Que la hora del comedor también sirva para aprender hábitos saludables relacionados con la dieta mediterránea y el bienestar. Este es el propósito del proyecto que ha iniciado la Fundació Catalana de l'Esplai, entidad que, además de organizar actividades extraescolares, gestiona los servicios de comedor de una setentena de centros catalanes.

Un total de 10.000 niños que se quedan a comer en la escuela harán talleres y actividades en el aula de informática de los centros para aprender, mientras juegan, buenas prácticas en relación con la alimentación y la salud. "Ofrecemos recursos didácticos virtuales a los monitores del comedor. La franja del mediodía no tiene que ser sólo el tiempo de comer, sino también es un espacio de educación, para aprender buenos hábitos y conceptos", precisa el director general de la Fundació Catalana de l'Esplai, Xema Gil.

Participación de los padres

El proyecto consta de materiales didácticos que se trabajan en diferentes sesiones, juegos y aplicaciones informáticas, y también una página web . "La web permite a los alumnos que puedan seguir jugando desde casa y tener información sobre hábitos saludables. Además, también hay un espacio para los padres donde se da información sobre lo que comen sus hijos y se proponen menús para la noche; y también hay un apartado para monitores", añade Gil.

El primer centro que ha empezado a aplicar este proyecto es la escuela Pau Romeva, situada en el distrito de Les Corts de Barcelona. Los alumnos que han participado en la iniciativa aseguran tener claro que tienen que comer todo tipo de alimentos. Lo ejemplifica María Pino, de nueve años: "Me gustan todos los alimentos menos el tomate; sé que tengo que comer de todo". Su compañera Júlia Agraz dice que come todo lo que le ponen en el plato "menos los guisantes". Rosi Sierra, de 10 años, que procede de República Dominicana y hace pocos meses que ha llegado a Cataluña, explica que estas actividades le ayudan a "practicar el catalán".

La Universidad del País Vasco (UPV) presentó ayer el catálogo de sus cursos de verano, que se impartirán entre el 20 de junio y el 7 de septiembre próximos. La universidad pública ha programado un total de 98 actividades, el 60% de ellas nuevas, a las que espera que se matriculen unos 6.000 alumnos -el 60% profesionales, el 30% estudiantes y el 10% público general-, según explicó el director de los cursos, Ricardo Echepare.

El rector de la UPV, Juan Ignacio Pérez, afirmó que los cursos suponen "un referente para el conjunto de las universidades del Estado y realizan una importante labor de extensión de conocimiento a la sociedad". Destacó como gran novedad aquellos que se centran en la adaptación de la universidad vasca al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de Bolonia.

Cuatro bloques

Los cursos se articulan en torno a cuatro grandes bloques. El titulado Aprender para vivir aglutinará ciclos dedicados a las ciencias de la salud, el deporte y la psicología. Aprender para Convivir abordará cuestiones de ciencias sociales y de la información, historia y derecho tales como la memoria histórica y colectiva. Aprender para progresar se centrará en el desarrollo sostenible, y Aprender para enseñar, por último, se dirige a docentes con cursos de pedagogía, asci como sobre inmigración, Tercer Mundo y psicología.

Echepare destacó la participación como directores de ciclos del psicólogo Jorge Bucay, el escritor Bernardo Atxaga y representantes de instituciones como la FAO, la Xunta y Emakunde. Resaltó el gran peso de los asuntos relacionados con la cooperación al desarrollo. Ocho de los cursos se impartirán en euskera, cutaroen inglés y uno más en francés.

El presupuesto de esta edición asciende a 1.428.602 euros. El Gobierno, la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián financiarán a partes iguales el 30% de dicha cantidad. La Fundación BBVA aporta otro 13%, el 10% lo paga la UPV, el 25% proviene de las matrículas y el 22% restante, de otros colaboradores y patrocinadores.

Los cursos se celebrarán como es habitual en el Palacio Miramar de San Sebastián y sus precios oscilan entre los 50 y los 100. Se podrán solicitar becas.

Rambla justifica la facultad católica de Medicina porque "no cuesta dinero"

El portavoz dice que la Jaume I no solicitó la carrera pero omite que el Consell se lo impidió

J. FERRANDIS / I. ZAFRA - Valencia - 24/03/2007

El Consell justificó ayer la autorización para implantar una facultad de Medicina en la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia porque a la Generalitat "no le cuesta dinero". El portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, argumentó que según su información la Universidad Jaume I de Castellón no ha solicitado una facultad de Medicina. Solicitud que no se ha producido formalmente ya que la propia Generalitat remitió hace dos años una carta a los rectores que les instaba a no pedir nuevas carreras hasta haberse realizado la adaptación al sistema universitario europeo.

El portavoz del Gobierno valenciano aseguró desconocer si la autorización al arzobispado de Valencia para impartir en su Universidad los estudios de Medicina se había producido "con mucha o poca celeridad", aunque apuntó que "desde hace tiempo se habla" de la citada facultad. "El proceso de autorización habrá durado lo que tenía que durar para que se cumplieran los trámites", indicó Rambla.

"Hay una Universidad que está en disposición de ofrecer estos estudios, algo que no cuesta dinero a la Generalitat, hay estudiantes que quieren cursar esta carrera y una demanda en nuestra sociedad de profesionales de la Medicina", prosiguió Rambla, "parece razonable que esta facultad exista".

El consejero instó a que "si hay más universidades con voluntad de ofrecer esta facultad de Medicina, que se ponga encima de la mesa, que se estudie e imagino que no tiene que haber problemas especiales para que puedan ofrecerse". Rambla recalcó que "criticar por criticar o decir que no por decir que no, no es suficiente".

El rector de la Universidad Jaume I de Castellón, Francisco Toledo, expresó ayer su perplejidad por las declaraciones de Rambla. "En primer lugar porque todas las universidades recibimos hace dos años una carta firmada por el director general de Universidades en la que se nos ordenaba no solicitar nuevas titulaciones hasta que no acabara el proceso de armonización europea. Y todas lo habíamos cumplido hasta que se presentó por sorpresa la petición de la Universidad Católica".

En segundo lugar, siguió Toledo, porque durante una reunión con Rambla, cuando éste era consejero de Sanidad, el presidente y el director de la Escuela de Enfermería de Castellón (adscrita a la Diputación) se le planteó la conveniencia de crear una facultad de Ciencias de la Salud adscrita a la Jaume I. "Y Rambla mostró su disposición a que se creara", sentenció Toledo. La reunión se produjo por el interés de la Escuela de Enfermería de adscribirse a la Universidad de Castellón. Para llevar ese proyecto a cabo, argumento Toledo, era necesario crear una infraestructura más amplia (la facultad de Ciencias de la Salud) que, a medio plazo, podría comprender la carrera de Medicina.

El Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana criticó ayer la decisión del Consell de autorizar los estudios de Podología en la Universidad Católica. Este Colegio criticó a la Generalitat por no haber tenido en cuenta la opinión oficial de los podólogos y alertó de que un incremento en el número de titulados creará problemas en la profesión si no se toman medidas para garantizar la salida de los estudiantes.

Por otra parte, Rambla informó ayer de los acuerdos adoptados por el pleno del Consell, entre los que figuró una declaración institucional con motivo del Día Mundial del Agua en el que se vuelven a pedir "trasvases para todos".

En este contexto, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aprovechó un acto en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias para anunciar que cederá a un regante el puesto que ocupa el consejero de Agricultura en el Consejo Nacional del Agua.

Camps criticó la iniciativa del Gobierno central de dar mayores competencias a las comunidades autónomas porque rebaja el peso de los regantes. El jefe del Consell no indicó cómo se elegiría al regante que representaría a la Generalitat.

El Consell también aprobó ayer una subvención de 600.000 euros a la Fundación Jaume II el Just para la realización de varias exposiciones y otra de 495.000 euros de ayuda a las víctimas valencianas del terrorismo. El Ejecutivo valenciano también aprobó un plan estratégico para el sector pesquero valenciano.

FAPA cree que se están vulnerando los principios legales de la LOE

J. P. - Valencia - 24/03/2007

"Con la intención de que en la Comunidad Valenciana no se vulneren los principios legales" de la Ley Orgánica de Educación (LOE), la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FAPA-València) ha convocado una protesta el 5 de mayo a la que se han adherido CC OO, UGT, STEPV, PSPV, Bloc, EU, Esquerra y Escola Valenciana. Uno de los motivos de queja es el borrador del decreto de admisión de alumnos.

FAPA-València considera "ilegal y con una clara voluntad política de mantener una educación retrógrada, autoritaria y discriminatoria totalmente diferente a la que es necesaria en la sociedad del siglo XXI", el desarrollo de la LOE que está llevando a cabo la Consejería de Educación.

Detrás del manifiesto y la protesta -"un acto lúdico y reivindicativo"- está una posición común de partidos políticos y sindicatos valencianistas y de izquierdas frente a la aplicación de la LOE que está diseñando el Partido Popular. No se trata sólo del borrador del decreto de admisión de alumnos. También aspectos como los proyectos curriculares -la materia lectiva- "no consensuados con la comunidad educativa" y elaborados desde un punto de vista "partidista y uniformador".

El borrador del decreto de admisión de alumnos a la enseñanza no universitaria es un documento que "denota una clara voluntad política de mantener una educación retrógrada, autoritaria y discriminatoria totalmente distinta de la que necesita la sociedad", señalan los padres de alumnos. Por ello y "ante el peligro de que las próximas normas de desarrollo" de la ley sigan la línea marcada por el decreto de admisión, la FAPA y las entidades que se han adherido a la protesta "se comprometen a hacer un seguimiento exhaustivo de las normas que dicte la consejería" para que "no se vulneren" los mandamientos legales de la LOE.

Entre los motivos de oposición al decreto de admisión está el que, como apuntan, la LOE acaba con la actual discriminación entre la red pública y la concertada en cuanto a la continuidad de la escolarización de alumnos a lo largo de toda la enseñanza obligatoria. La FAPA recuerda que la nueva ley establece que los centros públicos y concertados están obligados a mantener escolarizados a sus alumnos hasta el final de la enseñanza obligatoria. Frente a ello, sostienen, la consejería mantiene la situación actual "como si la LOE no existiera". Así, no se garantiza a los alumnos de centros públicos que puedan cubrir las distintas etapas educativas en el mismo centro.

Otro de los aspectos clave de la protesta es la apuesta que hace el PP valenciano por que los centros concertados -privados sostenidos con fondos públicos- al cederles la responsabilidad de baremación y selección del alumnado en lugar de otorgar las competencias de la recepción de instancias y distribución de alumnos a las comisiones de escolarización municipales.

El sentimiento de los convocantes es que la interpretación que se está haciendo de la LOE en su desarrollo en la Comunidad Valenciana es "sectaria y partidista". De ahí la respuesta y la apelación a la movilización de los sectores progresistas "en defensa de la educación pública".

El próximo jueves, 29 de marzo, está convocada una huelga en la enseñanza pública a instancias del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv), el sindicato del Área Pública de CGT-CAT y la Asociación de Funcionarios Interinos Docentes (AFID). Somos conscientes de que la huelga es una medida extrema, pero el Govern de la Generalitat no nos deja otra opción.

STEPV, el sindicato mayoritario del sector, desde 2005 impulsó en la mesa sectorial de enseñanza pública un protocolo de negociación para llegar a un acuerdo que permitiera mejorar nuestro sistema educativo. La Administración estuvo de acuerdo. Desde entonces se han celebrado reuniones de mesas técnicas y sectoriales, que han culminado en acuerdos parciales en temas como la mejora de las plantillas de Educación Infantil o las plantillas de Formación Profesional, unos acuerdos que han sido incumplidos en su integridad por la Consejería de Educación. Pero los grandes temas que requieren una inversión importante para la mejora de las condiciones del profesorado valenciano parece que no interesan al Consell, no son prioritarios.

Desde el verano de 2006, las organizaciones sindicales hemos planteado distintas reivindicaciones dirigidas a mejorar las condiciones laborales del profesorado, pero tras muchas reuniones el conseller Font de Mora aduce que "no tiene autorización de la Consejería de Hacienda" para llegar a compromisos concretos. Todo ello a pesar de reconocer que los docentes valencianos estamos a la cola de las retribuciones en el conjunto de las comunidades autónomas. En estos momentos, las negociaciones están estancadas y Hacienda tampoco da luz verde a las propuestas acordadas con los sindicatos, como el aumento de plazas en Infantil o la convocatoria de licencias de estudio para el profesorado.

STEPV presentó en octubre sus propuestas y las ha defendido y argumentado en las mesas de negociación. Pero hasta la fecha los representantes de la Administración han sido incapaces de presentar las suyas. Pretenden dejar pasar el tiempo y esperar a las elecciones autonómicas para anunciar nuevas promesas.

Los sindicatos STEPV-Iv, CGT-CAT y AFID hemos convocado asambleas de trabajadores de la enseñanza para responder a la actitud dilatoria de la Administración valenciana, que debería tomar ya medidas tendentes a la consideración y dignificación de la docencia y la mejora de las condiciones laborales, económicas y sociales de los profesores y profesoras.

Entre las reivindicaciones que planteamos figuran: la equiparación retributiva del complemento específico con el resto de comunidades autónomas; la revisión del Decreto retributivo de los complementos unipersonales; la regulación de la jornada continuada y la autonomía de los centros; la aplicación negociada de un plan integral de convivencia; el establecimiento de medidas de conciliación de la vida laboral y personal; la mejora del acuerdo del profesorado interino y la gestión de las bolsas de trabajo; el cumplimiento de los acuerdos suscritos.

La Consejería de Educación tiene ahora la pelota en su tejado. Estamos dispuestos a seguir hablando, siempre y cuando en las instancias de negociación se planteen respuestas y propuestas concretas a las peticiones presentadas, y exista una voluntad real de aportar soluciones para mejorar la escuela valenciana.

Actualmente tan sólo lo hacen 11 de fuera de Cataluña, mientras que en Alemania se enseña en 33

LLUCIA RAMIS. Enviada especial

LEIPZIG.- Lleno absoluto en clase de catalán para principiantes.Casi veinte adolescentes alemanes, invitados a dedo en los pasillos, aprendieron ayer a decir: «Hola, em dic Johanes i sóc de Leipzig».También aprendieron el significado de 'cervesa' y un abecedario en el que, curiosamente, faltaba la letra ç.

Cada día, el Institut Ramon Llull (IRL) imparte una lección básica de la lengua para que el público de la Feria de Leipzig se familiarice con ella. Algunos no lo necesitan. Actualmente existen 33 universidades alemanas en las que se enseña el catalán. En España sólo hay 11 fuera de Cataluña. Por eso, el director del Ramon Llull, Josep Bargalló, ha decidido tomar cartas en el asunto, y la institución ya se ha puesto en contacto con las universidades en las que se estudia Lengua o Románicas para que incorporen el catalán en su programa. Se prevé que los acuerdos se cierren durante el curso 2007-2008.

Asesoramiento Asimismo, el Institut ha ofrecido asesoramiento a aquellas universidades que ya imparten esta lengua, entre las que se cuentan las de Salamanca, San Sebastián, Zaragoza o Compostela. De hecho, tanto la de Granada como la de Alcalá de Henares tienen convenios con el IRL y mantienen una comunicación fluida con iniciativas en común.

El proyecto es independiente al Instituto Cervantes, con el que el Ramon Llull tiene otro tipo de acuerdos. En total, ahora mismo hay 159 universidades en todo el mundo donde se enseña catalán.Alemania es el país que tiene más lectorados, con 1.800, lo que lo convierte en el lugar europeo donde más se estudia el idioma, sólo por detrás de aquellas áreas en las que éste es cooficial.

Aun así, entre los curiosos que ayer se acercaban al estand del Ramon Llull, había quienes contestaba con un: «Corridas y Andalucía» cuando se les preguntaba qué sabían sobre la cultura catalana.Otros, que ya habían hecho los deberes, mencionaban la Sagrada Família y Dalí. Y hubo incluso un empollón, que dijo: «Sé que el catalán no es un dialecto».

Con el objetivo de que nadie se presente a la próxima Feria de Frankfurt con flamenco en la cabeza, el IRL ha organizado un despliegue de actos que tendrán lugar en más de 80 ciudades alemanas y en los que se dará a conocer los autores catalanes, tanto literarios como de otras disciplinas. Además, según la comisaria de la cultura catalana, Anna Soler-Pont, se ha ofrecido a todos los centros de secundaria una clase en catalán similar a las que se están dando estos días en el estand de Leipzig. La entidad ha hecho esta propuesta a casi 5.000 institutos que tienen el castellano como segunda lengua opcional. «Con la respuesta de un 1% ya nos hubiéramos dado por satisfechos», decía ayer Soler-Pont. Han solicitado estas clases 63 centros. Así que el IRL enviará a Alemania 50 profesores, que introducirán el catalán, si no en la vida de los estudiantes, sí en una de las horas de su vida.

De libros, castillos y el cumpleaños de Günter Grass Pese a que el estand del Llull no es uno de los más visitados de la Feria de Leipzig, tanto la clase de catalán como la presentación del libro de Empar Moliner que se hizo después gozaron ayer de afluencia. Unos pasos más allá, en los expositores de las editoriales alemanas, era relativamente fácil encontrar traducciones de la obra de Rodoreda, Monzó y Giménez-Bartlett; casual dar con el libro de Moliner; y casi imposible topar con cualquier otro catalán; a excepción de Carlos Ruiz Zafón.

Denominada «la fiesta de la lectura», la Feria del Libro de Leipzig está dedicada al gran público. Esta diferencia con respecto a la de Frankfurt, meramente editorial, se refleja en la cantidad de actos que se celebran en las cuatro alas del recinto. El que mayor expectación causó ayer fue la lectura que llevó a cabo Günter Grass, uno de los invitados de Llull en Frankfurt: se expondrán las litografías que el nobel alemán hizo de Cataluña, acompañados de algunos textos. De todas maneras, aunque se han iniciado los contactos para que el escritor esté presente en la Feria: ayer no quiso confirmarlo; por esas fechas cumplirá 80 años y dijo que estaría muy ocupado.

Estos días, la cultura catalana también se ha aventurado fuera del recinto de la feria. Si el jueves Joan Margarit dio su Paraula de jazz en el Schille Theatre (leyó unos versos en alemán que sólo una decena de asistentes entendieron), ayer resonó en el castillo de Gohliser los poemas de Til Stegmann, Montserrat Abelló, Margalida Ballester, Enric Sòria y Miquel de Palol. Este último presentará hoy la versión catalana de El jardí dels set crepuscles, antes de que se lleve a cabo una lectura de fragmentos de Rodoreda y de que la violinista Bettina Wundrak acompañe a Eduard Márquez en un acto conjunto en el Tangomanie.

MILAGROS ASENJO. MADRID.

Hoy comienza la campaña electoral para renovar el Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, la primera de España por el número de alumnos. Los comicios, que en primera vuelta se celebrarán el 25 de abril, ofrecen un especial aliciente. Gustavo Villapalos, que ya fue rector entre 1987 y 1995, intentará volver al cargo, tras superar no pocas dudas y calibrar sus eventuales apoyos.

Junto al ex rector, aspiran al sillón rectoral su actual titular, Carlos Berzosa, y los decanos de Medicina y de Políticas, Ángel Nogales y Francisco Aldecoa, respectivamente.

Como ya sucediera en las elecciones de 2003, ganadas por Berzosa en segunda vuelta con el 56,51 por ciento de los votos, ideologías afines -«sensibilidades ideológicas» prefieren llamarlas los candidatos- concurren a estos comicios divididas. Con matices y simplificando los conceptos, de las cuatro candidaturas, dos (Berzosa y Aldecoa) aparecen encuadradas en la izquierda y otras dos (Nogales y Villapalos) en la derecha. Algunos sectores entienden que esta circunstancia favorece la disgregación del voto y aboca casi inevitablemente a una segunda vuelta. que tendría lugar el día 9 de mayo. Para acceder al cargo en primera convocatoria es preciso superar el 50 por ciento de los votos emitidos.

Al parecer, el rector cuenta con una parte del PSOE, de IU y de Comisiones Obreras, aunque tras un mandato sin sobresaltos puede concitar el apoyo de sectores de centro e incuso de la derecha.

Francisco Aldecoa, militante confeso del PSOE, aglutina a sectores socialistas, UGT y también podría arrancar algunos votos del centro.

Ángel Nogales ha sido postulado por sectores del PP desde Génova, más en concreto por Ana Pastor, que se reunió con varios profesores complutenses y del encuentro surgió el candidato.

Gustavo Villapalos decidió presentarse a los comicios tras varias reuniones con docentes, la mayoría de ellas en Ciencias de la Información. Los apoyos sindicales de CSIT y CSIF-Unión Profesional se encuentran repartidas entre Nogales y Villapalos. En ambos casos, integran los equipos miembros de antiguos rectorados.

Las elecciones se celebran por el sistema de sufragio universal ponderado, lo que para muchos otorga a los comicios un símil político. La ponderación mayor corresponde a los profesores funcionarios doctores.

Espacio Europeo

La convergencia dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que será realdad de 2010, marca los programas de los cuatro aspirantes al Rectorado.

Berzosa, que se presenta a la reelección bajo el lema «Ahora más que nunca» ha intentado en su mandato pacificar la Universidad y afrontar su saneamiento económico.

Entiende que lo que requiere un decidido esfuerzo de todos para reorientar las enseñanzas en un proceso que debe ser participativo y apostar decididamente por la calidad, la innovación y el enriquecimiento curricular. Por eso, su programa, que califica de realista, ambicioso e innovador», se basa en los principios de renovación, transparencia y participación. La investigación forma parte destacada de su proyecto.

Ángel Nogales apela a la colaboración con el reclamo electoral de «Un proyecto de todos». Profesores, estudiantesPAS, Consejo Social e Investigación son objeto de sus propuestas. Se compromete a promover una carrera docente tanto para funcionarios como para contratados y un plan de jubilación anticipada. Coincide con Aldecoa en reclamar la descentralización de la Complutense para una mejor gestión.

Aldecoa reclama el voto bajo el lema «Nuevos retos, nuevo rumbo» y pretende recuperar los sufragios que «prestó» a Berzosa en las pasadas elecciones. Reclama una mayor urgencia en la adaptación al Espacio Europeo y la recuperación de la Ciudad Universitaria, porque «llora» siempre que pasea por ella, según comentó en su presentación.

Villapalos ofrece «Renovación de la ilusión» y, entre otras promesas, destaca la de construir un hospital de día para la comunidad universitaria. Quiere devolver a la Universidad su papel en el ámbito nacional e internacional.

Las elecciones se han adelantado un mes sobre la fecha legalmente prevista -deberían celebrarse a finales de mayor- para sortear los exámenes y facilitar así la participación de los alumnos, que tradicionalmente es muy baja. No faltan quienes interpretan el adelanto electoral como una medida para evitar al coincidencia con los comicios municipales y autonómicos, convocados para el domingo 27 de mayor.

Con todo, la campaña que hoy inicia el camino hacia las urnas universitarias encierra una singularidad. El periodo para pedir el voto coincide con las vacaciones de Semana Santa que se extenderán del 30 de marzo al nueve de abril. Nada impide que se lleven a cabo actos electorales pero lo que nadie garantiza es la asistencia de los alumnos y profesores en sus días de asueto. Por otra parte, Francisco Aldecoa ha presentado un recurso ante la Junta Electoral para que se instalen mesas en todos y cada uno de los centros de la Universidad Complutense y para todos los sectores con derecho a voto.

El día 28-M se celebrarán Elecciones a Comité de Empresa de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Toledo. Se elegirán, mediante votación en las urnas, a los representantes de los profesores de Religión, quienes defenderán los derechos de este cohesionado colectivo laboral ante la Administración Educativa. En medio de la vorágine de la campaña de los comicios municipales y autonómicos, la repercusión de estas elecciones a través de los medios de comunicación será escasa. Y aunque la trascendencia en la vida pública de este proceso sea poca en la actualidad, sí hay que recordar que la lucha por las reivindicaciones laborales no ha sido ni es fácil. Cada vez que un ciudadano ejerce su derecho al voto libre, directo y secreto, el sistema democrático se consolida.

La Constitución Española recoge, en artículo paralelo al referido a los partidos políticos, el perfil de los sindicatos democráticos (tít. prel., art. 7): «Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos».

Juan Pablo II escribió en su encíclica «Laborem exercens» que «son un exponente de la lucha por la justicia social, por los justos derechos de los hombres del trabajo según las distintas profesiones». Siguiendo esta línea, los profesores de Religión tienen la libertad y el deber de defender de sus derechos laborales a través de estas organizaciones, pero teniendo clara la verdadera identidad del profesor de Religión. En este profesional se unen, de manera singular, la vocación de servicio a la sociedad y el desarrollo de su proyecto individual de ser humano, de «ser» persona. La formación en valores, tan necesaria en estos tiempos de desconcierto, se encuentra en el currículo de esta asignatura, tan próxima al hombre de hoy y, a la par, tan acosada por el cabildeo cerril y destructivo de poderosos «lobbys» sectarios y laicistas para borrar aquello que impulsa y desarrolla el lado trascendental del corazón humano. El hecho religioso enraíza en las civilizaciones humanas, en todos los pueblos y en cualquier tiempo, de tal forma que quedan indisolublemente ligados, y son alumbradas manifestaciones culturales que responden a la identidad de cada comunidad. La concreción de lo religioso engendra un patrimonio material y espiritual, transmitido de generación en generación, y forman la «personalidad» cultural de las sociedades, dentro del vivo y fecundo diálogo fe-cultura...

...Pero el profesor de Religión necesita, como persona y docente, una estabilidad laboral y el cumplimiento de sus derechos como trabajador. Ahora, muchos son los problemas que acosan a este colectivo, y más se adivinan en el horizonte con la cercana aplicación de una ley educativa nacida sin consenso. La Ley Orgánica de Educación (LOE) introduce una nueva regulación del profesorado de Religión, negociada en la Comisión Mixta Iglesia-Estado. Me refiero a los reales decretos que desarrollan las disposiciones adicionales de la LOE: tratan de la enseñanza de dicha asignatura y del Estatuto del Profesorado de Religión Católica. Hasta la fecha, prosiguen las negociaciones, continúan las reuniones y poco se sabe, salvo que la Iglesia tomará las medidas legales oportunas si se vulneran los acuerdos Santa Sede-Estado Español y subsiguientes.

El sindicato CSI-CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha potenciado con brío su labor sindical, y en el programa electoral se compromete a reivindicar, aún con más ahínco, en los tiempos opacos que se avecinan, la dignidad profesional del docente que imparte la asignatura de Religión; en particular, se ofrece, a través de sus delegados, a solucionar carencias, desigualdades jurídicas y agravios comparativos en relación a otros trabajadores, dentro la especificidad del profesorado de Religión Católica. Y subraya la necesidad incuestionable del derecho a la información, a la transparencia en negociaciones y acuerdos, al respeto del trabajo bien hecho, a la libertad de elección de estos profesionales, a que se oiga su voz como sujetos activos, y no pacientes.

Es difícil no recordar con sano orgullo el ejemplo de Juan Pablo II, quien colaboró durante los años ochenta con Lech Walessa, líder del sindicato polaco «Solidaridad», en la caída de los regímenes marxistas, por un mundo más libre y justo, al que oscurecen y encarcelan los beligerantes humanismos ateos y anticatólicos, como los que recorren ahora España.

VALENCIA. La amenaza de una huelga planea sobre el sistema educativo, tras la amenaza de los sindicatos de paralizar los colegios e institutos, ya que más de 50.000 docentes están convocados a una huelga el 29 de marzo para forzar a Educación a negociar las retribuciones. CCOO daba ayer a la Conselleria un plazo de doce días para responder a sus demandas, de lo contrario, amenazaron con «emplear los recursos sindicales a nuestro alcance, como movilizaciones, campañas, asambleas, para forzar al Consell a admitir que el modelo actual que proviene del año 1993 ha quedado obsoleto».

Por su parte representantes de la FETE-UGT se concentraron ante el Palau de la Generalitat, para exigir la firma y publicación del Acuerdo de Plantillas de FP.

El sindicato Anpe ha sido uno de los pocos que se ha descolgado de las movilizaciones al asegurar que la Conselleria se comprometió a presentar una ampliación de las retribuciones antes del día 5 de abril.

La pequeña, de 4 años, llegó de su país a Euskadi hace poco más de dos meses La familia había solicitado una escuela pública de enseñanza en castellano

MARTA FDEZ. VALLEJO m.f.vallejo@diario-elcorreo.com/BILBAO

La niña llegó de Colombia hace poco más de dos meses para residir de forma definitiva con sus padres en Portugalete. La pareja decidió escolarizarla con el fin de que pudiera estar en compañía de otros niños y el cambio le resultara menos duro. El padre, Jordi Raba, es natural de Cantabria y, aunque lleva diez años trabajando en Vizcaya, no conocía los entresijos del sistema escolar vasco. «Yo no sé lo que es el modelo A, B, C o lo que sea. Sólo quería una escuela para mi hija en la que estudiara en castellano», explica. Acudió al colegio que más cerca tenía de su vivienda -«a 500 metros»- de modelo A, y pidió plaza para la niña. Le dijeron que había sitio y rellenó la solicitud.

Este trabajador de los Astilleros Zamakona pensó que sólo le quedaba comprar los libros, la mochila y llevar a la pequeña a clase. Pero no le iba a resultar tan fácil. La maquinaria administrativa se había puesto ya en marcha. La normativa vigente en el País Vasco obliga a que cuando un niño extranjero solicita plaza escolar una vez comenzado el curso, una comisión de escolarización debe estudiar el caso para buscarle la escuela más adecuada. Los centros, por tanto, tienen obligación de informar a la Delegación de Educación de las peticiones de matrícula de los niños inmigrantes. La dirección del centro de Portugalete envió la solicitud de la pequeña colombiana a Educación. Los expertos de la comisión se reunieron y concluyeron que debía ir a una ikastola concertada del mismo pueblo.

Los padres se sorprendieron cuando les comunicaron que Educación había «decidido» que la niña no podía acudir a la escuela y que debían matricularla en la ikastola. «¿Pero no tenemos derecho a elegir centro para nuestra hija?», se quejaron. Al día siguiente, el 13 de marzo, Jordi acudió a la Delegación de Educación y solicitó una entrevista con la responsable de la comisión territorial de escolarización. «No me dejó hablar. Dijo que si tenía alguna queja la pusiera por escrito. Me dio dos folios en blanco para que escribiera allí mi reclamación y la entregará en el registro», relata.

Se fue a casa, con los dos folios en la mano, sin entender bien lo que estaba ocurriendo y cada vez más enfadado. Decidió recurrir a un abogado para que le informara de sus derechos. «El abogado me aconsejó que solicitara a los técnicos que pusieran por escrito las razones que tenían para enviar a mi hija a una ikastola». Sin pensarlo dos veces, volvió a presentarse en la Delegación de Educación en Bilbao para hacer su petición a la responsable de la comisión de escolarización. «No quiso hablar conmigo ni poner los motivos de su decisión por escrito», añade. Jordi se plantó en los pasillos de las oficinas de la Delegación y advirtió: «¿De aquí no me muevo hasta que no me den una explicación!»

«Lo mejor para mi hija»

Le atendió un «jefe de planta», recuerda. «Traté de explicarle que la niña acababa de llegar de Colombia y que ya le estaba resultando bastante difícil adaptarse a su nueva vida, sin su abuela que la había criado -la menor recibe apoyo psicológico-, como para meterla en un colegio en el que no iba a entender nada. Le dije que queríamos poder ayudarle con los deberes, participar en sus estudios», añade. La contestación que recibió no le convenció, es más, le indignó. «El 'jefe de planta' me comentó que ese era el gran error de los padres: 'inmiscuirse en los estudios de sus hijos'. Además, argumentó que no habíamos hecho constar en la solicitud el modelo lingüístico que queríamos. Le contesté que hicimos la prematrícula en la escuela de modelo A, ¿qué más elección quería? Añadió que, en todo caso, los técnicos habían elegido lo mejor para la niña». Esa afirmación acabó por sacarle de sus casillas. «Le contesté que es mi hija y que yo decido lo que es mejor para ella, y no las autoridades educativas».

Los padres presentaron el pasado jueves un recurso en la Delegación de Educación contra la decisión de la comisión de escolarización. «En el recurso reclamamos nuestro derecho a que estudie en su lengua materna, en Colombia ya iba al colegio y está avanzada en su aprendizaje, e indicamos que la escuela que queremos tiene plazas libres. Destacamos, además, que la niña recibe tratamiento especializado para poder adaptarse a su nueva vida», detalla Angela, la madre. «Vamos a luchar hasta que lo consigamos, pero lo que más nos duele es que podría estar escolarizada desde hace semanas y la tenemos en casa», concluyen.

M. F. VALLEJO/BILBAO

Los responsables universitarios se han visto obligados a introducir algunas modificaciones en el procedimiento que van a seguir para dar el visto bueno a la labor de los profesores de la UPV, un requisito que deben cumplir los docentes para recibir los complementos retributivos. El vicerrectorado de Profesorado informó a los sindicatos de que, ante la imposibilidad de revisar todas las encuestas de los alumnos sobre el trabajo de los más de 4.000 profesores de la institución académica -el decreto exige que aprueben esos tests-, sólo se revisarán las de los trabajadores que han sido expedientados, sancionados o apercibidos por haber cometido faltas graves, como por ejemplo la no asistencia continuada a clases. Aún así, si estos docentes cuentan con buenas notas de sus estudiantes podrían, incluso, recibir también los extras salariales.

Fuentes sindicales detallaron que hay cerca de 30 profesores expedientados a los que la UPV les revisará las encuestas de sus estudiantes. La decisión de evaluar únicamente a esos empleados que han cometido faltas graves indicaría que el resto, los otros 4.000, accederían directamente a los extras salariales básicos-de entre 1.625 y 2.125 euros al año-.

El decreto de complementos elaborado por el Departamento de Educación establece que para acceder a los complementos más básicos, los C, que premian la labor académica, los profesores sólo deben cumplir dos requisitos: ausencia de informes negativos sobre su docencia -inexistencia de incumplimientos formales, por ejemplo de tutorías, de docencia, plazos de actas, entre otras-, y haber realizado las encuestas en las que los alumnos ponen nota a su forma de dar clases, a la asistencia, puntualidad o forma de evaluar. Los profesores universitarios tienen que aprobar esas valoraciones de los alumnos.

Los departamentos son los encargados de realizar esa labor de evaluación. Sin embargo, se han encontrado con numerosos problemas. Las mismas fuentes sindicales explicaron que el vicerrectorado de Profesorado reconoció ayer la falta de herramientas suficientes para revisar las encuestas de los alumnos de 4.000 profesores de la UPV.