003, el gasto empresarial valenciano destinado a innovación ascendió a algo menos de 851 millones de euros (un 7,6% del realizado en el conjunto de España), frente a los 3.079 millones de la Comunidad de Madrid (un 27,5% del total); los 2.917 millones de Cataluña (26%) y los 1.063 millones del País Vasco (7,6%).
La Comunidad Valenciana pierde puestos si se atiende a la clasificación del dinero dedicado a la I+D, en el mismo año 2003: Los 220 millones de euros invertidos -un 4,6% de los 4.459 millones de toda España- la sitúan por detrás de las tres comunidades anteriormente citadas y también de Andalucía (que gastó un 7,7% del total). La autonomía que más cerca queda de la valenciana es la de Castilla y León, que gastó 194 millones, un 4,3% del total.
El hecho de que el 80% de los contratos acordados entre 1999 y 2003 fueran de prestaciones de servicios y de apoyo tecnológico plantea un problema añadido: La posibilidad del dumping (venta por debajo de costes). Lo pusieron sobre la mesa varios de los participantes en una jornada sobre la relación entre universidad y empresa organizada recientemente por la Universitat de València. De un lado, advirtieron, la mayor parte de esos servicios y consultorías pueden ser ofrecidos sin mayores problemas por el propio sector privado, aunque a precio de mercado. Del otro, añadieron, la filosofía académica suele conducir a que en los contratos no se contemplen ni el valor de las horas empleadas por los investigadores ni la amortización de los equipos.
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El País C. Valenciana (URL) |
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I. Z.
Los empresarios se mueven como pez en el agua en los llamados contactos informales. La mayoría sabe que un negocio puede fraguarse en la mesa de un restaurante o en el palco de un campo de fútbol. No es raro, por tanto, que el 60% de los empresarios entrevistados para el estudio de Ingenio y Ruvid defiendan esta forma de relacionarse con el mundo académico.
Los profesores, en cambio, manifiestan una desconfianza aplastante hacia este método, que sólo merece la aprobación de uno de cada diez. El único tipo de trato que los docentes todavía detestan más es el de la cesión de licencias de patentes.
El entusiasmo de los primeros por la "formación bajo demanda empresarial" tampoco es correspondido por los universitarios. La aprueban un 70% y un 20% de los respectivos colectivos.
Las practicas laborales de los alumnos despierta algo más de consenso, del que participan el 65% de los empresarios y el 39% de los profesores. El asesoramiento y el apoyo tecnológico es el tipo de relación preferido por las empresas (75%). Y es uno de los más valorados por los investigadores académicos (55%), que defienden casi en la misma proporción la investigación contratada y algo más (60%) la investigación conjunta. Una modalidad esta última que, sin embargo, apenas se produce en la práctica.
El 20% de los universitarios y el 30% de los empresarios verían con buenos ojos el intercambio de personal
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El País C. Valenciana (URL) |
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Los rectores de la Universitat de València, Francisco Tomás, y de la Politécnica, Juan Juliá, firmaron la semana pasada en Rabat un acuerdo con seis instituciones académicas marroquíes que contempla la apertura de líneas de intercambio de profesores y alumnos; la definición de proyectos de investigación conjuntos y la "búsqueda de mecanismos de convalidación de estudios que faciliten la movilidad". El convenio fue impulsado y apadrinado por la Consejería de Universidad, Empresa y Ciencia, que también lo suscribió.
El consejero Justo Nieto encabezó la delegación valenciana, que alcanzó acuerdos con sus homólogos marroquíes, además de en el campo de la formación universitaria, en los de industria e I+D. Nieto expresó especialmente su interés por realizar programas académicos compartidos, que podrían encauzarse a través de un centro dedicado a los títulos de posgrado y doctorado. |
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El País C. Valenciana (URL) |
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Alperi concede la licencia de obras para nuevos edificios y Camps alaba el proyecto
EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante El esbozo empieza a ser una realidad". Así concluyó ayer su discurso el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras alabar el acuerdo suscrito entre Unión Fenosa, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y la Universidad de Alicante que permitirá la construcción de una planta fotovoltaica, compuesta por 720 paneles que se instalarán sobre una superficie de unos 2.000 metros cuadrados. También se creará un centro de investigación en energías renovables y se concederán seis becas anuales.
El acuerdo entre las dos entidades privadas y la Universidad permitirá a partir del mes de septiembre de 2006 obtener una producción neta de energía solar de 145.000 kilovatios por hora al año, que serán vendidos a la red eléctrica. El rector, Ignacio Jiménez Raneda explicó que la financiación de los 600.000 euros que costará la planta se recuperarán en unos 10 ó 15 años con la venta de la energía obtenida, y los beneficios futuros "se destinarán a proyectos e investigaciones relacionados con energías renovables".
La iniciativa visualiza el inicio de la andadura del Parque Científico, y sobre todo confirma la participación de dos potentes empresas privadas. El presidente de Unión Fenosa, Pedro López, confió en que esta planta sirva para "avanzar en el conocimiento científico en la energía solar y contribuir a abaratar los costes económicos". El presidente de la CAM, Vicente Sala, explicitó el compromiso de la entidad con las actuaciones medioambientales para avanzar en un "uso eficiente" de la energía y destacó su "orgullo" en poder sumarse.
El rector anunció que el Ayuntamiento de Alicante, que preside Luis Díaz Alperi, acaba de conceder la licencia de obras para la construcción del edificio de Servicios Técnicos de Investigación, cuyas obras comenzarán en mayo. El parque científico de Alicante, que se situará junto al campus actual, se levantará sobre una superficie de 900.000 metros cuadrados, donde hasta ahora sólo se ubican un invernadero, un animalario y un laboratorio de Petrología Aplicada, todo ello sufragado con fondos públicos. Raneda anunció que en breve la consejería de Infraestructuras licitará dos pasos subterráneos (para vehículos y peatonal) bajo la autovía de Castalla para conectar este nuevo área con el actual campus, y se está también a la espera de que el Consell construya el apeadero de ferrocarril. "El parque se ocupará de dirigir el proceso de incubación y centrifugado de empresas en sus etapas iniciales, para que cuando estas alcancen las condiciones óptimas puedan abrirse al mercado", explicó Raneda. El jefe del Consell, Francisco Camps, aseguró que con este proyecto "no sólo se está esbozando una utopía, sino que se está poniendo en marcha una necesidad, porque tenemos que seguir creciendo y hacerlo de forma sostenible".
La presentación de este acuerdo reunió a un importante número de altos cargos del PP, que en etapas anteriores boicotearon esta iniciativa. El presidente Camps, y dos consejeros, además de numerosos alcaldes respondieron a la invitación del rector. Entre las ausencias destacó la del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y la del presidente de la patronal Coepa, Joaquín Rocamora, aunque sí estuvo el presidente de la patronal valenciana Cierval, Rafael Ferrando. El ex rector, Andrés Pedreño, también quiso acudir a este acto. |
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El País C. Valenciana (URL) |
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MAGDA R. BROX - Valencia
Un cerdito virtual enferma en la pantalla de un ordenador, tras ingerir un pastel también imaginario en un entorno tan real como el patio del colegio de Juan; en cambio, el cochinillo que este niño alimenta on line con una mazorca de maíz, baila. Este software ideado por el Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad Politécnica de Valencia, así como el desarrollo de otras tecnologías para fomentar valores educativos en escolares de entre 8 a 12 años, ha sido premiado por el laboratorio que la multinacional Microsoft tiene en Cambridge, con 80.000 euros. Es el único proyecto español premiado.
"Hemos ideado un software que aprovecha todas las posibilidades de las últimas tecnologías para que los niños aprendan jugando", señala el director del proyecto E-cool-logy, Javier Jaén. La aplicación desarrollada por el equipo dirigido por el profesor Jaén se basa en el uso de la llamada "realidad aumentada", una tecnología que permite crear e integrar entes digitales en un entorno real y visualizarlo a través de un pequeño ordenador portátil.
El prototipo ideado simula una granja virtual en la que los alumnos deberán preocuparse del cuidado de los animales, la vegetación... "Lo importante es que los niños no estén sentados, sino que a través de un ordenador portátil en la mochila y una pantalla conectada a una webcam , vean que en su entorno real, en el patio de la escuela, o en el gimnasio, aparecen animales artificiales, como gallinas y cerdos, que pasean al lado de sus profesores y compañeros".
Mediante este proyecto, que amalgama tecnología y educación, se pretende fomentar en los escolares valores como la importancia de mantener una alimentación saludable y combatir la obesidad infantil en un país, cuya población infantil, encabeza la lista de países de la UE con sobrepeso. Una vez desarrollado y presentado este prototipo, el grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, trabaja en el desarrollo de otras aplicaciones para concienciar a los niños en la necesidad del uso de las energías renovables y otros valores sociales. Jaén pretende que a partir del próximo curso E-cool-logy empiece a aplicarse en algunos centros escolares como programa piloto, aunque el protocolo de implantación, a través de consejería o los ayuntamientos, está por definir. |
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FERRAN BOIZA
BARCELONA.- La comunidad educativa catalana, con la única pero significativa excepción del sindicato USTEC, mayoritario en la enseñanza pública, se adhirió ayer al Pacto Nacional por la Educación, impulsado por el Govern tripartito para reducir el fracaso escolar, y que prevé medidas para mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar la igualdad de oportunidades.
La medida estrella del pacto es la implantación de la sexta hora lectiva en primaria, aunque se aplicará de forma gradual en dos años, así como la posibilidad de que los centros estén abiertos del 1 de septiembre al 30 de junio. El pacto también contempla que las escuelas privadas-concertadas puedan cobrar cuotas hasta 2012. El Departament d'Educació invertirá en el despliegue de estas medidas 1.197 millones de euros hasta el curso 2008-2009 y contratará a 4.600 profesores.
La consellera de Educació, Marta Cid, que reunió en la sede del departamento a la veintena de organizaciones, asociaciones y entidades firmantes del acuerdo, destacó la importancia de la jornada de ayer. «Es un día histórico para la educación en Cataluña porque, por primera vez, hemos alcanzado un pacto con todos los agentes de la comunidad educativa, desde las familias a los centros públicos y los concertados, los profesores y los estudiantes», aseguró.
La satisfacción de la consellera es lógica porque las negociaciones sobre el Pacto Nacional por la Educación se han prolongado desde el mes de septiembre de 2004, cuando el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se comprometió formalmente en el Parlament a impulsarlo. Tras largos meses de negociaciones y reuniones bilaterales, Cid ha conseguido cerrar un acuerdo que reforma a fondo el sistema educativo catalán e integra la red de centros públicos y la de privados-concertados.
El principal escollo que ha tenido que superar Cid han sido las reticencias de los sindicatos a aceptar la sexta hora lectiva diaria en la primaria de la escuela pública, con el objetivo de equiparar su horario al de los centros concertados.
La exigencia de CCOO y UGT de implantar la medida «en condiciones de calidad» ha llevado al Departament d'Educació a aplicarla de forma progresiva en dos años. Así, el próximo curso sólo se introducirá en los centros situados en las poblaciones de más de 10.000 habitantes, aunque podrán sumarse a la medida las escuelas que lo pidan. Además, estarán exentos de aplicar la sexta hora los centros de primaria de poblaciones con más de 10.000 habitantes que aleguen «causas objetivas».
Para responder a las necesidades de personal que esta medida supondrá, Educació incrementará la plantilla de los centros con dos maestros más por línea educativa (1,5 para la sexta hora y 0,5 más para compensar la reducción del horario lectivo de los profesores ya pactada para los dos próximos años).
La segunda gran dificultad que ha tenido que sortear la consellera Cid para cerrar el Pacto ha sido la negativa de las patronales de las escuelas concertadas a dejar de cobrar las cuotas voluntarias a las familias. Se trata de aportaciones que, en la práctica, impiden que el acceso a los centros privados-concertados -en Barcelona escolarizan al 60% de los alumnos, el 40% en el caso del conjunto de Cataluña- sea realmente universal.
La acuerdo de compromiso adoptado finalmente establece un periodo transitorio de seis años, hasta 2012, durante el cual los centros concertados podrán continuar recibiendo aportaciones de las familias, aunque «en ningún caso podrán suponer un factor de discriminación a los alumnos». Tras este periodo, todos los centros concertados deberán garantizar la gratuidad total a las familias mediante la firma de un contrato-programa con la Administración. Los centros que en este periodo transitorio escolaricen un porcentaje determinado de alumnos en situación socio-económica desfavorable podrán adelantar la firma del contrato-programa y recibir ayudas económicas.
El Pacto Nacional por la Educación contempla también ayudas a los centros educativos para que abran sus puertas del 1 de septiembre al 30 de junio, además de incrementar en un 50% las becas de comedor e incrementar los recursos destinados a secundaria con un plan de choque de lucha contra el fracaso escolar dotado con 80 millones.
El sindicato USTEC justifica su oposición al pacto porque «consolida la doble red educativa». En su opinión, los centros concertados provocan una «gran fractura social, con una escolarización totalmente diferenciada por clase social y por origen cultural, en la que los centros públicos acogen a la inmensa mayoría del alumnado inmigrante, del alumnado con dificultades y del alumnado con riesgo de exclusión», según USTEC. En su opinión, los recursos destinados a implantar la sexta hora lectiva deberían derivarse a la mejora de las condiciones de los centros públicos.
APOYOS PACTO NACIONAL POR LA EDUCACION
1 Sexta hora lectiva. En la primaria pública, el horario lectivo será de 30 horas semanales, 25 para el desarrollo curricular y el resto de refuerzo.
2 Apertura de centros. Hasta el 30 de junio y desde el 1 de septiembre, realizarán actividades socioeducativas a cargo de profesores cualificados.
3 Acogida matinal y becas. Se aumentará hasta 750 el número de centros con acogida matinal y se incrementarán un 50% las becas de comedor.
4 Escuela privada-concertada. Ayudas a los centros que escolaricen a un determinado porcentaje de alumnos desfavorecidos y contratos-programa.
5 Educación secundaria. Plan de choque para luchar contra el fracaso escolar dotado con una aportación económica de 80 millones de euros.
6 Transición escuela-trabajo. Facilitar la relación de los centros de formación profesional con el tejido empresarial de su ámbito geográfico.
7 Formación permanente. Modificación del Plan de Formación Permanente del profesorado y establecimiento de políticas de salud laboral.
8 Oficinas municipales. Potenciar y regular sus funciones como órganos de cogestión educativa, y consolidar las mesas de planificación.
CiU se felicita porque su modelo pervive BARCELONA.- En Convergència i Unió (CiU) también están satisfechos ayer tras el acuerdo acerca del Pacto Nacional por la Educación.Los nacionalistas consideran que supone un paso más en la consolidación del modelo educativo que CiU impulsó cuando estaba en el Gobierno de la Generalitat.
La diputada Irene Rigau declaró ayer que el acuerdo «no hace sino garantizar la pervivencia del modelo educacito de CiU y el correlativo fracaso del Gobierno tripartito, que quería unificar todo el sistema educativo». Rigau afirmó que el Pacto Nacional por la Educación demuestra que «es mejor un modelo mixto y complementario», y consideró que queda claro que «el eslogan de confrontación de escuela pública y privada del tripartito era una estrategia política», informa Efe.
La parlamentaria de CiU también subrayó que, a su juicio, «no tenía sentido la crítica» del Govern a la escuela concertada.«Con el Pacto, se renovarán todos y cada uno de los conciertos existentes para los próximos cuatro años», dijo.
Varios sindicatos de docentes, asociaciones de padres y madres de alumnos y movimientos de renovación pedagógica también celebraron el acuerdo. El secretario general de CCOO, Joan Coscubiela, apuntó que el Pacto por la Educación «pone las bases» para «acabar con la segregación en dos redes del sistema de educación en Cataluña».En cuanto a UGT, su secretario general, José María Alvarez, recalcó la voluntad de acabar con el fracaso escolar. «Recoge nuestras principales reivindicaciones, que son los 80 millones para un plan de choque en la secundaria y la aplicación gradual de la sexta hora lectiva en las escuelas de primaria», dijo Alvarez en relación al Pacto.
Desde la USOC, sindicato mayoritario en las concertadas, consideran que «se supera el falso discurso del enfrentamiento entre los centros públicos y los concertados», y las federaciones de padres destacaron que el Pacto reconoce la importancia del papel de la familia en la educación. |
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| M. A.
MADRID. La plataforma estatal de profesores contratados de Universidad se muestra inquieta por su futuro ante la modificación de la ley de Universidades (LOU) por entender que, según el borrador de la reforma, «no regula convenientemente la carrera docente, crea gran incertidumbre en el presente y el futuro de las contrataciones, y no habilita medidas excepcionales (pasarelas) de adaptación». Además «busca acabar con una «doble vía de profesorado» (laboral estable y funcionario) y no corrige los efectos de la normativa vigente». Así las cosas, los afectados piden una «verdadera carrera docente, común a todas las universidades». Rechazan la desaparición con carácter nacional de algunas figuras de profesores contratados estables (contratados doctores y colaboradores).
En cuanto a la sustitución del sistema de habilitación por el de acreditación como primer paso hacia el funcionariado, sostienen que los docentes contratados doctores que hayan superado la evaluación de calidad deben tener una acreditación automática para participar directamente en el concurso de acceso a las plazas de funcionarios.
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| J. GUIL
BARCELONA. Tras largos meses de conversaciones y reuniones bilaterales, la práctica totalidad de la comunidad educativa catalana se adhirió ayer al Pacto Nacional para la Educación impulsado por la Generalitat para reformar el sistema educativo y que prevé medidas para mejorar la calidad de la educación y garantizar la igualdad de oportunidades.
El departamento que preside Marta Cid se ha visto obligado a ceder ante sindicatos y las patronales de los centros concertados en la que era su medida estrella: la ampliación en una hora de la jornada lectiva de los alumnos de Primaria de la escuela pública.
La exigencia de garantías por parte de los sindicatos en la implantación «en condiciones de calidad» de esta medida ha llevado a Educación ha renunciar a su propuesta inicial de aplicar la sexta hora de manera general en todos los centros a partir del próximo septiembre. Esta medida se introducirá el próximo curso sólo en las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en las capitales de comarca, mientras que el resto lo hará en 2007-2008. También ha renunciado a la eliminación del cobro de cuotas en la red concertada en aras de un consenso. Así, el pacto establece un periodo transitorio de 6 cursos durante los cuales los centros concertados podrán seguir recibiendo aportaciones de las familias. No obstante, la Generalitat dotará de ayudas a aquellos centros que escolaricen un porcentaje determinado de alumnos en situación socioeconómica desfavorable a cambio de que no les cobren cuotas. |
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| Humanidades es el área que genera menos empleo, ya que sus titulados sólo reciben el 1,6 por ciento de las demandas de trabajo por parte de las empresas
M. ASENJO
MADRID. Los licenciados en Administración y Dirección de Empresas fueron los titulados más demandados durante el 2005, con más del seis por ciento de ofertas de trabajo, según datos de Infoempleo. A continuación, se sitúan Arquitectura Técnica, Economía, Ingeniería Técnica Industrial, Ciencias Empresariales (diplomatura), Ingeniería Industrial, Medicina, Derecho, Caminos y Obras Públicas.
Los datos, ofrecidos en la presentación de la sexta edición de la guía sobre Educación Superior «Elige tu futuro» -elaboradas por Deloitte e Infoempleo-, revelan que, pese a encontrarse entre las diez carreras con más ofertas de empleo, los licenciados en Derecho son los que encuentran mayores dificultades de empleo, ya que representan el 13 por ciento del total de graduados y apenas absorben el 3 por ciento de propuestas laborales.
Formación Profesión
Los titulados en Administración y Dirección de Empresas, los más numerosos tras los de Derecho, han desbancado a los arquitectos técnicos como los más reclamados. Esto se explica, según los responsables del informe, por el crecimiento de los sectores generalistas que reclaman a personas con conocimientos en la gestión empresarial.Por áreas de estudio, los ingenieros y arquitectos se mantienen a la cabeza, con más de la mitad de las ofertas de empleo de España (52,5 por ciento) a pesar de que su demanda ha descendido diez puntos el último año. Las carreras de Ciencias Jurídicas y Sociales atrajeron el 30,1 por ciento de las ofertas, mientras que los estudios científico-sanitarios recibieron el 15,8 de las ofertas. Finalmente y a gran distancia, aparece el área de Humanidades, con tan sólo el 1,6 por ciento de demandas.
El informe titulado «El empleo cualificado en España» incluye algunas orientaciones para elegir carrera y aborda también las perspectivas de trabajo en Formación Profesional (FP) y concluye que estos estudios cuentan con «excelentes perspectivas de empleo». En concreto, y aunque el 23 por ciento de las ofertas publicadas de trabajo se refieren a FP, cerca del 40 por ciento de las nuevas incorporaciones a empresas proceden de titulados en algunas de las familias profesionales en que se dividen estas enseñanzas, Que pretenden ser alternativa a los estudios universitarios. En la presentación de los cinco volúmenes de la guía (Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, Humanidades y Enseñanzas Artísticas, Ciencias Experimentales y de la Salud, Arquitectura e Ingenierías y Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño), la directora de Infoempleo, María Benjumea, insistió en la conveniencia de que la vocación sea el «motor» de la elección de una carrera, frente a otros criterios. |
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| La Cámara Alta debatirá y, en su caso aprobará, el dictamen de la Comisión de Educación, lo que significa que la ley podría quedar aprobada antes de Semana Santa
M. ASENJO/ R. BARROSO
MADRID. La Comisión de Educación del Senado rechazó ayer los dos vetos presentados al proyecto de ley orgánica de Educación (LOE) remitido por el Congreso el pasado diciembre. Las propuestas para devolución del texto a la Cámara Baja habían sido presentadas por el Grupo Popular y por el senador de Eusko Alkartasuna (Grupo Mixto) José Ramón Urrutia.
El PP, pese a estar a un voto de la mayoría absoluta en la Comisión, vio rechazado su veto, por doce votos a favor -los suyos-, trece en contra (PSOE, Entesa Catalana de Progrés, PNV, CiU, CC y Grupo Mixto) y ninguna abstención. La otra propuesta de devolución del proyecto únicamente fue respaldada por el senador Urrutia y recibió 24 votos en contra.
«Puro humo y propaganda»
En la defensa del veto del PP, el senador por Valladolid, Adolfo Abejón, resaltó que «la LOE no es un proyecto para todos y no asegura un sistema educativo vertebrado». Para Abejón, el proyecto de ley es un cúmulo de desaciertos, ya que tampoco garantiza la libre elección de centro a las familias, no mejora la calidad de la enseñanza y genera más desigualdad.
En otro momento de su intervención, el senador popular denunció que «el proyecto perjudica a la escuela pública, al no proporcionarle los recursos y las condiciones necesarias para que pueda asumir adecuadamente sus funciones». El punto de partida del PP en su rechazo a la Ley de Educación es que se trata de una mala reedición de la Logse, ley que, en su opinión, es responsable del fracaso escolar, de la «desmoralización de los profesores» y de la «desmotivación de los estudiantes».
En sus críticas a la LOE, el senador del principal grupo de la oposición aseguró que en relación con la memoria económica, los anuncios del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, de alcanzar la media europea en esta legislatura «se han convertido en puro humo y propaganda». El senador de EA, José Ramón Urrutia, basó su iniciativa en las «numerosas invasiones» de competencias propias de las comunidades autónomas en general y del País Vasco en particular que contiene el texto remitido por el Congreso al Senado.
Urrutia mostró una especial inquietud por el desarrollo normativo del artículo 6.3 de la LOE referido a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas que «requerirán el 55 por ciento de los horarios escolares para las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por ciento para aquellas que no la tengan». El senador entiende que tal proporción «debería ser un máximo».
Hasta el miércoles
El rechazo de las peticiones de devolución del texto de LOE al Congreso de los Diputados permitirá acelerar el trámite, de manera que en el Pleno del 22 de marzo el Senado debatirá y en su caso aprobará el informe de la ponencia y devolverá el proyecto al Congreso para su definitiva aprobación.
Ayer, tras el rechazo de los vetos, la Comisión de Educación de la Cámara Alta comenzó el debate de las 927 enmiendas parciales presentadas por el conjunto de los grupos. El portavoz socialista, Manuel Pezzi, anunció la intención inicial de su grupo de aceptar 81 de ellas (incluidas 45 del PSOE) y proponer otras 74 transaccionales.
Entre esas transaccionales, Pezzi comunicó a los periodistas que se ha avanzado con CiU en la precisión de que el derecho de reunión de los alumnos y sus decisiones colectivas sobre la asistencia a clase sólo podrían ejercerse a partir de tercero de ESO (13-14 años).
Asimismo y como adelantó ABC, el PSOE está dispuesto a retirar el precepto por el que un concejal o representante de los ayuntamientos formarían parte del Consejo Escolar de los centros concertados. El Grupo Socialista responde así a las peticiones de CiU y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En cuanto a la integración voluntaria de centros concertados en las redes públicas, se modificaría la redacción para concretar que sería para el caso de aquellos cuya titularidad es de las administraciones locales (ayuntamientos, diputaciones), de acuerdo con las correspondientes leyes autonómicas, informa Efe. Otra de las transaccionales sería la precisión que el equipo directivo del centro educativo sea considerado órgano ejecutivo.
Los ponentes del Grupo Socialista, los senadores Manuel Pezzi (Granada) y Patricia Hernández (Tenerife), aseguran que sus enmiendas son en su mayoría de carácter técnico y mantienen el respaldo básico alcanzado en el Congreso por todas las fuerzas políticas, excepto el PP.
Lenguaje de signos
Pezzi señala que la ley es muy respetuosa con el marco constitucional y con el estado de las autonomías y que, en lo referente a la memoria económica, compromete 7.033 millones de euros hasta 2010 y una inversión adicional prevista de cerca de 7 millones de euros. Los socialistas también atienden las peticiones de ciertos colectivos como el de madres y padres de alumnos sordos, «por lo que nos ha parecido razonable, apunta el senador granadino, meter un artículo en el que se hable del aprendizaje del lenguaje de signos», o el de alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, tales como la dislexia o dislalia.
El texto remitido por el Congreso incluyó en su trámite parlamentario algunas enmiendas, referidas fundamentalmente a mejorar aspectos relacionados con la elección de centro. Entre las cuestiones más polémicas que contiene el proyecto destaca la creación de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos, que sigue generando polémica.
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| M. A.
SAN SEBASTIÁN. El Campus Tecnológico de la Universidad de Navarra -integrado por la Escuela de Ingenieros y el CEIT- ha abierto un nuevo centro de investigación en Telecomunicación y Microelectrónica que el jueves inaugurarán los Príncipes de Asturias.
El edificio, situado en el parque tecnológico de Miramón (San Sebastián), acoge a un centenar de ingenieros que realizan investigación en bioingeniería aplicada a la medicina, la radio digital y ADSL, entre otras áreas de gran impacto social y tecnológico. Con el centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra, posee una línea de estudio en bioinformática que trata de dar interpretación científica a la información biológica procesada. Además, busca desarrollar técnicas de diagnóstico precoz de enfermedades y posibles dianas terapéuticas.
El trabajo de los investigadores se centra en el estudio de un tipo de hepatitis que degenera en cirrosis y cáncer de hígado, así como en la búsqueda de marcadores tempranos del cáncer de pulmón. El edificio, de 7.000 metros cuadrados, diseñado por el arquitecto Francisco Mangado y equipado con tecnología puntera, ha supuesto una inversión de 11 millones de euros en la que han colaborado, entre otros, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco, Kutxa, el Ayuntamiento de San Sebastián y el Ministerio de Educación (Fondos FEDER).
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| CÉSAR NOMBELA
Alos cien años de su Nobel, Cajal sigue de actualidad, como cualquier clásico. Con rigor científico y pericia como microscopista, se adentró en el complejo territorio del sistema nervioso, observó las conexiones entre sus células y formuló la teoría neuronal. El hombre como «escultor de su propio cerebro» sintetiza su mejor intuición. La biomedicina actual trata de precisar en qué medida la constitución genética predispone a la enfermedad, y cuál es la influencia del ambiente. Pero, cuando se trata del cerebro, la complejidad es mucho mayor, el aprendizaje resulta fundamental.
No está de más tenerlo en cuenta, cuando en nuestras universidades estamos inmersos en un proceso que trata de tasar, nada menos que el aprendizaje y la formación, en unas cuantas horas de trabajo personal, común para todos. El crédito europeo, unidad de medida de ese esfuerzo personal, se establece en 25-30 horas de trabajo, incluyendo horas de clase, de tutorías, de estudio, etc. El trabajo personal se cifraría en unas 35-40 horas de trabajo a la semana, al tiempo que se trata de reducir la permanencia del estudiante en la universidad para su graduación.
Hace falta un sistema de armonización y homologación de titulaciones en el espacio europeo de educación superior. Pero, tratándose de la educación para la sociedad del conocimiento, difícil será tasar el trabajo en términos de jornada laboral de empresa, cuya reducción ha supuesto una conquista en la sociedad moderna.
El aprendizaje a nivel universitario requiere los esfuerzos de siempre, pero con los matices actuales. Las nuevas tecnologías permiten acceder a un enorme espacio de información, el que proporciona la red. Pero se requiere, sobre todo, capacidad para encontrarla y criterio para discriminar, nada puede sustituir al trabajo personal en todo ello, en el grado requerido para cada cual. Algo que tiene que quedar esculpido en quienes acceden al conocimiento para utilizarlo, gestionarlo o crearlo, los tres niveles para los que la universidad debe capacitar. Necesitamos poner a contribución nuestra mejor capacidad creativa, para que la armonización europea, más que el cumplimiento burocrático de una serie de normas, suponga el diseño de una tarea docente a la altura de los tiempos.
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| BELÉN RODRIGO. CORRESPONSAL
LISBOA. Las autoridades educativas españolas y portuguesas quieren ampliar la oferta de la enseñanza de las dos lenguas ibéricas en la educación regulada de ambos países. La semana pasada tuvieron lugar en Lisboa reuniones de trabajo de los responsables de la materia de cara a la próxima cumbre hispano-lusa en Badajoz en la que se espera tomar medidas concretas al respecto.
En Portugal, el español es una lengua optativa, pero muchos desconocen que la pueden cursar en las escuelas si hay 15 alumnos interesados. Tras su paso por la capital lusa, el subsecretario de Educación, Fernando Gurrea explicó que el objetivo del Gobierno español es lograr que el castellano «aparezca como opción clara y específica en lenguas extranjeras» en las opciones presentadas a los padres cuando van a hacer la matrícula. En la mayoría del territorio español, hasta ahora no existía la opción del portugués puesto que la única lengua extranjera era el inglés. Sin embargo, esta situación podrá cambiar, especialmente en las comunidades fronterizas, con la entrada en vigor de la ley de Educación (LOE), que incluye un fortalecimiento importante de lenguas modernas con la inclusión de dos en los estudios. Gurrea recordó que la Junta de Extremadura desde hace muchos años ha realizado, fruto de la vecindad, una política europea y «lleva a cabo programas de aprendizaje del portugués». Hay más de nueve mil personas que estudian la lengua de Camões por lo que «la experiencia extremeña puede ser muy importante para el resto de las comunidades limítrofes donde las autoridades lusas y las españolas tienen programas de aprendizaje de las lenguas con 57 profesores trabajando en ellos, una oferta que se podrá ver ampliada especialmente en las comunidades transfronterizas».
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| La Generalitat prorrogó los conciertos educativos un año, confiando en que la Ley Orgánica de Educación (LOE), que permite este recurso, ya sería vigente antes del inicio de la preinscripción para el curso 2006-07, el próximo 20 de marzo. Pero no ha sido así. Precisamente, la Federación de Asociaciones de Padres de Escuelas Libres (FAPEL) recurrió la prórroga de los conciertos alegando que se amparaban en una ley aún no vigente, y el TSJC le dio la razón la semana pasada. A través de un auto, suspendió cautelarmente la prórroga, lo que condenaba a la Generalitat a renovar los conciertos por cuatro años si no recurría. La consellera Cid confirmó ayer que no recurrirán y asumió a regañadientes que la renovación por cuatro años, que deberán corroborar mediante una resolución antes del 20 de marzo. Desde la FAPEL se advirtió ayer de que no firmarán el Pacto Nacional hasta que no vean por escrito esta resolución.
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| La sexta hora de Primaria en la escuela pública se aplicará de forma progresiva y flexible, y se bare la posibilidad a abrir las escuelas del de septiembre al 30 de junio
JANOT GUIL
BARCELONA. «Es un día histórico para la educación en Cataluña, porque por primera vez hemos alcanzado un acuerdo con todos los agentes de la comunidad educativa». Así de exultante se mostró ayer la consellera de Educación, Marta Cid, tras reunirse con una veintena de representantes del ámbito educativo -sindicatos, asociaciones de padres y alumnos, patronales y entidades municipalistas-, y arrancarles un sí al Pacto Nacional de Educación (PNE). Un sí que llega tras más de un año de negociaciones en el que, dijo Cid «ha habido desaciertos, y todas las partes hemos hecho renuncias».
El PNE, embrión de la futura Ley Catalana de Educación -cuyos trámites se prevén empezar esta legislatura-, salió ayer adelante con el apoyo de la práctica totalidad de representantes de la comunidad educativa, entre los que destacan los sindicatos CC.OO. y UGT -que resolvió así sus discrepancias entre su dirección y su federación de enseñanza-, las Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuala Pública (FAPAC) y de la Secundaria (FAPAES) o las cuatro patronales de la escuela concertada.
Por contra, de momento sólo se han confirmado dos «noes» al pacto, el del sindicato de profesores USTEC-STEs, mayoritario en la escuela pública, y el del sindicato CGT. Mientras, otra organización, la Federación de Asociaciones de Padres de Escuelas Libres (FAPEL), comunicó ayer que se decidirá definitivamente el próximo viernes.
USTEC, un sindicato con vínculos con ERC, se ha mantenido en su negativa al pacto, en contra de la sexta hora en la Primaria pública y ya no participó en las negociaciones con Educación.Este sindicato argumentó ayer que su rechazo al PNE se debe, entre otras razones, «a que consolida la doble red educativa», pública y concertada. Con todo, reclamó que no se le excluya del seguimiento y control del pacto.
El Pacto Nacional de Educación, para cuya aplicación la Generalitat invertirá 1.197 millones de euros hasta el curso 2008-09, contempla varias medidas enfocadas a mejorar la calidad del sistema educativo y eliminar las diferencias entre la escuela pública y la privada concertada. Tras el acuerdo de ayer de casi todas las partes, el PNE se firmará en breve, probablemente el próximo lunes, en un acto que presidirá el presidente Pasqual Maragall. Luego, se creará una comisión, integrada por representantes de todas las partes, que hará un seguimiento del pacto y velará por su aplicación.
Entre las medidas més relevantes del PNE, que ayer se terminaron de concretar, destacan las siguientes:
Sexta hora de primaria. La aplicación de la sexta hora lectiva en las escuelas de Primaria públicas (para homologarlas a las concertadas, que ya la aplican), se hará finalmente en dos cursos y comportará una inversión de 248 millones. En el próximo curso, el 2006-07, como norma general se aplicará en las escuelas de poblaciones capitales de comarca y las de más de 10.000 habitantes. Pero podrá haber excepciones: los colegios podrán negarse a aplicar la sexta hora aunque «les toque», alegando problemas organizativos, o podrán pedir aplicarla aunque no les «toque». Será el Consejo Escolar, por una mayoría de dos tercios, quien deberá solicitar estas excepciones, y éstas deberán ser avaladas por la Inspección de Educación. Para el curso 2007-08, la sexta hora se aplicará en todos los centros. Esta nueva hora se dedicará a actividades de «refuerzo» y mejoras de la calidad educativa. Para ayudar a cuadrar los horarios de los padres que tengan hijos en Primaria y en Infantil en un mismo centro, la Generalitat destinará 1,5 millones de euros para ayudas a los alumnos de 3-6 años con hermanos en el centro de Primaria.
4.600 profesores nuevos. Educación se compromete a que la aplicación de la sexta hora no obligue a los profesores a trabajar más horas. La Generalitat contratará a un total de 4.600 nuevos profesores y de ellos, 2.600, se destinarán sólo a la sexta hora. Las nuevas incorporaciones servirán además para garantizar la reducción de la jornada laboral, en dos horas semanales, para todos los profesores.
Escuelas abiertas. El pacto prevé la inversión de 27 millones en ayudas para que los centros que lo deseen puedan abrir del 1 de septiembre hasta el 30 de junio ofreciendo actividades extracurriculares. Estas actividades serán financiadas con la fórmula de copago entre Educación y las familias.
Ayudas a la concertada. La Generalitat se marca el objetivo de que en seis años como máximo se logre la gratuidad efectiva en todas las escuelas concertadas, para que éstas dejen de cobrar cuotas a las familias. Hasta llegar a esta meta, de momento se establecerán ayudas a la concertada para escolarizar alumnos «con necesidades educativas específicas o en situación socio económica desfavorable»; a la práctica: inmigrantes. Por cada cinco alumnos inmigrantes, la escuela recibirá unas ayudas de Educación que servirán para financiar el coste total de dichas plazas, incluyendo la sexta hora en Primaria. Paralelamente, la Generalitat hará el próximo curso una prueba piloto con cinco escuelas concertadas para aplicar los llamados «contratos-programa», un acuerdo en el que la Generalitat se compromete a financiar los costes reales de una escuela concertada a cambio de su mayor compromiso en algunos aspectos, como la escolarización de inmigrantes. Durante el curso que viene, se hará un estudio para revisar y ajustar a la realidad el módulo del concierto educativo, lo que Educación paga a las concertadas.
Por otra parte, otras medidas que contempla el PNE es un plan de choque para la Secundaria para hacer frente al fracaso escolar -80 millones de euros-, el aumento en un 50% de las becas para comedores, la extensión a más centros del programa de reutilización de libros de texto, o ayudas para las asociacines de padres y madres.
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La Vanguardia (URL) 11/03/2006 |
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| Las competencias en educación son el principal escollo en la reforma del federalismo
MARC BASSETS - 11/03/2006
Berlín. Corresponsal
Con la reforma federal, los länder arrancarán a la Federación las pocas competencias que le quedaban. Los länder ganarán autonomía en materia de universidades. Si la reforma se adoptase según la propuesta actual, Berlín ya no podría poner en marcha, como ha hecho recientemente, programas de inversiones para toda Alemania destinados a levantar las llamadas Ganztagschulen .
Nuestros estudiantes están entre los mejores del país". En las campañas electorales alemanas no es infrecuente oír a los presidentes de los estados federados recurriendo a la educación para colgarse medallas. Sobre todo desde que en el 2001 el informe PISA, elaborado por la OCDE, situó a Alemania en la parte baja de una clasificación internacional de 31 países y reveló profundas desigualdades entre las regiones alemanas. Un alumno de la próspera Baviera podía llegar tener una ventaja de dos años respecto a un coetáneo suyo de Bremen, por ejemplo.
Desde la publicación del informe PISA, la educación se ha situado en el centro del debate en Alemania. Ahora, cuando las cámaras baja y alta alemanas se preparan para reformar el modelo federal, también. Las competencias educativas se han convertido en el mayor obstáculo para el consenso entre los partidarios de un Estado central más fuerte y los partidarios de que los länder tengan más margen para competir entre ellos. En realidad, la educación - como la cultura- ya es en gran parte competencia de los länder. Por eso, el ministro de Educación alemán suele tener un rango secundario en el Gobierno federal. Las diferencias territoriales son tales que, dependiendo del land, los alumnos terminan la escolaridad a los 18 o a los 19 años.
Son, literalmente, las escuelas para todo el día, que en vez de mandar a los niños a casa al mediodía, como suele ser el caso en este país, los acogen también por la tarde, lo que facilita que los padres y las madres trabajen.
Muchos en Alemania esperaban, precisamente, que la reforma sirviese para reforzar la coordinación en el ámbito federal y evitar así que aumentasen las desigualdades entre los länder más ricos y los más pobres. El resultado ha sido el contrario al deseado por los más centralistas. Una de las condiciones que los barones regionales - o príncipes, como algunos los denominan- han impuesto para ceder poder de influencia en Berlín es asumir casi todas las competencias educativas.
El argumento de los barones es que cuanto más competición haya entre länder por obtener los mejores resultados escolares y universitarios, más alto será el nivel educativo en Alemania. La imitación, sostienen, conducirá a la excelencia. En el lado contrario se encuentran quienes creen que la Federación debe mantenerse implicada en la educación. Estos temen que entregar el control de la educación a las regiones perjudique a las más pobres. Un diario berlinés alertaba ayer de la consecuencia de la reforma: "Una nueva división alemana".
Estos días abundan en la prensa los reportajes que denuncian los efectos del federalismo en la educación. El pasado fin de semana, el dominical Welt am Sonntag explicaba el caso de una profesora de 27 años llamada Stefanie Kurze. Había estudiado en el land vecino de Baden-Württemberg y, al trasladarse a Munich, las autoridades bávaras no le reconocieron la nota que había obtenido en el examen final porque en Baviera era distinto. El reportaje explicaba asimismo que una editorial de libros escolares, Cornelsen, había publicado seis versiones distintas de un libro de física para adaptarse a los programas de los distintos länder.
Alemania ha empezado a corregir algunas de las carencias del sistema. Después de que la OCDE revelase las deficiencias del sistema educativo alemán, los länder se pusieron de acuerdo para establecer criterios comunes para todos en lengua alemana, matemáticas, lengua extranjera, biología, química y física. Ahora Andreas Schleicher, responsable del informe PISA, ya ha emitido su veredicto sobre el actual debate: "Alemania es el mejor ejemplo de que el federalismo no es ninguna garantía de calidad". |
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La Vanguardia (URL) 11/03/2006
R. MARGARIT , psicóloga y escritora |
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| REMEI MARGARIT - 11/03/2006
A veces me pregunto cómo se pueden solucionar algunas cosas de la vida cotidiana, acerca del trabajo, de la salud, del desgaste, de la fatiga de los materiales, que dirían los arquitectos, cuando esos materiales son la propia persona. Está claro que estamos en una era de una gran especialización, tanto, que ni se nos pasa por la cabeza que algunas dificultades que van surgiendo se podrían arreglar con una perspectiva más amplia y de más sentido común.
Esta vez quiero referirme concretamente al trabajo de las educadoras de las guarderías públicas - en las privadas es lo mismo, pero las soluciones suelen ser más expeditivas-. Una ha tenido hijos y los ha criado con esmero, o eso creo, y me acuerdo todavía de que, en los años de su primera infancia, el dolor de mi espalda era una constante en mi trajinar, cosa normal si se tiene en cuenta el ejercicio que yo le pedía a mis huesos: coger a las niñas en brazos, darles los biberones, cambiarles los pañales, agacharme mil veces al día, subirlas al cochecito, bajarlas, etcétera, además de todo el resto de la vida que no pasaba por ellas. Ese dolor duró lo que tardaron ellas en crecer para ser autónomas en sus movimientos y luego la vida me pareció más fácil.
Teniendo en cuenta lo dicho, con respecto al trabajo de las educadoras de guarderías infantiles, ni me puedo imaginar lo que puede ser una clase, pongamos por caso - y es el caso justamente-, de los lactantes; once criaturas que van de los cuatro meses al año de edad para una sola educadora y en horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde (tan sólo tienen una ayuda a la hora de las comidas); fatiga sólo de pensarlo, pero si a eso se le añade que los niños son siempre de la misma edad y se hace ese trabajo durante veinte años, se pueden imaginar cómo queda la musculatura esquelética amén de los pinzamientos vertebrales, lumbalgias que se tornan crónicas y otras hierbas del mismo calado.
No es suficiente con la vocación - sin vocación para cuidar niños es imposible hacerlo-, se necesita material de repuesto y ello quiere decir que a partir de una edad, por ejemplo, más allá de los cuarenta años, las educadoras tendrían que tener otra salida laboral en el mismo estamento de la enseñanza. El tiempo no pasa en balde y a medida que las espaldas cargan con más años, deberían dejar las cargas físicas para dedicarse a otras, tal vez administrativas o educacionales para nuevas y jóvenes educadoras de espaldas jóvenes.
Pues parece que ello no es posible ahora, parece que es mejor que llegue el ataque de ciática o la lumbalgia aguda y que el dolor sea tan fuerte que impida el trabajo, entonces sí, se cursa baja laboral y automáticamente se busca una sustitución hasta que pasa la crisis de dolor. Y entonces, otra vez a ponerse a prueba. Lo que ocurre es que cada crisis de dolor por inflamación tarda más en curarse y favorece otras venideras, de manera que ésa es una mala solución.
El cuerpo manifiesta su desgaste de manera clara y no es una buena política justamente en educación agotar hasta la invalidez a la persona sometida a ese desgaste cotidiano. Esas valientes mujeres aguantan con humor esas sacudidas de los años, aunque tienen un futuro laboral incierto. ¿Hasta cuándo podrán cuidar a los niños de 0 a 3 años? ¿Y a qué precio?
Ése es un problema de salud laboral. Sería interesante saber qué porcentaje de bajas laborales por estos problemas hay en las guarderías. Se trataría, por ejemplo, de programar ya una sustitución paulatina de los trabajos más físicos por otros de formación de personal nuevo. En todos los estamentos de la educación se jubila cada año parte del personal, sus puestos podrían cubrirse con las educadoras de segunda generación.
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El acuerdo final cuenta con el apoyo de los sindicatos, las patronales, las asociaciones de padres y las entidades municipalistas; sólo es rechazado por Ustec-Stes.
JOSEP PLAYÀ MASET | CRISTINA CARULLA - 14/03/2006
BARCELONA
Fumata blanca. Tras meses de reuniones, la Generalitat ha conseguido un pacto educativo entre los principales agentes de la escuela pública y concertada, un objetivo en el que han fracasado los últimos ministerios de Educación. El acuerdo, que se firmará la próxima semana, presenta como aspectos más relevantes la implantación progresiva en los centros públicos de la sexta hora en la primaria, que ya existía en la concertada, y la desaparición en seis años de las cuotas que se cobran en los centros concertados.
El Pacte Nacional per l´Educació, impulsado por la consellera Marta Cid, ha contado con el beneplácito de 14 entidades: tres sindicatos de docentes (CC.OO., UGT y USOC), cuatro patronales de la enseñanza privada (Agrupació Escolar Catalana, Federació de Centres d´Ensenyament, Fundació Escola Cristiana de Catalunya y Confederació de Centres Autònoms d´Ensenyament), tres asociaciones de padres (Fapac, Fapaes y la federación de padres de alumnos de educación especial), las asociaciones municipalistas (FMC y ACM), los movimientos de renovación pedagógica y el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències. Unicamente Ustec-Stes, el principal sindicato en la enseñanza pública y el más cercano a ERC, se ha distanciado del acuerdo porque considera que la sexta hora no es una prioridad y deberían revisarse los conciertos a determinados centros. Pese a su rechazo, exige "no ser excluido del seguimiento y control de la aplicación" del pacto.
La Federación de Asociaciones de Padres de Escuelas Libres (Fapel) está a la espera de una reunión interna para dar una respuesta. Su presidente, Antoni Arasanz, dijo ayer a este diario que "no es un pacto ideal" y que no se reconoce como se debería la libertad de los padres para elegir centro. Pero su postura se mezcla con una reflexión marcadamente política: "Nos sorprende que tengamos que contemplar en un pacto nacional que se apoye el el Estatut y la LOE". Yen este sentido, dicen que están a la espera de lo que haga ERC en la votación del Estatut. La Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) no se ha pronunciado aún sobre el pacto educativo.
La consellera Marta Cid explicó ayer que ella misma informará hoy al Govern sobre el contenido del pacto en la reunión que éste mantendrá hoy, con lo que la Generalitat pretende que se visualice el apoyo del tripartito a este acuerdo. El acto formal de firma del pacto se celebrará en el plazo aproximado de una semana y será suscrito, en nombre de la Generalitat, por su presidente, Pasqual Maragall. La consellera ha reiterado que el objetivo de su departament es trabajar ahora para implementar las medidas del pacto y elaborar la propuesta de anteproyecto de ley catalana de Educación que la Generalitat quiere aprobar en esta legislatura.
"Es un día histórico para la educación de nuestro país", añadió Cid durante la presentación ante la prensa del resultado acordado. Haciendo un rápido balance del proceso negociador, la consellera admitió que durante el largo proceso de diálogo hubo momentos "de errores y de aciertos" aunque pidió un poco de comprensión puesto que se trata de una medida sin precedentes. "No podíamos mirar ningún diario de sesiones ni saber cómo o de qué manera" conducir las negociaciones. En relación con el anterior gobierno, añadió que se ha aprovechado para "romper con muchas etiquetas y prejuicios".
En relación con la negativa de Ustec-Stes de sumarse al acuerdo, tan sólo dijo que "lamentaba" no poder contar con la organización. Fue Joan Coscubiela, de CC.OO., quien se mostró más taxativo: "La única manera que tienen algunos de entender el sindicalismo es diciendo que no a todo", por lo que se trata de un incidente menor, añadió. Antonia Gil, del sindicato USOC, más implantado en la privada, aseguró que con este pacto "se supera el falso discurso de enfrentamiento" entre los centros públicos y privados y en esta línea, Lola Abelló, de Fapac, dijo que también se acababa "con la rivalidad entre padres y profesores" porque, en este caso, todos han andado en la misma dirección. |
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| JOSEP PLAYÀ - 14/03/2006
El acuerdo alcanzado ayer no puede calificarse en propiedad de histórico , porque nuestro pasado más reciente está desbordado ya por tantos hechos relevantes, la mayoría de los cuales quedarán como simples batallitas. pero no cabe duda de que estamos ante una buena noticia. Por fin, los principales agentes educativos (y la ausencia de Ustec tiende a explicarse más por el deseo de expiar cualquier duda de complicidad con la actual conselleria) se han puesto de acuerdo en la necesidad de resolver una serie de incongruencias que en nada beneficiaban a la enseñanza. Y me refiero especialmente a la existencia de la sexta hora sólo en una parte de la educación sostenida con fondos públicos, y a las matrículas camufladas bajo supuestas ayudas a fundaciones en los centros concertados. Las soluciones adoptadas, aunque dilatadas en el tiempo, y otras medidas como las ayudas a la concertada para que escolarice alumnos en situación económica desfavorecida o el reconocimiento del modelo mixto vigente, son avances más notables que las leyes y decretos a los que estábamos acostumbrados en los últimos años, tanto a nivel estatal como autonómico, y que se limitaban a cambios en los currículos del estilo de "avanzo un año las clases de inglés" o "instituyo una nueva asignatura llamada educación para la ciudadanía ".
Esa postura unitaria, por encima de actitudes partidistas y electoralistas, debería servir de acicate para afrontar una ampliación del pacto: el plan de choque para la secundaria, cuyo objetivo es la reducción del fracaso en la ESO y la mejora de la formación profesional y otras salidas orientadas al mercado laboral para alumnos que no están interesados en la enseñanza tradicional. Si el pacto se traduce en recursos y medidas concretas para afrontar esos déficit, puestas de manifiesto por distintas evaluaciones y anticipadas desde hace años por el profesorado, entonces sí habrá que hablar de hito histórico en la educación catalana. |
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| JAVIER RICOU - 14/03/2006
LLEIDA
La llegada de un forastero al bosque en el que viven una rana, un cerdito, un pato y una liebre provoca un gran revuelo. "Es una rata sucia. Cuidado con ella, que todas son unas ladronas", advierte el cerdito a la rana. Pero esta última siente curiosidad y entabla amistad con la rata. Comprueba que se lava cada día, cocina muy bien y que habla incluso más idiomas que la liebre, la más lista del grupo. La rana lo explica a sus compañeros, pero éstos insisten en que la rata debe irse del bosque. Un día la casa del cerdito se quema y la rata se la repara en un abrir y cerrar de ojos. Otro día la liebre, que no sabe nadar, se cae al río y la rata le salva la vida. Los habitantes de ese bosque imaginario comprenden entonces lo injusto que es criticar a un forastero sin molestarse ni tan siquiera en conocerlo. Y la rata es aceptada. Pero como es un animal de mundo, llega un día en que anuncia que parte hacia otro país. Nadie quiere entonces que se vaya.
El cuento, La rana y el forastero ,forma parte de una particular maleta repartida ayer a todas las escuelas de Lleida para fomentar la diversidad. Este material, ofrecido por la Paeria, pretende acabar con los recelos que pueden sentir algunos niños, y también muchos padres, ante la realidad multirracial de las aulas. En esa maleta hay otros libros que hablan de derechos civiles, de las diferentes religiones del mundo, y otros con recetas culinarias de diferentes países.
"Lo que se pretende - explica el concejal de Derechos Civiles, Cooperación e Inmigración del Ayuntamiento de Lleida, Xavier Aluja, es conseguir el máximo grado de interrelación posible entre los alumnos autóctonos y los que llegan de fuera". Pero el mensaje no se dirige únicamente a los alumnos. Estas maletas - que tienen nombre: Lo Malaco -y que están inspiradas en la figura del Marraco, que es la mascota de Lleida, las llevarán los escolares a sus casas. "Lo ideal es que los padres lean con sus hijos esos cuentos e historias para que todos tomen conciencia de lo importante que es la diversidad y se pierda el miedo a la gente nueva", añade Aluja.
Este concejal asegura que no tiene constancia de que otro Ayuntamiento de España haya promocionado una campaña similar, Las maletas, hechas a mano y diseñadas por Carles Pijuan, se han repartido a más de una treintena de colegios de Lleida y a las dos bibliotecas publicas que hay en la ciudad. |
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• La sexta hora de clase diaria se implantará en todos los centros de primaria en los dos próximos cursos
• El pacto por la educación recibe el aval de los sindicatos, patronales y federaciones de padres
JORDI CASABELLA
BARCELONA
Tres de los cuatro sindicatos de docentes más representativos, las cuatro patronales de la escuela privada concertada, las dos grandes organizaciones de municipios, las tres mayores federaciones de asociaciones de padres de alumnos y la Conselleria d'Educació se avinieron ayer a suscribir, el próximo lunes, un pacto destinado a acabar con las diferencias que durante años han alimentado el antagonismo entre la escuela pública y la concertada en Catalunya. Entre las medidas de consenso destaca la implantación de la sexta hora de clase diaria en la red pública, equiparando su horario al de la privada.
Tras más de un año de negociaciones, la consellera de Educació, Marta Cid, presentó ayer lo que calificó de "acuerdo histórico" con el grueso de la comunidad educativa para "mejorar la calidad de la enseñanza".
LA JORNADA >> Un año complementario de escolarización
El documento que las partes prevén suscribir el próximo lunes en el Palau de la Generalitat estipula que en septiembre del 2007 la totalidad de los alumnos escolarizados en los centros públicos de primaria recibirán una hora complementaria de clase diaria dedicada a "actividades de refuerzo y profundización curricular". Unos 188.000 de los 250.000 matriculados en la etapa, residentes todos en ellos en poblaciones de más de 10.000 habitantes o capitales de comarca, comenzarán a beneficiarse de la medida un año antes, en septiembre del 2006.
Tras cursar los seis años de los que consta la etapa, los alumnos de la red pública habrán recibido, como ya ocurre con los que acuden a la concertada, 1.050 horas adicionales de clase, lo que equivale a un año más de escolarización.
Educació se ha comprometido a contratar 4.600 nuevos docentes en los dos próximos cursos para poder atender la ampliación horaria en los 1.668 centros públicos de la red sin incrementar la jornada lectiva del profesorado. En realidad, los maestros seguirán estando 30 horas semanales en los centros, pero verán reducido el tiempo que invierten en la enseñanza en el aula, que pasará de las 25 horas semanales actuales a 24, en el curso 2006-2007, y se reducirá a 23 en el siguiente. Ésta es la medida más cara del pacto: 248 millones de euros en cuatro años.
LOS INMIGRANTES >> Mayor presencia de extranjeros en la privada
El pacto recoge algunas iniciativas para avanzar en el camino hacia la gratuidad de la concertada, a la que reconoce que está insuficientemente financiada. Para promover el acceso de un mayor número de alumnos "en situación socioeconómica desfavorable", frecuentemente extranjeros a los que las barreras económicas impiden optar a este tipo de colegios, se ha diseñado una línea de ayudas destinadas a los centros que acojan a grupos con esta tipología. Educació sufragará el coste de la sexta hora, las excursiones y salidas y el material escolar de ese alumnado. Los centros podrán seguir girando cuotas al resto de las familias.
Paralelamente, y de forma aún tímida en el curso 2006-2007, ya que afectará a pocos centros, Educació propone que los colegios suscriban un contrato programa. Así, a cambio del pago de la sexta hora de la totalidad del alumnado y de incrementar en un 30% la partida destinada a atender los gastos de funcionamiento, se obligan a "no cobrar ninguna cantidad ni solicitar ninguna aportación a las familias" por los conceptos que aparecen en el contrato programa. El pacto dedica 91 millones de euros en cuatro años a la aplicación de ambas propuestas.
LAS FAMILIAS >> Libros, becas de comedor y apertura de centros
El documento recoge la decisión de promover la apertura de los centros docentes el primero de septiembre, a pesar de que el curso no comience hasta mediados de mes, y de no cerrar sus puertas hasta que finalice junio, aunque las clases se clausuren diez días antes, para que el alumnado pueda realizar actividades socioeducativas a cargo de monitores. La medida conlleva la suscripción de convenios con los ayuntamientos y que las familias sufraguen un porcentaje del coste de las actividades. Preguntado por el número de escuelas que podrían acogerse a la iniciativa el próximo mes de septiembre, el director de planificación de la conselleria, Francesc Colomé, afirmó que "todos los que lo soliciten".
El pacto impulsa la implantación del programa de reutilización de libros de texto iniciado en el curso actual, que se quiere que alcance a un millar de escuelas, una medida que beneficia a centros públicos y concertados y conlleva un ahorro para las familias. Y destina 100 millones en cuatro años a becas de comedor. Sólo en el curso 2006-2007, este tipo de ayudas, de las que se beneficiará el sector concertado, crecerán en un 50% respecto del 2005. Las destinadas a los servicios de acogida matinal registran también un incremento, y se crea una nueva línea para subvencionar monitores que atiendan a los alumnos de 3 a 6 años con hermanos en primaria, con los que no tendrán horarios coincidentes.
El documento consensuado prevé invertir hasta 37,5 millones de euros hasta el 2009 en los planes de formación permanente del profesorado, que afectarán a los profesionales que trabajan en las dos redes. Las condiciones salariales y laborales de los maestros de la concertada se aproximarán a los de la pública. Y Educació invertirá 49 millones en la contratación de técnicos que auxiliarán a los maestros de las aulas de infantil (3-6 años). A la salud laboral del profesorado se dedicarán otros 51 millones de euros. A última hora se introdujeron algunas modificaciones en la memoria económica destinadas a garantizar una mejor atención a los alumnos de ESO que tienen mayores dificultades para progresar en sus estudios.
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| • La tramitación de la LOE y las exigencias de patronales y sindicatos han marcado la gestación del pacto
• El documento ha conocido desde enero diferentes versiones hasta llegar a la definitiva J. C.
BARCELONA
La confección del documento presentado ayer ha sido laboriosa en extremo. Las exigencias de unos y otros han obligado a incorporar varios anexos y a incluir todo tipo de precisiones, a veces redundantes, sobre aspectos que, en opinión de los aspirantes a firmar el pacto, no quedaban lo suficientemente claros. Al final, sus redactores vieron su compleja labor recompensada con la aquiescencia de las partes.
A >> Reticencias sindicales a la sexta hora
Una de las iniciativas emblemáticas del pacto ha sido, desde el comienzo, la ampliación de la jornada lectiva del alumnado de primaria en una hora diaria, para equipararlo al de la concertada. La propuesta generó desde hora temprana las reticencias de los sindicatos, temerosos de que la extensión horaria recayese sobre las espaldas del profesorado.
Tras comprobar que los presupuestos de la Generalitat para el 2006 incluían la contratación de 6.000 docentes, la estrategia se encaminó hacia la búsqueda de la concreción. Se trataba de saber cuántos docentes iba a recibir cada centro y para hacer qué, puesto que CCOO había firmado paralelamente un compromiso con la conselleria por el que ésta se obligaba a reducir la jornada lectiva de los docentes en una hora en el 2006-2007 y en dos en el curso posterior. La desconfianza hacia la conselleria, alimentada por años de desencuentros, ha lastrado la negociación, admite uno de sus protagonistas en el bando sindical.
Finalmente, y tras obtener nuevas garantías, la reivindicación sindical se instaló en la demanda de flexibilidad en la aplicación de la medida, algo que han obtenido en parte al lograr que no se generalice el próximo curso, sino en el 2007. Ayer, el secretario general de CCOO en Catalunya, Joan Coscubiela, criticó la cerrazón de USTEC afirmando que no le sorprendía su negativa: "Hay una manera de hacer sindicalismo que consiste en decir no a todo".
B >> El debate paralelo de la ley orgánica en España
Las patronales pidieron en octubre la paralización de las negociaciones del pacto educativo a la espera de ver la evolución que seguía la tramitación de la ley orgánica de educación (LOE) en el Congreso. La mayor de ellas, la Fundació Escola Cristiana, reanudó las conversaciones tras comprobar que buena parte de las exigencias que planteaba la FERE, su organización hermana en el resto de España, eran incorporadas al articulado de la norma estatal.
Su reincorporación a la mesa de las negociaciones bilaterales con los representantes de Educació no estuvo exenta de dificultades. A pesar de que las partes siempre admitieron la buena predisposición de sus interlocutores, los acuerdos tardaron en cristalizar.
A finales de febrero, las cuatro patronales, lideradas por la escuela cristiana, dieron el proceso negociador por interrumpido a la espera de que se restableciera el clima de confianza, dañado, según ellos, por algunas actuaciones unilaterales de la Administración que les perjudicaban. Exigían la retirada de determinadas enmiendas presentadas a la LOE en el Senado y la renovación de los conciertos por cuatro años, cuando se habían prorrogado por 12 meses. Obtenida la primera de las demandas, un juez vino a darles satisfacción suspendiendo la decisión de la Generalitat sobre los conciertos.
C >> La reformulación de la propuesta de ayudas
El acuerdo con las patronales comenzó a cerrarse cuando ambas partes vieron en las ayudas a la escolarización de inmigrantes una opción en la que coincidían los intereses de ambas. Por un lado, Educació busca un mayor equilibrio en la distribución del alumnado extranjero, y por otro la concertada desea desactivar la acusación de que se opone a escolarizarlos en sus centros. La fórmula hallada demora, además, la exigencia de gratuidad para el resto de las familias, lo que les permite prepararse para esa eventualidad.
D >> Apoyo entusiasta de las federaciones de padres
Las federaciones de asociaciones de padres de alumnos vieron en el pacto, desde hora temprana, una gran oportunidad. Y lo apoyaron sin disimulos. Los obstáculos que, en las últimas semanas, ponían los sindicatos a la sexta hora llegaron, incluso, a irritarles y movieron a algunos de sus dirigentes a acusarles de hacer una defensa corporativista de la profesión.
El pacto no aborda algunas cuestiones como la reforma del calendario escolar y la reducción del periodo estival de vacaciones, pero aun así ha colmado las expectativas de las organizaciones que representan al grueso de las familias que escolarizan a sus hijos en la escuela pública. La implantación de la sexta hora era una vieja reivindicación del sector, deseoso de equipararse a la concertada. A última hora, la organización que aglutina a las asociaciones de padres de los centros cristianos también se ha sumado al acuerdo. |
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El Periódico-Catalunya (URL) EDITORIAL |
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| • Conseguir una enseñanza de calidad sin exclusiones debe ser el gran objetivo del nuevo acuerdo escolar
La Conselleria d'Educació, los municipios, los padres de alumnos, las patronales y la mayoría de sindicatos de docentes acordaron ayer firmar un pacto escolar para equiparar las condiciones en que trabajan todos los centros, públicos o privados, financiados con fondos públicos. El simple hecho de haber llegado a un acuerdo, en lugar de utilizar la educación como instrumento partidista, es una buena noticia. Especialmente si se tiene en cuenta hasta qué punto la derecha está manipulando la reforma de la ley orgánica de la educación.
Equiparar el horario de los centros públicos y concertados, o que los titulares de estos últimos empiecen a asumir que deben acoger a toda clase de familias, sin distinción de renta o de origen, es un gran paso. Pero ni la sexta hora es una solución mágica para aumentar el rendimiento escolar ni el compromiso de las patronales puede acabar con las reticencias de tantas familias que creen que el principal criterio de calidad es la ausencia de inmigrantes. La inyección económica que recibirán la pública y la privada debe servir para lograr un compromiso por la calidad y por la equidad. No convertirse en una aportación a fondo perdido, sin garantías ni controles.
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El Periódico-Catalunya (URL) |
OPORTUNA SEXTA HORA Jaume Cela y Joan Domènech. Ambos pertenecen a la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya |
| • La equiparación de enseñanza pública y concertada precisa coordinar la primaria y la secundaria
JAUME Cela*
El próximo curso, las escuelas públicas de primaria tendremos una hora más de clase. Esta decisión obedece a dos objetivos principales: mejorar los niveles de aprendizaje de los niños y equiparar el horario de la escuela pública a la privada concertada, para eliminar una diferencia que, no nos engañemos, crea desigualdad.
Estamos entre los que dan la bienvenida a esta decisión por las oportunidades que puede suponer para la escuela pública, pese a que pensemos que la propuesta se está haciendo demasiado precipitadamente, sin dar tiempo a los centros a reflexionar y organizar de la mejor manera este recurso para que sea un avance para el conjunto del sistema.
Es bien cierto que educar es cuestión de tiempo, y parece lógico pensar que con una hora más podremos reorganizarlo con un margen mayor y los aprendizajes podrán profundizar, sobre todo, en los aspectos referidos a las individualidades. La educación es educación en la diversidad y cuando partimos de la de 25 alumnos por aula, tenemos presente que más tiempo significa más posibilidades de afinar individualmente.
Ahora bien, aprender y enseñar son dos verbos con un nivel de complejidad muy alto, y los resultados de su conjugación no pasan sólo por el número de horas de permanencia en la escuela. Dicho llanamente: podemos aumentar el tiempo lectivo, pero podemos seguir haciéndolo igual de bien o de mal.
UNA DE LAS cosas que debe tenerse en cuenta es la complicación organizativa del funcionamiento de las escuelas. No se entiende cómo no se aplica también a la educación infantil (de 3 a 6 años), lo que restaría complejidad a la situación, siempre teniendo en cuenta que sería precisa una adecuación de este incremento de horario en los más pequeños.
La complicación organizativa puede afectar a los horarios no lectivos compartidos entre el equipo de maestros. Claramente, si no existe una buena voluntad por parte de todo el mundo y un buen nivel de organización y decisión colectiva, lo que puede salir más perjudicado es el tiempo de coordinación entre el equipo docente, lo que supondría un paso atrás organizativo y en la calidad educativa.
Estamos muy habituados a compartir horarios y la sombra de la secundaria --especialización, fragmentación, dificultades en la coordinación debido a la gran diversidad de horarios entre el profesorado-- no es un temor injustificado, sino que puede convertirse en una realidad que disminuya las posibilidades de trabajar en equipo, y esto afecta a la calidad del servicio que ofrecemos. En este caso, los equipos docentes tenemos un papel fundamental porque deberemos ser los que encontremos fórmulas que nos ayuden a mantener las estructuras organizativas, actualmente ajustadas, a los nuevos horarios. Es muy cierto que la disminución de horas lectivas que tendremos nos pueden ayudar mucho como también nos ayudarán los aumentos del número de maestros.
En relación a la equiparación con la privada concertada deberíamos poner sobre la mesa dos puntos más si queremos que esta equiparación sea efectiva. El primero es hallar el modo de que los centros de primaria y secundaria que tendrán el mismo alumnado se coordinen de verdad para compartir culturas y diseñar proyectos comunes, y para que estas dos etapas no comporten ninguna fractura significativa. Creemos que la separación de centros no es negativa si los chicos y chicas lo viven como una oportunidad de mejora y crecimiento, pero para conseguirlo hay que garantizar una coordinación real y efectiva.
El segundo es evitar que algunas --y remarcamos el determinante-- escuelas privadas concertadas puedan cobrar cuotas voluntarias --y aquí remarcamos con una sonrisa irónica el adjetivo-- a las familias a través de fundaciones u otros inventos que sólo están al servicio de potenciar la segregación del alumnado. La discriminación económica no puede ser el filtro que posibilite la división del alumnado en dos redes distintas. La sociedad nos reclama cohesión, y una de las maneras de contribuir es garantizando la diversidad en todas las escuelas del país.
Y una pregunta sin responder aún: ¿qué instancia o persona decidirá dónde se situará esa sexta hora? Si debe ser el consejo escolar del centro, es una nueva oportunidad para darle capacidad de decisión en un asunto importante.
ESTAMOS convencidos de estar ante una oportunidad para remover inercias y reflexionar sobre algunas cuestiones de primer orden. Vale la pena que intentemos aprovechar estos cambios para que el modelo público tenga todavía más calidad de la que ya tiene. Pero también es cierto que podemos salir perdiendo si no se hacen las cosas correctamente o se hacen imponiendo ritmos iguales para todo el mundo.
*También firma este artículo Joan Domènech. Ambos pertenecen a la
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.
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| L. R. S.
Madrid- La Comisión de Educación y Ciencia del Senado rechazó ayer los vetos presentados por PP y EA (Grupo Mixto) al proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) que remitió el Congreso. El veto popular contó con el apoyo de sus 12 senadores, con 13 votos en contra del PSOE, Entesa Catalana de Progrés, PNV, CiU, CC y Grupo Mixto y ninguna abstención. La otra propuesta de devolución fue respaldada por el senador de EA y del Grupo Mixto en la comisión, José Ramón Urrutia, con 24 votos en contra.
El portavoz socialista, Manuel Pezzi, anunció la intención de su grupo de aceptar 81 de las 927 enmiendas parciales y proponer otras 74 transaccionales. Entre estas, adelantó que se ha avanzado con CiU en la precisión de que el derecho de reunión de alumnos y sus decisiones sobre la asistencia a clase sólo podrían ejercerse desde tercero de ESO. El Grupo Socialista está dispuesto a retirar el precepto por el que un concejal del ayuntamiento formaría parte del Consejo Escolar de centros privados concertados.
En cuanto a la integración de centros concertados en las redes públicas, se cambiaría la redacción para concretar que sería para aquellos cuya titularidad es de las administraciones locales. Otra propuesta se orientaría a la actualización de los conciertos en el tiempo que la ley fije para el desarrollo de las enseñanzas, de forma que en 2010 los conciertos han tenido que «equipararse» a la enseñanza pública. |
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| L. R. S.
Madrid- La Comisión Sectorial de I+D de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha puesto en marcha Uniemprendia 2006, un programa concurso que promueve la creación de empresas de base tecnológica en las universidades españolas.
El programa, que cuenta con la participación de 43 universidades y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se dirige a emprendedores universitarios, proyectos o empresas con menos de dos años de actividad y basadas en la explotación de tecnologías, resultados o capacidades derivadas de la actividad investigadora de la propia universidad. El plazo para la presentación de proyectos finalizará el 15 de marzo. La iniciativa pretende la difusión de la cultura emprendedora entre los grupos de investigación de las universidades y la creación de un espacio de encuentro entre emprendedores universitarios e inversores, y se desarrollará en tres etapas. En la primera fase se seleccionarán 20 proyectos, cuyos promotores recibirán formación personalizada que les permita desarrollar correctamente su plan de empresa.
En la tercera etapa se realizará una segunda selección, a partir de la que aquellos proyectos que se consideren más interesantes podrán participar en un foro de inversores que se celebrará conjuntamente con el Foro Neotec, cuyo objetivo será facilitar a los emprendedores vías para la financiación de sus ideas.
Uniemprendia 2006 es una iniciativa coordinada por la Universidad de Santiago que cuenta con el patrocinio del Ministerio de Educación y Ciencia, el CDTI y el Santander, que también patrocinó Uniemprendia 2005 a través de su Programa Universidades. El Grupo Santander creó en 1996 su Programa Universidades, con el que vertebra su Plan de Responsabilidad Social Corporativa y que le permite mantener una alianza estable con el mundo universitario. En 2005, el banco destinó un 1,6 por ciento de su beneficio neto atribuido al patrocinio de proyectos académicos, de investigación y tecnológicos en apoyo de la educación superior en España, Portugal y Latinoamérica. Dicha cifra supuso una aportación global de 66 millones de euros.
Las actividades del Programa Universidades se concretan en tres grandes áreas de actuación: los convenios de colaboración con instituciones universitarias y de investigación, que puede considerarse el proyecto fundamental; el mecenazgo del portal Universia, nacido como consecuencia del anterior, y la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, creada por iniciativa del Santander, la Universidad de Alicante y la Fundación Marcelino Botín.
Con sus convenios de colaboración, el Grupo Santander ofrece a las universidades servicios académicos, tecnológicos y financieros. Desde 1996, el banco ha firmado más de 500 convenios con instituciones académicas de España, Portugal e Iberoamérica, que recogen, en general, el apoyo del banco a iniciativas que ayudan a la investigación.
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MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
ERC ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a garantizar que los libros de texto de la enseñanza obligatoria sean "respetuosos" con los criterios científicos a la hora de definir e identificar las lenguas oficiales del Estado diferentes de la castellana, así como los territorios donde se usan.
Además, reclama en su iniciativa --a la que tuvo acceso Europa Press-- una campaña institucional donde se definan, expliquen y contextualicen estas lenguas (catalán, euskera y gallego) con sus respectivas variantes dialectales y los territorios donde se hablan. A su juicio, hay una "gran falta de rigor científico" en los libros de texto escolares que, "más allá de la negligencia pedagógica", no ayuda a reconocer, entender e impulsar la realidad lingüística plural.
Según señala en su proposición, un estudio del Observatorio de la Lengua Catalana concluye que "buena parte" de los libros de texto dirigidos al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en España no otorgan el mismo rango lingüístico al castellano y las demás lenguas oficiales, "llegando incluso a definirlas como modalidades lingüísticas".
En esta línea, ERC resalta en su texto, promovido por el diputado Francesc Canet, que esta investigación detectó que cerca del 40 por ciento de los manuales de texto no establece "claramente" la unidad de la lengua catalana, creando "confusión" respecto al estatus del valenciano.
Por todo ello, también ha registrado cuatro preguntas por escrito sobre esta cuestión. En concreto, interroga al Gobierno sobre posibles acciones a emprender para corregir esta situación y su opinión acerca de la existencia de libros de texto que no explican "claramente" cuáles son las lenguas oficiales, que denominan a las que no son castellano como "modalidades lingüísticas" y que describen el catalán y el valenciano como diferenciadas. |
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MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los profesores Fernando Savater y Serafín Fraga serán investidos doctores Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid en un acto que se celebrará mañana en la Escuela Politécnica Superior, según informó hoy la propia Universidad.
Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Doctor Honoris Causa por varias universidades, españolas y extrajeras, desarrolla una intensa actividad como profesor invitado y conferenciante en diferentes países de Europa, Asia y América. Autor de numerosos ensayos, además de obras de teatro y narrativa, ha sido reconocido con premios como el Nacional de Ensayo (1982), finalista del Planeta (1993), y el Ortega y Gasset de Periodismo (2000).
Ha formado parte de diversos grupos ciudadanos de repudio al terrorismo en el País Vasco, desde el Movimiento por la Paz y la Tolerancia (1985) y Gesto por la Paz, hasta Iniciativa Ciudadana Basta Ya (2000), galardonada con el Premio Sajarov del Parlamento Europeo de Derechos Humanos en el 2000. Hará la laudatio de su figura, Ángel Casado Marcos, profesor del Departamento de Antropología y Pensamiento Filosófico Español de la UAM.
Serafín Fraga es catedrático emérito de la Universidad de Alberta (Canadá), investigador en Química Teórica y Computacional y autor de nueve libros y numerosos artículos, entre los que destaca 'Handbook of Atomic Data'. Ha elaborado programas de cálculo originales sobre átomos, moléculas y proteínas que son utilizados en muchos laboratorios del mundo.
Su trayectoria científica ha estado acompañada por su apoyo a los investigadores españoles y, actualmente, continúa colaborando con la Universidad Autónoma de Madrid. Es también doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Barcelona, y será apadrinado por José Manuel García de la Vega, profesor del Departamento de Química Física Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. |
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La Generalitat logra un acuerdo sobre el Pacto Nacional por la Educación en Cataluña |
Los centros docentes catalanes podrán abrir a partir del 1 de septiembre
BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat de Cataluña y la mayor parte de la comunidad educativa catalana alcanzaron hoy un acuerdo que permitirá firmar la próxima semana el Pacto Nacional por la Educación, que prevé sentar las bases de la futura Ley Catalana de Educación, cuyo trámite prevé iniciar la Conselleria antes de que finalice la legislatura.
Una veintena de agentes educativos, entre los que se encuentran los sindicatos Comisiones Obreras y USOC, las cuatro patronales de la escuela concertada --la Agrupació Escolar Catalana (AEC), la Federació de Centres d'Ensenyament, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya y la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya--, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública (FAPAC) y de la Escuela Secundaria (FAPAES), se mostraron dispuestos a suscribir este acuerdo tras la reunión que mantuvieron esta mañana con la Conselleria de Educación.
Por el momento, el sindicato UGT y la Federación de Padres y Madres de Escuelas Libres (FAPEL) no se han posicionado con respecto al pacto, a la espera de próximas reuniones en el sí de sus organizaciones. Por su parte, el sindicato USTEC-STEs, mayoritario en la escuela pública, reiteró hoy su 'no' oficial que ya comunicó a principios de este mes.
Este último sindicato rechaza el acuerdo porque entiende que "consolida la doble red educativa", es decir, que exista una escuela pública y otra privada. Fuentes de la USTEC señalaron que "este pacto debería haber servido para apostar de una manera más decidida por la educación pública, reforzándola y ampliándola".
Sin embargo, la USTEC exigió que no se la excluya del seguimiento y control de la aplicación del pacto, en consideración a que "somos el sindicato mayoritario dentro de la enseñanza pública catalana", remarcaron las mismas fuentes.
LA SEXTA HORA EN CIUDADES DE MÁS DE 10.000 HABITANTES.
Entre las medidas que recoge el pacto, figura la aplicación de la sexta hora lectiva en las escuelas públicas de Primaria y que se llevará a cabo en el trascurso de los próximos dos años.
Aunque el curso que viene sólo podrán implementarla los colegios de los municipios de más de 10.000 habitantes, los centros de los municipios más pequeños, cuyo Consejo Escolar así lo decida, también podrán solicitar su aplicación a la Generalitat.
Del mismo modo, las escuelas de las poblaciones grandes que no se sientan preparadas para empezar con la sexta hora en septiembre del 2006, podrán retrasar su aplicación al curso siguiente.
Este ha sido uno de los puntos más debatidos en el transcurso de las negociaciones, ya que los sindicatos subordinaban su apoyo al pacto si esta medida se aplicaba de modo paulatino y se acompañaba de un incremento notable de la plantilla docente, mientras que las asociaciones de padres de la escuela pública exigían su total aplicación desde el primer momento.
Según el secretario general de CC.OO., Joan Coscubiela, el acuerdo al que han llegado las distintas partes es "equilibrado", y demuestra el esfuerzo de todos por llegar a un consenso, ya que se ha adoptado una "fórmula flexible de aplicación, según cual sea la decisión de cada centro".
UNOS 4.600 PROFESORES MÁS.
La sexta hora también implicará la redistribución horaria del profesorado de Primaria, que podrá comprimir el horario en media jornada. Para ello, la Conselleria contratará a un total de 4.600 maestros más, que también se implicarán en la consecución de otras medidas, como la atención personalizada del alumnado y la incorporación de nuevos perfiles docentes.
Los agentes también apoyaron otra de las propuestas más espinosas del departamento que dirige Marta Cid y que trata sobre la consecución de la gratuidad plena de los centros concertados en seis años, algo que según aseguró a Europa Press uno de los negociadores de la Conselleria, se logrará a través de los contratos-programa y el incremento del módulo del concierto que se otorga a las escuelas privadas concertadas.
Los negociadores también aprobaron que la Generalitat invierta más de 100 millones de euros para conceder becas de comedor a las familias que así lo necesiten y otros 40 al programa que promocionará un sistema cooperativo para reducir el gasto de las familias en libros de texto.
APERTURA EL 1 DE SEPTIEMBRE.
Otro de los cambios más relevantes es la inversión de 27 millones de euros en la posibilidad de que los centros que así lo deseen puedan abrir sus puertas desde el 1 de septiembre hasta finales de junio.
Esta medida se llevará a cabo en colaboración con las asociaciones de padres y los ayuntamientos y se sufragará mediante el copago entre la Generalitat y las familias.
Para llevar a término la aplicación de todas las medidas del pacto, la Conselleria nombrará una comisión de seguimiento que velará por la implementación de cada una de las medidas en los plazos convenidos y salir al paso de los posibles obstáculos que puedan surgir para su aplicación.
La Consellera de Educación, Marta Cid, aseguró que se trata de "un día histórico", ya que "por primera vez se ha llegado a un amplio acuerdo" que supondrá "un compromiso global para mejorar la educación en nuestro país" y así lograr "más calidad, la ampliación de medidas de innovación pedagógica, la igualdad de oportunidades para todos los alumnos y la estabilidad de los centros".
PUNTO DE PARTIDA PARA LA EDUCACIÓN.
Cid también señaló que el acuerdo significa "un punto de partida" y subrayó su importancia "porque logra romper etiquetas y prejuicios" ya que ha conseguido "sentar a todos los agentes, tanto profesores, como padres y alumnos o municipios, en la misma mesa".
También vinculó la importancia de este "gran acuerdo" al hecho de que haya podido agrupar tanto a las familias y a los alumnos como a los profesores y los centros educativos públicos y privados y a los ayuntamientos.
Cid quiso felicitar a todos los agentes "por su esfuerzo tras muchos meses de trabajo" y, aunque reconoció que el pacto ha tenido sus momentos difíciles, "la Conselleria nunca ha estado en situación ni sentimiento de tirar la toalla a lo largo del proceso de negociación".
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GRANADA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Granada, José Antonio Puerta, consideró hoy que los padres deben asumir su "responsabilidad" en la educación de sus hijos y transmitirles valores frente a los "excesos" del botellón.
En declaraciones a Europa Press, Puerta señaló que esta responsabilidad debe también servir para informar a los hijos de las consecuencias de la ingesta masiva del alcohol ante el ritmo de consumo que se producen en estas concentraciones de jóvenes.
En Granada como en muchas otras ciudades españolas el próximo viernes 17 los jóvenes están llamados a participar en macrobotellones. Para Puerta, "es lógico que la gente joven se quiera divertir, pero dentro de un orden y respetando espacios públicos y el descanso de los demás".
A su juicio, la culpa de que la mayoría de los jóvenes asocien divertimento a excesos es "responsabilidad de todos", por lo que abogó por "poner unas normas claras de convivencia".
"Se actúa de esta forma porque la juventud es contestataria y quiere ir en contra de la norma y ser transgresora de lo que se prohíbe, pero tenemos que pararnos y pensar en qué solución hay que poner y ahí es donde entra en juego la responsabilidad de las administraciones", subrayó. |
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La inasistencia a clase de los alumnos por su derecho a reunión se permitirá sólo a partir de 3º de ESO
MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Educación y Ciencia del Senado rechazó hoy las propuestas de veto presentadas por el PP y EA al proyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE), por lo que inició el debate de las 927 enmiendas parciales. Así, el de los 'populares', presentado por entender que la reforma es una "reedición" de la "fracasada" LOGSE, contó con la oposición de todos los demás grupos e, igualmente, el de EA, propuesto por las "numerosas invasiones" de competencias autonómicas, sólo fue apoyado por el grupo proponente.
Entesa Catalana del Progrés, PNV, CiU y CC votaron en contra de los vetos por preferir la posibilidad de negociar, debatir y votar las enmiendas parciales para "mejorar" la reforma. El PP justificó su veto porque la reforma no tiene, a su juicio, el consenso demandado por la sociedad, no satisface a nadie, no asegura un sistema educativo vertebrado ni la libre elección de centro a las familias. "Lejos de acercarnos a los países desarrollados seguiremos ensanchando la brecha que nos separa", advirtió su portavoz, Adolfo Abejón.
Según los 'populares', "los aromas, las ideas, las recetas, las terapias y los padres" de la LOE son los mismos que los de la LOGSE y se trata de una reforma fruto de un Gobierno "débil" y del "peaje" que tiene que pagar a sus socios. Abejón reclamó así un texto "menos ambiguo" en las enseñanzas comunes, que garantice la elección de centro escolar por parte de las familias y asegure el aprendizaje en castellano "en cualquier rincón de España", entre otras demandas, que acompañó de críticas a la reforma por no generar "buena" calidad del sistema, fomentar "más desigualdad", por ejemplo, en el entorno rural, y "perjudicar" a la escuela pública.
Por su parte, el proponente del veto de EA, José Ramón Urrutia, exigió mencionar "explícitamente" en la futura LOE el respeto al Estatuto de Autonomía del País Vasco y las competencias educativas "exclusivas" que éste le otorga. La presentación de esta propuesta de veto responde a la falta de respuesta por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y del PSOE a sus requerimientos de subsanar con alguna cláusula la "vulneración" de las competencias vascas.
De esta forma, explicó este senador durante su intervención que EA apoyara la reforma en el Congreso de los Diputados al objeto de seguir dialogando y negociando posibles cambios en cuestiones competenciales y, sin embargo, presente ahora una propuesta de veto a la futura LOE. "Hemos lanzado el imput y esperamos el output", concluyó su portavoz en la Comisión de Educación y Ciencia.
Para explicar sus votos en contra, los socialistas rechazaron el veto del PP por verlo igual a la enmienda a la totalidad presentada en el Congreso y adelantaron la "dificultad" de encajar sus enmiendas parciales por ser una "foto fija desvaída" y no "normalizada" con el texto resultante de los acuerdos de la Cámara Baja, así como una Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) "troceada parcialmente". En contra de la críticas 'populares', el PSOE enumeró los "avances" introducidos durante el trámite parlamentario.
Después de calificar de "maniqueo" decir que la LOGSE es la "culpable" de todos los problemas educativos, asegurar que ni el Estado es el paradigma del buen hacer en la administración pública ni las comunidades autónomas del mal hacer y recordar todas las acciones de un año de debate de la reforma, el portavoz del PSOE en la Comisión de Educación y Ciencia del Senado, Manuel Pezzi, lamentó la continuidad del PP en la estrategia "descalificatoria" y su uso de la Educación como "arma arrojadiza" para intentar "machacar" al Gobierno. A pesar de la actitud "no participativa e inútil" del PP, este senador le tendió la mano a la negociación.
Asimismo, el PSOE defendió el amparo "absoluto" de la Constitución y los estatutos autonómicos al proyecto tras un "extraordinario esfuerzo" por buscar un equilibrio "perfecto" en todos los títulos competenciales y orgánicos, plasmado en una ley "modélica". Su portavoz en la Comisión de Educación, aseguró --en respuesta al veto de EA-- que el Gobierno no tiene ningún "resquemor" de las capacidades y la ejecución de las competencias educativas por parte de las autonomías por la inexistencia de informes negativos.
Tras mostrar su sorpresa por el veto de EA y pedir su retirada al considerarlo "fuera de lugar e injusto" con la negociación y los trabajos realizados durante el trámite en el Congreso y ahora en el Senado, negó que "en modo alguno" haya algún artículo que atente contra el Estatuto de Guernica de 1979, puesto que éste cita, de hecho, el artículo 27 de la Constitución sobre la regulación de la Educación y las leyes orgánicas que lo desarrollen, así como las competencias del Estado en la materia.
Según criticó el portavoz de Educación socialista en la Cámara Alta, es una "mala" técnica legislativa "repetir" en una ley orgánica que se respetan las competencias autonómicas, puesto que si no fuera así EA podría recurrir al Tribunal Constitucional (TC) y ganar el recurso.
155 ENMIENDAS A INCORPORAR
En cuanto a las enmienda parciales, Pezzi adelantó que el PSOE tiene la intención de aportar su voto a un total de 81 propuestas (45 del propio Grupo Socialista) y respaldar 74 transacciones, con lo que el proyecto podría verse modificado con 155 textos nuevos. De forma natural, se incorporarán a la reforma todas sus enmiendas de carácter técnico y procedimental, como aquellas socialistas referentes a la lengua de signos o los problemas de dislexia.
Entre las novedades, el PSOE ha negociado con CiU una transacción para fijar la inasistencia a clase por el derecho a reunión de los alumnos sólo a partir de 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), es decir, desde los 14-15 años, por desarrollo de la propia Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) y en relación con la edad permitida en la propia reforma para que los estudiantes formen parte del consejo escolar y puedan participar en la elección del director.
Asimismo, los socialistas pretenden atender la petición de CiU y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de eliminar la presencia del concejal en el consejo escolar de los centros concertados, así como que los propios ayuntamientos o diputaciones titulares de este tipo de colegios puedan solicitar su integración en la red pública y que el equipo directivo sea un órgano "ejecutivo". Sobre los conciertos, se trabaja en la equiparación y ajuste con la pública, en cuestiones como la retribución del profesorado, de forma progresiva hasta 2010. |
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BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La diputada de CiU en el Parlament Irene Rigau aseguró hoy a Europa Press que "el Pacto Nacional por la Educación en Catalunya no se podrá financiar sin la aprobación del Estatut", lo que indica que la Conselleria de Educación, que prevé invertir 1.200 millones de euros para su implantación, cuenta con la financiación del Estatut para poder aplicarlo.
Rigau resaltó la "contradicción" que existe en este punto, ya que la consellera del departamento, Marta Cid, que es de ERC, "el mismo partido que se opone al Estatut, da por supuesto que se aprobará", porque si no, "no se explica la elevada partida que tiene prevista".
La diputada convergente remarcó que el pacto demuestra "el fracaso del modelo educativo que proponía el tripartito, que ahora ha tenido que admitir la pervivencia de los dos tipos de titularidad, la pública y la privada", explicó.
Rigau recordó "el eslogan de confrontación entre la escuela pública y la concertada que los partidos que ahora gobiernan Catalunya utilizaron para erosionar la pasada legislatura de CiU" y lo contrastó con la aprobación del pacto, en el que se reconoce que las dos modalidades de colegio deben ser de servicio público.
También mantuvo que "un hecho fundamental para lograr el pacto ha sido que la Generalitat tenga que renovar los conciertos educativos por cuatro años más", algo por lo que luchó CiU presentando una moción en el Parlament.
Rigau hizo estas declaraciones en relación a la suspensión cautelar de la prórroga de los conciertos educativos por un año que emitió el pasado lunes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y que obliga a la Conselleria a renovarlos por cuatro años, según prevé la ley vigente.
Rigau criticó a la Conselleria por no haber logrado la adhesión al pacto de la USTEC, "que no podemos olvidar que es el sindicato mayoritario dentro de la escuela pública".
En relación a la sexta hora, Rigau manifestó su desacuerdo no en la finalidad de la medida sino en la manera en que se aplicará, ya que, en lugar de implantarla primero en los centros de los municipios más grandes, se debería haber priorizado las necesidades de los alumnos, y aplicarla en los centros más problemáticos.
Además, señaló sus dudas en cuanto a la aplicación real del acuerdo, ya que el Pacto por la Competitividad que la Generalitat aprobó el año pasado, y que incorporaba medidas para mejorar la calidad de la enseñanza, como el incremento del inglés en las escuelas, "todavía no se ha cumplido ni se incluye en el nuevo pacto", sostuvo.
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