El primer Estatuto de la Función Pública pactado entre el Gobierno y los sindicatos establece por primera vez el principio de que el trabajo de los funcionarios es evaluable, es decir, está sometido a la calificación de una comisión que determinará si cumple o no los objetivos laborales fijados. De esta forma, los funcionarios se aproximan a las condiciones de flexibilidad a las que están sometidas los asalariados; los puestos no serán vitalicios ni se admitirán derechos permanentes.

La contrapartida lógica a esta "normalización" laboral de los funcionarios es el derecho a la negociación colectiva, que también se les reconoce en el estatuto; y, en línea con la modernidad que quiere imponer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se les aplicarán los beneficios del llamado Plan Concilia, ese esfuerzo social para conjugar la vida laboral y familiar, cuyas piedras angulares hasta el momento son el derecho al permiso de paternidad y las excedencias por motivos familiares.

Como primer paso, no está mal. La carrera funcionarial requiere de cuantiosos esfuerzos de adecuación a la legislación común de los trabajadores, no sólo para regular sus derechos y deberes de forma congruente con las normas vigentes en el mercado laboral, sino también para dotar a los ministerios de los resortes de movilidad necesarios para distribuir geográfica y funcionalmente la carga de trabajo.

El nuevo estatuto será aplicable a todos los funcionarios públicos, sea su naturaleza estatal, autonómica o local. En cualquier caso, no será tarea baladí la adaptación de la norma básica a los requisitos específicos de cada autonomía.

Tampoco debe despreciarse el intento del Ministerio de Administraciones Públicas de acabar con la temporalidad, aseguran que creciente, en el ámbito de la función pública. Hasta 650.000 plazas de interinos podrán ser sustituidas por plazas fijas.

No obstante, dos aspectos complejos de la reforma de la función pública están fuera del alcance del estatuto pactado. Se trata de la extensión de la carrera funcionarial, de forma que quienes la inicien no se vean constreñidos por recorridos profesionales muy cortos -a partir de la dirección general de un ministerio los nombramientos son políticos- y la equiparación de las retribuciones de la Administración a las del sector privado. El servicio al Estado no tiene por qué ser salarialmente menos atractivo que la contratación con empresas privadas. Pero este aspecto pertenece quizá a otro debate.

DAVID CASALS  -  Barcelona

Cataluña es la zona de la Unión Europea que invierte menos en educación. Un informe de la Fundación Jaume Bofill indica que el gasto público en educación representa el 2,8% del producto interior bruto, cuando la media española es del 4,4% y la europea, del 5,2%. El estudio también denuncia que el fracaso escolar en la red pública es mucho mayor que en los centros concertados. Concretamente, la diferencia es de 20 puntos. La red pública es la que asume la escolarización de los alumnos inmigrantes y los que provienen de familias con menos poder adquisitivo y nivel sociocultural.

El Pacto Nacional por la Educación, que era uno de los acuerdos estrella del Gobierno tripartito y que promovió el Departamento de Educación cuando estaba en manos de Esquerra Republicana, "se queda corto". Así lo denunció Jordi Sánchez, de la Fundación Jaume Bofill, que lamentó que este pacto es "una gran declaración de intenciones", pero que su concreción no se verá hasta la próxima legislatura.

Entre los propósitos del Pacto por la Educación destaca la extensión de la sexta hora de clase en las escuelas públicas y acabar en seis años con las cuotas que pagan las familias a los centros concertados. Estos compromisos se llevarán a la práctica siempre y cuando un futuro Gobierno opte por hacerlo. La situación de ruptura del tripartito significa una auténtica parálisis de las políticas educativas en Cataluña, denunció Sánchez

Las asociaciones de padres discrepan sobre las críticas de los obispos en materia educativa

G. D. / M. J. L. D.  -  Jaén / Almería

El comunicado de los obispos andaluces hace especial hincapié en la educación. Así, censura el papel protagonista que el Estatuto da a la escuela pública y que se recoja que la enseñanza será laica. Las asociaciones de padres están divididas ante el pronunciamiento episcopal.

La Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Católicos de Andalucía (Confapa) aplaude el comunicado. "Los obispos tienen la obligación de dar su opinión colegiada como órgano vivo de la Iglesia que son, al igual que pueden opinar con absoluta libertad otros colectivos, como los sindicatos, los empresarios y otras asociaciones", asegura Juan María del Pino, presidente de la Confapa.

Por contra, desde la Asociación Galileo de Padres y Madres por una Escuela Pública Laica, Alejandro Gallego critica que los obispos pretendan "interferir" en el debate sobre el Estatuto con argumentos que ponen en entredicho a la escuela pública. La asociación califica como una "aberración" que la Iglesia, y dentro de los colegios los profesores de Religión, insistan en descalificar temas que los padres por una escuela pública laica entienden como "conquistas sociales" tales como las bodas de homosexuales o el divorcio.

La Confapa, mientras, suscribe punto por punto las críticas de los obispos al proyecto estatutario, incluido el supuesto intervencionismo del texto. "Quieren meter hasta concejales en los consejos escolares", censura. De igual modo, Del Pino coincide en el rechazo a la expresión realidad nacional. "Es un debate que no interesa a los ciudadanos, que se sienten españoles y andaluces", exclama.

Desde la Federación Española de Religiosos de Enseñanza y titulares de Centros Católicos (FERE-CECA), su secretario general en Andalucía, José María Fernández, también considera "lógico y normal" el pronunciamiento de los obispos. Fernández califica como "grave e inapropiado" que la propuesta de reforma considere que los padres deben colaborar en la enseñanza de sus hijos, cuando, a su juicio, los progenitores son los máximos responsables de la educación. Tampoco reconoce el derecho a la enseñanza laica, pues, a su juicio, "en un Estado aconfesional la enseñanza pública debe ser neutral, no laica".

Fernández concluye en que el Estatuto andaluz, en materia educativa, "es ciego a la realidad social de la comunidad", ya que, según dice, la media de padres que eligen la religión para sus hijos en los centros públicos es del 80% en los distintos niveles, y superior al 90% en la Primaria.

De forma muy diferente lo ve Ginés Parra, portavoz de Comunidades Cristianas Populares, una asociación de cristianos de base de Almería. "Si los obispos se oponen por el tema de la enseñanza de la religión o porque se sienten perseguidos pensamos que la jerarquía de la Iglesia se está equivocando en las manifestaciones que hace públicas de sentirse atacada. Nosotros no nos sentimos perseguidos. Al revés, creemos que la verdadera iglesia de Cristo no necesita de apoyos institucionales. Quizá los obispos tienen otros miedos de tipo económico", señala Parra, quien afirma que el proyecto de Estatuto "va a hacer avanzar a Andalucía".

La Consejería de Cultura y Deportes ha vuelto a abrir las bibliotecas públicas de la red que gestiona la Comunidad en horario ampliado de 24 horas durante el periodo de exámenes, dada la gran acogida que esta iniciativa tuvo los dos pasados años entre los estudiantes madrileños (84.128 personas en 2005).

Hasta el próximo 26 de junio, a las doce de la mañana, el Ejecutivo regional mantendrá abiertas ininterrumpidamente las bibliotecas con el fin de que los estudiantes de selectividad y de las universidades puedan hacer uso de sus instalaciones para preparar los exámenes.

Las bibliotecas prestarán su servicio habitual de 8.30 a 20.45, de lunes a viernes, y los sábados de 9.00 a 13.45, y a partir de la hora cotidiana de cierre quedarán abiertas como salas de estudio, donde estarán disponibles los fondos de la sección de consulta y referencia.

Las bibliotecas que prestarán este servicio son: Central (Felipe el Hermoso, 4), Acuña (Quintana, 9), Centro-Pedro Salinas (Plaza Puerta de Toledo, 1), Fuencarral-El Pardo Rafael Alberti (Sangenjo, 38), Latina-Antonio Mingote (Rafael Finat, 51), Menéndez Pelayo (Plaza América Española, 2), Moratalaz (Corregidor Alonso de Tobar, 5), Usera (Rafaela Ybarra, 43), Vallecas (Rafael Alberti, 36), Villaverde (Villalonso, 16), Canillejas (Las Musas, 11) y Salamanca (Azcona, 42).

Por SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS. Profesor de Derecho de la Universidad Complutense y autor de «Libertad religiosa, simbología y laicidad del Estado»

ç UNA circular de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía acaba de reavivar la polémica acerca de la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos, al ordenar la retirada de los crucifijos de las aulas de un colegio público de Jaén. La circular se origina por las quejas recibidas desde la oficina del Defensor del Pueblo andaluz, que se hacía eco de la denuncia de un padre que se negaba a que sus hijos asistieran a clase en unas aulas en las que se exhiben símbolos cristianos. Como consecuencia, la citada decisión dispuso la retirada de los crucifijos, que sólo podrán mantenerse durante las clases de religión. En la base de estas peticiones suele latir una doble argumentación. Por un lado se aduce la neutralidad religiosa del Estado. Por otro, el derecho de libertad religiosa de quien reclama la retirada de los crucifijos, que, en su dimensión negativa, garantiza que nadie pueda ser obligado a adherirse a determinadas creencias religiosas o a participar en determinados actos de culto. La cuestión no es nueva ni en la experiencia española ni en Derecho comparado, pues también se han producido conflictos de este tipo en otros países (Francia, Italia, EE.UU. y Canadá). De hecho, el Consejo de Estado italiano, en una resolución del pasado febrero, vino a resolver un recurso similar planteado por una mujer finlandesa que entendía que la presencia del crucifijo en las aulas de sus hijos suponía una vulneración del principio de neutralidad religiosa del Estado reconocido en la Constitución italiana. El Consejo de Estado desestimó el recurso con una serie de argumentaciones de hondo calado jurídico. La resolución italiana advertía de que el crucifijo constituye un símbolo que puede asumir significados diferentes y servir a pretensiones distintas, en función del lugar en que resulte expuesto. Mientras que en un lugar de culto el crucifijo constituye propia y exclusivamente un símbolo religioso, en un emplazamiento desprovisto de ese carácter (como puede ser la escuela) el crucifijo, aparte del valor religioso, presenta también un significado secularizado que apela a distintos valores civilmente relevantes, tanto para creyentes como para no creyentes. Este símbolo manifiesta, entre otros, el origen religioso de los valores de la tolerancia, del respeto recíproco, de la solidaridad humana y del rechazo a toda discriminación. De esta manera -concluye el Consejo de Estado italiano- el crucifijo puede desarrollar también una función altamente educativa, al margen de la religión profesada por los alumnos. Por lo demás, esta apelación a los orígenes religiosos de los valores mencionados no constituye una vulneración de la separación entre el Estado y las Iglesias. En realidad no pone en discusión la autonomía recíproca del orden temporal y espiritual. Son apreciados en la sociedad civil de modo autónomo respecto a la sociedad religiosa, pudiendo ser admitidos por todos, independientemente de la pertenencia a la religión que los ha inspirado. Es decir, no quebranta el principio de laicidad del Estado. Entre otras cosas, porque no suponen un elemento de proselitismo religioso ni vulneran la vertiente negativa del derecho de libertad religiosa, precisamente por la secularización social operada en la imagen religiosa de esos símbolos. Téngase en cuenta que el ejercicio de la libertad religiosa, en su vertiente negativa, no puede traducirse en una eliminación de todas las manifestaciones religiosas de la esfera pública. Su radio de acción -como ha precisado el Tribunal Constitucional- es crear las bases necesarias para garantizar la inmunidad de coacción ante el Estado o ante otros grupos religiosos. Se entiende así que la vertiente «secular» insertada en la significación de muchos símbolos religiosos haya sido reconocida también por la jurisprudencia española. Por ejemplo, el Tribunal Supremo, en sentencia de junio de 1990, estableció que símbolos propios de la religión católica pueden seguir conservándose, no sólo en escudos institucionales, como pueden ser los de las universidades, sino también en los de ciertas comunidades autónomas, como la del Principado de Asturias. Para el Supremo, en fin, esto no puede interpretarse como una derivación necesaria de motivaciones religiosas, sino como tradiciones que progresivamente han sufrido un proceso de erosión «secular». En el mismo sentido, piénsese en el llamado «descanso dominical», que recogido en los pueblos de tradición cristiana inicialmente por mandato religioso, ha acabado siendo una tradición civil. Si se observa el Estatuto de los Trabajadores, se concluye que el descanso semanal se ha transformado en una institución secular y laboral, que si mantiene el domingo no es estrictamente por razones fideístas sino seculares. A la luz de estas consideraciones, me parece que la cuestión planteada en el centro escolar de Jaén conviene rescatarla de la zona de lo puramente emocional para reconducirla a la frialdad del discurso jurídico. Desde esta perspectiva se concluye que una comprensión de la neutralidad religiosa del Estado en clave positiva, tal y como lo ha entendido nuestro Tribunal Constitucional, debe llevar a superar su concepción como vehículo de rechazo de cualquier manifestación de religiosidad en el ámbito público. El sentido común y el jurídico delinean un marco positivo para el principio de laicidad, que lo califica como un factor de concordia que permite, lejos de todo apasionamiento, que los ciudadanos puedan ejercitar en condiciones de igualdad y libertad su derecho fundamental de libertad religiosa. Por eso parece desenfocado apreciar vulneración del derecho de libertad religiosa ante un símbolo que difunde valores que trascienden, con mucho, su significado religioso y que son aceptados por una amplia mayoría de la sociedad al margen de su credo. Lo cual no es apreciación gratuita, sino basada no sólo en la citada jurisprudencia italiana, sino también en la más reciente del Tribunal Supremo Federal norteamericano en su sentencia Van Orden v. Perry, que, en síntesis, estableció que la presencia de un monumento con los Diez Mandamientos en el campo del Capitolio de Texas no resultaba inconstitucional, por tratarse de un símbolo con un doble carácter, religioso y secular.

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) - -

   La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, reconoció hoy que el Gobierno y la Conferencia Episcopal mantienen "opiniones relativamente distantes" sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE), como pudo constatar en la reunión que mantuvieron en la Comisión Mixta Iglesia-Estado de enseñanza del pasado jueves, aunque matizó que la enseñanza de la religión "no es la cuestión central" en el debate educativo.

   A pesar de estas divergencias, la ministra aseguró en una entrevista en la Cadena Ser que en la reunión que celebró con representantes de la Conferencia Episcopal "primó el ambiente de diálogo y de búsqueda de acuerdos". "Hemos iniciado un diálogo, que espero que llegue a buen fin", añadió.

   Subrayó que "el problema más inmediato" en este sentido no es establecer una asignatura alternativa a la religión, sino la situación de los profesores de esta asignatura, a los que la ley "reconoce derechos subjetivos" y, cuando ésta entre en vigor, tendrán que acogerse al Estatuto de los Trabajadores. "Esto es incuestionable", subrayó.

   Tras afirmar que la asignatura de la religión "no es la cuestión que más preocupa a los implicados en la reforma de la educación", aseguró que la LOE se basa en un "principio claro", el "respeto" a los derechos de los padres y los niños, tanto los de los que quieren cursar la asignatura de religión como los que no, y la solución al debate sobre la educación deberá "respetar en sus propios términos esas dos opciones".

   Asimismo, manifestó que no le "preocupan" las manifestaciones contra la reforma, sino que se produzcan "sobre la base de interpretaciones no demasiado exactas sobre cuáles son los problemas" de la educación.

PACTO DE ESTADO DE EDUCACIÓN

   La ministra consideró que es "posible" alcanzar un pacto de Estado sobre educación, y consideró que existen "márgenes suficientes" entre los partidos políticos para llegar a acuerdos sobre la aplicación de la ley. "Opiniones diversas va a haber siempre", dijo, "otra cosa es que no podamos llegar a un acuerdo para el sistema educativo, ya no para que sea estable, sino susceptible de ir evolucionando y mejorando".

   La "gran virtud de la LOE", manifestó, es que centra la atención en la elaboración de planes de apoyo y en la "atención individualizada" a los alumnos, en una respuesta "desde el principio" cuando se detecten problemas, no sólo en secundaria, y en la "prevención" de estos problemas, "en vez de castigos".

   Además, aseguró que los informes sobre la educación española "matizan mucho la visión popularizada" de que "va mal", y subrayó que "estamos en el pelotón de los que no lo hacen mal". También destacó el esfuerzo "importantísimo" que se ha realizado en la educación en los últimos decenios, y que "se ha avanzado mucho en pocos años".

   Para solucionar la violencia en los centros escolares, agregó, es necesario aplicar "medidas dentro y fuera de las aulas", a la vez que destacó que el Gobierno ha realizado "un esfuerzo enorme" para mejorar las condiciones de los jóvenes investigadores, una de las "prioridades" del Ejecutivo.

   Asimismo, subrayó la "política de 'tolerancia cero'" del Gobierno respecto al dopaje en el deporte, y recordó que el Congreso está tramitando el Proyecto de Ley Antidopaje. Cabrera también destacó que "el deporte tiene mucho que ver con la educación", por lo que se va a incluir en la LOE y en la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), así como que el Ejecutivo pretende "fomentar el deporte limpio".