ALFREDO PASTOR 16/03/2007

En la terminología de la gestión de empresas, todo acontecimiento -una guerra, la aparición de un competidor, un invento- contiene en potencia oportunidades y amenazas; el buen gestor aprovecha las primeras mientras esquiva las segundas.

Resulta que, al aplicar este esquema tan rudimentario al análisis de la pelotera recurrente sobre las asignaturas de religión y educación para la ciudadanía, descubre uno con sorpresa que cada uno de los dos equipos en liza -el Gobierno y la jerarquía de la Iglesia católica- parece empeñado en marcar un gol en portería propia: porque, bien mirado, suprimir la obligatoriedad de la enseñanza de la religión es una magnífica oportunidad que la Iglesia no debería desaprovechar, mientras que, para nuestros martillos de creyentes, partidarios de la laicidad a ultranza, la necesidad de diseñar, dotar de contenido a la nueva asignatura y enseñarla puede ser una amenaza para la posición intelectual, un tanto cómoda, de que disfrutan por aquí.

Empecemos por la oportunidad: el lector, creyente o no, admitirá sin dificultad que no sacó gran provecho de las muchas horas pasadas en clase de religión durante su bachillerato. Poco importa que el profesor fuese docto y entusiasta -muchos lo eran- o que la materia -teología dogmática, ética o historia de la Iglesia- fuera o no interesante: el lector sabía que se trataba de una asignatura de relleno; nunca le preguntaban en su casa qué nota había sacado, ni le decían que aquello sirviera para algo; sabía que, aunque la materia era evaluable, ni le iban a suspender, ni le iban a reñir si le suspendían: era, naturalmente, una maría.

La razón profunda de esa colosal pérdida de tiempo es bien sencilla: la religión no es reducible a un cuerpo de doctrina que pueda tomar forma de asignatura. Más aún: en los años en que se forma la personalidad, la doctrina no es siquiera el elemento principal en la educación religiosa; importan mucho más el ejemplo personal, las actividades en común -sin excluir las litúrgicas y sacramentales-, la oración y las buenas obras; son éstos, y no las clases, los vehículos por los que el Catecismo aprendido de niño madura, si acaso, en algo sólido propio de un adulto. Como nada de esto puede enseñarse en una clase -a menos que se trate, claro está, de un seminario destinado a la formación de clérigos-, ¿no sería preferible que la Iglesia se liberara de la pesada carga de imponer su presencia allí donde no es bienvenida y concentrara sus esfuerzos en dar una verdadera educación religiosa a quienes la deseen, probablemente fuera del ámbito de la escuela pública o concertada?

Naturalmente, eso ya se hace, mejor o peor, a través de innumerables asociaciones vinculadas a centros de enseñanza; pero cabe pensar que, al dejar de imponer su presencia por un medio -la clase de religión- ni muy popular, ni de gran utilidad para el verdadero propósito de la Iglesia, ésta dejaría por fin de permitir que siguiéramos identificando religión con clase de religión; y se granjearía con ello la simpatía de muchos, creyentes o no, que no comparten su empeño en aparecer como la guardiana de un mensaje a veces disecado.

Pasemos a la amenaza: liberados los espacios horarios exigidos por la nueva asignatura, ¿con qué van a llenarlos nuestros ilustrados? A primera vista, sobra materia: de la multiculturalidad a la sostenibilidad, de la tolerancia a la no discriminación, de la honestidad fiscal y financiera a los buenos hábitos dietéticos, sin olvidar el respeto a las reglas del tránsito rodado, hay para llenar más de un curso; pero mantener el interés del alumno no va a ser tan fácil: ya podrán los profesores llevarlos a visitar centros de control de tráfico y plantas depuradoras -esos modernos monumentos a la ciudadanía educada-, que les costará disipar la sensación de que se ha sustituido una maría por otra. La tarea de los expertos se complica aún más si éstos han de ser fieles a las declaraciones del Gobierno, que asegura que no se trata, con la nueva asignatura, de invadir la moral privada. Si esto es así, el espacio que le corresponderá coincide exactamente con el antes ocupado por la urbanidad: un conjunto de reglas destinadas a hacer la convivencia soportable, entre gentes de creencias, preferencias y hábitos distintos.

Desde luego que una dosis de urbanidad nos vendría bien a todos, pero ¿a qué cambiarle el nombre? ¿Por qué relacionarla con la asignatura de religión, cuando sus propósitos pertenecen a órdenes distintos? Si la asignatura de religión puede estimarse desacreditada en nuestras escuelas, no es difícil pronosticar que la de educación para la ciudadanía no tardará en convertirse en el hazmerreír de nuestros alumnos de secundaria, sin que medie pérfida maniobra alguna por parte de la jerarquía católica.

Aunque estemos hablando en broma, lo cierto es que el problema tiene raíces profundas. En el caso de la religión, la dificultad estriba en que, al reducir la educación religiosa a una asignatura, se la priva de todo elemento vivificador, y por ello el alumno más inteligente y despierto se aburre. En el de la educación para la ciudadanía, la dificultad está en la necesidad de construir un cesto decente con los mimbres antes citados, de convertir ese cúmulo de normas razonables, de buenos deseos y de recetas de sentido común con que se nos abruma a diario en un edificio intelectual cuya presencia nos cautive. Nuestros mejores talentos, aquí y fuera de aquí, llevan tres siglos intentándolo, sin acabar de conseguirlo, y como no lo consigan antes del verano, nuestros alumnos seguirán aburriéndose.

Vistas así las cosas, este asunto constituye una gran oportunidad para todos nosotros, ya que cada uno mantiene una postura en el posible debate. Éste es un asunto lo bastante serio como para que un país singularmente poco habituado a discutir lo haga sin prisas y, si puede ser, inspirado no tanto por la afición al mando como por las ganas de saber.

El decreto quiere reforzar la autonomía de los institutos para que apliquen sus proyectos

SEBASTIÁN TOBARRA - Barcelona - 16/03/2007

Los cambios en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) están al caer. Después del decreto estatal de mínimos, el borrador de decreto que prepara el Departamento de Educación de la Generalitat otorga más horas de clase a las asignaturas de Ciencias de la naturaleza -biología, geología, física y química-. La Religión o actividades alternativas pierde horas: de las 210 actuales en los cuatro cursos de ESO se pasará a 175. La nueva asignatura, Educación para la ciudadanía, se impartirá en tercer curso de la ESO.

La Generalitat debe aprobar en los próximas semanas estos y otros cambios para que los centros escolares puedan aplicarlos a partir del curso próximo, que empezará en septiembre.

El decreto quiere reforzar la autonomía de los institutos y colegios para que apliquen sus propios proyectos educativos. La lengua para transmitir la enseñanza seguirá siendo el catalán, pero los centros podrán ampliar el tiempo dedicado a impartir materias no lingüísticas en castellano y en lenguas extranjeras, siempre que cumplan unos horarios mínimos que el borrador de decreto especifica. Sobre la autonomía de los centros, quiere que los que opten por implantarla puedan modular o decidir hasta en un 30% el tiempo de las asignaturas.

La materia Ciencias de la naturaleza, que ahora tiene asignadas tres horas semanales de clase (315 horas en los tres primeros cursos) pasará a tener 3 horas y 20 minutos en primero, segundo y tercer curso (350 horas), según el borrador de decreto en el que trabaja el Departamento de Educación. A partir de tercer curso, como marca la norma estatal, esta materia se podrá desdoblar en Biología y geología, por un lado, y en Física y química, por otro.

Obligatorias y optativas

El cuarto y último curso de la ESO se orientará con más nitidez que ahora hacia los itinerarios para propiciar que los estudiantes se inclinen por unas u otras materias, en función de sus preferencias. En cuarto curso, el alumnado cursará siete materias obligatorias y tres optativas. Estas últimas, se elegirán de un abanico de ocho optativas. Entre las materias que elegir figuran Biología y geología y Física y química, con tres horas de dedicación por semana.

Las asignaturas optativas previstas en cuarto curso son Educación visual y plástica; Informática, Latín, Música y una segunda lengua extranjera. En este último caso, ahora también existe la opción de segunda lengua extranjera. El borrador de decreto prevé que continúe con tres horas por semana en cuarto curso la segunda lengua extranjera.

Materias troncales, como Lengua castellana y literatura, Lengua catalana y literatura, Matemáticas, Lengua extranjera, Ciencias sociales y Geografía e historia mantienen las actuales tres horas por semana. Algunas asignaturas pierden peso por el hecho de convertirse en optativas en cuarto curso. Es el caso de Educación visual y plástica (el antiguo Dibujo, para las anteriores generaciones de estudiantes). Esta materia se mantiene con una dedicación de una hora por semana en los tres primeros cursos de ESO. La norma estatal básica le otorga dos horas semanales en cuarto.

En el borrador de decreto del Gobierno catalán esta materia sube a tres horas por semana (un total de 105 horas) en cuarto curso, pero los profesores lamentan que pierda peso al convertirse en optativa. Otra materia, la Tecnología, también será optativa en cuarto curso, aunque aumenta su tiempo de dos a tres horas por semana.

Sobre la Religión, el decreto estatal de mínimos otorga a esta materia 140 horas en los tres primeros cursos y 35 en cuarto. El borrador de la Generalitat preveía reducir este tiempo a 105 horas (una hora por semana y curso), y 35 (una hora semanal) en cuarto. No obstante, fuentes del Departamento de Educación indicaron ayer que, finalmente, la Religión quedará igual que lo que marca el decreto estatal: 140 horas en los tres primeros cursos de ESO y 35 en el cuarto, o sea 175 en total.

Las fuentes consultadas de Educación señalan que la asignatura de Educación visual y plástica crece en horas en los primeros cursos y gana en cuarto, por lo que conservaría su peso.

El borrador de decreto recibe las primeras críticas de profesores, sindicatos y padres de alumnos

El proyecto de decreto ya recibe críticas de distinto signo. Los sindicatos y los profesores de esta materia se reunieron ayer en el instituto Maragall de Barcelona para tratar de aunar posturas ante el nuevo decreto de ESO.

"En el Departamento de Educación nos han dicho que no hay margen para aumentar horas de visual y plástica", se lamentó Antonio Aguirre, decano del Colegio de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo de Cataluña. "La situación es preocupante porque en Cataluña ya se están impartiendo menos horas de visual y plástica que en otras zonas del Estado", señaló Aguirre. El decreto estatal de mínimos de Secundaria marca un total de 105 horas en los tres primeros cursos para esta asignatura, las mismas horas que plantea la Generalitat en su borrador de decreto. En cuarto curso, el decreto estatal fija 70 horas. El borrador de la Generalitat eleva este tiempo a 105. Aguirre cree que también es negativo que en el marco de la autonomía de los centros "puedan restar de la asignatura de visual y plástica hasta 35 horas y quedar sólo en 70".

David Medina, miembro de la dirección de Enseñanza de UGT, lamentó que a pesar de los compromisos del departamento de negociar los decretos con los sindicatos, "no ha habido negociación en este caso, como está recogido en el Pacto Nacional por la Educación. No somos conocedores de primera mano del borrador y criticamos que haya habido un incumplimiento de este compromiso que está recogido en Pacto Nacional por la Educación". dijo el sindicalista de UGT. "En segundo lugar", añadió Medina, "la propuesta que conocemos plantea como novedad una profundización en la autonomía de los centros, una fuerte tendencia a la desregularización de los planes de estudio. Esto nos preocupa porque podríamos llegar a que se exija un nivel de inglés para acceder a un centro. Para nosotros, es motivo de preocupación que se tienda a diversificar los centros en función del alumnado y que haya centros de primera y de segunda", añadió.

En la Federación de Padres y Madres de la Escuela Libre de Cataluña (Fapel), su presidente Antoni Arasanz, criticó la pérdida de horas de la Religión. Arasanz ve difícil que esta asignatura, que es voluntaria, pueda recuperar tiempo.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencias, promovido por la Generalitat contra el Gobierno central, en relación con varios artículos del decreto que fija las enseñanzas mínimas de la educación primaria, que incluye una hora semanal más de castellano en la escuela.

El alto tribunal comunica que da traslado a la demanda y los documentos presentados al Gobierno central para que en 20 días éste aporte los documentos y alegaciones.

El pasado mes de febrero, el Gobierno catalán aprobó un recurso contra el mencionado decreto, que incluye la tercera hora de enseñanza de lengua castellana a partir del curso que viene: de dos a tres horas semanales. La Generalitat considera, además, que el recurso invade sus competencias y es reglamentista a la hora de organizar la forma de trabajo en los centros.

40.000 firmas por el catalán

Por otra parte, la Plataforma Pel català a l'escola , creada en 2004, se ha revitalizado y ha ganado más de 40.000 adhesiones en el último mes para rechazar ahora la tercera hora de castellano en la escuela.

En la presentación pública de reactivación de la plataforma, su portavoz, Oriol Ampuero, emplazó ayer al Departamento de Educación de la Generalitat a no cumplir el decreto del Gobierno. Ampuero advirtió de que, si no es así, se animará a los maestros a la "insumisión" frente a estas medidas.

Ampuero aseguró que las adhesiones masivas al documento aprobado cuando gobernaba el PP, se han producido "de manera espontánea". Este nuevo texto fue presentado en un acto celebrado en la sede de Òmnium Cultural y contó con la participación de algunas entidades que se han sumado a él. El texto dice que el decreto del Gobierno para la primaria "ignora el modelo de escuela catalana en lengua y contenidos, adoptado en el Principado durante los últimos 30 años con el consenso y el apoyo de la sociedad civil". Entre los defensores de esta propuesta figuran la asocación de padres Fapac y la Plataforma per la Llengua.

En el Parlament, el plenario de la Cámara rechazó ayer la moción de CiU, que reclamaba al Gobierno catalán que apruebe una norma para que el catalán "pueda seguir impartiéndose el curso que viene en las condiciones actuales". El resultado de la votación fue de 44 votos a favor, todos por parte de CiU, y 82 en contra, del resto de grupos.

La propuesta impulsada por la diputada de CiU, Irene Rigau, serviría, explica este grupo, para evitar los efectos del decreto de enseñanzas mínimas en primaria del Gobierno español, que fija la tercera hora semanal de castellano en la Primaria. Aunque el Constitucional ya ha aceptado un recurso del Gobierno catalán, CiU dice que éste podría resolverse "demasiado tarde".

Comisiones Obreras (CC OO) ha ganado de forma provisional -los resultados están pendientes de confirmación- las elecciones en el Instituto Catalán de la Salud (ICS), el organismo que agrupa a los trabajadores de la sanidad pública. CC OO ha logrado el mayor número de votos, 3.999 de los 17.976 emitidos, y ha obtenido 67 delegados de los 337 que se eligen en los comicios.

Entre el 13 y el 14 de marzo, cerca de 39.000 trabajadores del ICS han sido llamados a elegir a 337 delegados que les representarán los próximos cuatro años en las juntas de personal de los hospitales y ámbitos de atención primaria públicos.

Aunque los resultados definitivos no están disponibles -falta también conocer los resultados de las votaciones del hospital de Vall d'Hebron, que se han aplazado hasta el 27 y el 28 de marzo por una impugnación-, el resultado provisional sitúa a CC OO a la cabeza. En segundo lugar se coloca Metges de Catalunya, que después de 20 años en coalición con el sindicato de enfermería SATSE concurría por primera vez con candidaturas propias. Metges de Catalunya ha obtenido 3.684 votos y 66 delegados, uno menos que CC OO. Sin embargo, este sindicato corporativo se sitúa a la cabeza en el apartado de atención primaria. De los 66 representantes que ha obtenido Metges de Catalunya, 45 han sido elegidos en los ambulatorios y 21 en los hospitales. CC OO ha logrado 42 en atención primaria y 25 en hospitales.

Assumpció Vilarnau, secretaria de SATSE, considera positivos los resultados de la candidatura de enfermería sin Metges de Catalunya. "Que los profesionales de enfermería nos hayamos unido en esta ocasión hará posible que, durante los próximos cuatro años, tengamos fuerza para conseguir las mejoras que necesitamos", aseguró Vilarnau. Su sindicato ha obtenido 2.936 votos y 55 delegados.

La Candidatura Autónoma de Trabajadores de la Administración de Cataluña ha logrado 2.266 votos y 44 representantes. UGT, 2.578 votos y 46 delegados. El resto se reparten entre USAE (9 delegados), FI (7), CGT (4); CSIF (2), USOC (4), y CSC (2).

Las consellerías de Política Territorial y Educación han puesto en marcha el proyecto para que los usuarios del transporte colectivo puedan utilizar autobuses escolares que no ocupan todas sus plazas. La medida se aplicará de forma experimental en 12 municipios predominantemente rurales, de acuerdo con el convenio firmado ayer por las titulares de ambas consellerías, María José Caride y Laura Sánchez Piñón.

El denominado programa Tes+Bus se implantará en Mazaricos, As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), Cervantes, Riotorto (Lugo), Viana do Bolo, O Bolo, A Veiga, Vilardebós (Ourense), Rodeiro, Agolada, Arbo y As Neves (Pontevedra). El criterio para la selección de las zonas donde se aplicará el proyecto es el de la baja intensidad de la población, lo que provoca la escasez de servicios de transporte público concesional. El proyecto comenzará a aplicarse el lunes próximo, día 19.

25 niños rumanos de la Cañada Real escapan de mendigar por el empeño de una parroquia

DANIEL BORASTEROS - Madrid - 16/03/2007

Alexandru, flequillo ralo y oscuro, boca destrozada pese a sus 10 años, no existe. Tampoco sus seis hermanos. Ni su madre, Marta, de 30 años, colmillos de oro y un aborto reciente mal cicatrizado. Sin embargo, Alexandru lleva un uniforme de niño bien, con sus pantalones de franela grises y su jersey de pico rojo. Sólo tiene ese traje escolar. Por eso se lo cambia nada más pisar un pie en el terreno irregular, lleno de basura y ruedas de coche quemadas, de la Cañada Real Galiana: "Me gusta mucho mi uniforme, pero no lo puedo lavar".

Alexandru es uno de los cerca de 1.000 niños que viven en el último tramo de la Cañada, una interminable serpiente de chabolas que enrosca la cola entre la carretera de Valencia y la incineradora de Valdemingómez. Muchos más de la mitad no van al colegio. Alexandru, sí, por el empeño de un grupo cristiano, liderado por el sociólogo Ángel Arrabal y por Jorge Fernández, que ha rehabilitado con sus manos la ermita de Santo Domingo de la Calzada, una isla de uralita entre las chabolas. No es el único: 25 chicos, recogidos y convencidos uno a uno ante unos padres reacios a perder un "trabajador", se han matriculado este año. Cinco más se han "reintegrado" tras abandonar el pasado curso. Van al colegio. Pero lo que más recuerdan es el menú de la comida y el helado de postre. También que haya agua corriente en los lavabos. "Eso es lo de menos, si no van al colegio, delinquen. De eso no hay duda", sentencia Fernández.

A los niños de Valdemingómez no les gusta mucho el cole. Están acostumbrados a danzar a su aire. Pero les gusta la comida, "sobre todo los helados y las lentejas", y el poder ir al váter y que funcione. También aprecian las mochilas que les han comprado y "el fútbol, y el español, y la educación física", apunta Daniel, de 10 años, y algo más conforme con su nueva vida de obligaciones. Tanto, que hasta ha pedido una flauta.

David, de unos siete años, es el menos entusiasta:

-¿Qué es lo que más te gusta del cole?

-No me gusta nada -confiesa mientras se pega en la frente una pegatina redonda verde.

-¿Y a ti te gustaba cuando eras pequeño?

-Tampoco.

-¿Ves?, no soy tan malo -sonríe.

Sin embargo, David, hace otra reflexión: "Pero es mejor el cole a que te cojan los policías por la calle o ponerte a trabajar". Eso, a pesar de que confiesa que sólo tiene "un amiguito". Otro muchacho, éste de 13 años, que brujulea por la zona, no está de acuerdo: "A mí me gusta trabajar. Soy mayor y me aburre el colegio, pero no robo", dice riéndose.

La mayoría de los críos de esta zona están enrolados por sus propios padres en la mendicidad. Otra gran parte, diseminados por el centro de Madrid aguardando el despiste de algún propietario de teléfono móvil, según las explicaciones de los propios chavales.

Por las cunetas, malas hierbas y cachivaches, caminan en fila, esquivando cables de la luz y camiones, señoras con falda de volantes y un séquito de hasta ocho niños. En los últimos tres años han muerto 11 chicos por atropello. Algún señor con la barriga al aire toma el fresco en una terraza ilegal, un extraño bar con el nombre escrito en tiza. Algunos drogadictos dan tumbos. Grupillos de chicos merodean por la incineradora. Sin escolarizar quedan más de 500. Entre los que se supone que sí van al colegio "hay un nivel de absentismo enorme", según denuncian ONG como SOS Racismo. Estas organizaciones creen que desde que Rumania es parte de la Unión Europea, el 1 de enero de este año, el desembarco de niños ha sido constante.

"Es muy posible que la única comida razonable que hagan en todo el día sea en el colegio", concede Gómez, del Blas de Otero, uno de los cuatro colegios públicos de Vallecas Villa que acoge a estos niños (los otros son el Juan Gris, el Honduras y el Ciudad de Valencia). Gómez advierte de que los colegios vallecanos "no pueden admitir a más niños de la Cañada".

El grupo de Ángel Arrabal y Jorge Fernández se encarga de pagar cualquier actividad de los chicos. También son los que hablan con sus tutores y revisan sus notas. Sus padres, analfabetos e incapaces de hacerse entender en español, se limitan a consentir que asistan a la escuela.

La parroquia de Santo Domingo está en un recodo de la Cañada. La cruz es de ladrillo "para que no la roben", subraya Arrabal. Alrededor hay montones de basura, coches quemados y jeringuillas con el émbolo lleno de sangre. Ángel Arrabal, con un recogedor metálico, las rescata una a una. Los niños juegan al fútbol. Al frente hay uno de los bares chabola ilegales del camino.

El pediatra Antonio Ortuño, que todos los miércoles pasa consulta en la parroquia está muy sorprendido: "No tienen ni piojos ni lombrices, que sería lo esperable". Arrabal apunta una causa: "El humo tóxico de la incineradora mata todos los bichos. Si te fijas aquí sólo hay ratas. Pero no insectos".

14 asociaciones contra las "condiciones infrahumanas"

Un grupo de significativas asociaciones como SOS Racismo, Cáritas o el Secretariado Gitano, denunció ayer "la situación social y el abandono y discriminación" que sufre el asentamiento de la Cañada Real Galiana. Hasta 14 organizaciones señalan que las 20.000 personas que, según ellos, viven en la interminable sucesión de chabolas que concluye en el vertedero de Valdemingómez, subsisten "en condiciones infrahumanas".

Un paseo por la zona muestra una sucesión continua de infraviviendas. Sin embargo, en muchas de ellas, hay un cartel que pone "se cede". Eso ocurre, porque todas esas edificaciones, que se extienden durante 15 kilómetros, son ilegales. En realidad, si uno llamase a uno de los móviles que están pintados en la pared le pedirían dinero.

El manifiesto conjunto, recuerda "la inseguridad de la zona, donde es frecuente" el "menudeo de droga", al menos, desde hace cinco años. También el peligro que supone "el tránsito diario de 4.500 camiones" cargados de basura que van a la incineradora "sin que en todo el trayecto haya un solo paso de cebra y un solo semáforo". En los últimos meses han sido atropellados y resultando muertos tres niños. En los últimos tres años, la cifra asciende a 11. "No hay aceras, ni alcantarillado, ni servicios de limpieza urbana", concluyen su descripción de las condiciones cuartomundistas del camino.

La denuncia propone como solución que "las distintas administraciones se reúnan para elaborar un plan integral de actuación en la zona que aborde todos estos problemas". También, que "se dote a la Cañada de infraestructuras", que "no se discrimine a ningún colectivo", que "se permita el empadronamiento de las personas" y que "se regule el tráfico".

Precisamente, una de esas instituciones, el Ayuntamiento de Madrid, aprobó ayer un aumento de 2,1 millones de euros sobre el presupuesto inicial (nueve millones) de la obra aprobada para sortear la Cañada. Así, los camiones llegaran por otro lugar a la incineradora.

Nada se aclara sobre el futuro del asentamiento chabolista, aunque se habla de expropiar terrenos. Ahora, esa obra está en proceso y un camino de arena circunvala la Cañada. "Algunos camiones van por ahí y tiran la basura en las obras, así se ahorran los 80 euros que vale el vertedero y se los juegan a los chinos en un bar de la zona", comenta Ángel Arrabal.

El grupo de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada también denuncia la situación: "Es increíble que las instituciones digan que hay educadores", señala Jorge Fernández, que asegura no "haberles visto nunca". "No hacen nada por ayudar", insiste Fernández, que cuenta como ejemplo que todos los documentos que se les pide a los niños para escolarizarse los hace su grupo "con una fotocopiadora en la ermita".

Uno de los firmantes del manifiesto colectivo, la Asociación El Fanal, también ayuda a la escolarización de los niños, aunque, en su caso, generalmente marroquíes. En la Cañada Real Galiana, además de la parroquia, también hay una mezquita y una iglesia evangélica.

Una profesora de la asignatura de filosofía del instituto público Atenea de San Sebastián de los Reyes dio clase el miércoles pasado a un grupo de unos 30 alumnos de primero de Bachillerato con una camiseta con el lema Cálculo matemático: HB+ZP=HP, según denunciaron alumnos presentes en la clase y también sus padres.

La profesora, L. D., según los alumnos, no hizo ningún comentario político y se limitó a dar la clase de filosofía con la camiseta puesta. "Cuando vi la camiseta pensé que tenía que ver con la Lógica, que es la parte que estamos dando ahora en filosofía. Pero cuando vi bien lo que ponía, me quedé sin palabras", explicó ayer una de las alumnas. La camiseta era negra y las letras de colores. "Cada letra, indistintamente, era blanca o roja", señalaron los alumnos.

Una portavoz de la Consejería de Educación afirmó ayer que lo que a ella le consta es que la profesora acudió al colegio con la camiseta puesta, pero que "luego se la quitó para impartir la clase".

En cambio, los alumnos insisten en que la profesora de filosofía sí que impartió la asignatura luciendo la polémica camiseta. "Lo que ha pasado es que hoy ha intentado hacer lo mismo y se ha presentado otra vez en el instituto con la camiseta. Pero la dirección del centro le dijo que ni hablar, que se quitara la camiseta antes de entrar en clase, y al final es lo que hizo", señalaron ayer varios alumnos.

María Teresa Ortiz, vocal de la asociación de padres del instituto, explicó que, al conocer los hechos, fueron a hablar con la jefa de estudios del centro. "La dirección nos ha dicho que habían hablado con ella para que reconsiderase su posición", explicó Ortiz.

Otro padre, Carlos Sánchez, ha denunciado la situación ante Acurema, una asociación de consumidores de San Sebastián de los Reyes. "Desde la asociación no podemos hacer nada, porque no es un tema de consumo, pero consideramos que no es tolerable que en un instituto se exhiban mensajes que insultan muy gravemente a las personas e instituciones", concluyeron en Acurema.

La escuela pública acoge en la actualidad al 68% de los alumnos llegados del extranjero

EDUARDO AZUMENDI - Vitoria - 16/03/2007

El tratamiento que la inmigración debe tener en el sistema educativo dividió ayer al Parlamento. El tripartito y el PP se aliaron para derrotar una propuesta transaccionada entre el PSE y Aralar en la que se solicitaba al Departamento de Educación que estableciese cuotas en los colegios públicos y concertados para distribuir a los inmigrantes. El objetivo de la iniciativa socialista y de Aralar es que se repartieran de una manera más equitativa los alumnos extranjeros entre las redes pública y privada y no como ocurre ahora: la escuela pública recoge al 68% de este alumnado.

Esta desigualdad motiva que algunos colegios se hayan convertido en guetos, de los que salen los alumnos autóctonos y sólo quedan los inmigrantes. Tripartito y PP consideran que la iniciativa socialista no es "la receta" adecuada para facilitar la acogida e integración de los extranjeros en el sistema de enseñanza e instaron al Departamento de Educación a presentar en el Parlamento antes de que concluya el actual periodo de sesiones (a finales de junio) un plan global con medidas de integración. EHAK aplaudió la iniciativa socialista, pero se abstuvo al entender que es necesario un debate más en profundidad.

Todos los partidos coincidieron en que la forma de abordar la inmigración supone uno de los retos más importantes a los que tendrá que hacer frente el sistema educativo. Euskadi no es una de las comunidades más afectadas por este fenómeno, aunque en el último curso ha crecido un 20% la presencia de extranjeros en las aulas. En la actualidad, un 4,27% del total de alumnos escolarizados procede del extranjero, porcentaje que queda muy lejos del que se registra en otras comunidades, como Cataluña, Madrid o Andalucía. Sin embargo, la presencia de la inmigración ya se ha dejado notar, especialmente en la red pública. Un total de 56 centros tienen más de un 20% de inmigrantes entre su alumnado y la mayor parte de ellos pertenecen a la red pública. El problema es que algunos se han transformado en guetos debido a que también acogen a alumnado autóctono con condiciones socioeconómicas muy desfavorables.

El debate partió del PSE, que presentó una proposición no de ley que recogía las principales conclusiones de una jornada que convocó hace unos meses en Bilbao con representantes de la escuela pública y privada. Además de reclamar el establecimiento de cuotas, la propuesta planteaba que el número de inmigrantes en cada centro sea inferior al 20% "a fin de evitar guetos"; dotar de más recursos a los centros que excepcionalmente superen ese porcentaje y potenciar la formación del profesorado. Los socialistas transaccionaron su iniciativa con Aralar.

"Riesgo y oportunidad"

La parlamentaria y portavoz del PSE en cuestiones educativas, Isabel Celaá, advirtió de que los inmigrantes suponen "un riesgo y una oportunidad" para el sistema educativo y por eso deben repartirse de una forma equilibrada entre los colegios privados y los públicos. "Educación no cree en el reparto por redes. El equilibrio requiere un esfuerzo adicional de todos y el Gobierno está abdicando de su responsabilidad. Mientras unos centros públicos se saturan y no pueden cumplir con su función, otros, los privados, siguen igual", enfatizó.

De esta forma, Celaá resaltó la idea de que la concentración de inmigrantes en pocos colegios no es síntoma de integración, sino de "desintegración". "

Font de Mora pone en Segorbe la primera piedra de un centro

EL PAÍS - Valencia - 16/03/2007

La empresa de la Generalitat Ciegsa, dedicada a la construcción de infraestructuras educativas, publicó ayer en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana un concurso para contratar nuevos barracones escolares en la localidad castellonense de Moncofa. La publicación del concurso coincidió ayer con la colocación de la primera piedra de un centro de secundaria en Segorbe por parte del consejero del ramo, Alejandro Font de Mora.

El concurso publicado por Ciegsa tiene como objetivo paliar temporalmente las precarias condiciones de escolarización del alumnado del colegio público Avel·li Corma en el municipio castellonense de Moncofa. El importe total de la licitación, según las bases establecidas por Ciegsa, asciende a unos 383.000 euros.

La publicación del concurso de contratación de los barracones escolares tuvo lugar ayer, día elegido por el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, para poner la primera piedra del instituto de enseñanza secundaria Alto Palancia de Segorbe.

"El Gobierno valenciano está atendiendo con prontitud todas las necesidades que van sobreviniendo principalmente de la movilidad de la población, que es de difícil planificación", dijo el consejero. Font de Mora argumentó que el Consell "está llevando a cabo inversiones millonarias para impartir una educación de calidad y evitar sobrecargar los centros con duplicidad de turnos, incrementos exagerados de ratios o la vuela a la implantación del nocturno". "Además, cuando se realiza un proyecto en un centro siempre escuchamos a la comunidad educativa y procuramos acercarnos a sus pretensiones", indicó.

El instituto Alto Palancia de Segorbe tiene un presupuesto de 4,4 millones de euros.

Font de Mora también aprovechó su recorrido por Castellón para anunciar en Bejís un proyecto de aulario con capacidad para 36 niños, que se podrá construir en el plazo de un año y que tiene un presupuesto de 21 millones de euros.

El diputado socialista Tomás Polo criticó ayer que la primera piedra colocada ayer por el consejero en Segorbe es "la quinta primera piedra que coloca el PP en poca más de un mes en la provincia de Castellón".

Polo recordó que el instituto de Segorbe debería de estar construido desde hace más de cuatro años y que el Consell no ha inaugurado nada en esta provincia desde hace dos años.

Según el diputado socialista, la Consejería de Educación tiene pendiente la construcción de los colegios de Azuébar, Castellnovo y Teresa, además del instituto cuya primera piedra se colocó ayer.

El parlamentario del PSPV tachó de "burla a la ciudadanía" que el PP se acuerde a pocas semanas de las elecciones de todo lo que tiene que hacer y se ponga a colocar primeras piedras.

8 de marzo, 99.000 euros
El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó ayer el coste de la adjudicación de la campaña publicitaria conmemorativa del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. En esta publicación se detalla que la Consejería de Bienestar Social adjudicó por importe de 99.000 euros la campaña publicitaria a la firma Inédita SL.

Esta es una de las muchas campañas publicitarias puestas en marcha por el Consell en vísperas del periodo electoral, que concluirá con los comicios a Cortes Valencianas y ayuntamientos el próximo 27 de mayo.

Quizá yo estoy obsesionado con la Universidad: tengo buenas razones, tanto personales como colectivas. Por eso el proyecto de reforma de la LOU me parece cominero y cortito de miras. No mucho menos que lo era la ley del PP. Se conforma con corregir lo más espantoso, pero deja sin arreglar el resto. La composición del claustro, por ejemplo. Y la cuestión de becas y ayudas y créditos para el alumnado, lo cual deja en el aire la exclusión de alguien por razones económicas. La Universidad no está en su mejor momento. El PP la dejó igual que una aljofifa; pero estos retoques suponen una nueva frustración, dado lo que esperábamos. Todo lo que se haga por la Universidad, que nos forma, conforma y reforma, será siempre muy poco. Obremos en consecuencia. Que la actuación de los partidos sea algo más que una guerra.

Las calificaciones de los alumnos de la Secundaria Obligatoria serán sólo de uno a 10 a partir del próximo curso

PEDRO SIMON

MADRID. - Si el alumno Peláez deja su examen en blanco y contesta por toda respuesta que un polígono es un «hombre que vive con muchas mujeres», que «Miguel Angel hizo la cópula de San Pedro» o que «la Santísima Trinidad está formada por un padre, un hijo y una palomica que vive con ellos» tendrá, a pesar de todo, un uno como calificación.

Se despide el cero de las notas que se dan en los institutos del Estado español y se cuela en clase el nuevo sistema que trae la Ley Orgánica de Educación (LOE). Los chavales serán puntuados de uno a 10. Aquel rosco indecente que rimaba con patatero jamás volverá a entrar en casa.

Pasará a partir del curso que viene en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Así se recoge en el borrador de la orden ministerial por la que se establecen «los elementos básicos de los documentos de evaluación». El artículo 2.2 de la norma especifica que, en la ESO, habrá «una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a 10».

La erradicación del cero -de la que da cuenta el semanario Magisterio- es un hito en la enseñanza española y supone un acortamiento, si bien nimio, de la distancia que separa a los primeros de la clase de los últimos. Con la Logse socialista (1990), a los alumnos de Primaria se les calificaba con un Progresa adecuadamente o un Necesita mejorar y a los de Secundaria se les ponía un insuficiente, suficiente, bien, notable o sobresaliente. Con la Ley de Calidad del PP (2002) se trasladó el baremo insuficiente-sobresaliente a Primaria y se reinstauraron las notas numéricas (de cero a 10) en la ESO. Y ahora viene la LOE, con su anuncio de empujón por abajo: se mantiene el modelo popular, pero metemos en la chistera el cero.

«Poner un cero sólo es explicable por la ausencia total del estudiante [no posible en la enseñanza obligatoria]», señalaba ayer Juan López, subdirector general de Ordenación Académica. «El cero sólo tiene sentido en la enseñanza postobligatoria».

El sistema que viene supondrá algunos otros borrones y cuentas nuevas con la escuela de toda la vida. Desaparece por fin aquel Libro de Escolaridad añejo que conocieron generaciones de alumnos y que casi siempre se rellenaba a mano. A cambio, vendrán dos nuevos documentos de carácter oficial, más acordes con la era digital: el Historial académico de Educación Primaria y el Historial académico de Educación Secundaria Obligatoria. Ambos iguales, en la práctica, a su antecesor común.

Por cierto, los ejemplos dados al comienzo de este artículo están sacados de exámenes reales. Y sí, Peláez también tendrá un uno si responde que Aníbal fue un «jefe cartilaginoso» o que «Velázquez pintó Las mellizas».

E. ARMORA

BARCELONA. El proceso de regularización de 2005 ha provocado un descenso importante de inmigrantes en situación irregular, que han pasadop de representar el 53,30% en 2005 al 35,24% el pasado año, según datos facilitados ayer por el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE) de Comisiones Obreras (CC. OO.). También fruto de este proceso ha descendido la cifra de personas empleadas en la economía sumergida, que ha bajado de un 54,68% a un 27,39%, aunque en el caso de las mujeres esa corrección no se ha percibido sino que, por contra, ha aumentado, según el sindicato.

De la memoria de 2006 del CITE se desprende que el porcentaje de trabajadoras contratadas de forma ilegal ha aumentado un 5%. Hace dos años, ese porcentaje suponía el 54,37% de las mujeres, mientras que en 2006 aumentó hasta el 59,55%. El secretario de Inmigración de Comisiones, Ghassan Saliba, atribuyó ese incremento de mujeres en la economía sumergida a que «en su mayoría trabajan en el sector doméstico, uno de los menos regulados y el que más trabajo precario concentra». En total, este sector supone un 34% de la economía sumergida. Le siguen el de la construcción, que representa un 31,92% y el de la hostelería, con un 28,27%. Comisiones exige un Pacto Nacional para la Inmigración y una «actuación política realizada desde el consenso y la coordinación entre administraciones».

ABC/EP

SANTIAGO. El nuevo decreto que regula la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos en Galicia priorizará la existencia de hermanos matriculados y la condición de discapacidad, además de incluir entre los criterios puntuables el domicilio familiar y la categoría de familia numerosa.

Según recoge el decreto aprobado ayer por el Consello de la Xunta, la existencia de hermanos matriculados en el centro pasa de sumar 3 puntos por el primero y uno por cada uno de los siguiente a contabilizar 5 puntos y 2, respectivamente. Además, mientras que la normativa anterior otorgaba un punto por la condición de discapacidad del solicitante, el nuevo decreto establece un máximo de 3 puntos por discapacidad en el alumno y reconoce la de la madre, padre o tutor, con 2 puntos, así como en alguno de los hermanos del alumno, un punto por cada.

Además, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, destacó que la Consellería de Educación reserva el 15 por ciento de plazas de los centros públicos y concertados para el alumnado con «necesidades de apoyo específico», como inmigrantes.

Otros criterios «prioritarios» que tendrá en cuenta la Xunta para otorgar estas plazas serán la proximidad del domicilio familiar o de trabajo de los padres de los niños, la renta anual familiar, y la condición de familia numerosa.

CELESTE LÓPEZ - MADRID -

No hay excusas: la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es ya exigible por ley. La mujer que sea discriminada en el trabajo tiene instrumentos para combatirlo, así como aquella que se vea relegada laboralmente por el hecho de ser madre o la que sea contratada con un menor salario que su colega varón del mismo nivel. Así lo acordó ayer el Congreso de los Diputados, al dar el visto bueno definitivo - con la única abstención del PP- a la ley de Igualdad, una de esas leyes "que justifican una legislatura", en palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Y, a tenor de los resultados de la encuesta sobre fecundidad y valores elaborada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es ahora - en el momento en que la tendencia de la incorporación de la mujer al mundo laboral se ha consolidado- cuando se hace más necesaria. Según este estudio, casi un 60% de las mujeres cree que ser madres es un obstáculo para su vida profesional. Un dato más que preocupante en un país con una de las natalidades más bajas de mundo.

¿La recién estrenada ley acabará con estos obstáculos reales? A tenor de lo que ayer hablaban los portavoces parlamentarios que defendieron la norma, sí, al menos desde el punto de vista legislativo. Sin embargo, la ley sólo ofrece los instrumentos para luchar contra esos obstáculos. Es a los ciudadanos a quienes corresponde hacer efectivos sus derechos, coincidieron en señalar los diputados que subieron al estrado en defensa de esta norma.

Esta ley, que previsiblemente entrará en vigor el lunes, ha obligado a modificar muchas normas para incluir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Entre ellas, destaca el Estatuto de los Trabajadores, ya que muchas de las actuaciones van encaminadas a erradicar la desigualdad laboral y a facilitar la conciliación de la vida personal con el trabajo.

PADRES CON PERMISO. Por primera vez en la historia de España, el padre dispondrá de un permiso autónomo del de la madre de 13 días por nacimiento, adopción o acogida, a los que hay que sumar los dos días ya vigentes. Este permiso se ampliará en otros dos días en casos de partos múltiples. El padre se podrá acoger al permiso a tiempo completo o parcial, previo acuerdo con el empresario, y durante el tiempo que dure el permiso de maternidad o una vez concluido éste. Dentro de seis años, este permiso se debería haber extendido a cuatro semanas.

TAMBIÉN LOS AUTÓNOMOS. El permiso paternal, al igual que el maternal, podrá ser disfrutado por los trabajadores autónomos, que contarán con una bonificación del 100% de la cuota que pagan a la Seguridad Social. En esta área destaca la eliminación de la obligación de las trabajadoras menores de 21 años de acreditar un periodo previo de cotización, aunque sí tendrán que estar dadas de alta en este organismo. Las trabajadoras de entre 21 y 26 años deberán acreditar 90 días de cotización para tener derecho a la baja maternal.

PERMISOS MÁS FLEXIBLES. En caso del nacimiento de un bebé con discapacidad, se ampliará en dos semanas el permiso maternal. Y hasta en trece semanas en el caso del nacimiento de bebés prematuros y en los casos en que el neonato necesite estar hospitalizado más de siete días. Ésta ha sido una de las enmiendas introducidas en el trámite en el Senado por CiU y ratificadas por el Congreso. En el caso de que el bebé fallezca, el permiso de maternidad no será reducido. Ysi es la madre la que fallece, el permiso maternal lo tendrá el padre.

JORNADA MÁS CORTA. Se incluye el derecho a reducir la jornada laboral entre un octavo y la mitad por el cuidado de menores de ocho años o personas con alguna discapacidad.

LACTANCIA Y VACACIONES. Se permite acumular la hora de lactancia en jornadas completas y disfrutar de las vacaciones anuales fuera de los periodos de incapacidad temporal por embarazo, parto o lactancia, así como también del permiso de maternidad.

A NEGOCIAR. Con la ley, los sindicatos y empresarios están llamados a dialogar aún más de lo que han dialogado hasta el momento. De hecho, tendrán que debatir la posibilidad de incluir medidas que favorezcan el acceso al empleo de las mujeres, por ejemplo, y estu- puedan solicitar una excedencia de hasta tres años de duración cuando hayan sufrido violencia, con reserva de puesto de trabajo. La nueva norma prevé además una excedencia de esta misma duración para el cuidado de familiares en general, mientras que hasta el momento sólo se contemplaba en el caso de los hijos.

CONSEJEROS Y CONSEJERAS. En cuanto al ámbito de Gobierno del Poder Judicial, se creará una comisión de igualdad en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con presencia equilibrada entre hombres y mujeres, para la elección de sus vocales. La función de esta Comisión será asesorar al pleno del Consejo sobre las medidas convenientes para una integración efectiva del principio de la igualdad de géneros, ya sea mediante la elaboración de informes de impacto de género en los reglamentos del CGPJ o mediante la proposición de medidas para mejorar los parámetros de igualdad en la carrera judicial.

PROHIBIDO INDAGAR. La norma establece la rotunda prohibición de hacer cualquier tipo de indagación por parte de compañías de seguro o servicios financieros sobre el embarazo de la contratante (salvo por razones de protección de la salud). También de considerar el sexo o los costes relacionados con el embarazo y la maternidad como factor de cálculo de primas y prestaciones en los contratos de estos servicios.

PROBLEMAS DE ÚLTIMA HORA. A punto estuvieron los futuros padres acogedores de Catalunya de quedarse sin el permiso de paternidad a consecuencia de un error en la transcripción de la enmienda de CiU que había sido aprobada en el Senado. En el texto que ayer llegó al Congreso figuraba que el permiso de paternidad también incluía a los padres de acogida, ya fueran éstas provisionales o permanentes, obviándose la llamada acogida simple, que es una modalidad existente en Catalunya. La diputada Mercè Pigem se dio cuenta del error y consiguió en el último momento que esta enmienda fuera rechazada y evitar así la exclusión.

"ZAPATERO FEMINISTA" .La reacción de las asociaciones de mujeres, algunas de ellas presentes ayer en el Congreso, fue de satisfacción ante una norma que creen ayudará a combatirla discriminación de la mujer. Estas mujeres no dudaron ayer en festejar esta ley posando con Rodríguez Zapatero, a quienes cantaron: "Ista, ista, ista, Zapatero feminista".

LEY CORTA .Esta satisfacción fue también compartida por UGT y CC. OO., aunque este último sindicato cree que en algunos aspectos la norma se ha quedado corta. Así, anunció que seguirá reclamando un permiso de cuatro semanas. Pero admite que la ley es "un avance en la igualdad de trato, en la protección de la maternidad y la paternidad e incentiva que los hombres asuman responsabilidades familiares". En este sentido, la secretaria de Igualdad, Soledad Murillo, una de las grandes artífices de este texto, indicó que esta norma ayudará a que la paternidad empiece a sinónimo de cuidado de los hijos.

El chico, natural de Sevilla, exigía que sus padres le pagasen más de 150 euros al mes, pero la Audiencia considera la cantidad justa

La Audiencia de Sevilla desestimó la petición de un joven de 22 años, M. A. S. A., de que sus padres le suban la paga que recibe cada mes, que en la actualidad es de 150 euros. La sentencia considera esta suma de "proporcional, suficiente y generosa" teniendo en cuenta que el padre del joven se encuentra en paro y cobra un subsidio de 700 euros mensuales, aunque al chico 150 le parecen poco. Además remarcan que el joven sigue viviendo en casa de sus padres y utiliza "los servicios comunes de la familia, incluso de alimentación", por lo que 150 euros de paga son más que suficientes.

El caso viene de lejos y fue planteado inicialmente al de primera instancia de Dos Hermanas en el 2004. Esa vez fueron los padres los que pusieron las disputas familiares en manos de la justicia, cansados de los "graves conflictos" causados por su hijo, entonces de veinte años, que exigía que le pagasen la matrícula y los libros de la universidad y que le entregasen en efectivo el dinero destinado a su alimentación y vestido.

El juez decretó entonces que 150 euros mensuales de paga eran suficientes pues el "deber de alimentación" de los padres se atenúa "a partir del momento en que se adquiere una determinada capacitación", cuando "la lucha por la vida es asunto personal de cada uno".

El joven recurrió a la Audiencia para conseguir una paga mayor, pero la nueva sentencia confirma la que emitió el juzgado de Dos Hermanas. La Audiencia de Sevilla considera que el muchacho "no puede obligar a sus progenitores a sustituir su manutención por una aportación económica, a menos que ellos lo elijan así". Sin embargo, ambas sentencias recogen la obligación de los padres de sufragar el "gasto extraordinario" de la matrícula de la Universidad de su hijo y entregarle otros 150 euros anuales para compra de libros y material escolar. Ello pese a que "desde la perspectiva del Derecho, la actitud de los padres que cargan con los gastos de estudios universitarios de sus hijos mayores de edad, de manutención y vestido, e incluso de ocio, no responden a una obligación jurídica sino a un impulso moral o ético que anida en la mayoría de las familias, pero que no puede ser exigido jurídicamente", marca la sentencia, algo que los progenitores están dispuestos a sufragar.

El temido cero en las notas pasará a la historia. A partir del curso que viene la calificación de los alumnos atenderá a insuficiente (del 1 al 4), suficiente (5), bien (6), notable (7 u 8) y sobresaliente (9 o 10), y sin decimales. En primaria desaparecen las calificaciones "progresa adecuadamente" y "necesita mejorar", y se puntuará con los términos citados, mientras que en secundaria, las calificaciones añadirán la equivalencia numérica entre 1 y 10 por la necesidad de medias aritméticas de las notas para determinados fines.

El Ministerio de Educación establece que la evaluación de los alumnos de primaria y secundaria sea "continua, sumativa y de progreso", es decir, que no se referirá a exámenes escritos aislados, sino que el resultado será la nota del final de curso.

Educación elimina esa nota al ser continua la evaluación del alumno

L. R. S.

Madrid- El Ministerio de Educación ha eliminado el cero de las notas que recibirán los alumnos al final de curso en la enseñanza obligatoria porque la evaluación es «continua y sumatoria». Así, se fija una calificación numérica de uno a diez sin emplear decimales, con las siguientes correspondencias: insuficiente para 1, 2, 3 y 4; suficiente para 5, bien para 6, notable para 7 u 8 y sobresaliente para 9 o 10, según el borrador de una orden ministerial publicado en la revista «Magisterio». «La evaluación continua mide el progreso del alumno desde su entrada hasta el final de curso y no se trata de exámenes concretos», explicó a Ep el subdirector general de Ordenación Académica del MEC, Juan López. Así, recalcó que la evaluación «de progreso» va más allá del examen escrito, en el que sí que se podrá poner cero como nota, analizando también la asistencia, los deberes o su evaluación.
    Por tanto, poner un cero a un alumno sólo es explicable por la «ausencia total del estudiante», algo que no es posible en la enseñanza obligatoria porque con un número máximo de faltas a clase el niño pierde la escolaridad. «El cero sólo tiene sentido en la enseñanza postobligatoria», afirmó, criticando el modelo fijado por el Gobierno anterior en el que la evaluación era «muy pobre» por estar «asociada a puros exámenes escritos».

Insta a Educación a que dote de más recursos a los centros con mayor porcentaje de estudiantes extranjeros El Departamento prepara un nuevo plan de acogida dirigido a este colectivo

MARTA FDEZ. VALLEJO m.f.vallejo@diario-elcorreo.com/BILBAO

El Parlamento vasco debatió ayer si todos los centros educativos de la comunidad que estén financiados con fondos públicos deben tener un cupo mínimo de alumnos inmigrantes en sus aulas, y si hay que fijar otro límite máximo por escuela para evitar la concentración en unas pocas. La propuesta la llevó a la Cámara el PSE y no salió adelante por la oposición de las formaciones del tripartito y el PP. Los socialistas argumentaron que distribuir a los extranjeros permite su integración y evita guetos. Los populares y el Gobierno defendieron que fijar mínimos va en contra del derecho a la elección de centro y aprobaron una enmienda en la que piden a Educación más recursos materiales y docentes para los colegios con mayor porcentaje de extranjeros, además de un nuevo plan de integración para este colectivo.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en que el fuerte crecimiento del número de inmigrantes en centros escolares vascos registrado en los últimos años en el sistema educativo vasco exige nuevas medidas. El plan que diseñó la anterior consejera, Anjeles Iztueta, se ha quedado pequeño. En la actualidad, hay cerca de 14.600 estudiantes extranjeros en las aulas del sistema educativo vasco, cifra que se aproxima al 5% del total de alumnos -en Primaria ya suponen el 6%-. Esos datps muestran que el porcentaje de estudiantes de otros países se ha triplicado en cuatro años y ha aumentado un 20% este último curso respecto del anterior.

Los partidos discreparon en las medidas. La parlamentaria del PSE, Isabel Celaá, planteó la necesidad de distribuir a los inmigrantes de forma equilibrada entre todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos, tanto escuelas e institutos como colegios concertados, y establecer un cupo mínimo. En la actualidad, cerca del 68% de estos alumnos extranjeros acuden a escuelas públicas y el 32% a colegios concertados. Celaá reclamó tamién fijar un límite por arriba: que no se supere en ningún caso una proporción superior al 20%. «Es el tope que aconsejan los expertos», detalló.

Este curso, hay más de medio centenar de centros escolares de la comunidad que superan ese porcentaje límite. Los hay hasta con un 70% de inmigración en sus aulas. «Las concentraciones en escuelas no permiten la integración y pueden dar lugar a estallidos de violencia», advirtió Celaá.

Derecho a elegir

Los partidos en el Gobierno y el PP coindieron ayer en sus posturas sobre la forma en la que hay que afrontar la integración. Rechazaron que sea necesario fijar cupos mínimos y máximos de escolarización de extranjeros. «Nos cargaríamos el derecho de las familias a elegir un centro educativo», señaló Idoia Cuadra, representante de EA, partido que dirige la consejería. «Un pueblo como Campezo, que acoge en su escuela a un 30% de inmigrantes... ¿Qué hacemos, les mandamos en un autobús al centro de otro pueblo porque rebasamos el límite?», preguntó. A juicio de la parlamentaria de EA, el 'handicap' para lograr una enseñanza de calidad no es la inmigración, sino que tiene que ver más con «las condiciones socioeconómicas» del alumno. «En el colegio inglés, el alemán, el francés, superan un 30% de extranjeros, y no es un problema», añadió. Cuadra señaló que la solución pasa por aplicar programas inclusivos y dotar de recursos tanto materiales como docentes a los centros que escolarizan más extranjeros. Recordó que el Departamento elabora ya un nuevo plan de acogida.

El PP apostó por incentivar a los colegios, dotar de más recursos humanos y materiales a los que acojan a un mayor número de inmigrantes en sus aulas. «Fijar una cuota obligatoria no resuelve nada y no garantiza el derecho de las familias a elegir centro educativo», señaló el popular Iñaki Oyarzabal.

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

  La Universidad Autónoma de Madrid investirá hoy como doctores Honoris Causa a Eugenio Trías Sagnier y a José Saramago en un acto que se celebrará hoy en su Escuela Politécnica Superior.

   Asimismo, apadrinará a Eugenio Trías Sagnier, José Jiménez, catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la UAM y director del Instituto Cervantes en París; y a su vez, José Saramago será apadrinado por Tomás Albaladejo, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la UAM.

   José Saramago es premio Nobel de Literatura en 1998 y autor de una extensa e intensa obra en narrativa, teatro, poesía, ensayo, diarios, memorias y otros géneros, de extraordinaria proyección internacional desde la lengua portuguesa. Su literatura muestra la compleja realidad del ser humano en la confluencia del individuo y la sociedad.

   En su visión crítica del mundo, aprehende, representa y comunica, con una ruptura de los esquemas y recursos literarios convencionales, las contradicciones de la realidad en una reivindicación constante de la condición humana. Saramago, que forma parte de un importante grupo de academias filosóficas y literarias, recibió en 1995 el Premio Luís de Camoes, el más importante en lengua portuguesa.

   Eugenio Trías Sagnier es catedrático de Filosofía de la Universidad Pompeu Fabra y posee una obra de más de treinta libros que se sitúa entre las aportaciones más destacadas al pensamiento filosófico contemporáneo internacional. Ha contribuido, de una manera notoria, a la renovación y el impulso de la filosofía en España durante las últimas décadas. Sus libros se han convertido ya en referente intelectual de la filosofía española.

  Eugenio Trías ha sabido además transmitir a la opinión pública la impronta de compromiso cívico y dignidad teórica  asociadas a la figura del filósofo a través de sus intervenciones en medios de comunicación y otros foros públicos.

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencias que presentó el Govern por el decreto estatal de enseñanzas mínimas de Educación Primaria, que contempla entre otras cuestiones una tercera hora semanal de castellano en las escuelas de Catalunya.

   Concretamente, el TC ha aceptado los artículos 6.4 (establecimiento de tiempos de lectura diarios), 11.2 (organización tutorial), 13.5 (atención a los alumnos de incorporación tardía), 11.6 (alumnos de altas capacidades intelectuales) y el anexo III (tercera hora de castellano).

   El TC da un plazo de 20 días para que el Gobierno central aporte los documentos y alegaciones que considere convenientes y obliga a la publicación de la incoación del conflicto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).  

El tripartito alega que el Govern incluirá "por primera vez" la inmersión lingüística en su decreto de primaria

   BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El pleno del Parlament rechazó hoy la moción de CiU sobre inmersión lingüística, que reclamaba al Govern que apruebe un decreto ley para que el catalán "pueda seguirse impartiendo el curso que viene en las condiciones actuales". El resultado de la votación fueron 44 votos a favor, todos por parte de CiU, y 82 votos en contra del resto de grupos.

   Según CiU, el decreto serviría para evitar los efectos del decreto de enseñanzas mínimas en Educación Primaria del Gobierno español, que fija una tercera hora semanal de castellano en la Primaria. El Govern ya ha presentado un conflicto positivo de competencias contra el decreto, que el Tribunal Constitucional ha admetido a trámite, pero CiU argumenta que éste podría resolverse "demasiado tarde".

   Irene Rigau (CiU), que presentó la moción, acusó al Govern de "no aplicar el Estatut en todos sus extremos", como ayer defendió en el Parlament el presidente de la Generalitat, José Montilla. Dirigiéndose al conseller de Educación, Ernest Maragall, Rigau aseguró: "o usted no sigue las directrices del presidente o usted nos engaña".

   Para Rigau, la moción de CiU es "un acto de soberanía estatutaria frente a un acto de sumisión" del Govern que acepta "los peajes ministeriales".

   Daniel Font (PSC-CpC) le replicó que la moción de CiU es un acto de "esquizofrenia política" y, en alusión al decreto de Educación Primaria que ha elaborado ya el Govern y está en período de información pública, aseguró que se incluirá por primera vez la inmersión lingüística en un decreto de la Generalitat.  

   Tanto Font como Josep Maria Freixenet (ERC) también defendieron que el modelo de inmersión lingüística tiene que adaptarse a la llegada de más alumnos inmigrantes de origen extracomunitario. En este sentido, Maragall ya había acusado a los gobiernos de CiU de no haber adaptado la inmersión lingüística a la nueva realidad demográfica.

   Para Dolors Camats (ICV-EUiA), la moción de CiU "no pretendía realmente lograr nada, sino solo poder decir que había sido rechazada" y criticó que los convergentes no quisieran sumarse al consenso, en una materia en que sí era posible ponerse de acuerdo.

   En cambio, Carina Mejías (PP) justificó el voto negativo de su grupo asegurando que esta vez el PSC había sabido evitar "la seducción republicana".

   En un tono más crítico, Antonio Robles (C's) vinculó el modelo de inmersión lingüística con los altos niveles de fracaso escolar del alumnado catalán. Para Robles, la inmersión lingüística es un "método radical de aprendizaje", que puede representar una "manipulación" del niño, en caso de que se le obligue a aprender una lengua en contra de su voluntad.

El acuerdo, rubricado por el presidente del Grupo, Tomás Pascual Gómez Cuétara y el director de la Fundación UOC, Óscar Aguer, consolida la colaboración entre ambas instituciones en materia educativa

Barcelona, 15.-El presidente del Grupo Leche Pascual, Tomás Pascual Gómez-Cuétara y el director de la Fundación UOC, Óscar Aguer Bayarri, han firmado un convenio de colaboración por el cual esta compañía alimentaria se integra en la red de empresas asociadas a la UOC. Con este acuerdo, ambas instituciones promueven el desarrollo de los profesionales y la mejora de su competitividad en el marco de la sociedad del conocimiento.

El propósito de la red de empresas asociadas a la UOC es el intercambio de experiencias para el desarrollo de los profesionales y la mejora de la competitividad de las organizaciones. Otras grandes compañías se han convertido ya en empresas asociadas a la UOC, como la Corporación Catalana de Radio y Televisión, T-Systems, Mango y el Grupo Globalia.

Con este vínculo, Leche Pascual participa más activamente en los proyectos de formación, difusión e investigación de la UOC. La comunidad universitaria y los trabajadores podrán beneficiarse de la cooperación educativa, de prácticas universidad-empresa y del acceso a la difusión de conocimiento que organiza la UOC.

La Universitat Oberta de Catalunya viene ya desarrollando un programa de gestión para directivos a medida del Grupo Leche Pascual. Con el título de "Curso superior de dirección estratégica y management para empresas de alimentación", es una adaptación a las necesidades de esta compañía del programa de dirección general (PDG). Los nueve cursos ya impartidos han sido seguidos por más de doscientos profesionales procedentes de todos los departamentos de Leche Pascual.

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) ha eliminado el cero de las notas que recibirán los alumnos al final de curso en la enseñanza obligatoria porque la evaluación es "continua y sumatoria". Así, se fija una calificación numérica de cero a diez sin emplear decimales, con las siguientes correspondencias: insuficiente para 1, 2, 3 y 4; suficiente para 5, bien para 6, notable para 7 u 8 y sobresaliente para 9 o 10, según el borrador de una orden ministerial.

   "La evaluación continua mide el progreso del alumno desde su entrada hasta el final de curso y no se trata de exámenes concretos", explicó a Europa Press el subdirector general de Ordenación Académica del MEC, Juan López. Así, recalcó que la evaluación "de progreso" va más allá del examen escrito, en el que sí que se podrá poner cero como nota, analizando también la asistencia, los deberes o su evaluación.

   Por tanto, poner un cero a un estudiantes sólo es explicable por la "ausencia total del estudiante", algo que no es posible en la enseñanza obligatoria porque con un número máximo de faltas a clase el niño pierde la escolaridad. "El cero sólo tiene sentido en la enseñanza postobligatoria", afirmó este representante ministerial, criticando el modelo fijado por el Gobierno anterior en el que la evaluación era "muy pobre" por estar "asociada a puros exámenes escritos".  

   "Nosotros entendemos la evaluación de un modo más rico y confiamos en los profesores", agregó López, puesto que se entiende que los docentes van a hacer que sus alumnos progresen en algún sentido y no se queden como empezaron el curso. Este modelo se aplicará tanto en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), como en Primaria, donde desparecen las calificaciones de 'progresa adecuadamente' y 'necesita mejorar': "hemos homogeneizado el sistema de la enseñanza obligatoria", añadió este miembro del MEC.

DIGITALIZACIÓN DEL LIBRO DE ESCOLARIDAD.

   Además, se cambiará el libro de escolaridad, presente desde la Ley General de Educación de 1970, por el historial académico, tanto para Primaria como para Secundaria, según el borrador de la orden por la que se establecen los elementos básicos de los documentos de evaluación de la Educación básica y los requisitos formales que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado, actualmente en trámite administrativo y pendiente de publicación.

   El libro de escolaridad, que continuará vigente durante este curso, se rellenaba a mano y la única posibilidad de cumplimentarlo informativamente era mediante un sistema de pegatinas sobre las que además los miembros del equipo directivo tenían que firmar, informó hoy 'Magisterio'. "Era un libro manuscrito que en la época de la Informática no puede ser", argumentó López, asegurando que sólo se "moderniza" el documento registrando los mismos datos pero en formato digital.