IGNACIO SOTELO

En Alemania, los trabajadores de los servicios públicos comunales han estado en huelga 14 semanas hasta que el pasado 30 de mayo la Administración llegó a un acuerdo con el sindicato unificado de servicios (Ver.di). La huelga comenzó en febrero por una cuestión que una buena parte de la opinión, conducida por los medios, consideró banal: aumentar en 18 minutos diarios la semana laboral, pasando de 38,5 horas a 40 horas en los Estados del Oeste; en los del Este ya se trabajaba las 40 horas. Los sindicatos consideraron un ataque frontal el que se intentara invertir la tendencia a reducir la jornada laboral, que se había mantenido desde las luchas encarnizadas a principio del pasado siglo por la jornada de ocho horas. El escándalo era más bien que, pese al crecimiento exponencial de la productividad, la jornada laboral en los últimos ciento y pico años se hubiese achicado a cuentagotas, y ahora se intentase nada menos que invertir el proceso. En esta argumentación, el sindicato no ha tenido en cuenta que la productividad en algunos servicios apenas crece, y además los pagan unos ayuntamientos cada vez más endeudados.

Después de casi cuatro meses de huelga, el sindicato ha tenido que conformarse con un empate que es más bien una derrota: en un sistema muy complicado que toma en consideración edad y tipo de servicio, unos trabajarán menos de 38 horas, otros hasta 42, pero la media al Oeste pasa de 38,5 horas a 38,92. Los sindicatos han tenido que aceptar el que se aumente, aunque fuese mínimamente, la jornada laboral, a pesar de que comenzaron la huelga para impedir que al aumento de la jornada laboral siguiera la supresión de las pagas extraordinarias, la jubilación a los 67 en vez de a los 65 años y un largo etcétera. Había que frenar el desmontaje continuo del Estado social.

El 25 de mayo se inauguró el Congreso de la Federación Alemana de Sindicatos (DGB) con un abucheo dirigido al ministro de Trabajo de la "gran coalición", el socialdemócrata Franz Müntefering, y calurosos aplausos a Oscar Lafontaine, que hacía un año que había abandonado el SPD para codirigir el nuevo "partido de izquierda". Comportamiento que puso de manifiesto la creciente división interna entre la fracción más de izquierda y la centrista que al final volvió a salir elegida. Los sindicatos alemanes han inscrito en su bandera la lucha por el salario mínimo (7,50 euros por hora, 1.200 euros mensuales, exactamente el doble de los 600 que en España se vislumbran en el horizonte), una reforma del seguro de enfermedad negociado y sobre todo mantener la protección ante el despido.

Pese al continuo desmontaje del Estado social, en la última década no ha dejado de decrecer el número de afiliados a los sindicatos. Cierto que en los momentos de lucha aumenta el número de miembros -en el primer mes de huelga se inscribieron 15.000 trabajadores en el sindicato unificado de servicios-, pero se pierden cuando las aguas vuelven a su cauce. Este continuo descenso de afiliados se debe a causas más de fondo que a la falta de combatividad, como creen los sectores más de izquierda. La más importante es la desindustrialización, que suprime las grandes unidades productivas que antes reunían a miles de obreros, con la consiguiente tercerización e individualización de la economía. El desempleo que conlleva la "sociedad posindustrial" -como antes la agricultura desalojaba mano de obra a la industria, ahora es ésta la que manda una buena parte al paro- pone al movimiento sindical en una situación crítica. Los sindicatos han dejado de ser organizaciones de lucha que defienden valores solidarios de clase, para convertirse en instituciones que ofrecen servicios y se les juzga por su eficiencia, cada vez más decreciente, en este ámbito. Dos cosas importa tener muy claras: la primera, que los sindicatos no se van a recuperar radicalizando sus posiciones; unos sindicatos ideológicos y combativos pertenecen al pasado. La segunda, que el modelo de Estado social que hemos construido no se sostiene a la larga sin unos sindicatos fuertes.

MANUEL PLANELLES  -  Córdoba

Las elecciones a rector de ayer en Córdoba estuvieron marcadas por la baja participación de los alumnos. Sólo el 17,77% de los universitarios que podían votar lo hizo. En abril de 2002, cuando se celebraron las últimas elecciones a rector en las que pudieron participar los matriculados, votó el 21% de los universitarios, lo que significa más de tres puntos más que en esta ocasión.

Sin embargo, si los datos de participación del alumnado se comparan con las elecciones al Claustro celebradas hace un mes, la interpretación es mucho más positiva, ya que en esos comicios sólo fue a las urnas un 10,21% de los universitarios censados en los dos primeros ciclos.

Al cierre de esta edición, se desconocían todavía los datos oficiales de cuántos votos había recibido cada uno de los cuatro candidatos que se presentan para sustituir a Eugenio Domínguez, el actual rector. Domínguez ha declinado volver a optar a la reelección después de haber estado en el cargo los últimos ocho años.

Los candidatos que se han presentado han sido José Manuel Roldán Nogueras (Córdoba, 1950), catedrático de Bioquímica y Biología Molecular; José Roldán Cañas (Córdoba, 1952), catedrático de Ingeniería Hidráulica; Adela Sánchez García (Navalmoral de la Mata, Cáceres), catedrática de Farmacología; y Diego Llanes (Huelva, 1949), catedrático de Genética.

En total, 4.176 personas votaron ayer, entre profesores doctores, docentes no doctores, alumnos matriculados y personal administrativo. Esto significa que el 23,85% de los 17.509 electores decidió acercarse a las urnas.

En el año 2002, el porcentaje de participación total fue del 26%. Si los datos de ayer se comparan también con las elecciones al Claustro celebradas en mayo resulta que el porcentaje de votantes total ha aumentado en 5 puntos.

Como suele ocurrir, el estamento que más respondió a la llamada para elegir a su rector ha sido el de los profesores funcionarios doctores. El 89,08% de éstos votó ayer. El siguiente grupo más involucrado fue el del personal de administración y servicios (85,05%).

Una de las incógnitas que rondaron los comicios de ayer fue, además de saber quién obtendría más votos, saber si el ganador lograría el apoyo proporcional de más de la mitad de los electores. Si no es así, se tendrá que recurrir a una segunda vuelta, a la que sólo concurrirán los dos más votados en la primera ronda, y que se celebraría el próximo día 9 de junio. En ese caso, el ganador sólo se necesitará una mayoría simple para proclamarse rector. En las elecciones al Claustro del mes pasado el más votado de todos los que se presentaron fue José Manuel Roldán Nogueras, aunque en aquella ocasión no se presentaron las cuatro personas que ayer querían convertirse en rector

La mayoría de escuelas darán la sexta hora de clase y acabarán a las cinco  

El 20% de los alumnos se beneficiarán de la medida el curso 2007-2008

S. T.  -  Barcelona

El 80% de los alumnos de escuelas públicas recibirán una hora más de clase a partir del próximo curso. En total, cerca de 200.000 recibirán una sexta hora de refuerzo y profundización para equipararse a los centros concertados, financiados con dinero público. La mayor parte de alumnos de primaria pública saldrán a las cinco, media hora más tarde que con el horario estándar actual, anunció ayer el consejero de Educación y Universidades, Joan Manuel del Pozo.

La sexta hora de clase en la escuela pública es una de las principales medidas del pacto nacional por la educación, acordado en marzo entre el Departamento de Educación, los sindicatos, las escuelas concertadas y las entidades de renovación pedagógica. Hoy, un alumno de primaria de un centro concertado recibe 1.050 horas más de clase que otro de un centro público a lo largo de los seis años que dura este periodo escolar.

El pacto educativo prevé que la sexta hora se extienda a todas las escuelas públicas en un máximo de dos años, como reclamaban los sindicatos. Como norma general, las escuelas de municipios de más de 10.000 habitantes deberían sumarse a la sexta hora en el curso próximo y los de menos de 10.000 en el curso 2007-2008, siempre con la flexibilidad de poder aplazarla en el caso de aquéllos y de adelantarla en el de éstos.

La mayoría de las escuelas que empezarán a impartir la sexta hora están en la ciudad de Barcelona y en zonas con núcleos industriales como el Vallès Occidental, Baix Llobregat y Anoia. Sólo dos de las 898 escuelas situadas en municipios con más de 10.000 habitantes, ubicadas en Salou y Montornès del Vallès, han decidido retrasar la aplicación de la sexta hora de clase.

El 33,4% de los centros escolares de poblaciones de menos de 10.000 habitantes han solicitado hacer una hora más en el próximo curso, avanzándose en un año a lo que prevé el pacto por la educación. Del Pozo quiso lanzar ayer un mensaje "tranquilizador" y afirmó que la escuela pública "ha dado una respuesta ordenada y positiva" a la introducción de la sexta hora.

Media hora más

En cambio, algunos núcleos rurales de zonas de Girona y Lleida han preferido aplazar la aplicación de la sexta hora hasta el siguiente curso. En total, sólo 49.316 alumnos, el 19,93% de los 247.371 que estudian en la primaria pública empezarán a recibir la sexta hora de clase en el curso 2007-2008, de acuerdo con los datos que presentó ayer el consejero de Educación y Universidades.

En la mayoría de los casos, la sexta hora no supondrá alargar el horario una hora, sino sólo media. Esto se debe a que el 80% de las escuelas han acordado acabar las clases a las 17.00 horas, cuando la mayoría lo hace ahora a las 16.30. Para encajar esta hora de más, han decidido ganar 30 minutos en la pausa del mediodía y alargar otra media hora por la tarde. Sólo el 20% restante de los centros han optado por el horario de 8.30 a 13.00 y de 15.00 a 16.30, explicó el secretario de Educación, Francesc Colomé.

Para pactar el horario escolar se necesita el acuerdo de tres cuartas partes del claustro escolar de cada centro. En algunas escuelas, padres y profesores no han conseguido este acuerdo y es el Departamento de Educación el que decide la franja horaria atendiendo al horario de los centros cercanos y de los hermanos de los alumnos que estudian en otros centros próximos. Educación no proporcionó datos de dónde están los desacuerdos, aunque Del Pozo dijo que deberá intervenir "en pocos casos".

El impacto presupuestario de la sexta hora de clase es elevado. El Departamento de Educación ha presupuestado 248 millones de euros para financiar esta hora. Para el cuatrimestre septiembre-diciembre de este año se han presupuestado 20,8 millones. En paralelo, el departamento financiará el servicio de acogida de los alumnos por la mañana y la tarde de los niños del segundo ciclo de infantil (de tres a cinco años) que tengan hermanos en primaria, que harán una hora más, para homologar sus horarios.

E. AZUMENDI  -  Vitoria

El PSE ha presentado una proposición de ley en el Parlamento para garantizar que todos los niños de 0 a 3 años cuenten con una plaza en el sistema público. Para ello, prevé la creación de una red que supere el actual modelo mixto promovido entre Educación y los ayuntamientos conocido como Haurreskolak. Este sistema ha mostrado varias carencias, como el desajuste entre la oferta de plazas. Mientras que en algunos pueblos sobran, en ciudades como Bilbao y Vitoria han faltado en varias zonas, obligando a los padres a decantarse por la red privada.

La iniciativa socialista supone un paso cualitativo con respecto a la política de rechazo que ha venido manteniendo hasta ahora y obligará al Gobierno a negociar alianzas en el Parlamento si quiere mantener su modelo dada la situación de minoría en que se encuentra. La parlamentaria del PSE y autora de la propuesta, Isabel Celaá, aboga por la disolución del consorcio Haurreskolak, creado hace cuatro años, y la creación de 8.000 plazas hasta 2009. Celaá destacó que el modelo de Haurreskolak "lastra" a la educación pública, que sólo atiende al 21% de los niños escolarizados de 0 a 2 años. Un 22% está en las guarderías municipales y el 57% restante, en la red privada concertada, que así va creando la "cantera" que después se integrará en Primaria.

La existencia de una red pública dependiente exclusivamente de Educación garantizará, en opinión de Celaá, que todos los padres tengan una plaza en los centros que deseen. De esa forma, no se verán abocados como ocurre ahora "en muchos casos" a acudir a la oferta privada ante la falta de plazas en el consorcio Haurreskolak en determinados municipios.

Rechazo al préstamo de libros

Por otra parte, el PP reiteró ayer que en Álava no se aplicará el sistema de préstamo de libros escolares aprobado por el Departamento de Educación. El secretario general de los populares alaveses, Iñaki Oyarzabal, aseguró que la Diputación y el Ayuntamiento de Vitoria, ambos gobernados por su partido, seguirán financiando de forma completa los libros de texto a todos los escolares.

La Diputación de Álava comenzó con esta financiación en solitario durante el curso 2002-03. La diferencia de su programa con relación a otros es que subvenciona a todos los escolares, independientemente del nivel de renta de sus progenitores. Oyarzabal censuró al departamento por no adoptar un programa de gratuidad total y aseguró que el sistema de préstamo sólo servirá para incrementar las diferencias en la escuela: "Habrá niños que estudien con materiales nuevos" porque sus padres seguirán comprándoselos y otros que trabajen con los viejos, destacó. Los sindicatos CC OO y STEE-EILAS también rechazaron la iniciativa de Educación porque no garantiza la gratuidad total

Un estudio presentado por el sindicato precisa que, en 2002, el Ministerio de Sanidad sólo reconoció seis casos de los miles que se produjeron - Reclama la intervención del Gobierno

PASCUAL GARCIA

MADRID.- El número de muertos que se registran en España por cánceres de origen laboral (5.000) multiplica por cinco al de las víctimas que se registran (cerca de un millar en 2005) a causa de accidentes laborales. Esta denuncia de CCOO tiene su origen en los trabajos realizados por el epidemiólogo Enmanoil Kogevinas. En opinión de Joaquín Nieto, secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO, «el problema del cáncer laboral se agrava por la invisibilidad y la falta de reconocimiento oficial», que fue calificado de «escandaloso» por el autor del trabajo.

Según estos estudios, los principales cánceres laborales son de pulmón, vejiga, laringe y fosas nasales. Por ejemplo, dijo, «es evidente» que el cáncer en un trabajador de una fábrica de amianto tiene que ver con esta sustancia y, sin embargo, en España se reconocen muy pocos casos.

Kogevinas, que compareció ante la prensa en la sede confederal de CCOO, dijo también que se estima que hay un millón de trabajadores expuestos al sílice y al cristalino, pero que se desconoce cuántos de ellos están expuestos a altos niveles. Contar con esta información, subrayó, «sería muy importante».

Según sus estudios, en el año 2004, unos cinco millones de trabajadores españoles habrían estado expuestos a agentes cancerígenos, lo que supone el 25,4% del total. Además, ha estimado que en 2002 se produjeron unos 8.000 nuevos casos de cáncer laboral, así como 5.000 muertes, aunque Sanidad reconozca «muy pocas», concreta y oficialmente, 6 cánceres laborales en 2004.

A la cola de Europa Por su parte, Joaquín Nieto, subrayó que España está a la cola en el reconocimiento de este tipo de enfermedades laborales si se comparan los datos con los de los países de nuestro entorno.Así, según CCOO, en 2002, se estimaron en Francia 10.000 cánceres laborales, de los que se reconocieron 900; en el Reino Unido, 9.670, de los que 806 fueron reconocidos.

En España, las actividades en las que hay un mayor número de exposiciones a agentes cancerígenos son: construcción, comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y hoteles. Le siguen servicios de personal y domésticos, transporte terrestre y servicios sanitarios, agricultura y caza, fabricación de muebles y accesorios, servicios financieros, manufactura de productos fabricados de metal y fabricación de equipos de transporte y de otros productos minerales no metálicos.

La lista de los productos cancerígenos a los que más estuvieron expuestos los trabajadores españoles en 2004 está encabezada por la radiación solar, a la que siguen el sílice y el cristalino, el humo de tabaco ambiental, el humo del motor diésel, el polvo de madera, el radón y sus productos descompuestos, las fibras minerales artificiales, los compuestos de cromo VI, hidrocarbonos policíclicos aromáticos, benceno, formaldehído, componentes del níquel, plomo y amianto.

Ante esta situación, CCOO pidió la puesta en marcha de planes de actuación urgente. Este plan, según el sindicato que lidera José María Fidalgo, debería incluir un sistema de información sobre sustancias cancerígenas que proporcione datos sobre producción, consumo, uso, emisiones, vertidos, residuos y poblaciones expuestas.

CCOO propone también que se refuerce y mejore el control y las inspecciones sobre las empresas que fabriquen o utilicen cancerígenos y que se desarrollen programas de eliminación y sustitución de éstos por otros alternativos.

En cuanto al Ministerio de Sanidad, Joaquín Nieto afirmó que le gustaría encontrar «la misma sensibilidad» que la que ha tenido el departamento dirigido por Elena Salgado con el humo del tabaco.

El objetivo es conseguir llevar la LOE hasta el Tribunal Constitucional

ALFONSO MATEOS CADENAS

MADRID.- «Las organizaciones que apoyamos esta campaña reafirmamos que el adoctrinamiento religioso debe quedar fuera del currículo escolar». ¿Quiénes? La plataforma Por una escuela laica. ¿Qué campaña? Religión fuera de la escuela. El objetivo es claro y la forma de conseguirlo también: un recurso ante el Tribunal Supremo contra la disposición general segunda de la LOE en la que se regula la enseñanza religiosa y se citan «como norma» los Acuerdos con la Santa Sede (1976 y 1979).

CEAPA (asociación laica de padres), STEs-I (trabajadores de la enseñanza) y otras 40 organizaciones presentaron ayer en Madrid la sexta declaración de una campaña que pretende sacar la Religión de las aulas. Augusto Serrano, de SETs-I, aseguró que no se rendirán «porque las leyes estén en el BOE» y eso parece, pues el recurso ante el Supremo tan sólo es «una forma de alcanzar el [Tribunal] Constitucional (TC)». Directamente no pueden y el Defensor del Pueblo, que sí, no quiso.

Argumentaron también que el Consejo Escolar del Estado ha pedido la derogación de los Acuerdos. Serrano animó irónicamente a la Conferencia Episcopal a denunciar ellos mismos su incumplimiento, pues sus docentes deberán regirse bajo los parámetros del Estatuto de los Trabajadores.

La plataforma dispone de plazo hasta el próximo 4 de julio y, afirmaron, esta vez no se pararán ante nada. Buscan que el TC declare los Acuerdos inconstitucionales y conseguir con ello sacar la Religión de los centros educativos o, al menos, del currículo escolar. Denunciaron el «trato preferente» ofrecido por el Gobierno a los obispos y exigieron una reunión igual de «urgente» con Mercedes Cabrera, ministra de Educación y Ciencia.Emplazada queda

La mayoría de escuelas públicas ampliarán la jornada a seis horas durante el próximo curso

VANESSA GRAELL

BARCELONA.- La mayoría de alumnos de primaria de las escuelas públicas catalanas tendrán una hora más de clase a partir del próximo curso. El conseller de Educació i Universitats, Joan Manel del Pozo, anunció ayer que un 80% de niños de primaria (entre 6 y 12 años) pasará una hora más en el colegio como prevé el Pacto Nacional por la Educación (PNE), firmado en marzo.

Casi siete de cada diez escuelas de primaria ampliarán sus horarios.Aunque el PNE establecía una aplicación gradual de la sexta hora, más escuelas de las previstas han solicitado ampliar su horario para el próximo curso. Esta medida «ha tenido muy buena acogida», destacó del Pozo, según informa Europa Press. Del total de los centros educativos que aún no se han acogido a esta medida, un 56% son escuelas rurales. Estos centros se sumarán al horario de seis horas durante el curso 2007-2008.

El PNE fue uno de los proyectos prioritarios del tripartit, promovido por el departament d'Educació cuando estaba en manos de ERC.La aplicación del Pacto empezará el curso 2006-2007 con la medida de la sexta hora, una de las que más debates suscitó, pero los resultados no se apreciarán hasta la próxima legislatura. Uno de los objetivos del PNE es la equiparación entre la escuela pública y la concertada o privada para asegurar la igualdad de oportunidades.

La singularidad de esta sexta hora es que no será lectiva sino que se destinará al desarrollo de habilidades que favorezcan el aprendizaje de competencias básicas como la lectura, la comunicación oral, las matemáticas o la sensibilidad artística.

El nuevo horario será de 9 a 13 y de 15 a 17 en la mayoría de escuelas. El departament d'Educació dejó libertad a los centros para organizar el horario siempre y cuando se rigiera por la racionalidad para evitar que la jornada escolar tuviera una duración excesiva.

El próximo curso educativo también comportará un notable incremento de profesores para afrontar la ampliación del horario. El conseller d'Educació destacó que 2.827 docentes se incorporarán al nuevo curso de forma que se respete la reducción del horario lectivo de los profesores pactada por la Generalitat y los sindicatos en noviembre de 2005. Tanto los directores como los jefes de estudio ya han recibido una formación especial sobre la organización pedagógica de la sexta hora, tal y como se comprometió el departament d'Educació, que aseguró que destinaría más recursos humanos y técnicos para que la ampliación del horario fuese un éxito.

Las comarcas donde más escuelas adoptarán la jornada de seis horas, a parte de la ciudad de Barcelona, son el Vallès Oriental, el Baix Llobregat y L'Anoia

J. GUIL BARCELONA. El 80 por ciento de los alumnos de primaria de las escuelas públicas de Cataluña harán el curso que viene una hora más de clase. Se trata de la sexta hora que contempla el Pacto Nacional de Educación (PNE) y que ha recibido críticas, especialmente de los sindicatos de profesores, como Ustec-STES o CGT, que ha convocado una huelga de protesta para el próximo miércoles. Tras concluir el plazo para que los centros públicos que podían aplicar la sexta hora el próximo curso lo solicitaran -en un principio, según el PNE, los de las capitales de comarca y de más de 10.000 habitantes-, el conseller de Educación y Universidades, Joan Manel del Pozo, dio las cifras de la respuesta a la convocatoria. De todas las escuelas que podían aplicar la medida el próximo curso sin apelar a excepciones que también contempla la norma -898-, sólo dos se han negado por problemas de organización: una de Montornès del Vallès y otra de Salou. Pero, además, un 24,8% de los centros que podían esperar al curso 2007-2008 para aplicar la «sexta», los de menos de 10.000 habitantes, han decidido avanzar su implantación al próximo curso. Así, entre los «previstos» y los «adelantados», los centros de primaria que aplicarán el próximo curso la sexta hora representan el 67% del total de escuelas de primaria públicas, 198.213 alumnos, el 80% del total. Del Pozo recordó que la sexta hora no se puede considerar «ni lectiva, ni complementaria» y se destinará a desarrollar, prioritariamente, habilidades que favorezcan la consecución de las competencias básicas: lectura, comunicación oral, estrategia matemática y sensibilidad artística. Cada centro decidirá por qué opción se decanta. Una hora de más que la gran mayoría de centros ha decidido sumarla al mediodía. El 80% de las escuelas que la aplicarán harán el horario de 9 a 13 y de 15 a a 17 horas. El resto, hará de 8.30 a 13 y de 15 a 16.30 horas. Del Pozo se mostró satisfecho por la «gran acogida de la sexta hora», aunque admitió que en unos pocos casos ha habido «debate» en el seno de los Consejos Escolares de los colegios por discrepancias a la hora de decidir implantarla o no y, sobre todo, para decidir su encaje horario. En estos casos, Educación ha mediado y ha forzado un acuerdo, aunque el conseller recalcó que a ningún centro se le ha obligado a aplicar «la sexta» en contra de la voluntad mayoritaria de su Consejo Escolar. Profesores y hermanos Del Pozo recordó que para costear la aplicación de esta sexta hora, que sirve para homologar los horarios de la escuela pública y la concertada, el Govern invertirá 63 millones de euros. Asimismo, inyectará en el sistema 2.827 profesores más destinados sólo a esta hora y a posibilitar la reducción del horario lectivo de los maestros que acordó la Generalitat. La sexta hora puede causar molestias a algunos padres si tienen en la misma escuela un hijo en primaria y otro en infantil, al descuadrar sus horarios de recogida. Para resolver el problema, la Generalitat pagará a monitores que cuidarán en la escuela a los niños de infantil durante el tiempo de más que deban estar para homologar su horario al de un hermano.

La detección en institutos halla dos trastornos alimentarios en cada 30 alumnos

El 6% de los jóvenes estarían afectados por estos trastornos; más de la mitad de los casos no son anorexia ni bulimia, sino mezcla de ambas, atracones y otras obsesiones alimentarias y sobre el cuerpo.

MARTA RICART - 02/06/2006
BARCELONA

Dos casos de trastornos del comportamiento alimentario (TCA) por clase. Es la media de afectados que ha detectado la Associació contra l´Anorèxia i la Bulímia (ACAB) en sus 500 talleres con alumnos de institutos catalanes para la prevención de esta patología. Este dato corrobora la estimación de que un 6% de los jóvenes de entre 14 y 24 años sufre trastornos alimentarios. La anorexia y la bulimia ya suponen menos de la mitad de los casos y los trastornos se vuelven más diversos e inespecíficos. E, igual que aumentan entre los menores de 14 años, hay también más casos que se cronifican en adultos, según la ACAB. La entidad ha analizado el tratamiento de los trastornos y concluye que la atención no es suficiente ni adecuada.

La ACAB llegó en el 2005 a 20.000 personas, entre quienes participan en sus cursos, terapias y grupos de ayuda, quienes consultan, y los 14.500 estudiantes de 10 a 18 años que participaron en talleres de prevención. En estos grupos, de un máximo de 30 alumnos y, la mayoría, de enseñanza secundaria (ESO) y primero de bachillerato, los psicólogos hablan de autoestima e imagen corporal y de los TCA. Estos contactos de terapeutas con alumnos han destapado esos dos casos de trastornos por grupo: un caso completo y otro de síntomas que indican un claro riesgo de trastorno, explicó la gerente de la ACAB, Marta Voltas. Los afectados suelen comentar sus problemas y dudas y los terapeutas les derivan a la ACAB, donde se les orienta hacia el médico para un diagnóstico y tratamiento. También alertan al profesor.

Esta detección precoz en institutos de toda Catalunya confirma que en torno al 6% de los jóvenes de 14 a 24 años padece algún trastorno alimentario. Una encuesta de la ACAB y universidades ya concluyó en el 2005 que el 6,38% de las universitarias sufría algún trastorno. Voltas y el vicepresidente de la ACAB, Ramon Guàrdia, presentaron ayer un estudio que recoge el mayor volumen de datos reunidos hasta ahora sobre los TCA. Los estudios de incidencia recogidos apuntan que ese 6% de afectación duplica la estimada hace siete años, del 3%. La ACAB calcula que en Catalunya hay 117.000 mujeres y 1.100 hombres afectados por estos trastornos.

Voltas y Guàrdia alertaron de que no sólo aumentan los trastornos alimentarios más de dos décadas después de su eclosión; además, crecen en menores de 14 años (y de 12), y se hacen más complejos, lo que significa más difíciles de detectar. Los casos de anorexia y bulimia son menos de la mitad de los TCA: aumentan los trastornos con síntomas de uno y otro, los atracones, el comer durante la noche y la obsesión por el músculo (vigorexia) y comer sano (ortorexia). Guàrdia indicó que, más o menos graves (el 6% de las anorexias acaba en muerte), todos son trastornos mentales que dañan la salud e impiden una vida normal. A veces, un trastorno lleva a otro.

El estudio de la ACAB ha analizado la atención sanitaria de los TCA a partir de datos de hospitales y consultas a afectados. Al menos 1.395 personas fueron atendidas en el 2004 en los nueve hospitales catalanes que tienen unidad de atención especializada y otros cuatro que dicen atender también estos trastornos.

La ACAB se lamenta de que, pese al aumento de casos, los servicios sanitarios son insuficientes e incluso se reducen. Según su estudio, entre 1999 y 2004 pasaron de 39 a 35 las plazas de ingreso, aunque crecieron de 98 a 146 las de hospital de día. Según otro recuento - la entidad ha tenido problemas para obtener datos de todos los centros-, en Catalunya hay 115 plazas de ingreso y 393 de día para TCA, claro que el 62% (64 y 255, respectivamente) son en centros privados.

La ACAB critica el déficit de plazas públicas, dado que el coste de un tratamiento de TCA va de 1.100 a 3.900 euros mensuales (según las terapias) y la única ayuda para pacientes no atendidos en la sanidad pública es la cobertura de parte del gasto por algunos seguros escolares.

Además, la ACAB reprocha que las unidades hospitalarias (las hay pediátricas, de adultos y mixtas) dejan zonas de Catalunya sin cobertura cercana, lo que obliga a las familias a traslados prolongados. Esto, la falta de ayudas, la dificultad de detección y la escasez de plazas de terapia hacen que se dé una ruptura del tratamiento a los 18 años y se cronifiquen cada vez más casos en mayores de 25 años. Estas personas carecen de atención.

La calidad de la atención tampoco se cree suficiente. La ACAB calcula que la ratio de profesionales especializados por usuarios varía y, casi siempre, es baja. Los usuarios se quejan de que el tratamiento es corto, faltan terapias individuales, y hay largas listas de espera. Muchos centros derivan a los pacientes que sufren otro trastorno o adicción y no se les trata los TCA. Según la ACAB, el Departament de Salut tampoco los considera trastornos severos, lo que impide una atención como el seguimiento de quien falte a las visitas.

Salut presentó un plan en 2005 para atender los TCA en que prevé ampliar las plazas especializadas para casos graves y pretende que los casos fueran diagnosticados y atendidos en lo posible en centros de atención primaria y CAP mentales. La ACAB no quiere juzgar este modelo hasta ver cómo funciona ya que no todos los casos requieren ingreso. Pero Guàrdia señaló que dadas las lagunas en la atención especializada habrá otras mayores en los CAP por la saturación. "Parece que se quiere simplificar una patología que cada día es más compleja", dijo.

LA VANGUARDIA - 02/06/2006
Redacción BARCELONA

Tras largas discusiones con las organizaciones sindicales, las asociaciones de padres y el resto de los agentes educativos, la sexta hora en las escuelas públicas de primaria de Catalunya será una realidad a partir del próximo curso. No todas, pero sí el 67% (1.072) del total (1.599) de CEIP cursará una hora más de clase, equiparándose así a las escuelas concertadas. La implantación de la sexta hora en primaria, que no será lectiva sino de refuerzo de materias como lectura, comunicación oral, estrategia matemática o sensibilidad artística, afectará a poco más de 198.000 alumnos (el 80%) de los más de 247.000 que se prevé que cursarán el ciclo de primaria en el curso 2006-2007.

Esta medida, una de las previstas en el Pacte Nacional per a l´Educació, firmado el pasado 20 de marzo, significará que el próximo curso se incorporarán al sistema educativo 2.827 maestros, un incremento de plantilla al que se sumarán, también el próximo curso, otras 2.500 personas más aproximadamente, según anunciaron ayer el conseller de Educació, Joan Manel del Pozo, y el secretario de Educació, Francesc Colomé.

En principio estaba previsto que todos los CEIP de ciudades de más de 10.000 habitantes implantaran la ampliación horaria el curso que se iniciará en septiembre, dejando para el curso 2007-2008 la aplicación de la sexta hora en las escuelas de localidades más pequeñas. No obstante, y a la vista de las objeciones de algunos centros, que argumentaron dificultades organizativas o desacuerdo entre claustro y padres por el horario que aplicar, se acordó dar flexibilidad al calendario. Esta decisión ha significado en la práctica que un 24,8% de las escuelas que no tenían por qué empezar este año lo hagan, algo que para el conseller ha sido "una sorpresa agradable", y que algunas que debían no lo hicieran, como un centro de Salou y otro de Montornès.

El 56% de las escuelas que aplicarán la ampliación horaria son rurales. En Barcelona ciudad el 100% de los centros impartirá la sexta hora, mientras que Girona es la demarcación que presenta el porcentaje inferior de aplicación, el 63%.

La mayor parte de los centros, el 80%, empezará las clases a las 9 dela mañana y las concluirá a las 17 horas, con una pausa de dos horas entre las 13 y las 15 horas, mientras que el resto empezará a las 8,30 y terminará a las 16,30 horas, con la misma pausa a mediodía. Educació permitió que los centros que contaron con el apoyo del 66% de los miembros del consejo escolar eligieran el horario y sólo intervendrá en aquellos que no llegaran a ningún acuerdo. El conseller garantizó que los alumnos de infantil que tengan hermanos en primaria en el mismo centro tendrán asegurado un servicio de monitores a cargo de la Administración para hacer el mismo horario que los hermanos

•  La ampliación de la jornada de primaria alcanzará a 200.000 alumnos de la pública
•  El 80% de los centros harán las clases de nueve a una y de tres a cinco

JORDI CASABELLA
BARCELONA

La ampliación de la jornada lectiva del alumnado de primaria de las escuelas públicas catalanas, de cinco a seis horas diarias, se aplicará a partir del próximo 12 de septiembre en 1.072 de los 1.599 centros existentes, 174 más de los que, de acuerdo con la normativa, estaban obligados a ello. La Conselleria d'Educació calcula que serán casi 200.000, 20.000 más de los inicialmente previstos, los alumnos de entre 6 y 12 años que se beneficiarán de la iniciativa.
La implantación de la sexta hora alcanzará en el curso 2006-2007 al 80% del alumnado matriculado en la etapa. El 20% restante, unos 50.000 estudiantes que acuden a escuelas rurales o residen en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, dispondrán de ella coincidiendo con el inicio del curso 2007-2008. El conseller de Educació i Universitats, Joan Manuel del Pozo, afirmó ayer, a la vista de los resultados, que la escuela pública había dado una "respuesta positiva" al nuevo horario.

DESACUERDOS
Ocho de cada 10 escuelas iniciarán las clases a las nueve de la mañana y las finalizarán a las cinco de la tarde, con una pausa de dos horas entre la una y las tres, según los datos de Educació. La elección de esa horquilla no siempre ha sido fruto de un pacto entre los maestros y los profesores representados en el consejo escolar, sino que, en los casos en que ninguna propuesta horaria ha obtenido el respaldo del 75% del consejo, han sido los servicios territoriales de la conselleria quienes lo han impuesto. El 20% de los centros se ha inclinado por comenzar 30 minutos antes, a las 8,30, y concluir la jornada a las 16.30.
Educació no pudo cuantificar ayer el número de centros donde la jornada de 9 a 17 horas ha sido fijada desde los servicios territoriales, aunque avanzó que era en las comarcas de Baix Llobregat y Anoia donde se concentraban un mayor número de ellos. En la ciudad de Barcelona, de las 149 escuelas públicas de primaria existentes, hubo acuerdo del consejo escolar en 120, de las que 90 se inclinaron por prolongar la jornada hasta las cinco de la tarde. Hasta ahora, la major parte de los centros de la capital finalizaban las clases a las 16,30.

DESCANSO AL MEDIODÍA
Aunque la normativa sugería que era la elección más acertada, ningún consejo escolar se ha decantado por mantener una franja de dos horas y media de descanso al mediodía. "Dos horas son suficientes", concluyó Del Pozo. Como tampoco ha habido ninguna propuesta por alargar la jornada hasta las 18 horas, algo que también estaba previsto en las instrucciones cursadas.
La puesta en marcha de la nueva jornada lectiva, que permitirá que los centros de la red pública tengan un horario equivalente al que programan los colegios concertados, conlleva la incorporación de 2.827 maestros al sector público.
La dotación adicional de docentes permitirá, asimismo, que el profesorado reduzca en una hora semanal, de 25 a 24, el tiempo que invierte en impartir clase, e incremente en la misma proporción el destinado a tutorías y atención a las familias, que crecerá de cinco a seis horas. En el curso 2007-2008, el horario de permanencia en el aula se rebajará hasta las 23 horas, aunque la jornada laboral de 30 horas semanales permanecerá inalterable

La ministra reanuda la negociación del contenido de la asignatura con 19 asociaciones afines

M. Villasante

Madrid- El Ministerio de Educación retomará la próxima semana los contactos con las 19 asociaciones con las que hace más de dos meses (el 28 de marzo y con María Jesús San Segundo aún al frente del departamento) empezó a negociar los contenidos de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Según fuentes consultadas por este periódico, otra vez, con excepciones, se quedan fuera las principales asociaciones de padres, docentes y alumnos.
    Desde el ministerio que ahora dirige Mercedes Cabrera indicaron que al encuentro, previsto para el día 6 a las 17:00 horas, han sido convocadas las asociaciones que han mostrado interés en la materia y han mandado sus propuestas. Añadieron que es «una reunión más» y que se han producido contactos con los padres laicos de Ceapa (no con el resto) y con los sindicatos.
    Reuniones. Sin embargo, las organizaciones sindicales de profesores preguntadas aseguran que no han mantenido ninguna reunión en este sentido. Así, el secretario de Comunicación de ANPE, Javier Carrascal, recordó que su organización siempre ha manifestado que estaría dispuesta a apoyar la asignatura si su contenido fuera pactado por la comunidad educativa en su conjunto, pero hasta ahora no ha habido «absolutamente nada», precisó. Igualmente, el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, José Campos, señaló que se ha hablado de la materia en el Consejo Escolar del Estado, pero «todavía no del currículum», aunque confió en poder abordarlo con Educación «antes de que saquen el decreto» que la regule, porque «tenemos propuestas interesantes que plantear», explicó.
    Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, Carlos López Cortiñas, adelantó que, salvo que les llamen expresamente, «no participaremos en ese tipo de cuestiones porque no es un tema sindical». Al contrario que el secretario de Comunicación de USO, José Luis Fernández Santillana, quien consideró que «algo tendremos que decir los profesores» porque, en función del contenido, se verá quién imparte la asignatura.
    USO, una de las diez organizaciones integrantes de la Plataforma contra la LOE, anunció que el observatorio creado para vigilar la aplicación de la reforma educativa estudia la posibilidad de centrar su primer acto en la Educación para la Ciudadanía y preparar una propuesta de «cómo tiene que ser». «Hasta que la ley no salió no tenía sentido participar en la asignatura, pero nosotros somos respetuosos con las leyes y haremos nuestra propia propuesta que mandaremos al ministerio, ya que ellos no la piden», matizó.
    La reunión del martes, según indican desde el ministerio, pretende avanzar en el contenido y en la organización de la asignatura, que será impartida de forma obligatoria en uno de los dos últimos cursos de Primaria, es decir, entre los 10 y los 11 años; en uno de los tres primeros de Secundaria Obligatoria (12 a 14 años), en 4º de esta etapa y en uno de los dos cursos de Bachillerato.
    El calendario de aplicación de la LOE presentado por el Ministerio ha previsto la introducción de la asignatura para 2009, cuando se apliquen las nuevas enseñanzas de 5º y 6º de Primaria. Aunque su puesta en escena en los centros podría adelantarse al curso 2007-2008, cuando empezarán a rodar las nuevas enseñanzas para los cuatro cursos de la ESO.
    Debate de contenidos. Entre las asociaciones con las que el Ministerio de Educación retomará el debate de contenidos de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se encuentran la Fundación Cives que, en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid (de la que procedía San Segundo), elaboró el año pasado una polémica propuesta de asignatura. Amén de otras organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos y los Movimientos de Renovación Pedagógica, que en diciembre de 2004 suscribieron el «Manifiesto en Defensa de una Sociedad Laica», promovido por la Fundación Cives.
    También acudirán a la cita los religiosos de enseñanza de FERE-CECA, que negociaron con el Ejecutivo un acuerdo sobre la LOE y que aparece como uno de los pocos agentes protagonistas del panorama educativo en una lista en la que reinan asociaciones sociales de diversa índole: Amnistía Internacional, Amistad Aldaka, Asociación Española de Investigación para la Paz, Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales, Cáritas, Colectivo Lorenzo Luzuriaga... y así hasta casi una veintena

El PSE dice que el 57% de los niños de 0 a 2 años van a aulas privadas y que en la Haurreskolak sobra 1 de cada 4 plazas

MARTA FDEZ. VALLEJO m.f.vallejo@diario-elcorreo.com/BILBAO

Las familias del País Vasco pueden optar por llevar a sus hijos menores de 2 años a guarderías y colegios privados, o a centros públicos: haurreskolak - del consorcio formado entre Educación y consistorios - y a escuelas infantiles municipales. Un repaso a los datos de este curso revela que la mayoría de las parejas (el 57%) opta por la red privada. Un 21,7% acude a los centros infantiles de los ayuntamientos y el resto, el 20,7%, recibe atención en las haurreskolak.

El PSE considera que ese reparto de los niños más pequeños por centros que beneficia a los privados no responde a una opción libre de las familias vascas, sino que es fruto de una «mala planificación de Educación», aseguró ayer la parlamentaria Isabel Celáa. Recordó que las últimas encuestas revelan que seis de cada diez parejas apostaba por las escuelas de titularidad pública para sus hijos.

Proposición no de ley

Los socialistas han recogido algunos datos para probar su denuncia. Resaltan que un 25% de las plazas de las Haurreskolak quedan vacías cada curso en localidades pequeñas de zonas rurales mientras que en los municipios más grandes hay una fuerte demanda no atendida. «En pueblos como Asparren, Ispaster o Arteaga sobra el 50% de las matrículas», añadió Celáa. Citó la margen derecha, Vitoria, Bilbao, o Barakaldo como las áreas con mayores problemas para escolarizar a estos menores en un centro público. Casi un millar de las 5.000 plazas que ofertó la red pública hasta los 2 años este curso no han sido ocupadas. En los centros concertados, sólo han sido 200.

Los socialistas creen que el Departamento llega tarde para atender la demanda. «Hay nuevos núcleos residenciales con un gran volumen de población joven y no se prevén las necesidades», añadió la parlamentaria. La consecuencia directa de la «mala planificación» es, a juicio del PSE, que «cientos de niños» se quedan sin guardería y muchos otros recurren a las privadas. «Hay, además, un claro despilfarro de los recursos públicos», dijo la responsable de Educación del PSE.

Para atajar esa situación los socialistas presentaron ayer una proposición de ley dirigida a regular el primer ciclo de Educación Infantil -etapa entre los 0 y los 3 años-, con el objetivo de que el Gobierno vasco garantice una plaza pública para todos los pequeños que la soliciten. «La obligación del Ejecutivo es garantizar los derechos sociales y, entre ellos, está el de la Educación de los niños de 0 a 3 años», señaló Celáa. Citó también que se respondería así al compromiso del Ejecutivo vasco de conciliar la vida familiar y laboral, «principalmente la de las mujeres». El PSE reclama en su proyecto legislativo que se creen 8.000 puestos más para ese ciclo de Infantil durante esta legislatura.

Los socialistas quieren también que se lleve a cabo una reforma del mapa escolar -en el que se establece el reparto de la oferta-, con la participación de los miembros de la comunidad educativa que permita ajustarse a la demanda real. Señaló que el actual reparto no responde a las nuevas necesidades originadas por las migraciones internas y el repunte de la natalidad. Con ese fin, han presentado una proposición no de ley en la que reclaman esa reforma «urgente».

Esa propuesta contempla que desaparezca el consorcio haurreskolak -que ha demostrado su «ineficacia»- y se integre el ciclo 0 a 3 en las escuelas públicas. «Es importante que se creen centros integrales de los 0 a los 18 años para poder competir con los colegios concertados que sí ofrecen esa posibilidad», señaló Celáa. Esta es una de las principales demandas de las asociaciones de padres de alumnos de la escuela pública vasca como medida para frenar el constante goteo de pérdida de matrículas

M. F. V./BILBAO

El sindicato CC OO censuró ayer el nombramiento del gerente de una ikastola privada como director de centros educativos del Gobierno vasco. «Este Departamento, que es titular de los centros públicos, pone de responsable de la planificación de la oferta educativa al que era gerente de una ikastola privada», señaló el responsable de la Federación de Enseñanza de CC OO, Javier Nogales.

La central opinó que en las decisiones del Departamento prima «el sesgo político y partidario», sobre otras consideraciones. Recordó el encargo que hizo el Gobierno vasco a la confederación de ikastolas para que elaboraran el currículum vasco, un trabajo por el que Educación pagó «253.000 euros» a ese colectivo.

La central no ve tampoco adecuada la designación al frente del Consejo Escolar de Euskadi de un asesor de Tontxu Campos. Este organismo que evalúa el sistema educativo deberá, recordó ayer Nogales, dictaminar también el texto final del currículum que se aplicará en la enseñanza vasca

M. F. VALLEJO/BILBAO

Los sindicatos CC OO y STEE-EILAS rechazaron ayer el sistema de préstamo de libros que pondrá en marcha del Departamento de Educación. Las dos centrales consideran que el proceso va a complicar la labor de las escuelas y defienden la gratuidad de los textos escolares.

Los responsables de Comisiones apuntan que el planteamiento que hace la consejería de Tontxu Campos «le sale gratis a Educación» -el sistema prevé que el alumno pague un 25% del precio de los libros y que cada texto dure cuatro años-. Critican que el modelo que se pondrá en marcha de forma experimental el próximo curso le salga «gravoso» a las familias al tener que hacer frente a esa cuarta parte del costo de los materiales y, además, adquirir los cuadernos de ejercicios. «Este tipo de cuadernos van a proliferar como negocio editorial», comentaron.

CC OO argumenta que la educación es un derecho universal y tiene carácter de servicio obligatorio que presta el Estado. «La gratuidad de los libros debe tener, por tanto, una vocación universal para todo el alumnado de centros públicos y concertados», añadieron.

Copago

STEE-EILAS defendió que los textos que utilicen los escolares no supongan un gasto a las familias. Los portavoces de la central recordaron que, aunque la enseñanza obligatoria debe ser gratuita, cada vez son más los costes que recaen en los padres. «Pagan comedor, transporte, actividades complementarias y material escolar. Es una especie de 'copago' que en otros ámbitos tiene un rechazo social y aquí se acepta como natural», señalaron.

Los portavoces de la central advirtieron de que el carácter voluntario del sistema de préstamo va a provocar «una diferenciación y segregación» del alumnado, entre los que compren libros nuevos y los que usen los viejos. Criticaron que la gestión de este proceso sobrecargará de trabajo al personal de los centros.

Los responsables del sindicato subrayaron también que el Departamento vasco de Educación, en la práctica, no va a asumir «ni un euro» de la financiación de este proceso de préstamo

La mayoría de ellos financiaban sus cursos con créditos bancarios de 24 meses de duración El fallo afecta a estudiantes de toda España

EL CORREO/BARCELONA

La Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado la rescisión de los contratos que unos 15.000 alumnos de toda España suscribieron con las academias Oxford English bajo la fórmula de créditos bancarios para financiar sus cursos de idiomas. Oxford English clausuró sus centros de idiomas en España en octubre de 2003 al declararse en quiebra, dejando en la calle a alumnos de varias autonomías. La mayoría de ellos financiaban sus cursos con créditos bancarios de 24 meses de duración.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona ratifica el fallo de un Juzgado de Primera Instancia de la misma ciudad, que había declarado la rescisión de 450 contratos suscritos con Oxford por parte de un grupo de alumnos catalanes, así como los de financiación realizados a través de Caja Madrid y Finanzia Banco de Crédito. El tribunal provincial considera que la rescisión de los contratos debe hacerse ahora extensiva a la totalidad de alumnos estafados en toda España que suscribieron préstamos para financiar sus estudios de idiomas.

Defensa de consumidores

Según la Audiencia, la sentencia «debe extender sus efectos» sobre todos aquellos afectados que tuvieran contrato en vigor con ND Comunicaciones -cuyas academias de inglés trabajaban con el nombre comercial de Oxford English- y un contrato de financiación a él vinculado con Finanzia o Cajamadrid.

La sentencia da la razón a la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que ha actuado en representación de los 450 alumnos catalanes y a la que la Audiencia considera legitimada para actuar en nombre de todos los afectados del conjunto de España, en su calidad de asociación de defensa de los consumidores.

Adicae tiene interpuestas un total de veinte demandas en todo el Estado en respuesta a la crisis de las academias de idiomas, que comenzó con el cierre de los centros de Opening Aidea, y, en un efecto dominó, produjo la clausura de las academias Brighton, Oxford English, Cambridge English School y Wall Street Institute.

CONCAPA, FERE y APPRECE apelan al derecho de los padres a elegir esta formación para sus hijos

   MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Plataforma por una Escuela Laica interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) para impugnar la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que regula la materia de Religión en las escuelas, incorporando como norma los "inconstitucionales" acuerdos entre el Estado y la Santa Sede. Las cuarenta organizaciones integrantes recurren a esta iniciativa como "paso previo" al Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de sacar la enseñanza religiosa fuera de la escuela o, por lo menos, del currículum escolar.

   Desde la publicación de la LOE en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estas asociaciones cuentan con dos meses (hasta el 4 de julio) para presentar el anuncio de recurso al TS, tal y como explicó en rueda de prensa el vicepresidente de Europa Laica --una de las organizaciones de la plataforma--, Francisco Delgado. La plataforma, que también ha pedido a la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, una reunión "urgente" igual que el encuentro "preferencial" con la Conferencia Episcopal, critica que los acuerdos con el Vaticano "vulneran" el principio de la propia LOE y principios constitucionales.

   Junto a esta iniciativa, estas organizaciones seguirán "luchando" por una escuela laica o, al menos, impartir la Religión fuera de los horarios lectivos. Además, trabajarán para que en el desarrollo de la LOE no se imponga una asignatura alternativa a la enseñanza religiosa, en línea con una sentencia del Supremo de 1996 en este sentido, por entender que crea dificultades en la organización de los centros escolares, según agregó Delgado.

   Para justificar su petición de eliminar la Religión de la escuela, la plataforma alude a datos del Consejo Escolar del Estado sobre que sólo un 49 por ciento de los estudiantes de Secundaria cursa esta disciplina. Mostrándose "inasequibles al desaliento" aunque la LOE ya esté aprobada, estas organizaciones recordaron también al Gobierno que este órgano consultivo aprobó dos peticiones concretas: la derogación de los 'Acuerdos sobre Enseñanza y Asuntos Culturales' firmados en 1979 y que no se diseñe una alternativa a la Religión.

   En esta línea, el portavoz del STEs, Augusto Serrano, invitó al Episcopado a denunciar los acuerdos y pedir su derogación y firma de unos nuevos si entiende que se incumplen los de 1979. "Estamos de acuerdo con la Conferencia Episcopal en que los acuerdos no se cumplen", ironizó este representante del profesorado, en alusión a que la contratación del profesorado se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y ya no decidirán los obispos sobre sus despidos.

   Por su parte, la responsable de Educación de IU, Loles Dolz, dijo que el Grupo Parlamentario de IU insistirá en la resolución como colofón del Debate sobre el estado de la Nación en la necesidad de una escuela laica. "Vamos a batallar todo lo que esté en nuestra mano para que no haya una alternativa", sentenció, tras calificar de "esperpéntico y absurdo" que la administración pague a los profesores de Religión pero no los elija ni revise los libros de texto.

DERECHO DE LOS PADRES.

   En contra, el presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, calificó de "irritante que determinados grupos pretendan crear una escuela de pensamiento único en lugar de reconocer la pluralidad que debe tener la educación pública". También, dijo a Europa Press que "llama la atención que algunas personas no quieran reconocer el derecho de muchas familias a educar a sus hijos según sus valores y convicciones". "Existe un determinado sectarismo que quiere imponer a los demás una tendencia laicista", se quejó.

   En este sentido, el secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Centros Católicos (FERE-CECA), Manuel de Castro, ve "incorrecta" esta iniciativa de recurrir al TS porque "lo sensato" es respetar la voluntad de los padres. Tras mostrar su respeto a la denuncia libre de cualquier pensamiento, señaló a Europa Press que compete a las familias determinar si se imparte la Religión en la escuela, con alternativa o no: "Respetamos la iniciativa pero no la compartimos porque los sujetos de derechos y deberes son los padres", concluyó.

   Finalmente, la Asociación Profesional de Profesores de Religión de Centros Estatales (APPRECE), aseguró a Europa Press que si bien estas organizaciones están "en pleno derecho" de solicitar un recurso ante el TS, consideró la iniciativa una "pérdida de tiempo", ya que para impugnar los acuerdos entre la Santa Sede y el Gobierno "haría falta plantear una modificación constitucional". Asimismo, defendieron que la escuela pública debe reflejar la pluralidad de la sociedad y garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.

SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres de la Escuela Pública (Codapa), José María Mesa, apoyó hoy la retirada de crucifijos de aquellos centros escolares sostenidos con fondos públicos y pidió a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que "se encargue de defender los intereses generales del pueblo siguiendo la legalidad, que establece que vivimos en un Estado aconfesional", en referencia a la polémica surgida por la retirada de crucifijos y otros símbolos religiosos de un colegio de Baeza (Jaén).

   En declaraciones a Europa Press, Mesa indicó que "no debe existir ninguna simbología religiosa en los centros escolares sostenidos con fondos públicos, y menos en las escuelas públicas, por una razón básica, respeto a quienes no profesan ninguna religión o a aquellos que profesan otra".

   A su juicio, "en una sociedad cada vez más plural en la que en los centros públicos nos encontramos a personas de otras nacionalidades, con diferentes credos, hay que respetarlas a todas, porque se pueden sentir violentas".

   Por último, sobre las manifestaciones de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que instó ayer a la Consejería de Educación y a su delegación provincial en Jaén a dedicarse a las "graves carencias" que tiene la Educación andaluza y dejar de implicar a la institución en la retirada de crucifijos y otros símbolos religiosos de un colegio de Baeza, el presidente de Codapa se limitó a señalar que "el Defensor debe velar por la legalidad vigente".

   Fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo consultadas por Europa Press reiteraron ayer que la institución no ha recomendado la retirada de los crucifijos ni ha intervenido en el asunto. "Si lo que se quiere es ocultar los problemas que tiene actualmente la Consejería de Educación en Andalucía, no es buen camino porque el camino es resolver los problemas que la gente nos plantea sobre la educación en la comunidad y, si ellos están de acuerdo en la retirada de los crucifijos, que lo hagan, que sean valientes y no se lo adjudiquen a nadie", criticaron.

VALENCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Más de 150 expertos de universidades europeas participan, desde hoy y hasta mañana viernes, en el encuentro internacional 'Valencia Global 2006', que se celebra en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

   El conseller de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, y el rector de la UPV, Juan Juliá, inauguraron este encuentro, organizado por la ETSID, para debatir e intercambiar experiencias sobre la formación y enseñanza de la Ingeniería ante el proceso de convergencia europea de la educación superior.

   En el acto de inauguración estuvieron también presentes el director de la ETSID, Enrique Ballester, y el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales (COPITI) de Valencia y Castellón, Francisco Garzón.

   Durante la mañana, se celebraron diversas conferencias y mesas redondas en las que se ha hecho hincapié en la necesidad de invertir mayores recursos para afrontar los retos y exigencias que plantea el Espacio Europeo de Educación Superior.

   También, se abordaron diversas cuestiones relacionadas con la innovación educativa, las prácticas en empresas o la cooperación universitaria en el ámbito de la Ingeniería. "El objetivo de este encuentro es intercambiar información y experiencias con profesores de otras universidades europeas, fundamentalmente en la búsqueda y puesta en funcionamiento de buenas prácticas docentes", según señalaron sus organizadores.

   La jornada de mañana viernes estará dedicada al tema de la Ingeniería Verde y los últimos avances en este campo. Para ello, se contará con la participación del prestigioso investigador Avelino Corma, director del Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC) y Premio Jaume I de Nuevas Tecnologías; y de Antonio Soria, Coordinador de Energía y Cambio Climático de Sostenibilidad en Industria, Energía y Transporte, del Instituto de Prospectiva Tecnológica de la Unión Europea, que hablará sobre el proceso e impacto del cambio climático.

   El uso de las energías renovables y la formación universitaria ante los cambios energéticos que se avecinan, será otro de los temas que se abordarán en esta sesión. De hecho, según los expertos, se prevé que en los próximos años se produzca un auge del mercado de las energías renovables que precisará de un número cada vez mayor de técnicos. "Es misión de la universidad formar a estos técnicos y divulgar en la mayor medida posible las ventajas que reportan el uso de estas energías, además de informar sobre el cambio energético que se aproxima y sobre el papel tan importante que van a desempeñar las energías renovables en dicho cambio", afirmó el profesor de la UPV, Salvador Seguí.

   "El cambio en las próximas décadas va a ser experimentado y liderado por los ingenieros que se están formando en estos momentos, por lo que es necesario empezar a formar hoy a los futuros ingenieros que van a tener que trabajar con estas nuevas tecnologías", según apuntó el profesor Seguí, quien hablará sobre este tema en su ponencia.

   Durante la jornada del viernes se presentarán también los trabajos realizados por alumnos de la UPV, dentro del taller sobre diseño conceptual impartido por el profesor de la Universidad de Amberes, Lieven Bonnaerens. La profesora de la UPV Marina Puyuelo aseguró que "el resultado de este taller es un conjunto de ideas de productos que, basándose en el principio de generación de energía de la dinamo, permite prescindir de baterías y otras fuentes contaminantes".

   Entre ellos, por ejemplo, destaca un ratón inalámbrico de ordenador que se "autoalimenta" con su propio movimiento; o un dispositivo para nadadores que se carga de energía con el agua y, ante una situación de emergencia, permite enviar una señal de peligro a la costa.