Un millar de personas secundó ayer la protesta convocada por los sindicatos de enseñanza y centros escolares de Chiclana (Cádiz) para condenar el último episodio de violencia en la localidad. La víctima, el director del colegio Las Albinas, Ángel Sigler, leyó un manifiesto en que reclamó que, frente a los conflictos, prime la educación en valores. "Éste ha sido un hecho puntual, pero cada vez hay más hechos puntuales. Hay que pararlo", exigió.

igler fue agredido la pasada semana por el hermano de una alumna, quien acudió a recogerla al centro. "Al no verla, la emprendió a puñetazos contra mí", explicó. Sólo dos semanas antes, otro profesor había sido golpeado por el padre de una estudiante en Jerez. Entonces se convocó una huelga en todos los centros educativos de la provincia.

La Junta de Andalucía tuvo que recordar a los colegios de Chiclana que no podían cerrar sus aulas y que tenían garantizar en todo momento el derecho a la enseñanza. "Respetamos las manifestaciones y nos solidarizamos con su causa, pero tenemos que recordar que es día lectivo y que no se pueden cerrar los centros", explicó el delegado de Educación, Manuel Brenes.

El desarrollo de la ciencia requiere, a juicio del autor, una política de apoyo continuada, que debe pasar por un refuerzo permanente de las instalaciones de la Universidad pública y la incorporación de nuevos investigadores.

FERNANDO COSSÍO 28/02/2007

En los últimos años se viene produciendo en nuestra comunidad un despliegue de iniciativas desde los responsables públicos encaminadas a potenciar la investigación que se lleva a cabo en el País Vasco, fundamentalmente en áreas estratégicas como las biociencias, los nanomateriales, etc. Al observar estas iniciativas, por lo demás muy loables, se percibe una disminución de la visibilidad de la Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU). Como consecuencia de ello vemos que, por ejemplo, mientras que los centros de investigación cooperativa (CICs) de reciente creación están despegando a toda máquina, los grupos de investigación consolidados de la UPV-EHU están viviendo de prestado -literalmente- en lo que llevamos de 2007, sin que por parte del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno vasco se haya concluido la elaboración de actuaciones que deberían haber entrado en vigor en enero de 2006.

Ciertamente, no toda la investigación que se lleva a cabo en una comunidad debe recaer en las universidades. Hay abundantes ejemplos de investigaciones en ciencia básica realizadas en laboratorios tecnológicos industriales y, a la inversa, de productos de investigación muy aplicada desarrollados en las universidades. Dado lo complejo del asunto, el echar un vistazo a los indicadores de investigación comúnmente aceptados ayuda a hacer un diagnóstico correcto de la situación. La experiencia enseña que estos indicadores, que deben manejarse con cuidado al evaluar la labor de individuos, funcionan bastante bien con colectivos. Si echamos un vistazo a las bases de datos internacionales -por ejemplo, ISI Thomson (Filadelfia, EE UU)- nos encontramos con que la UPV-EHU ocupa el puesto 559 del mundo en número en contribuciones científicas, muy por debajo (obviamente) de las universidades de Oxford, Harvard o Berkeley, pero por encima de la Universidad de Nápoles, de la Universidad Politécnica de Hong Kong, o de la Georgia State University, por citar algunas.

En ciertas áreas, por ejemplo la química o la física, la UPV-EHU asciende a los puestos 244 y 391 respectivamente. Aunque no se oiga por ahí, nuestra Universidad pública está, en lo que a química se refiere, por delante de universidades como las de Oslo, Virginia o Calgary y ocupa el puesto noveno en el ranking de instituciones españolas en producción investigadora en química (EL PAÍS, 29 de septiembre de 2004). No se trata de situaciones excepcionales. Por ejemplo, la UPV-EHU está en investigación en medicina clínica por delante de centros como el Hospital Nacional de Osaka o el London Hospital, y justo por detrás de la Ohio State University y de la Universidad de Roma. Cierto, estamos a considerable distancia de la elite (otra cosa sería saber con cuántos recursos cuentan los centros de primera fila mundial) y no hay lugar para la complacencia, pero tampoco para la autoflagelación, que es una forma de narcisismo como otra cualquiera.

Pero no basta con producir nuevos conocimientos, también hace falta que los utilicen otros investigadores académicos o industriales en su trabajo y que lo hagan constar en sus publicaciones o en sus patentes. Esto es lo que habitualmente se conoce como impacto científico. Pues bien, en este aspecto la UPV-EHU está situada en una posición no demasiado lejana de su producción, en el puesto 669, después del Boston College.

Un estudio reciente sobre el impacto de la investigación llevada a cabo desde el País Vasco muestra que, si nos fijamos en los científicos más citados de la comunidad autónoma vasca a nivel internacional, todos ellos llevan a cabo su actividad en la UPV-EHU, con una única (y magnífica) excepción. Es más: un análisis más detallado muestra que, mientras la producción investigadora de la Universidad pública se mantiene relativamente estable en los últimos años, el impacto de la misma va en aumento. Concretamente, si bien los resultados publicados por nuestra Universidad fueron citados 6.015 veces por la comunidad internacional durante el periodo 1996-2000, la cifra aumentó a 10.274 durante el periodo 2002-2006. Podemos decir que en la Universidad pública vasca los investigadores publican más o menos en cantidad parecida a como lo hacían antes, pero que la calidad e influencia de esas publicaciones ha aumentado considerablemente. Análisis de otros indicadores, como las patentes registradas o los contratos con empresas, arrojan incrementos en la misma dirección.

Es importante señalar que estas mejoras en calidad investigadora se han conseguido en un entorno no siempre favorable y con unas políticas de contratación fundamentalmente determinadas por las necesidades docentes y no por las investigadoras. Así, programas de incorporación de jóvenes investigadores, que han permitido la llegada de cientos de investigadores a las universidades catalanas, madrileñas o andaluzas, apenas han tenido repercusión entre nosotros. Ciertamente, si no se toman medidas urgentes, esto tendrá consecuencias en los próximos años, al dificultar considerablemente el desarrollo de nuestra población investigadora, por no hablar de su renovación generacional. Este problema es importante, porque no se resuelve sólo con dinero ni con brillantes inauguraciones. Hace falta una política continuada y un apoyo decidido a lo largo de muchos años, sobre todo teniendo en cuenta que se ha perdido un tiempo precioso.

En definitiva, sea cual sea el camino que tome la I+D+i en el País Vasco, tendrá que pasar necesariamente por un refuerzo permanente de la Universidad pública, por una actualización y mejora de sus infraestructuras científicas y por una política decidida (iba a escribir agresiva) de incorporación de nuevos investigadores.

Una UPV-EHU más fuerte en investigación será beneficiosa para todos los demás agentes de la red vasca de ciencia y tecnología y permitirá la mejora de nuestro peso específico en el contexto científico internacional, tanto en cantidad como en calidad. Los logros espectaculares, si se producen, vendrán por añadidura. Porque, como dejó escrito Ramón y Cajal, "los genios, como las cumbres más elevadas, surgen solamente en las cordilleras".

Apuesta por una investigación puntera

El Gobierno ha optado por impulsar el modelo de los CIC frente a la Universidad para el desarrollo de la ciencia aplicada

JUNE FERNÁNDEZ - Bilbao - 28/02/2007

El Gobierno exhibe la convicción de que el País Vasco será en 2010 un referente a nivel europeo en investigación científica. Se apoya en el gran avance en I+D experimentado en la última década, con la creación, entre otros proyectos, de los Centros de Investigación Cooperativa (CIC). Los investigadores, sin embargo, instan a no obviar problemas estructurales que impedirían seguir avanzando.

"Después de unos años de atonía en la política científica, vuelven a aparecer iniciativas muy interesantes", sostiene Félix Goñi, director de la Unidad de Biofísica, centro mixto de la UPV y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El investigador pone como ejemplo Ikerbasque y el Plan Bizkaia Xede, dos programas lanzados respectivamente por el Departamento de Educación vasco y la Diputación de Vizcaya para atraer a investigadores posdoctorales extranjeros.

Pero la idea generalizada en la comunidad científica es que son los CIC el gran punto de inflexión. A los dos centros en funcionamiento Biogune (biomedicina) y Biomagune (biomateriales), se le sumarán próximamente Nanogune (nanotecnología) y, más adelante, Margune (técnicas de manufactura) y Eogune (energías renovables). Impulsados por Industria, gozan de una flexibilidad propia de los centros privados y sus investigaciones se dirigen a conseguir aplicaciones en campos de máximo interés. "Su objetivo es convertirse en centros internacionales de excelencia, capaces de atraer a investigadores buenos", explica el director de Biogune y Biomagune, José Manuel Mato, que advierte de que hace falta esperar diez años para evaluar correctamente su éxito.

Félix Goñi considera "magníficos" estos nuevos centros. "Dan a una industria de alta tecnología una base científica que la universidad no puede ofrecer. Aportan investigadores muy buenos y jóvenes, cuya escasez es el primer problema del sistema vasco. Y suponen puestos de trabajo y de formación para nuestros investigadores". A juicio de Javier Meana, investigador del Departamento de Farmacología de la UPV, la actividad de los CIC no es tan novedosa. "Aunque interese venderlos como algo diferente, hacen investigación básica, pero orientada hacia aquellas áreas en las que se intuyen éxitos comerciales".

Biogune dispone este año de un presupuesto de 19,4 millones de euros -costeados con fondos estatales, autonómicos, forales y europeos- y Biomagune con alrededor de 16 millones, de los cuales 13 se destinarán a construir una instalación de imagen molecular. Meana recuerda que esas inversiones suscitan recelos en la Universidad pública. "Si los presupuestos se repartieran basándose en la productividad científica, la universidad tendría más fondos. Ahora que los CIC han arrancado, la pelea por los fondos debe ser honesta y en condiciones de igualdad, y no lo es", argumenta. Acepta que "el monopolio de la UPV generaba relajo", pero denuncia que "los becarios se escapan al CIC porque pueden ofertar mejores condiciones, y eso no se reconoce". Desde su punto de vista, "algunos CIC mantienen la colaboración con la UPV en unos niveles de apariencia".

Mato niega esa competencia. "Un tercio de los jefes de línea son extranjeros, y otro tercio de otras comunidades españolas. Ellos han atraído para sus grupos a otros posdoctorales. Ninguno estaba trabajando en el País Vasco. El objetivo es atraer a nuevos investigadores, no reubicar a los que están en Euskadi". Goñi destaca los proyectos conjuntos, la colaboración en maestrías y doctorados y la participación en seminarios que mantiene su centro con Biogune. "Ahora es más difícil captar fondos, pero los CIC enriquecen", señala.

Otro proyecto que suscita expectación y recelo a partes iguales es la candidatura de Vizcaya para alojar la Fuente de Neutrones por Espalación europea (ESS). Mato advierte: "Si se concibe como un proyecto local, es una locura; si se internacionaliza, será una apuesta de riesgo, pero que hay que hacer. Pero antes de hacer gran ciencia hay que consolidar la universidad y las apuestas singulares como los CIC". Meana coincide. "No cometamos el error de perder todo lo desarrollado en otras áreas. Que la ESS sea bienvenida, pero pagada por Europa", sentencia.

Frente a estas apuestas, la investigación universitaria adolece de la falta de investigadores, de inversión y de incentivos. "Ni se invierte ni se exigen resultados. Las universidades están así muy tranquilas, pero no mejoran", señala Goñi. Meana propone que, como en Andalucía, los presupuestos estén sujetos a los resultados. Sin embargo, subraya que la Universidad tiene que ser "el motor" del sistema científico vasco. "En Estados Unidos tienen claro que una universidad potente genera riqueza y desarrollo industrial", señala. Ambos critican que la UPV haya contratado personal sin perfil investigador, porque lleva a un índice de productividad general inferior.

Tanto los CIC como el ESS revelan una voluntad clara por parte del Ejecutivo de convertir a Euskadi en una comunidad puntera en biotecnología. En opinión de José Manuel Mato, hay motivos claros para ello. "No hay que apostar por áreas ya maduras, sino escoger una que vaya a dar el salto. Si somos muy buenos y estamos preparados, generaremos una enorme riqueza en forma de puestos de trabajo y nuevas empresas. Se calcula que a partir del 2020 el 20% del PIB tendrá que ver con lo bio. Es un área de futuro".

Goñi asegura que hay diez áreas en que Euskadi se puede colocar por encima de la media europea, entre ellas, física, biología y bioquímica. "Incluso en humanidades hay grupos excelentes", señala. Javier Meana entiende la apuesta por una investigación básica orientada, "porque los recursos son limitados". Y añade que "se deben priorizar las áreas más vinculadas a las necesidades del país y aprovechar a los mejores grupos de la UPV, como los de física o biofísica". Sin embargo, subraya que no hay que descuidar las áreas sociales y humanísticas ni la investigación básica, cuyo nicho natural es la universidad. "Educación", dice, "debe mimar y promocionar áreas punteras que no se reconocen, como las neurociencias y la neurolingüística".

Gestión fragmentada

La investigación en la comunidad autónoma depende de las consejerías de Industria, Sanidad y Educación. Este sistema complejo, que facilita a los centros varias vías para conseguir financiación, falla cuando cada departamento avanza a ritmos distintos. Una gran inversión y apuestas ambiciosas como la creación de los CIC encumbran a Industria como el departamento más activo, dejando a Educación en una posición subalterna. La consejería de Ana Aguirre dispone de una mayor capacidad de actuación, porque las competencias en I+D están transferidas y sus proyectos se nutren del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), entre otros recursos.

Meana y Goñi coinciden en que Sanidad y Educación deberían seguir el ejemplo de Industria, y advierten sendas limitaciones en aquéllas. "La legislación española no anima a Educación a invertir en la universidad porque es ridículamente centralista. La Ley Orgánica de Universidades no deja ni respirar", sostiene Goñi. Señala además que Educación "sólo invierte 4.300 euros" por cada alumno universitario, "a la par de países como Eritrea". Meana, por su parte, cree que "los enfrentamientos entre UPV y Educación se han traducido en un apoyo nulo" y critica que Sanidad se preocupe, "en vez de por la investigación sanitaria en general, sólo por recortar las listas de espera, cuando hasta eso lo puede resolver la investigación". Sin embargo, Goñi aprecia "un deseo de coordinación de las tres consejerías impulsado por el propio Ibarretxe".

POR JORGE ABIZANDA

Por fin un Gobierno se ha decidido a poner límites al uso de los teléfonos móviles. Ante los reiterados casos de acoso -con el móvil como «arma» cómplice- que se han registrado en los colegios e institutos de nuestro país, se hacían necesarias medidas concretas para frenar esta epidemia y la Comunidad de Madrid ha dado un paso al frente. Así, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha elaborado unas normas de convivencia en los centros escolares que incluyen la prohibición de usar estos teléfonos en las aulas y establecen la expulsión de aquellos alumnos que graben o difundan con ellos agresiones o humillaciones. Otras autonomías, como Castilla y León, se han subido a este carro y ya han anunciado medidas similares.

¿Se imaginan las risas que se debieron escuchar en esa clase de matemáticas cuando un profesor intentaba explicar a sus alumnos los logaritmos infinitesimales y de pronto sonó un móvil con un politono Bisbal..? Y lo peor de todo es que la mamá que realizó la llamada sólo pretendía saber si su hijo quería salchichas o pescado para la cena.

Pero, como suele suceder, este tipo de medidas crean controversia y algunas asociaciones de padres y de alumnos han mostrado su rechazo a esta prohibición. ¿Protestan estos mismos padres cuando van al cine con sus hijos y leen los carteles en los que también se prohibe el uso del móvil? Al contrario, algunos incluso montan en cólera cuando, en mitad de la proyección, suena un teléfono y dos filas más atrás un hombre comienza una conversación. ¿Por qué les molesta que se prohiba el uso de estos aparatos en los colegios y no en los cines? El transfondo político puede ser la clave.

El uso continuo de estos teléfonos -según se puso de manifiesto en un reciente congreso celebrado en Barcelona- aumenta por cuatro el riesgo de padecer tumores de oído debido a las consecuencias nocivas de las emisiones de sus dispositivos electrónicos. Este sí es un argumento -y no político- para intentar convencer a estos padres que tanto cuidan de sus hijos de que limitar el uso del móvil no es tan negativo.

JESÚS BASTANTE

MADRID. Los 24 obispos que componen la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal arrancaron ayer sus trabajos en Madrid con el principal objetivo de elaborar «una reflexión sobre la situación de la enseñanza tras la aprobación de la LOE y la publicación de los reales decretos que la desarrollan», según la Oficina de Información del Episcopado.

En concreto, la Permanente aprobará una nota, que será leída mañana, en la que los obispos «darán criterios de actuación para los católicos» para sus posibles respuestas ante la reforma educativa. De hecho, la jornada de ayer se dedicó íntegramente a analizar las pautas elaboradas por la Comisión Episcopal de Enseñanza.

Como ya apuntó este diario, los miembros de la Comisión Permanente harán especial incapié en los «desafíos» planteados por la asignatura de Educación para la Ciudadanía. El Episcopado, según fuentes oficiales, podría avalar textualmente la objeción de conciencia de los padres al considerar que dicha materia, de carácter obligatorio, «puede imponer una moral de Estado». Aunque una sensible mayoría de obispos también avalaría la celebración de manifestaciones contra la implantación de esta materia, este aspecto finalmente no será recogido.

Sobre este asunto se pronunció ayer el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, quien señaló que «los obispos que objetan contra la formación de ciudadanos demócratas, activos y tolerantes, se equivocan gravemente», advirtiendo que «es posible que en algún momento se den cuenta del error que cometen».

LEÓN. Un informe de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) señala que, en el ámbito universitario, tan sólo el campo de la investigación presenta un uso «avanzado" de las tecnologías de la comunicación (TIC), frente a otros con mayores lagunas, como la docencia y la gestión, informa Efe.

Así lo destacó ayer el rector de la Universidad Pública de Navarra y máximo responsable del grupo de trabajo de la CRUE dedicado a las tecnologías de la comunicación, Pedro Burillo, quien participó en León en una jornada de estudio.

Burillo explicó a los periodistas que, tras el estudio llevado a cabo por la CRUE entre todas las universidades españolas, las conclusiones apuntan a que, con carácter general, estas instituciones «han avanzado mucho» en la progresiva introducción de las nuevas tecnologías encuadradas en la sociedad de la información.

Sin embargo, alertó de la detección de unos diferentes grados de implantación de las TIC en función de las áreas básicas de actuaciones de las universidades, pese a que, según indicó, estas nuevas herramientas ligadas al desarrollo de la informática y de las telecomunicaciones «son indispensables para nuestro quehacer».

En este sentido, abundó en que este estudio advierte un nivel de introducción «muy avanzado» de las TIC en la investigación universitaria, circunstancia atribuible, en opinión de Murillo, «al hecho de que los investigadores usan ya desde hace tiempo de forma habitual» este tipo de tecnología.

«Sin embargo, en el campo de la docencia queda mucho camino por recorrer, porque, seguramente, la reconversión que se avecina para el sistema universitario español y con la incorporación al espacio universitario europeo va a suponer una invasión masiva de las TIC»,dijo el rector navarro.

Apuntó que, «si pasamos de una universidad que enseña a una universidad en donde se aprende, tenemos que poner en manos de los estudiantes instrumentos que les permitan ser sus propios conductores en el camino del aprendizaje y esto pasa por el empleo de las tecnologías de la comunicación». La formación continua del profesorado universitario y la gestión de estas instituciones fueron los otros dos apartados analizados por la CRUE.

MADRID. La supuesta agresión ocurrida el pasado 21 de diciembre en el colegio concertado María Inmaculada Marilla, en Chamberí, -donde cinco alumnos del centro de 14 y 15 años habrían quemado el pelo a otro de 12- fue «un hecho aislado» y no acoso escolar. Así lo aseguró ayer a Efe el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Luis Peral.

Según el consejero, el expediente abierto por la Consejería demuestra que la actuación del colegio «fue en todo momento correcta, adecuada y procedente». «Se ha visto que fue un hecho aislado que no ha tenido más consecuencias», manifestó Peral, quien explicó que el centro sancionó «según la normativa de convivencia vigente» a quienes participaron en la supuesta agresión.

El consejero indicó, además, que «el alumno presuntamente agredido debe continuar sus actividades normales en el centro acudiendo diariamente a todas las actividades», incluidas las extraescolares.Una amiga del menor explicó a Europa Press la pasada semana que el chico agredido, Daniel, le relató que un grupo de cinco chicos mayores que él y de origen suramericano le abordaron en el patio, le pegaron y le chamuscaron el pelo con un mechero. También le amenazaron con que, si contaba algo, le harían «alguna barbaridad». Según su testimonio, el niño ha dejado de ir solo a clase, y cada mañana y cada mediodía su madre le acompaña a la entrada y salida del colegio.

LUZ DERQUI

VALENCIA. Más recursos económicos, aumento del personal de refuerzo y puesta en marcha de programas de apoyo y talleres educativos para frenar la violencia escolar. Éstas son las medidas que la Conselleria de Educación pondrá en marcha en los doce colegios e institutos más conflictivos de la Comunidad Valenciana, donde en los últimos meses se han registrado el mayor número de agresiones a alumnos y profesores. Así, el 25 por ciento de los casos de violencia escolar registrados en el último año se han concentrado en un instituto de Castellón, siete de Alicante y cuatro de Valencia.

Ante esta situación, la Conselleria establecerá una serie de refuerzos y medidas positivas para mejorar la convivencia escolar tras el alarmante número de casos notificados en el Registro Central de Incidencias creado hace poco más de un año. En cualquier caso, las acciones no serán iguales para todos los centros, ya que dependerá de la tipología de agresión o casos de violencia detectados, según adelantó ayer el conseller, Alejandro Font de Mora, quien aseguró que «el café para todos no vale, ya que cada centro tiene sus particularidades y sus necesidades concretas y no es justo tratar a todos los centros por igual, ya que eso significaría desconocer la realidad de la escuela». En este sentido, se incrementará la dotación de personal docente de apoyo a los centros donde las incidencias hayan sido especialmente graves y se aumentará la dotación económica de forma que la dirección tenga recursos para emprender iniciativas y acciones dirigidas a frenar la conflictividad.

Medidas reactivas y proactivas

La Generalitat decidió hace tiempo enfrentar los cada vez más frecuentes problemas de convivencia en los centros escolares y puso en marcha iniciativas pioneras que incluyen tanto medidas reactivas, en las que se interviene de manera decidida y contundente ante casos graves de violencia, como proactivas, que buscan prevenir las situaciones conflictivas. Asimismo, entre las medidas incluidas en el Plan Previ, destacaba un registro de casos de incidencias en el que en un sólo año se han contabilizado 633 casos de violencia escolar. Este registro facilita a los directores de institutos y colegios las herramientas para informar de los casos detectados en sus centros.

Este primer balance del registro puesto en marcha a través del Observatorio para la Convivencia Escolar, podría ser poco más que la punta del iceberg, ya que desde la propia Conselleria se reconocía que la situación era aún más dura, ya que hay centro que no denuncian para no ser estigmatizados. Una situación contra la que se pretende luchar ahora con las medidas anunciadas ayer por la Conselleria, dado que los centros que denuncien y afronten esos casos de agresiones contarán con recursos para poder hacerlo toda vez que el registro sirve para detectar las necesidades y dar soluciones gracias al incremento de recursos.

LORENA PARDO

CASTELLÓN. Francisca García ha emprendido un cruzada particular contra los agresores de su hijo, un alumno del Instituto de Secundaria Francisco Tárrega, en la localidad castellonense Villarreal.

Harta de la ineficacia de las herramientas legales con las que cuenta la administración para poder actuar en estos casos, ha decidido sacar a su hijo de 15 años del centro educativo. Las agresiones, que comenzaron ya el curso anterior, se producían dentro y fuera del centro educativo, la cuestión fue objeto de consejo escolar que, en aquel momento decidió separar a la víctima del su clase, reprender al agresor y a los cinco alumnos que le apoyaban así como reunir a los inspectores para encontrar una solución.

García consideró que separar a su hijo del grupo no servía de nada si las agresiones se sucedían.

«Mamá, vengo del infierno»

«Mi hijo llegaba a casa y me decía mamá yo vengo del infierno», según relata su madre, quien ante esta situación tomó la decisión de denunciar al agresor ante los tribunales y sacar a su hijo del centro educativo hasta tener una solución aceptable. Tras la primera denuncia, el presunto agresor fue castigado por la fiscalía a no salir de casa «pero de poco le sirvió porque al día siguiente de declarar ante el juez volvió a insultar y a escupir a una maestra».

Actualmente, García va todos los días al instituto, recoge los deberes que preparan los profesores del centro para su hijo de 15 años y los devuelve completados al día siguiente. El alumno tiene un profesor particular en casa y la madre se niega a llevarlo a otro instituto «mi hijo no es el que se tiene que ir del centro porque su comportamiento es el adecuado, el problema es del conseller de Educación, que debe de solucionar la situación que se vive en las aulas».

La dirección del colegio y el AMPA aseguran que se ha hecho todo lo que la vía legal permite llevar a cabo, incluso el hecho de que la mayoría se las agresiones se hayan producido fuera del centro educativo podría ser la causa de que el presunto agresor no haya sido expulsado definitivamente del centro, como sí que ha pasado con otros alumnos.

La representante del AMPA, Ana Claramonte, asegura que conoce la situación pero afirma que esta madre no se ha puesto en contacto con la entidad que representa. Por otra parte, no se ha recogido denuncias por parte de otros padres de alumnos.

De momento, García ha decidido poner otra denuncia ante la fiscalía para depurar responsabilidades en este asunto, porque «aunque mi hijo mida 1,80 metros, no estoy dispuesta a inculcarle que devuelva con la misma moneda a sus agresores». La denuncia se ha interpuesto por agresiones físicas, amenazas de muerte al alumno y su familia y acoso escolar continuado.

Por último, la madre del alumno aseguró que en esta sociedad «da igual que denuncies o no, el caso es el mismo, pero yo estoy dispuesta a llegar donde haga falta para resolver esta situación».

CÓRDOBA. «En marzo, todos al cole». Con esta campaña, la Consejería de Educación quiere recordar a todas las familias que a partir de mañana, y durante todo el mes de marzo, se mantendrá abierto el periodo de inscripción en los centros educativos de la provincia para aquellos alumnos que cambien de escuela o accedan por primera vez al sistema educativo.

Una de las novedades es que Educación endurecerá los controles para evitar que se produzcan fraudes en la certificación del domicilio familiar. Para ello, la delegada, Dolores Alonso, se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Córdoba para controlar este tipo de situaciones. Así, los centros educativos tendrán este año la posibilidad de emitir ellos mismos el certificado de empadronamiento de las familias, ya que el Ayuntamiento les facilitará el acceso a su sistema de Atención Ciudadana para que estos trámites se agilicen.

Entre el 1 y el 31 de marzo, los padres podrán presentar las solicitudes de admisión para escolarizar en un centro público o concertado. La documentación se recoge y entrega en el mismo centro en el que se desea obtener plaza. Una vez recibidas las solicitudes, los centros expondrán en sus tablones de anuncio la relación de alumnos solicitantes y, si es necesario, la puntuación obtenida antes del 12 de abril. Desde ese día, se abre el plazo de alegaciones hasta el 24 de abril. La relación definitiva de admitidos y no admitidos se publicará en los centros antes del 7 de mayo.

El calendario es similar al de años anteriores, a excepción del periodo establecido para la inscripción en los ciclos formativos y que se ha fijado entre el 1 y el 25 de junio. Asimismo, Educación ha establecido el distrito único tanto para los ciclos de grado medio como los de grado superior. El objetivo es ampliar a todos los alumnos la oferta de Formación Profesional existente en Andalucía.

Baremo de puntos

Pero sin duda, la principal novedad del periodo de escolarización que se inaugura mañana es el nuevo decreto que regulara los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta la semana pasada.

A partir de este curso, a la hora de adjudicar una plaza, Educación priorizará a los alumnos que cuenten con hermanos matriculados en el centro con seis puntos por hermano (antes eran 3); a aquellos cuyo padre o madre trabaje en el centro (un punto); y también se tendrá en cuenta la proximidad del domicilio familiar o laboral -ambos adquieren el mismo valor- con diez puntos para el domicilio situado en el área de influencia y seis si se encuentra en las áreas limítrofes.

El nuevo decreto reconoce, además, la figura de la familia monoparental con 2 puntos en el proceso de admisión, igualándola de este modo a la familia numerosa, que cuenta con la misma puntuación. Hay que recordar que si se da un caso de empate a puntos entre dos o más alumno, el centro educativo deberá recurrir al sorteo de las plazas escolares.

Periodo de matrícula

Una vez completado el proceso de escolarización, llegará el turno de la matrícula. Los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial tendrán del plazo del 1 al 8 de junio, y del 20 al 30 del mismo mes harán lo propio los alumnos de Educación Permanente.

El resto de niveles harán la matrícula en el mes de junio, ampliándose hasta el 8 de septiembre para aquellos alumnos que dependan de los exámenes de septiembre. En Secundaria, Bachillerato, Idiomas, Enseñanzas de Régimen Especial, Adultos y Programas de Garantía Social, la matrícula se hará del 1 al 10 de julio. Mientras que los ciclos formativos tendrán una primera adjudicación del 10 al 15 de julio, y la segunda del 1 al 7.

Ramón Román Gálvez

LA enseñanza de la Informática y su profesorado constituyen un factor clave para que los ciudadanos puedan desarrollar unas destrezas en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), imprescindibles en esta Sociedad del Conocimiento del siglo XXI. Como prueba de su importancia, están los modelos y recomendaciones de la Unesco, la Unión Europea, el Consejo Escolar del Estado, el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento Europeo (puede verificar estas citas http://www.informaticaenlaeducacion.es).

Sin embargo, no existe una asignatura obligatoria de Informática en ningún curso a lo largo de toda la Educación. Además, la normativa Andaluza establece que la asignatura optativa de Informática debe ser impartida por profesores de otros ámbitos sin formación en informática, lo cual perjudica -por gusto- la educación. Es decir, ¿qué calidad disfruta un alumno recibiendo clases de Informática de un profesor que no sabe, porque es de otra especialidad, mientras el profesor de Informática se queda mirando, porque no le corresponde impartir su asignatura?.

Así es como la Consejería de Educación viene ocasionando un subdesarrollo en materia TIC para luego hablar por doquier de los millones de euros que derrochan en estos proyectos, que luego están al 5% de su rendimiento. Es decir, los alumnos no llevan formación previa sobre Informática, los profesores tampoco salvo excepciones, apenas hay software educativo para las áreas, la coordinación TIC también corre a cargo de profesores de otros ámbitos sin formación en informática, y en muchos casos la administración de esos equipos es prácticamente inexistente.

Ya hace años que hay centros con un ordenador por cada dos alumnos y, al final, los profesores dan sus clases usando los medios tradicionales o tienen que aumentar su esfuerzos para que el alumno no se dedique a chatear, o deciden que los alumnos se conecten a Internet un rato, o tienen que dedicarse a explicar Informática antes de poder utilizarla -perdiendo tiempo para su asignatura- y quizás alguno, consiga integrar las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin apenas reportarle al alumno un mejor rendimiento en esa otra asignatura.

Entre las novedades educativas del curso 2007-2008 presentadas ayer por la delegada de Educación destaca que, por primera vez, todo el ciclo de Infantil tendrá carácter gratuito en los centros concertados; y que los alumnos de Primaria, y primero y tercero de Secundaria tendrán libros gratuitos. La provincia incorporará además dos nuevas Escuelas de Idiomas en Lucena y Palma del Río, que se sumarán a las tres existentes. Ambas empezarán a funcionar en septiembre en el IES Miguel de Cervantes de Lucena y el Antonio Gala de Palma del Río, con tres grupos de inglés y dos de francés.

La oferta educativa se completa con 7 nuevos ciclos formativos de grado medio, 3 de grado superior, 20 unidades de Educación Especial repartidas entre 6 institutos, 11 colegios y 3 centros concertados.

CÓRDOBA. El Ayuntamiento ha acogido desde el pasado 15 de noviembre a quince niños rumanos de etnia gitana en la Escuela Infantil Municipal, dentro del Proyecto de Intervención Social de Calle para la atención y prevención de la mendicidad infantil.

Con este dato en la mano, la concejal de Servicios Sociales, Carmen López, declaró ayer que «ha desaparecido de la ciudad la imagen de las mujeres rumanas pidiendo con sus hijos», al tiempo que se mostró «muy satisfecha» con el trabajo realizado en favor de este colectivo inmigrante en los últimos tres meses.

«Hemos cumplido los objetivos que nos propusimos en noviembre, aunque seguiremos trabajando en favor de estas familias, porque este proyecto no tiene fecha de caducidad», añadió la edil, que resaltó siete retos conseguidos.

Entre ellos destaca la potenciación de la denominada unidad de calle, y que consiste en funcionarios municipales que recorren la ciudad en busca de rumanas que mendiguen con sus retoños para informarles de las prestaciones sociales a las que tienen derecho si dejan de usar a sus hijos para pedir dinero.

En este sentido, López explicó que en los últimos tres meses la unidad de calle ha llevado a cabo 150 intervenciones, la mayoría de las cuales se han producido no por la información previa que dieron los ciudadanos a través de teléfono facilitado por el Ayuntamiento -como fue el caso del año pasado- sino por el conocimiento directo de los funcionarios de las situaciones irregulares. De ese número de actuaciones, 19 han correspondido a la detección de rumanas mendigando con sus hijos y ocho a embarazadas que también se apostaban en las puertas de los comercios para suplicar unas monedas.

En el citado periodo, el Consistorio gestionó las tarjetas sanitarias de 20 familias inmigrantes de Europa del Este y dio asesoramiento sobre recursos sociales a 13 mujeres.

JUAN GARCÍA Barcelona - Me parece muy interesante el artículo de opinión firmado por Carmen Leal (27/ II/ 2007). No dudo de los datos expresados en él, aunque discrepo de algunos. Se refiere la autora a un informe (Pirls 2006) en el que dice que "el empleo de lenguas o dialectos diferentes en casa y en la escuela puede causar problemas a los alumnos a la hora de aprender a leer", y añade que la consecuencia de la enseñanza en otra lengua que no sea la materna "es el descenso del razonamiento lógico y verbal y un enorme fracaso escolar".

Vamos a ver. Creo que es razonable asumir que hace 40 o 50 años el porcentaje de población residente en Catalunya con el catalán como lengua materna era bastante superior al actual. Entonces, la enseñanza era absolutamente en castellano. Pues bien, parece obvio que todos aquellos que tenían - teníamos- el catalán como lengua materna y única en la familia no tuvieron problemas a la hora de aprender a leer en castellano, ni sufrieron ningún trauma por el "descenso del razonamiento lógico y verbal". Ni mucho menos el índice de fracaso escolar fue "enorme". Creo evidente que los de esa generación fueron y son - somos- personas aptas para todo tipo de actividades sociales y laborales y con un nivel cultural tan alto como se haya querido asimilar. ¿Entonces? ¡Ah! Y no olvidemos que aquéllo sí era obligatorio y exclusivo en todo el Estado español.

El informe del Síndic de Greuges alerta ante la aparición de escuelas gueto

El Síndic Rafael Ribó destaca el aumento del 42% de las quejas respecto al año anterior y lo atribuye a un aumento de la "cultura democrática"

JOSEP PLAYÀ MASET - BARCELONA

El informe anual del Síndic de Greuges se ha convertido en un resumen de los puntos negros de la convivencia social en Catalunya. El balance del 2006, presentado ayer por el Síndic Rafael Ribó, pone el acento en las carencias de los servicios sociales, en el déficit de vivienda y en el creciente peligro de segregación escolar que se detecta en determinados barrios.

Ribó destacó el aumento del 42% de las quejas con relación al 2005, que atribuye a una mayor "cultura democrática". Se ha pasado de 3.617 a 5.150 quejas, a las que se suman 14.515 consultas. El Síndic ha realizado 19.733 actuaciones y en la gran mayoría de casos se han aceptado sus recomendaciones (sólo un 9% de rechazo). El tirón de orejas se lo ha llevado el Ayuntamiento de Calafell, que no contestó a ninguna de las 12 consultas. El 40% de las actuaciones se ha dirigido a la Administración autonómica y otro 36%, a la local. Dentro de la Generalitat, el 19% fue a Acció Social; el 18% a Salut; el 17% a Educació, el 11% a Justícia, el 10% a Interior y el 7% a Medi Ambient.

EDUCACIÓN

Concentración de riesgos sociales y docentes en barrios

El Síndic advierte del "riesgo creciente de segregación escolar" y pide a las administraciones que pongan más medios y tomen las medidas necesarias para conseguir una distribución más equilibrada del alumnado en peligro de exclusión social. El origen de las escuelas gueto es la concentración de riesgos sociales y educativos en determinados barrios, lo que además provoca un efecto huida de los mejores alumnos, como sucedió en un centro del Poblenou de Barcelona. Ribó considera que la solución no está sólo en manos de la administración educativa, sino que es también un problema de concentración urbanística y de población socialmente desfavorecida en unos barrios, a la que se superpone la llegada de población inmigrante. En este sentido, señala tres barrios: Santa Eugènia, en Girona (aquí hay una escuela con el 62% del alumnado con necesidades educativas especiales); Fondo, en Santa Coloma de Gramenet (una escuela concentra un 80% del alumnado de origen inmigrante); y Martorell. Según el Síndic, este problema puede erosionar la cohesión social y comunitaria y no debe dejarse en manos de "la actitud vocacional de los equipos pedagógicos". En su opinión, "hay algún centro educativo que ha llegado a un punto crítico". Por esa razón, Ribó se compromete a formular sugerencias y recomendaciones a lo largo del 2007 para mejorar estas situaciones.

En el ámbito educativo persisten las quejas por cobros indebidos en centros concertados; la falta de regulación del tramo de 0 a 3 años; los retrasos y la tendencia a minimizar los casos de acoso escolar y la escasa adaptación de los centros a alumnos con dificultades físicas.

VIVIENDA

Papel activo contra el ´mobbing´ inmobiliario

La escasez de vivienda y las dificultades de acceso están en la base del mobbing inmobiliario. Aunque este tipo de acoso se enmarca en el ámbito privado, afecta a los colectivos más desfavorecidos, como las personas de edad avanzada, lo cual justificaría la intervención de las administraciones. El Síndic advirtió, a raíz de una queja, que la actuación de la Oficina d´Habitatge de Ciutat Vella de Barcelona "no era lo bastante eficaz". El caso más llamativo es la queja de una anciana del Eixample con un contrato indefinido de 89 euros mensuales, a la que no le realizaban las necesarias obras de mantenimiento en su piso. El Síndic exige al Ayuntamiento que en estos casos imponga una multa coercitiva o realice la ejecución subsidiaria de las obras.

A la Generalitat le pide que impulse la creación de un parque público de viviendas protegidas; que se potencien las líneas de ayuda para quienes alquilan y para rehabilitar; y denuncia la existencia de infraviviendas, la utilización de bajos comerciales como pisos y la sobreocupación. También solicita a los poderes públicos que adopten medidas para dar confianza a los propietarios de pisos ante la falta de pago de alquileres, o ante la posibilidad de que se produzcan desperfectos en su vivienda.

CONSUMO

Avalancha de quejas en Renfe, Correos y telefonía

Los derechos de los consumidores adquieren cada vez mayor importancia y eso ha obligado al Síndic a emitir informes previos sobre la situación de servicios como Renfe (más de 200 quejas en los últimos meses) y Correos (falta de personal y dificultades de reparto en algunas zonas). Sobre la red de cercanías de

MERCÈ BELTRAN - BARCELONA
Los tres sindicatos mayoritarios del ámbito de la enseñanza, Ustec-Stes, CC. OO. y Fete-UGT rechazan la forma en que el Departament d´Educació está aplicando el plan de mejora de secundaria por "sesgada, restrictiva y arbitraria". El plan de mejora de secundaria, firmado en su día entre el departamento y los sindicatos, tiene como objetivo mejorar los resultados en esta etapa educativa y luchar contra el fracaso escolar.

En un documento conjunto, entregado a Educació, los sindicatos cuestionan que la conselleria "imponga" unilateralmente unos planes de mejora que se alejan del acuerdo que en su momento se firmó, y reclaman que todos los centros los puedan llevar a cabo.

Los tres sindicatos explicitan once medidas que cumplir, entre las que destacan la generalización progresiva de los desdoblamientos de música, visuales, plástica, ciencias sociales y educación física, así como garantizar al profesorado que asuma responsabilidades adicionales de coordinación que no tendrá un incremento del horario de permanencia en el centro. Asimismo, exigen un aumento de todas las tutorías, que no se externalicen los nuevos profesionales y que todos los centros tengan técnicos de informática. También se pide que una comisión específica desarrolle y concrete el plan de bachillerato de tres años.

El Síndic de Greuges, un cargo de la Generalitat equivalente al Defensor del Pueblo, denuncia la existencia de una creciente doble red escolar, con escuelas públicas gueto en las que los alumnos inmigrantes son la inmensa mayoría, frente a escuelas concertadas, aunque también públicas, donde se concentran los escolares del país. El Síndic, Rafael Ribó, alerta del peligro que ello supone para la igualdad de oportunidades educativas y para la cohesión social.
El círculo vicioso resulta infernal: los inmigrantes, generalmente pobres, acuden a la escuela pública del barrio porque la concertada o les rechaza o resulta muy cara --sigue siendo una fantasía que estos centros que reciben subvenciones públicas sean todos gratuitos--, los padres de los alumnos nativos huyen de esas
escuelas, por temor a un deterioro del nivel educativo, y llevan a sus hijos a la concertada o a la pública de zonas o barrios con menor concentración de inmigrantes. Como consecuencia, el porcentaje de alumnos inmigrantes aumenta --puede llegar en algún caso al 80%, como ocurre en un centro de primaria de un barrio de Santa Coloma-- y la calidad de esos centros públicos entra en crisis, lo que dispara el número de huidos.
Resulta hipócrita culpar únicamente a la escuela concertada. Ribó denuncia que la propia Administración es, a veces, responsable de esa situación. Es el caso de una escuela del Poblenou, en Barcelona, que concentra un elevado número de inmigrantes. Las administraciones local y autonó-
mica atendieron la petición de varios padres españoles que no que-
rían llevar a sus hijos a esa escuela y para ello se ampliaron las plazas en otros centros ya repletos.

JOSEP MARIA Terricabras

El 15 de febrero, el Tribunal Constitucional (TC) dictó sentencia sobre el recurso de doña María del Carmen Galayo Macías, que había sido profesora de Religión en varios centros públicos, a propuesta del Obispado de Canarias. En octubre del 2000 se le comunicó que no se le renovaría el contrato: se había separado de su marido y mantenía una relación afectiva con otro hombre.
En su sentencia, el TC resuelve que las decisiones del obispo son plenamente constitucionales y dice que la Iglesia tiene derecho a exigir que sus profesores den "testimonio de vida cristiana". La afirmación es importante. Hasta la fecha, los defensores de la presencia de la religión en la escuela subrayaban que se trataba de hacer "cultura religiosa" o "información religiosa", no de hacer catequesis, pues esto debe dejarse para el ámbito de la comunidad creyente.
Tal argumentación se va a pique a partir de esta sentencia. Si los profesores deben dar "testimonio de vida cristiana", la religión que enseñan ya no puede ser una asignatura como las demás. Su vida personal debe dar testimonio de lo que enseñan; la clase de Religión se convierte en catequesis. La diferencia con el resto de materias es notable: cuando, por ejemplo, un profesor de filosofía explica Marx o Sartre, nadie le exige que él mismo sea marxista o existencialista. Se le pide solo que conozca bien la materia y que la exponga con rigor y objetividad.
Tras la sentencia, lúcidamente protestada por la Asociación de Profesores de Religión, queda claro que una enseñanza así y unos enseñantes con estos condicionamientos no encajan en absoluto en un sistema escolar que quiere transmitir conocimientos y educar a personas, pero que no quiere, ni puede, influirles en una dirección u otra desde el punto de vista religioso o ateo.
Por ello, me parece obvia la única conclusión posible, seguramente no buscada por el TC: si se exige que la enseñanza religiosa incorpore el testimonio y el adoctrinamiento, la escuela ya no es el lugar adecuado para la enseñanza religiosa; ésta debe hacerse necesariamente fuera de la escuela.

•  Ribó alerta de que la concentración de inmigrantes fomenta la segregación escolar

•  Afirma que centros del mismo barrio tienen porcentajes dispares de alumnos extranjeros

XABIER BARRENA
BARCELONA

La peor pesadilla posible para cualquier sistema educativo, la segregación escolar, es ya una realidad en Catalunya, según el Síndic de Greuges, Rafael Ribó. La concentración en determinados centros catalanes de un gran número de alumnos inmigrantes, que copan en algunos casos el 80% de las plazas, los ha convertido en escuelas gueto donde los autóctonos evitan llevar a toda costa a sus hijos. Esto supone, en la práctica, el nacimiento de una doble red escolar, "un peligro" según alerta el Síndic en su informe de actividad del 2006, no solo para "la igualdad de oportunidades educativas" sino también para "la cohesión social".
Con todo, y según el informe del Síndic, el origen de la segregación escolar "supera" las acciones de la Administración y tiene que ver, ade-
más, con los problemas de desarrollo de las ciudades. De esta manera, a la concentración de población socialmente desfavorecida en determinados barrios se le ha sumado la creciente llegada de inmigración que se asienta, también en gran número, en los mismos barrios.

CALDO DE CULTIVO
La falta de escuelas o la lentitud en que se construyen son el caldo de cultivo en donde nacen las escuelas gueto. Así, un centro de primaria del barrio del Fondo de Santa Coloma, según denuncian algunos padres, cuenta con un 80% de alumnos inmigrantes en las aulas, niños que, según dice el informe del Síndic, desconocen tanto el castellano como el catalán
Ribó pidió ayer a las administraciones que pongan los medios para conseguir una distribución más equilibrada del alumnado. El propio Síndic anunció ayer que a lo largo del presente año formulará una serie de recomendaciones para acabar con este proceso de guetización . Y es que la segregación no se ha formado por generación espontánea ni por casualidad y sí, en parte, se ha levantado a hombros de algunas decisiones de los poderes públicos.
Y es que hay un segundo paso dentro de la espiral que lleva a la segregación escolar. La concentración de niños con necesidades educativas especiales --eufemismo comúnmente usado para los inmigrantes, aunque también puede incluir a alumnos con discapacidad-- acarrea, a la larga, la estigmatización del centro y la negativa de los padres a matricular en ellos a sus pequeños.
Tal es el caso del CEIP Lope de Vega del Poblenou, que concentra un elevado número de alumnado inmigrante y de población socialmente desfavorecida. El Consorci d'Educació de Barcelona atendió, el año pasado, la petición de no pocos padres que no querían llevar a sus hijos a esa escuela y amplió las plazas disponibles en otros centros, en principio ya repletos.
El Síndic actuó de oficio y pidió al consorcio información sobre las razones que motivaron esta ampliación de plazas. El organismo, que depende del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, aún no ha respondido. Según se afirma en el informe anual, los procesos de estigmatización pueden desencadenar "rechazo social o étnico".

DIFERENCIAS EN LA MISMA ÁREA
El último grado de guetización se produce entre centros de una misma área. Así, por ejemplo, en el barrio de Santa Eugènia de Girona, mientras una escuela pública concentra el 62% de alumnos con dificultades, los otros centros cuentan en sus aulas con una homogeneidad social más elevada que facilita la labor educativa.
Esta segregación no solo se da entre centros públicos y concertados, como mandaría el tópico, sino también entre los propios centros públicos lo que, según Ribó, "es peor".

EL PERIÓDICO

Tras analizar las quejas de muchos padres insatisfechos con la escuela asignada a sus hijos, el informe señala que el proceso de inscripción "debe mejorarse" y, para ello, el propio Síndic efectuará durante este 2007 una serie de propuestas.

El Síndic critica que algunos ayuntamientos hayan hecho la vista gorda ante el empadronamiento irregular de familias con el objeto de asegurarse una plaza en el centro escolar deseado.

Otra práctica fraudulenta denunciada por la institución consiste en alegar determinadas enfermedades digestivas de los niños, motivo por el que se recibe un puntaje extra. El informe detalla incluso la queja de una familia que no pudo inscribir a su retoño en un centro concertado de Barcelona "ante el inusual número de certificados médicos que presentaron otras familias". La treta, sin embargo, ya no surgirá efecto este año al entender la Administración que estos ni-
ños deben ser escolarizados en centros especializados.

ANTONIO M. YAGÜE
MADRID

El Gobierno anunció ayer que elevará en un 13% de media los umbrales de la renta de la familias para acceder a una beca en toda la enseñanza postobligatoria durante el próximo curso. La medida es similar a la lanzada por el primer Gobierno de Felipe Gon-
zález, hace ya 25 años, que permitió a más españoles estudiar con ayudas. Desde entonces el crecimiento anual se ha situado entre el 3% y el 7%.
La iniciativa supondrá que el 55% de las familias con hijos en edad escolar estarán en situación de conseguir una matrícula gratuita; el 40% podrá acceder a una beca para transporte o libros; y el 13%, obtener ayudas compensatorias para suplir el coste que tiene el estudio de hijos que podrían estar trabajando. En el último caso, una familia con dos hijos no debe superar una renta anual de 11.194 euros. Para la exención de tasas, la renta se sitúa en 31.800 euros.
El secretario general del Ministerio de Educación, Alejandro Tiana, explicó en el Congreso de los Diputados que esta medida es independiente de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2001, en la que se decía que la cuantía de las becas debe tener en cuenta el coste de la vida en las distintas comunidades autónomas. Tiana aseguró que su departamento quiere cumplir la legalidad y que ya ha firmado un convenio con la Generalitat como paso previo.

ENSEÑANZAS MÍNIMAS
Tiana rebatió la acusación de las portavoces de CiU y ERC, Mercè Pigem y Laia Cáñigueral, de que el decreto de enseñanzas mínimas, que eleva en una hora las clases de castellano, ataca el modelo de escuela catalán. "Creemos que el decreto respeta las competencias del Estado y de las comunidades autónomas. Debemos abordar el tema sin dramatismos y nos ajustaremos a lo que diga el Tribunal Constitucional", comentó el secretario general.
Tiana criticó el apoyo de la Conferencia Episcopal Española a la objección de conciencia de los padres a la futura asignatura de Educación para la Ciudadanía. "Los obispos que objetan contra la formación de ciudadanos de-
mócratas y tolerantes se equivocan gravemente. Es posible que en algún momento se den cuenta del error que cometen", confió.

•  El concertado Anna Mogas de Granollers giró otras cuotas que Educació no aprobó

JORDI CASABELLA
BARCELONA

El colegio concertado Anna Mogas de Granollers (Vallès Oriental), en el que Educació ha documentado un cúmulo de irregularidades que llevaron a la destitución de la directora en diciembre, ha devuelto este mes cerca de 5.000 euros a las familias de los alumnos de tercero y cuarto de ESO que habían sido cobrados de forma indebida desde comienzos de curso. Ese es solo un anticipo de las cantidades que reclama la asociación de padres Segle XXI tras descubrir que la mayor parte de las cuotas giradas a las familias de los casi 700 alumnos del centro en los tres últimos años no habían sido autorizadas por la conselleria .
El director de los Servicios Territoriales de Educació de Barcelona II (Comarcas), Camil Fortuny, recono-
cía en un escrito remitido a la asociación el pasado mes de junio que ninguna de las cantidades que el centro exigía por la realización de actividades complementarias durante el curso 2005-2006 contaba con la autorización preceptiva, puesto que su aprobación había sido solicitada fuera de plazo. De igual modo, admitía que, en el curso 2004-2005, solo contaba con permiso para girar los recibos de Primaria, puesto que parte de las actividades por las que se pedía una aportación a los padres, como la utilización de la biblioteca, estaba ya cubierta por el concierto, mientras que otros precios eran denegados por abusivos.

NUEVA DIRECTORA
El colegio inició el presente curso reanudando los cobros, a veces con un ligero incremento, a pesar de que seguían sin estar convalidados. Pero en una carta que la nueva directora, Eulàlia Miquel Faig, dirigió el 6 de febrero a las familias, anunciaba que se procede-
ría a devolver la diferencia entre los 58 euros cobrados a los alumnos de segundo ciclo de ESO desde el inicio del curso y los 37,20 euros que habían sido aceptados por Educació.
El centro nada ha dicho sin embargo del resto de los importes ingresados de forma irregular, lo que ha llevado a la asociación de padres Segle XXI a pedir explicaciones a Educació, exigiéndole que tome cartas en el asunto, al tiempo que estudia si acude a los tribunales. En noviembre, Educació ya obligó al colegio concertado a devolver la cantidad cobrada por los servicios del gabinete psicopedagógico porque su voluntariedad nunca se planteó.

EL PERIÓDICO

El director de los Serveis Territorials d'Educació en el Baix Llobregat-Anoia, Jaume Graells, ha decidido crear una comisión de conciliación en el colegio concertado Llor de Sant Boiþ(Baix Llobregat), que presidirá un inspector, tras constatar la existencia de irregularidades en el cobro de cuotas. La denuncia de un grupo de padres llevó a Educació a abrir una investigación, que comprobó que, al menos entre los cursos 1997-1998 y 2003-2004, la voluntariedad de la aportación económica a la fundación titular del centro "no quedaba suficientemente acreditada" o no se especificaba con claridad su importe en los recibos. La comisión decidirá si los padres tienen derecho a reclamar la devolución del dinero.

Los obispos presentan mañana su posición frente a la reforma educativa del Gobierno socialista

José R. Navarro/ L. R. S.

Madrid- El secretario general de Educación, Alejandro Tiana, mostró ayer su incomprensión sobre por qué las organizaciones contrarias a la nueva materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos no acuden a los tribunales en lugar de alentar a los padres a la objeción de conciencia contra la asignatura creada con la Ley Orgánica de Educación (LOE).
    «Me pregunto por qué en lugar de ejercer su derecho como ciudadanos u organizaciones a ir a los tribunales y objetar esto lanzan a los padres a la objeción de conciencia», afirmó Tiana tras comparecer en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. En su opinión, «se trata de una estrategia de oposición política y no de defensa responsable de sus principios». Además, consideró que los obispos que objetan «contra la formación de ciudadanos demócratas, activos y tolerantes se equivocan gravemente».
    Lejos de asumir las críticas a la asignatura, Tiana presumió de haber «acertado» y de que «la regulación de las enseñanzas mínimas de Educación para la Ciudadanía es plenamente respetuosa con la constitucionalidad y legalidad y, por tanto, estamos tranquilos», por lo que el Gobierno no tiene previsto revisar sus contenidos.
    Defendió que el Gobierno desde que empezó a elaborar la Ley Orgánica de Educación (LOE) hasta la actualidad se ha ajustado «plenamente» a la legalidad, constitucionalidad y acuerdos con la Santa Sede. «Nadie ha podido decir que no se cumple ninguno de esos condicionantes. Esa va a ser nuestra actuación, vamos a seguir así», concluyó.
    En cierta forma, el Ministerio se estaba poniendo la venda antes de la herida, en previsión a la respuesta que los obispos están preparando a toda la reforma educativa promovida por el Gobierno. En efecto, ayer comenzó la reunión Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal (CEE) que tiene previsto aprobar un documento sobre «la situación de la enseñanza tras la aprobación de la LOE y la publicación de los Reales Decretos que la desarrollan», informó la oficina de prensa de la CEE.
    De no mediar ningún problema, el texto será presentado mañana e incidirá sobre todo en las dos disposiciones adicionales de la LOE que tratan de la clase de Religión. Los obispos creen que la actual normativa no se ajusta a los Acuerdos Iglesia-Estado ya que la asignatura confesional quedaría «discriminada» en relación al resto de materias fundamentales, al no proponerse una alternativa real (el decreto de Contenidos Mínimos prevé que los centros ofrezcan «la debida atención educativa» a los alumnos que no escojan la asignatura confesional) y ver reducida su carga lectiva en ESO en un tercio de las horas semanales.
    El otro punto de conflicto se centra en el estatus de los profesores que la van a impartir, pues, según el último borrador de real decreto manejado por el Ministerio, los obispos perderían su capacidad de «remover» a los profesores que ya no consideraran idóneos. Como ya afirmó el cardenal Rouco la pasada semana, en estas condiciones «va a ser muy difícil que la Iglesia pueda garantizar la identidad de la asignatura». De alguna manera, el argumento de los obispos ha sido reforzado en los últimos días con la sentencia del Constitucional que reafirma la vigencia de los Acuerdos Iglesia-Estado y reconoce la capacidad de los obispos para decidir la «idoneidad» de los profesores.
    Acceso a becas
    Por otra parte, Tiana anunció que se aumentará un 13 por ciento los umbrales de renta necesarios para acceder a una beca el próximo curso 2007-2008. Con este incremento, el 55 por ciento de las familias con hijos en edad escolar podrá tener matrícula gratis si lo solicita; el 13 será potencial beneficiario y el 40 por ciento podrá tener becas para transporte o libros, informa Ep.

Los profesores podrán sustituir el examen oral ante el tribunal por un informe que realizará la Inspección para avalar su labor

MARTA FDEZ. VALLEJO m.f.vallejo@diario-elcorreo.com/BILBAO

Los más de 6.600 docentes interinos del País Vasco disfrutarán de unas condiciones más favorables en todas las oposiciones que se celebren hasta el 2011, gracias a un decreto del Gobierno central que desarrolla la LOE y que ha sido aprobado ya por el Consejo de Ministros. Los profesores podrán sustituir una de las partes más duras del proceso de selección, en la que deben exponer ante un tribunal una unidad didáctica elegida al azar, por un informe de los responsables de Inspección de la comunidad. Los inspectores tendrán que avalar la capacidad didáctica del aspirante.

La finalidad de esta nueva normativa es reducir la interinidad, que en el País Vasco supera ya el 30% entre los profesores de la red pública. Los docentes tendrán que realizar un examen escrito de un tema elegido entre un temario de 25 -hasta ahora era más amplio-. La prueba oral se sustituirá por ese informe de Inspección. El Decreto establece que los exámenes de esta fase de oposición no serán eliminatorios. Los méritos del profesor supondrán, además, un 40% de la nota final. La experiencia docente -los años de trabajo- otorgará hasta 7 puntos sobre los diez en juego en el concurso de méritos.

Con perfil de euskera

En la práctica, un profesor interino con varios años de antigüedad y un informe positivo de la Inspección logrará sin dificultad una puntuación superior a la de cualquier aspirante que no trabaje como interino en la red educativa, aunque saque una nota baja en el examen escrito. El decreto favorece de ese modo a los docentes que llevan años en la red de enseñanza pública frente a los recién licenciados, más jóvenes y con más opciones de sacar notas altas en las pruebas.

Aunque aún queda por definir qué criterios seguirá la Inspección para valorar la capacidad docente de los profesores, el Consejo Escolar Vasco ha dado el visto bueno al contenido del decreto, esta misma semana, y Educación ha adelantado su intención de aplicarlo en las oposiciones que convocará a finales de este curso, con 1.100 plazas de Infantil y Primaria. Como esos puestos requieren un perfil lingüístico 2, sólo se podrán beneficiar de las condiciones favorables para los interinos los aspirantes que acrediten el nivel de euskera.

El sindicato CC OO ha solicitado al Departamento de Educación que, coincidiendo con ese período de aplicación de un sistema de acceso especial, mantenga un cupo de 1.650 docentes estables -que tienen garantizada su plaza- hasta el año 2011, y sin exigirles un requisito de perfil lingüístico en euskera.

ras dar a conocer las líneas generales del nuevo decreto sobre el gallego en las aulas, la Consellería de Educación se reunirá con las tres universidades para darles a conocer el documento y llevar a cabo una campaña de sensibilización sobre el uso del gallego.

Entre las acciones que se proponen figura que los alumnos que en el futuro pueden dedicarse a la docencia -como los de Magisterio, Matemáticas, Física, Química, Historia o Biología- tengan formación en gallego. La conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón, se reunió ayer con el presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, para abordar este decreto, que implicará campañas específicas para el profesorado de infantil y primaria, y para aquellos que a partir de septiembre tengan que dar las clases en gallego por la aplicación de la norma.

En concreto, en junio se harán cursos para que el profesorado pueda adquirir conocimiento de gallego en la materia que impartan; y en el módulo específico de formación de profesorado que reciben los docentes cuando aprueban el concurso oposición también se incluirá una formación específica en la asignatura que darán. Todo esto se acompañará con campañas de difusión y sensibilización entre el profesorado sobre el uso del gallego en el aula.

Tiana asegura que el reglamento de Primaria es respetuoso con las competencias y pide evitar el "falso debate sobre las lenguas"

   MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) aumentará un 13 por ciento los umbrales de renta de las familias necesarios para acceder a una beca el próximo curso escolar 2007-2008. Con este incremento, el 55 por ciento de las familias con hijos en edad escolar podrá tener matrícula gratis si lo solicita; el 13 por ciento, será potencial beneficiario de ayudas compensatorias y el 40 por ciento, podrá tener becas para transporte o libros.

   Así lo anunció hoy el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, en la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso de los Diputados, donde compareció a petición propia para explicar la política de becas y ayudas al estudio. También respondió así a las críticas vertidas por el PP sobre el "engaño masivo y flagrante" del Ejecutivo a la comunidad educativa en esta cuestión, denunciando que actualmente el número de becarios es que menor que con el último gobierno del PP.

   El portavoz 'popular' en materia de Educación en el Congreso, Eugenio Nasarre, tachó la política de becas de "verdadero desastre" y "paso atrás", acusando al Gobierno de dar datos "muy confusos" y criticando "la desfachatez" del presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de anunciar que el número de becas en dos años habían aumentado en 60.000. A ello, Tiana añadió que el número bruto de becarios no ha crecido tanto como se esperaba por las "miles de trampas" que impedían una política "más sensata" que debió arreglar el PSOE a su llegada al MEC.

   Para mostrar el carácter "prioritario" de las becas para el Gobierno, resumió que en casi tres años se han impulsado medidas cuantitativas, subiendo un 49,94 por ciento el presupuesto y un 15 por ciento las cuantías medias de 2004 a 2007; cualitativas, con 2.000 becas para cursar estudios de Master y 85 millones para que 53.000 jóvenes de 18 a 30 estudien inglés en el extranjero, y mejorado su gestión, pagando las ayudas en el primer trimestre a más del 57 por ciento de los beneficiarios este curso.

   En relación a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 2001 que otorga al Estado las competencias básicas sobre becas y que las comunidades autónomas puedan legislar para que se adapten a sus peculiaridades, este representante ministerial aseguró que se pretende cumplir la legalidad y que para ello se discutió un borrador con el anterior equipo gubernamental de la Generalitat de Cataluña, proceso "interrumpido" por el adelanto de las elecciones catalanas. No obstante, recordó que ya se ha firmado un convenio con Cataluña como "paso previo".

   En esta línea competencial, los grupos parlamentarios de ERC y CiU criticaron el Real Decreto por el que se regulan las enseñanzas mínimas de Primaria en desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE), contra el que el Gobierno catalán interpondrá un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). Entre sus argumentos de oposición, denunciaron "vulneración" del Estatuto de Cataluña y ruptura del modelo de educación e integración consensuado por los partidos políticos.

ERC Y CIU CRITICAN EL DECRETO DE PRIMARIA.

   Según ERC, que pidió la comparecencia de Tiana para tratar esta cuestión, este reglamento "impone" una tercera hora de castellano en Primaria porque el Gobierno "intenta modificar" el modelo de escuela catalán donde las competencias lingüísticas de los alumnos "no son inferiores al resto", con lo que "pedagógicamente, nada justifica más horas de castellano". Tras señalar que de reforzarse alguna lengua debería ser el catalán, su portavoz educativa, Laia Cañigueral, explicó el entorno lingüístico "muy diverso" existente en Cataluña: "No pueden poner palos a las ruedas", afirmó.

   A ello, la portavoz de CiU en la Comisión, Merce Pigem, mostró el "desagrado y rechazo" de su grupo a la forma en que se está concretando el desarrollo de la LOE, señalando que tenían confianza en que Educación respetaría el Estatuto de Cataluña. En su opinión, el decreto de Primaria, con un contenido "tan puntillista", produce una "clara invasión competencial" del Estatuto catalán y la jurisprudencia del TC, además de ir contra del modelo educativo y de integración catalán.

   Sin embargo, el secretario general de Educación aseguró que los decretos de enseñanzas mínimas son "respetuosos" con las competencias autonómicas, pidiendo que se evite el "falso debate sobre las lenguas", puesto que el reglamento sobre Primaria no pretende regular qué hacer en Cataluña, sino que establece que el Gobierno desarrolle para el conjunto del país las enseñanzas mínimas y sus horarios, que es --según Tiana-- una competencia del Estado.

   De hecho, recalcó que el requerimiento de inconstitucionalidad no pone objeción a las tres horas semanales fijadas para la enseñanza del castellano en las escuelas. Así, explicó que el Gobierno ha fijado horarios mínimos para todas las materias, incluidas las lenguas y, entre ellas, por ejemplo, el inglés, al que se le atribuyen también más horas que en la legislación educativa anterior sin que haya objeciones. También aseguró que la fijación del horario no ataca al modelo de escuela catalán.

   Además, subrayó el procedimiento "plenamente respetuoso" de tramitación de este reglamento, incluso porque sus contenidos, objetivos y criterios de evaluación se debatieron antes de ser un borrador y los desacuerdos fueron "prácticamente inexistentes". "La definición curricular fue en gran medida el sentir de las comunidades autónomas", dijo Tiana, destacando que la Generalitat de Cataluña ha sido la única que ha planteado un requerimiento de incompetencias. Así, reclamó evitar "todo dramatismo" y tratar esta cuestión "con naturalidad".

   Finalmente, sobre el futuro decreto de Bachillerato, cuyo borrador de real decreto se presentará "en plazo breve", el secretario general de Educación explicó, ante las críticas del PP, que la asignatura de Historia de España en esta etapa dará "mayor peso" a la Contemporánea por "lógica" de que no se repita lo mismo en las distintas etapas de la trayectoria escolar.

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El secretario general de Educación, Alejandro Tiana, mostró hoy su incomprensión sobre por qué las organizaciones contrarias a la nueva materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos no acuden a los tribunales en lugar de alentar a los padres de alumnos a la objeción de conciencia contra la asignatura creada con la Ley Orgánica de Educación (LOE).

   "Me pregunto por qué en lugar de ejercer su derecho como ciudadanos españoles u organizaciones a ir a los tribunales y objetar esto lanzan a los padres a la objeción de conciencia", dijo a la prensa tras comparecer en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.

   A su juicio, la oposición a la nueva asignatura llamando a la objeción de conciencia "se trata de una estrategia de oposición política y no de defensa responsable de sus principios". En este sentido, Tiana cree que los obispos que objetan "contra la formación de ciudadanos demócratas, activos y tolerantes se equivocan gravemente".

   "Es posible que el algún momento se den cuenta del error que cometen", afirmó este representante ministerial, calificando Educación para la Ciudadanía de "tarea indispensable" que se ha elaborado "con unos criterios de búsqueda de acuerdo", escuchando "a todo el mundo que tenía algo que decir".

   Tras criticar que las organizaciones apuestan por la objeción de conciencia "no han sido capaces de decir ni un solo contenido que realmente respalde esas acusaciones que están haciendo", explicó que en algunos contenidos de esta disciplina que "generaban problemas a distintas personas y organizaciones" se ha sido cuidadoso para "respetar lo fundamental y al mismo tiempo no entrar en el ámbito de la libertad religiosa o moral de las personas".

REGULACIÓN "PLENAMENTE RESPETUOSA".

   "Creo que en ese sentido hemos acertado, que la regulación de las enseñanzas mínimas de Educación para la Ciudadanía es plenamente respetuosa con la constitucionalidad y legalidad española y, por tanto, desde el Ministerio estamos tranquilos en este sentido", sentenció Tiana, asegurando que no entra dentro de las previsiones del MEC revisar sus contenidos.

   Finalmente, defendió que el  Gobierno desde que empezó con el proceso de elaboración de la Ley Orgánica de Educación (LOE) hasta el momento actual se ha ajustado "plenamente" a la legalidad, constitucionalidad y acuerdos con la Santa Sede. "Hasta ahora nadie ha podido decir que no se cumple ninguno de esos condicionantes. Esa va a ser nuestra actuación, vamos a seguir así", concluyó.