El Estado incumple los acuerdos de cooperación con la comunidad musulmana en materia de enseñanza religiosa en la escuela pública

JUAN G. BEDOYA - Madrid - 27/03/2007

Treinta y tres profesores para 74.000 posibles alumnos, como mínimo. Esta es la situación, un año más, de la enseñanza de la religión islámica en la escuela pública española. Son los datos facilitados la semana pasada por el Ministerio de Educación y Ciencia. Once de esos profesores de Islam enseñan en Melilla, diez en Ceuta, otros diez en Andalucía y dos en Aragón. Decenas de miles de padres y, sobre todo, las federaciones islámicas que les representan no han logrado, tampoco este curso, una respuesta mínimamente razonable a una reivindicación que arrecia desde 1992, el año en que se firmaron los acuerdos de cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica de España.

Algunas comunidades autónomas ni siquiera se han preocupado de este asunto. No tienen datos. A veces ni siquiera tienen noticia del derecho que asiste a los musulmanes a reclamar para sus hijos, en los centros públicos, clases de la religión que practiquen en familia. En cambio, todas pagan religiosamente a miles de profesores de catolicismo, en torno a 15.000 personas en la enseñanza pública, contratados y pagados por el Estado, pero seleccionados para cada curso escolar por los obispos. Otros 15.000 cobran por la misma función en la escuela privada concertada que da esa materia, es decir, la inmensa mayoría del sistema.

Cuando en 1992 se acordó que habría clases de Islam en la escuela pública, en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria, había 17 profesores acreditados, con titulación universitaria (preferentemente recibida en España). Ceuta y Melilla acaparaban la oferta y la demanda. Entonces se dijo que pronto habría cientos de docentes más en toda España, pero el empeño fracasó por falta de voluntad política y mucho miedo.

Los dirigentes islámicos creen, en cambio, que la integración de los niños musulmanes en un sistema de enseñanza religiosa equivalente al que disfrutan los católicos favorecería la asimilación social de la comunidad musulmana y ayudaría a desterrar conceptos asociados al Islam como el terrorismo o el maltrato a las mujeres.

La Comisión Islámica calcula que en España hay no menos de 74.000 alumnos en situación de reclamar enseñanza de islamismo, frente a los 24.000 que constaban el año pasado en los registros autonómicos y del Ministerio de Educación. Otros cálculos elevan la demanda a 100.000 alumnos, "si se publicitara el derecho que asiste a todos los padres a pedir para sus hijos clases de la religión que deseen", observa Mansur Escudero, uno de los firmantes del acuerdo con el Estado en 1992.

La demanda de enseñanza religiosa islámica es en su mayoría de hijos de emigrantes, pero hay también, cada vez más, chicos de matrimonios mixtos -españolas con árabes, la mayoría-, e hijos de españoles conversos a esa religión. Educación exige que para que un centro tenga en plantilla a uno o varios docentes de islamismo debe reunir en cada clase a un mínimo de diez alumnos. A los dirigentes islámicos este requisito les parece injusto, "de muy difícil argumentación". "Un derecho fundamental no puede estar limitado por el número de los demandantes", afirman.

Abundan los centros escolares en los que alumnos musulmanes acuden a clase de catolicismo porque no se les facilita la enseñanza de su religión. "Mejor eso que dejarlos en el patio, solos, como si fueran unos marginados", reconoce un director de un colegio público en Asturias que ha optado por esa extravagante solución.

La asignatura de religión confesional, de acuerdo con la legislación vigente, es "de oferta obligatoria" para los centros y voluntaria para los alumnos. En España tienen derecho a enseñanza religiosa confesional pagada por el Estado la Iglesia católica y las religiones que cuentan con el calificativo oficial de "notorio arraigo", es decir, protestantismo, judaísmo e islamismo.

El acuerdo colectivo avanza lentamente a pesar de llegar con cinco años retraso

PILAR CHOZA - Sevilla - 27/03/2007

Los 6.000 profesores contratados como personal laboral en las universidades andaluzas nunca han tenido un convenio colectivo. Tras cinco años de movilizaciones sindicales, por fin, hace seis meses, los docentes de las nueve universidades públicas se sentaron con los rectores para negociar el que será su primer convenio. Un único texto que regirá para todos los profesores andaluces con contrato laboral (el 40% de los profesores universitarios). Aún así, profesores y sindicatos coinciden en que la negociación va lenta y casi está "en punto muerto".

Hasta ahora, y desde que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) -actualmente se tramita su reforma- sustituyera en 2002 las figuras administrativas sobre las categorías laborales que existían con la norma anterior (LRU), los sindicatos no habían conseguido que los rectores trataran este asunto. Incluso, según explica Francisco Espada, responsable de Universidad de la Federación de Enseñanza de CCOO, tuvieron que recurrir al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) para que la negociación despegara. "Fue difícil conseguir sentar a los responsables de las universidades en la mesa negociadora. Tuvo que intervenir el CARL en 2004. Finalmente, en septiembre pasado CC OO -con mayoría absoluta- y UGT constituyeron una comisión negociadora", explica Espada. Meses después, la Junta de Andalucía se incorporó a las negociaciones.

En otras comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña o Aragón, estos convenios funcionan desde hace años y en el resto de regiones o existen ya o las negociaciones están avanzadas. "Andalucía es una de las pocas comunidades que quedan sin convenio. Es llamativo porque llevamos más de cinco años con la LOU en funcionamiento", explica María Jesús Aldecoa, responsable de Universidades en la federación de Enseñanza de UGT Andalucía.

Debido a estas dificultades, los sindicatos decidieron enfrentar la situación de forma común y realizar un solo convenio para todo el personal laboral de la comunidad universitaria andaluza. "Se planteó la posibilidad de que cada universidad negociara su propio convenio, pero se vio que conjuntamente se podían obtener mejores resultados", recuerda Víctor Molina, presidente de Adius, la asociación sevillana de profesores que desde hace un año reivindica derechos a incluir en la reforma de la LOU, ya aprobada en el Senado.

Hasta el momento, a pesar de haber tenido varias reuniones, todavía no se han llegado a plantear los problemas que más preocupan al personal laboral. "No se ha hablado de los puntos cruciales: las retribuciones y la promoción del profesorado", apunta María Jesús Aldecoa. El principal punto de conflicto, precisamente, enlaza estos dos aspectos: por un lado, debido al pago de los seguros sociales, a las universidades les sale más caro el personal laboral que el funcionario; pero, por otro, la carrera docente establecida en la LOU no facilita el paso de los profesores contratados a las figuras funcionariales: "Pagar a dos contratados cuesta tanto como mantener a tres funcionarios", argumenta Víctor Molina.

Según los sindicatos, el argumento de las Universidades para no conceder derechos al personal laboral se basa en su temor a que los docentes se acomoden en esa situación. "Ésa no puede ser la razón de que los profesores se queden sin derechos", opina Aldecoa. Entre las deficiencias que pretenden erradicar los docentes de esta categoría está el sistema de pago por complementos: el personal contratado universitario sólo puede cobrar por trienios -por antigüedad-, pero no por quinquenios -méritos docentes- o sexenios -méritos investigadores-, como sí lo percibe el personal funcionario. El salario de un profesor investigador con la mayor cualificación alcanzará, como mucho, el 90% del sueldo de un funcionario. "Las universidades, además, involucran a la Junta, responsable del pago de los salarios. Ésta, por su parte, señala a la Universidad como principal administradora en este asunto", añade.

Los responsables universitarios no harán declaraciones sobre el tema, según aseguraron a EL PAIS, hasta que terminen las negociaciones.

Los sindicatos convocarán una única y última mesa antes de Semana Santa y esperan que de ella salgan avances concluyentes. "Si no es así, comenzaremos las movilizaciones", concluye el responsable de CCOO.

La reforma de la LOU salió el pasado miércoles del Senado con la inclusión de algunas enmiendas presentadas por los grupos en representación del profesorado, entre ellas, según explica Espada, la no exclusión de los doctores para ser contratados como docentes y que los profesores acreditados puedan acceder directamente al cuerpo de funcionarios. Otra de las enmiendas aprobadas establece que los ayudantes sólo podrán impartir 6 créditos anuales (60 horas). "A muchas universidades, como la Hispalense, esto no les convendrá, pues harán falta cuatro ayudantes para la docencia que antes impartía uno", añade Espada. La reforma tiene aún que pasar por el Congreso, para que se ratifiquen estas enmiendas.

María José Gómez, de 28 años, conoce lo que es trabajar en un sistema en el que los términos de los contratos a veces pueden no estar claros. Un ejemplo de lo que un miembro del personal laboral docente puede encontrarse en la actual situación.

María fue contratada el 4 de octubre para impartir la asignatura de Teoría de la Relaciones Laborales en la Universidad de Huelva (UHU). Un contrato "por necesidades temporales", es decir, con finiquito: el 18 de diciembre. Debía dedicar seis horas semanales, tres de clase presencial y tres de tutoría. Cobraba 230 euros al mes.

El problema surgió cuando supo que parte de esa asignatura se impartía a través de Internet. "En mi contrato no aparecía. Seguí trabajando, pero me di cuenta de que dedicaba muchas más horas de las que había firmado", afirma. Fuentes de la UHU reconocen que en su caso se produjo un error en el cómputo total de horas que la profesora debía impartir, porque no se tuvieron en cuenta las clases en la Red. Las mismas voces, no obstante, afirman que se le ofreció la solución de incorporar más horas en el contrato, "a lo que ella se negó". "Sólo me ofrecieron una hora más", defiende María José, "y eso no era suficiente. Lo rechacé.".

Juan José García del Hoyo, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, reconoce que la falta de regulación de la atención docente telemática ocasiona problemas. "Cada departamento lo hace de una forma distinta". En todo caso, García del Hoyo, duda de que se produjese un error en la Universidad. "Sé que este tema se habló en los departamentos, pero lo podía haber comunicado en mi vicerretorado. Y se podía haber subsanado". María José afirma que llamó "a muchas puertas pidiendo una solución. No llegué al vicerrectorado por puro agotamiento".

El catedrático de Filosofía Pedro Molina (62 años), acostumbrado a trabajar en el ámbito de la antropología cultural y social, será rector de la Universidad de Almería (UAL) durante los próximos cuatro años. Molina ganó ayer a su rival Carmelo Rodríguez (42 años) y catedrático de Estadística e Investigación Operativa. El nuevo rector consiguió más del 50% de los votos emitidos.

Para esta nueva etapa en la que la UAL deberá afrontar la adecuación al Espacio Europeo de Educación, Molina tendrá la oportunidad de cumplir con uno de sus mayores compromisos programáticos: que todo gire en torno a la formación integral de los estudiantes y que el proceso europeo, que es la formación "por competencias" de los estudiantes, sea un nuevo modelo formativo basado en el impulso del aprendizaje sin renunciar a la transmisión de valores.

Sólo diez minutos antes del cierre de las urnas el índice de participación era de un 95% para el Personal Docente Investigador (PDI) funcionario Doctor, cuyo peso en la elección del rector supone un 51%. Molina ganó en esta urna por 217 votos frente a 203 de su oponente. La participación del funcionariado no doctor ascendió a un 78% y el PDI no contratado superó el 78% (entre los dos, el poder en la elección del nuevo rector es del 14 %). Por su parte, el personal de administración y servicio llegó casi al 100% de participación y su influencia en la elección del ganador era de un 10%. Ésta fue la única urna en la que Rodríguez salió victorioso. El alumnado, que apenas llegó a un 25% de participación -sólo votaron 2.784 alumnos de los 11.714 matriculados- cuenta con un peso del 20%.

Molina y Rodríguez ejercieron como vicerrectores de Alfredo Martínez Almécija, quien estuvo al frente de la UAL durante diez años.

Molina ha defendido durante su campaña a los estudiantes como "la razón de ser" de la Universidad y ha insistido en la necesidad de conseguir formar "excelentes profesionales, buenos ciudadanos y, al mismo tiempo, darle un impulso a la investigación en el campo del I+D+i, a la innovación para potenciar la sociedad del conocimiento que nos permita mejorar".

La Comisión Europea premia a la Universidad de Huelva por su docencia en otros idiomas

MANUEL J. ALBERT - Huelva - 27/03/2007

Se celebra el medio siglo desde la firma del Tratado de Roma, germen de la actual Unión Europea. En estos cincuenta años se han fomentado los lazos de unión entre los distintos países que componen el mosaico multinacional que es la UE. Uno de los campos en los que más se ha trabajado ha sido la educación. Precisamente, la Universidad de Huelva ha sido galardonada por parte del Ministerio de Educación y Ciencia y la Comisión Europea con el Sello Europeo 2006 por su proyecto piloto de enseñanza en inglés iniciado el curso pasado.

Así de radical es el programa iniciado en la UHU. Clases en inglés para asignaturas completas. Y para alumnos tanto españoles como extranjeros integrantes del programa Erasmus de intercambio de estudiantes universitarios de la UE. El responsable de la introducción del inglés en una veintena de asignaturas ha sido el vicerrector de Relaciones Internacionales, Enrique Bonsón. "El presente curso tenemos a unos 200 alumnos matriculados en este tipo de asignaturas. Los estudiantes españoles suponen el 40%, y el resto son Erasmus", explica Bonsón.

Si el curso pasado fueron 17 las asignaturas que se impartieron en inglés, este curso serán 20. "Las áreas en las que trabajamos son Ciencias del Trabajo, Ingeniería, Educación y Administración de Empresas", explica Bonsón. Para este vicerrector, la importancia del inglés es fundamental. "Se ha convertido en el nuevo latín, en la nueva lengua franca. Y aquí no sólo sirve como aplicación práctica y ejercicio de mejora lingüística para alumnos y docentes, sino como un fantástico mecanismo de integración para los alumnos extranjeros que nos visitan", comenta Bonsón.

Este curso son unos 120 los alumnos Erasmus que han viajado hasta Huelva para recibir clases en su Universidad. "Un crecimiento que supone casi un 100% con respecto al curso anterior", apostilla Bonsón. Ilona Valeikaité, de 20 años y procedente de la Universidad de Vilna (Lituania) es una de las alumnas que se han acogido a este programa de becas Erasmus y que se ha matriculado en algunas asignaturas en inglés. "Cuando llegué, mi inglés era bastante mejor que mi español, ya que apenas lo hablaba", dice en un más que correcto castellano, tras sólo cuatro meses de aprendizaje. "Las clases en inglés me sirvieron para conocer gente y conocer mejor la asignatura, aunque ya no tengo problemas".

Ella, como sus cuatro compañeros extranjeros de la clase que está a punto de impartirles Enrique Bonsón, son estudiantes de económicas y empresariales. "El dominio de los idiomas es fundamental. Estas clases te sirven para afianzar el inglés, que es la lengua de los negocios. Pero el estar en España, el aprender español, es también muy importante, porque se habla en muchos países", apunta el francés Samuel Dufay, de 21 años.

El esfuerzo de aprender inglés no recae sólo en los alumnos, sino también en los profesores. Para incentivar que los docentes se inscriban en esta modalidad de enseñanza la UHU oferta financiación y distintos soportes para aprender el idioma. Además, ayuda mucho el servicio de Lenguas Modernas de la UHU. Actualmente hay 25 profesores implicados en el proyecto y Bonsón confía en que se vaya ampliando el número ya que "la valoración está siendo muy buena".

¿Y qué opinan los alumnos españoles que han tenido la experiencia de recibir clases en inglés dentro de su propia universidad española? Noelia Muiño, formó parte de la experiencia piloto del año pasado, mientras estudiaba Administración y Dirección de Empresas. "La experiencia es fantástica, pero a los españoles nos cuesta todavía dar este tipo de pasos. Da miedo. Pero poco a poco se van apuntando más alumnos y profesores", afirma.

Los expertos ven "imposible" estimar los recursos de más de 20 sociedades participadas

P. GÓMEZ DAMBORENEA - Bilbao - 27/03/2007

Un informe de la UPV asegura que "resulta imposible estimar el total de recursos que se gestionan" a través del "entramado de empresas y fundaciones" que ha creado el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación "para desarrollar su actividad". El informe, encargado por la Diputación Foral de Álava, será presentado mañana en las Juntas Generales de este territorio. La Universidad considera que esta "tupida red de empresas" suscita "múltiples interrogantes", cuestiona su propia necesidad y duda sobre los "objetivos finales que persigue".

El entramado empresarial del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación ha sido objeto de preguntas e interpelaciones del PP y del PSE-EE el último mes en el Parlamento vasco. De hecho, de resultas de una proposición no de ley socialista, el Gobierno tiene seis meses para presentar un estudio sobre todas las sociedades participadas por este departamento. El resultado de este trabajo tendrá que compararse con el que ha realizado el Departamento de Economía Aplicada V de la UPV, en el que participan los catedráticos Felipe Serrano, Marisol Esteban y Alberto López Basaguren.

La UPV estructura la red empresarial (ver gráfico) de 21 empresas en torno dos empresas públicas Mendikoi y Neiker, una empresa con participación mayoritaria del Gobierno, IKT, y tres fundaciones dependientes de él, Azti, Elika y Kalitatea. El informe, realizado a raíz del presentado en febrero de 2006 sobre el reparto de competencias entre diputaciones y Gobierno, asegura que es "imposible estimar" el total de recursos que se gestionan a través del entramado empresarial.

Así, señala que tan solo se conocen las partidas presupuestarias que el Gobierno transfiere a las dos sociedades públicas y las subvenciones que se habilitan a favor de las fundaciones. También indica que muchas de estas sociedades reciben "subvenciones nominativas" del departamento. En el entramado presentado por la UPV faltan aún otras sociedades participadas por el Gobierno, como Gurokela.

Mucho personal

La plantilla del Departamento asciende a 139 personas, la de Neiker a 140 y la de Mendikoi a 96. Los costes de toda este personal asciende a 17.605.160 euros, según los datos de los Presupuestos de 2006. De esta cantidad, un poco más de la mitad (8.850.662 euros) corresponde a las dos sociedades públicas.

El informe, que fue solicitado con el fin de determinar si existe invasión de competencias forales por parte del Gobierno, considera que la "red de empresas, montada fundamentalmente entorno a Neiker, suscita múltiples interrogantes", a los que la UPV no se atreve a dar respuesta. El primero es saber si las políticas del Departamento "realmente" precisan de este entramado empresarial. "La utilización de la figura jurídica de empresa pública, en principio, puede proporcionar instrumentos de intervención más ágiles y rápidos que el proceso administrativo, lo que la habilitaría como agente de la política del Departamento. Sin embargo, las múltiples ramificaciones que se han detectado alimentan la duda sobre los objetivos finales que se persiguen con este entramado", asegura,

Así, destaca como "llamativo" el cruce entre empresas con participación minoritaria de la administración, como Iparlat SA, con la Fundación Kalitatea, que toma a su vez participaciones en otras empresas, y que después, junto con Neiker SA constituyen terceras empresas, Neikertek SL, que a su vez crea otra empresa, Vakunek, SL. Todas estas participaciones no figuran en la información sobre Neiker de los Presupuestos.

Por estos motivos, los catedráticos de la UPV consideran adecuada la reiterada petición del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas al Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas para que facilite periódicamente las cuentas anuales y auditorías de estas sociedades en que el Gobierno participa de forma minoritaria. Además, el tribunal recomienda que sólo se creen estas sociedades si se dan "poderosas razones de eficacia y eficiencia".

El informe hace un repaso a cada una de las sociedades en el gráfico de forma individual y las conexiones que tienen unas con otras. Las empresas se dedican a fines varios, que van desde la mejora de los lácteos (Instituto Lactológico de Lekumberri SA), el biodiésel (Bionor), las biociencias (Vacunek) o el diseño, fabricación y comercialización de plataformas volantes no tripuladas (Aerovisión SL).

El informe del Departamento de Economía Aplicada V de la UPV sobre la invasión de competencias por el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación de los territorios forales hace un inciso en los fondos FEOGA que llegan de la Unión Europea. Asegura que en ocasiones "no ha sido posible separar las partidas de gasto correspondientes a los fondos FEOAGA de las partidas propias del Gobierno". La UPV lo achaca a la "manera en que proporciona la información" el Departamento. Los pagos realizados por el organismo pagador de Euskadi se han obtenido del Ministerio de Agricultura. Lo recibido por cada territorio y lo gestionado por el Gobierno les ha resultado a los catedráticos imposible de obtener. Es más, la "información documental sobre los beneficiarios finales de estos fondos no está disponible públicamente".

El trabajo calcula también los fondos que ha destinado el Gobierno a cuestiones que considera la UPV de competencia foral. Así, establece que en 2005 el crédito habilitado a programas para los que no cuenta con competencias fue de 57.402.627 euros y el finalmente concedido fue de 41.379.836 euros. Si a esta cantidad se le suma los fondos FEOAGA, que han podido detectar, el volumen de recursos concedidos por el Gobierno ascendería a 43.829.652 euros. El trabajo se cerró antes del final de 2006 y por tanto sólo fija el crédito habilitado, que con los fondos europeos, asciende a 31.660.194 euros. Señalan lo expertos que esta cantidad podría haber subido, mediante la habilitación de nuevos créditos, tal y como ha pasado otros años.

El informe de la UPV lleva en manos de la Diputación Foral de Álava desde el pasado noviembre y se ha mantenido en secreto. Los partidos políticos tendrán la posibilidad de conocer su contenido mañana en la Comisión de Agricultura de las Juntas Generales de este territorio, donde van a comparecer los catedráticos que lo han elaborado. Él análisis del informe se podrá hacer así en sede parlamentaria, justo al límite del cierre de la legislatura foral, dado que hay elecciones el próximo 27 de mayo.

El Ayuntamiento de Portugalete terció ayer en la polémica abierta en el municipio por la decisión del Departamento de Educación de matricular a una niña colombiana adoptada de cuatro años, residente en la localidad, en una ikastola que da el modelo D (todo las asignaturas en euskera, menos la lengua castellana), en contra del criterio de los padres. Los progenitores habían solicitado el modelo A (enseñanza íntegramente en castellano con el euskera como asignatura). Incluso habían hecho los papeles para inscribir a su hija en el colegio Ruperto Medina, situado a 500 metros de su domicilio en la localidad vizcaína, y que ofrece el modelo A. Los padres han recurrido la orden de la consejería.

El concejal de Educación de Potugalete, el socialista Juan Carlos Castaño, ha enviado una carta al consejero de Educación, Tontxu Campos, en la que le muestra su "honda preocupación" por la decisión de su departamento de escolarizar a la niña en un modelo lingüístico que no han elegido los padres y le pide que atienda la petición de éstos y derive a la pequeña a la línea de enseñanza en castellano.

En la carta, el concejal manifiesta que no entiende ni comparte la decisión de escolarizar a la niña en una ikastola , en modelo D, "cuando sus padres han elegido libremente centro y modelo lingüístico" y "

Vulneración de derechos

En esta línea, apuntó que, si se estuviese impidiendo que los padres escolaricen a sus hijos donde quieran, se estaría cuestionando el sistema educativo y vulnerando sus derecho de elección, uno de los pilares del actual sistema educativo.

Cuando los padres matricularon a su hija en el colegio Ruperto Medina, éste tuvo que informar a la delegación de Educación en Vizcaya, ya que se trataba de una inscripción fuera de plazo y en estos casos debe ser una comisión específica de escolarización la que estudie el caso. La sorpresa para los padres llegó cuando le notificaron que su hija debía estudiar en modelo D, algo a lo que el padre se opone y recuerda que su hija ya había sido escolarizada en castellano en Colombia. Su deseo es poder ayudarle con los deberes, participar en sus estudios y hacerle la transición de Colombia a Euskadi más fácil.

Manuela Fernández, gitana y catalana, como se define, es técnica de la Unidad de Atención a la Comunidad Gitana, del Deptamento Gobernación y Administraciones Públicas) y responsable de proyectos europeos. Educadora social, a punto de terminar Pedagogía, Fernández es miembro fundador de la Asociación gitana de mujeres Drom Kotar Mestipen. Recientemente intervino en Bilbao en el seminario Educación ¿de todos y para todas las personas? El caso de la comunidad gitana.

Pregunta. Un curriculum de exito el suyo. ¿Tuvo apoyo por parte de su familia cuando quiso estudiar?

Respuesta. Mi éxito académico se debe en parte a mi familia y, en especial, a mi padre, que siempre me ha animado. Mi padre es muy gitano, pero con una mente muy abierta. Eso no es incompatible en nuestro pueblo. Generalmente, las familias gitanas lo que quieren para sus hijos es lo mejor, y actualmente lo mejor pasa por la educación.

P. ¿Se ha sentido discriminada por ser gitana?

R. Directamente no, porque mi aspecto físico no me delata. Pero indirectamente sí, no sólo por comentarios que escucho o por tópicos que se repiten sobre el colectivo gitano. Para mí también es discriminación indirecta que ninguna institución me represente, que la escuela no me represente, que mi cultura no esté reconocida en la escuela y que yo, por tanto, no me pueda identificar.

P. ¿Es tan dura la situación?

R. Hay invisibilidad de mi cultura, y por tanto, de mí misma, en el sistema educativo, pero también en el sistema político, en los servicios sociales, en los hospitales. Y sí he visto discriminación directa hacia otros gitanos. He visto racismo.

P. ¿Admite que el colectivo gitano tiene una labor que hacer para eliminar esa discriminación?

R. El pueblo gitano tiene mucho que hacer. Para superar esta desigualdad o exclusión en la que nos encontramos, el camino pasa por la educación. Pero no podemos hacerlo solos. Hay que eliminar ya la idea de que los gitanos queremos estar aparte, segregados. No. Los gitanos formamos parte de la sociedad. Queremos integrarnos sin abandonar nuestra cultura.

P. ¿Cómo se logra eso?

R. Las políticas sociales tienen que ser más inclusivas. Hay un trabajo común. Por un lado, tenemos unos derechos y las diferentes políticas públicas tienen que asumirlos, y por otro lado, nosotros queremos estar en la sociedad, pero sin perder nuestra identidad.

P. Pero esa no es la imagen que se da.

R. Exacto, es una cuestión de imagen. Pero tampoco queremos la educación a cualquier precio. Sobre todo, en un momento en el que con la inmigración se están reconociendo otras culturas. Pero el Estado español ya era diverso antes de que llegara la inmigración.

P. ¿Y la situación de la mujer gitana ante la educación? Usted es una excepción.

R. Cada vez, por suerte, somos más excepciones. Yo lo comparo con el movimiento feminista y con las primeras mujeres que llegaron a las universidades: también fueron excepciones, pero marcaron camino y abrieron la entrada en un mundo de hombres. Ahora el mundo es muy payo; vamos algunas y algunos abriendo camino para que algún día todo sea mucho más plural.

P. La mujer gitana está más discriminada que el hombre.

R. Evidentemente la mujer gitana está triplemente discriminada, por ser mujer y vivir el mundo machista (que lo vivimos todas), por pertenecer a una minoría étnica perseguida durante siglos, y por carecer de titulaciones académicas que permiten acceder al mercado de trabajo. Aunque las mujeres gitanas estamos protagonizando un momento de cambio muy fuerte. En cuestión de género, a las gitanas les pasa como a las payas, que en la universidad arrasan, son mejores que sus compañeros.

P. ¿Existe el feminismo gitano?

R. Sí, la primera asociación gitana de mujeres nace en 1991 en Granada, pero nuestro feminismo es diferente al payo. El feminismo gitano es más inclusivo, incluye a los hombres. El feminismo payo es más monocolor, se dirige sobre todo a mujeres blancas y universitarias.

Los convocantes critican la carga excesiva de trabajo, el precio de las maestrías y la falta de recursos

JUNE FERNÁNDEZ - Bilbao - 27/03/2007

La Universidad del País Vasco (UPV) vivirá por segundo año una huelga general de los estudiantes contra el Proceso de Bolonia, que equipara la educación superior en los países europeos. A tres años de la culminación de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), los sindicatos estudiantiles critican la carga excesiva de trabajo propuesta, la carestía de los cursos de posgrado y la falta de infraestructuras y personal para desarrollarlo adecuadamente. Las organizaciónes convocantes del paro aseguran que no critican tanto la metodología como su modo de aplicación.

Ikasle Abertzaleak (IA), el sindicato estudiantil mayoritario en la UPV, asegura que la huelga es una "respuesta unánime y contundente a un proceso que no se va a poder desarrollar por simple imposición", según su portavoz, Gorka Zozaia. Reconoce IA que el EEES introduce avances respecto al modelo actual, pero rechaza que sea la única manera de impulsar una renovación pedagógica. Frente a su discurso político ante la anterior huelga general -celebrada en noviembre de 2005 en todos los países europeos-, esta vez IA se centra en señalar los primeros síntomas de las reformas: "Los estudiantes trabajan más de cuarenta horas a la semana para completar los créditos a un ritmo frenético que los ahoga. Los máster, cuyas tasas son desorbitadas, van a ser imprescindibles para tener un título superior", indica Zozaia.

El grupo independiente que lidera el Consejo de Estudiantes de Sarriko -el centro con más alumnos de la UPV- considera buena la nueva metodología, pero se sumará a la huelga para denunciar la falta de medios en la UPV. "No hay aulas ni profesores para crear los grupos reducidos que exige el sistema europeo", señala Jorge Macho, tesorero del Consejo, quien cree que el ritmo de aplicación del proceso está siendo muy precipitado.

Eraldatu, antigua Izquierda Universitaria -tercer sindicato más votado en toda la universidad y uno de los más opuestos al EEES-, al contrario que el año pasado, no se sumará a la huelga porque considera que no se dan las condiciones necesarias para una protesta de tal envergadura, tales como un alumnado informado y un movimiento estudiantil fuerte.

Tampoco lo hará La Voz del Estudiante, organización independiente al frente del Consejo de Estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería. "No se puede parar el proceso, por lo que nos centramos en problemas concretos. Rechazamos la politización del proceso: hay quien usa Bolonia para acercar al alumnado a su ideología", afirma su secretario, José Luis Sanz.

El EEES sustituye la clase magistral por nuevas modalidades docentes que exigen una mayor implicación por parte del alumnado, pero Sanz cree que en la UPV no se ha hecho más que "cambiar el nombre a la clase teórica de siempre". Destaca el "descontrol" en la planificación de las asignaturas, que dificulta compatibilizar estudios y trabajo.

El Consejo de Estudiantes del centro de San Mamés está especialmente inquieto por la previsible desaparición de la Ingeniería Industrial, a la que sustituirán ingenierías especializadas de cuatro años. "No salimos rentables, pero la universidad tiene que formar, no rentabilizar", subraya Sanz. Que los estudios se enfoquen para satisfacer las demandas de las empresas es una queja recurrente. "Se nos preparará como un mero producto", sostiene Macho. Zozaia añade que, "en vez de fomentar el libre pensamiento, los estudios estarán encaminados al mundo laboral", y denuncia que la Organización Mundial del Comercio (OMC) y "otros actores muy definidos del mundo empresarial" están detrás del proceso de convergencia. Frente a este modelo, reclama un gran debate en cada facultad, con el que consensuar un modelo que permita avanzar.

El vicerrector de Alumnado, Xavier Etxague, rechaza hacer una valoración sobre la huelga, pero señala que el alumnado dispone de cauces para plantear quejas y debatir en los órganos de gobierno de la universidad. Considera imprescindible adherirse a Bolonia para ser una universidad significativa e insta a quienes se oponen a presentar "una alternativa universitaria, competitiva y atractiva". "Los nuevos modelos pedagógicos responden mejor a las necesidades actuales, porque introducen las competencias y habilidades que demandan las empresas", añade.

Etxague destaca que el ratio profesor-alumno de la UPV es adecuado, que las reformas de los campus permitirán implantar las nuevas modalidades docentes, y se muestra abierto a analizar si la carga de trabajo es excesiva y ajustarla. "Pero es natural que en estos procesos aparezcan resistencias y, ante éstas", concluye, "hay que convencer y sumar voluntades".

Déficit de información

A escasos días de tener que decidir si secundan o no la huelga convocada, tres alumnas, preguntadas por el proceso de Bolonia, coinciden en la misma crítica: apenas tienen información sobre las reformas que está impulsando y les preocupa que con el nuevo sistema de créditos la carga de trabajo sea excesiva.

Lucía Vara, estudiante de Ingeniería, es tajante: "Estoy en contra de Bolonia. No me gusta el sistema que impone. Prefiero estudiar para un examen fina,l porque lo contrario supone demasiado trabajo". Sin embargo, cree que no podrá hacer huelga porque en su clase ni se suele plantear la posibilidad, ya que los profesores no acceden a recuperar las horas de clase perdidas.

Lo mismo le ocurre a Silvia García, estudiante de quinto de Medicina en la Unidad Docente del Hospital de Cruces. "Si toda la clase paráramos, me lo pensaría, pero no creo que se haga porque los estudiantes no ven la huelga como una reivindicación, como un derecho, sino como algo que nos va a hacer perder horas de clase", sostiene. Reconoce no haber recibido información más que "por algún cartel y los comentarios de algunos profesores, que prevén que con Bolonia se reducirá el temario". No se atreve a posicionarse, aunque le preocupa que "la actitud más activa que se le exige al alumnado conlleve mucha más dedicación". Cuestiona, además, que haya medios suficientes para realizar más clases prácticas.

Mireia Quintana estudia Publicidad en una facultad, la de Ciencias Sociales y de la Comunicación, en la que habitualmente las aulas se vacían en todas las protestas. Votará a favor de la huelga porque, aunque reconoce no estar al tanto de las consecuencias del EEES, está "en contra de los procesos de convergencia europea" y le preocupa la posibilidad de que algunas asignaturas se vayan a impartir en inglés.

CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE BOLONIA

Junio de 1999. Veintinueve países europeos, incluida España, fijan los objetivos básicos para la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en la llamada Declaración de Bolonia.

2004. La UPV empieza a formar a su profesorado e introduce varias clases piloto.

2006. En diciembre, el Ministerio de Educación presenta su propuesta para elaborar el catálogo de titulaciones. La UPV oferta las primeras 13 maestrías oficiales. Las organizaciones estudiantiles convocan varias huelgas contra Bolonia.

2008-2009. El calendario fijado por el ministerio fija que estos años comenzarán a impartirse los títulos de grado adaptados.

2010. El sistema educativo tendrá que estar completamente adaptado al EEES.

Alrededor de 800 padres y alumnos del colegio público Gregal se manifestaron ayer en Castellón para reivindicar la construcción de un aulario comprometido por la Generalitat hace años. El centro fue construido en 1988 para 250 estudiantes y, actualmente, hay 397 matriculados, mientras que las previsiones indican que llegarán a 425.

"Tras numerosas actuaciones con las distintas administraciones, del todo infructuosas, vemos con impotencia cómo la situación empeora, y con un gran sentimiento de estafa porque a quienes se está estafando es a los niños", señaló el colectivo de padres y madres de alumnos.

El cambio de colegio para estudiar en un instituto -al que obliga la ley al término de la enseñanza Primaria y el paso al nivel superior de Secundaria- evitará desplazamientos innecesarios a las familias y "garantizará" que el alumnado de un barrio pueda "continuar" sus estudios en el instituto de referencia de su zona próxima al domicilio para evitar que a la temprana edad de 11 y 12 años tengan que cambiar de barrio y de compañeros. Es decir, que a la hora de regular la planificación educativa, la Generalitat valenciana se obliga por ley a primar "la reducción del tiempo dedicado al desplazamiento del alumnado al centro docente" y a "hacer públicas las áreas de influencia de los centros docentes y las limítrofes", según se recoge en el decreto de Admisión de Alumnos presentado ayer por el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, el secretario autonómico, Máximo Caturla, y el director general de Enseñanza, Josep Vicent Felip. Un texto que entrará en vigor en septiembre próximo para todos los centros públicos y concertados del sistema educativo valenciano.

El decreto -según se contempla en el articulado del Capítulo II sobre áreas de influencia y adscripción de centros- deja meridianamente claro que además de la proximidad del domicilio del niño y del colegio de primaria al que asiste, "en caso de que el IES de Secundaria receptor no pueda absorber todo el alumnado procedente del colegio de Primaria de dos o más líneas, este colegio podrá elegir entre dos institutos, adscribiéndose por líneas a uno y a otro instituto, para garantizar la continuidad de todo el alumnado".

Esta precisión persigue que niños de un colegio que estudian íntegramente en la línea en valenciano, por ejemplo, tengan garantizada esta continuidad educativa en su mismo barrio. Esta "determinación" se extiende a todos los niveles educativos obligatorios, incluyendo por vez primera a los niños de 3 a 6 años, que cursan el segundo ciclo de Infantil, como propone la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) que empezará a aplicarse el próximo curso 2007-2008, puntualizó Font de Mora.

Los padres y la comunidad educativa jugarán un papel clave en la "adscripción", de manera que "previo estudio de las necesidades de escolarización en la zona" en el periodo previo de consulta, "los padres, madres o tutores legales manifestarán su voluntad de que el alumno continúe estudios en su centro de adscripción". Incluso, "si el centro receptor no tuviera plazas suficientes [por incremento de la demanda] tendrá prioridad el alumnado procedente de niveles anteriores de un mismo centro sobre el de los adscritos".

El segundo talón de Aquiles de la matriculación -evitar cierta tendencia a la falsificación de los documentos fiscales presentados por las familias para obtener una plaza en su centro de preferencia- contará con la colaboración de la consejería, que será la que "remitirá a Hacienda la documentación", tal como fija la LOE en su artículo 81.

Lo mismo operará para los titulares de centros públicos o concertados que "en ningún caso podrán percibir cantidades de las familias por recibir enseñanzas que son de carácter gratuito". "Tampoco podrán imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones asociados a las enseñanzas obligatorias", precisa el nuevo decreto valenciano, tras las múltiples denuncias de "cobros ilegales" en la mayoría de grandes centros concertados. Ante las quejas de que algunos de esos centros están vinculados a grupos religiosos con idearios que, por ejemplo, segregan a los niños de las niñas o consideran la homosexualidad como una enfermedad, el decreto propone algunas garantías. "El ideario del centro tendrá que difundirse públicamente", precisó Felip, y "respetar los valores constitucionales", remató el consejero.

VALLADOLID. La Consejería de Educación ha ampliado el proyecto «Vitamina E, educar para emprender» a los alumnos de Primaria y Bachillerato de la Comunidad con la edición de materiales didácticos adaptados con el objetivo «de inculcar en los alumnos de estos colectivos el espíritu emprendedor», indicó el responsable de Educación, Francisco Javier Álvarez Guisasola en la presentación de esta iniciativa a los responsables provinciales, informa Ical.

Se trata de materiales curriculares «adaptados para formar a los alumnos en lo que es la empresa, para que la vean como motor de desarrollo y elemento creador de riqueza», agregó Álvarez Guisasola quien hizo hincapié en que el objetivo de esta iniciativa es «impulsar la creación de empresas y con ellas la de riqueza en la Comunidad» y recordó que en este proyecto también colaboran la Consejería de Economía y Empleo y la Agencia de Desarrollo Europeo (ADE).

Entre las novedades que presentan los nuevos materiales, el consejero de Educación destacó que los contenidos del proyecto «se han editado en castellano y en inglés para facilitar la educación bilingüe a aquellos centros que quieran impartirla» y recalcó que se trata de un material didáctico «muy atractivo, que ha sido realizado por expertos en economía y empresas».

El material para los alumnos y profesores de Educación Primaria incluye un archivador que incluye una presentación en la que se explica por qué hay que fomentar el espíritu emprendedor; una guía para el profesor y un bloque explicativo sobre las cualidades y habilidades que tiene un emprendedor y como potenciarlas en el desarrollo de actividades.

Los materiales para Bachillerato se componen de una presentación, una guía para el profesor, un plan de Empresa y otro de empresa modelo; el Cd room «Crea», con el que se permite la creación de un plan de empresa de forma sencilla; y un DVD con iniciativas de cinco emprendedores.

BARCELONA. La Generalitat abre hoy la convocatoria pública de plazas para docentes de primaria y secundaria más importante que se ha hecho nunca en Cataluña, al ofrecer 6.856 puestos de trabajo.

Del total de las 6.856 plazas que saldrán a oposición, 4.490 corresponden al cuerpo de maestros que dan clases en la enseñanza primaria y 2.366 al de profesores de secundaria.

La convocatoria de 2007 es la más importante de este período de cuatro años, al final del cual el sistema público contará con un aumento de 14.960 maestros,

Este incremento se debe, entre otros factores, a la aplicación de la sexta hora en Educación Primaria y al aumento de la escolarización, además de la reducción del horario lectivo de los maestros.

La consellería que dirige Ernest Maragall ha asegurado que, hasta 2010, la Generalitat realizará convocatorias anuales que supondrán la incorporación a las escuelas e institutos públicos de un total de 22.655 nuevos profesionales.

Preocupación del sindicato Los sindicatos más importantes de la enseñanza en Cataluña. USTEC-STEs, CCOO y UGT, han denunciado ya que el curso que viene faltarán 3.000 maestros para hacer frente a las necesidades de las escuelas, dada la insuficiencia de profesionales que salen de las universidades.

Según estos sindicatos, éste déficit de maestros planteará al departamento de Educación serias dificultades para llevar a cabo los planes previstos, como la aplicación de la sexta hora.

La oposición que sale hoy a convocatoria pública constará de una única prueba estructurada en dos partes y que no tendrá carácter eliminatorio.

La primera parte es obligatoria para todos los candidatos y en ella deberán desarrollar por escrito un apartado del temario, mientras que la segunda estará integrada por dos ejercicios: una presentación oral de una programación didáctica y la exposición, también oral, de una unidad didáctica ante el tribunal.

Educación ha previsto, por primera vez, que los candidatos que sean interinos puedan sustituir este segundo ejercicio por un informe que evalúe sus conocimientos relacionados con la unidad didáctica.

TOLEDO. La consejera de Administraciones Públicas, Llanos Castellanos, presidió ayer la firma de un acuerdo de colaboración por el que la Junta se adhiere al convenio existente desde 2004 entre el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad regional para especializar a jueces y magistrados en las materias de Salud Laboral y Seguridad Social. Además de Castellanos, suscribieron el convenio el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Salinas, y el secretario general de la Universidad regional, Juan Ramón del Páramo. La consejera dijo que la región va a disponer de jueces y magistrados «especializados en materias que algunas veces exceden su formación jurídica genérica».

BARCELONA. La Generalitat abre hoy la convocatoria pública de plazas para docentes de primaria y secundaria más importante que se ha hecho nunca en Cataluña, al ofrecer 6.856 puestos de trabajo.

Del total de las 6.856 plazas que saldrán a oposición, 4.490 corresponden al cuerpo de maestros que dan clases en la enseñanza primaria y 2.366 al de profesores de secundaria.

La convocatoria de 2007 es la más importante de este período de cuatro años, al final del cual el sistema público contará con un aumento de 14.960 maestros,

Este incremento se debe, entre otros factores, a la aplicación de la sexta hora en Educación Primaria y al aumento de la escolarización, además de la reducción del horario lectivo de los maestros.

La consellería que dirige Ernest Maragall ha asegurado que, hasta 2010, la Generalitat realizará convocatorias anuales que supondrán la incorporación a las escuelas e institutos públicos de un total de 22.655 nuevos profesionales.

Preocupación del sindicato Los sindicatos más importantes de la enseñanza en Cataluña. USTEC-STEs, CCOO y UGT, han denunciado ya que el curso que viene faltarán 3.000 maestros para hacer frente a las necesidades de las escuelas, dada la insuficiencia de profesionales que salen de las universidades.

Según estos sindicatos, éste déficit de maestros planteará al departamento de Educación serias dificultades para llevar a cabo los planes previstos, como la aplicación de la sexta hora.

La oposición que sale hoy a convocatoria pública constará de una única prueba estructurada en dos partes y que no tendrá carácter eliminatorio.

La primera parte es obligatoria para todos los candidatos y en ella deberán desarrollar por escrito un apartado del temario, mientras que la segunda estará integrada por dos ejercicios: una presentación oral de una programación didáctica y la exposición, también oral, de una unidad didáctica ante el tribunal.

Educación ha previsto, por primera vez, que los candidatos que sean interinos puedan sustituir este segundo ejercicio por un informe que evalúe sus conocimientos relacionados con la unidad didáctica.

M. ROSO

CÓRDOBA. El anuncio del nuevo modelo de oposiciones y el proceso extraordinario que se abre durante los próximos cuatro años para reducir el porcentaje de interinos del 20 al ocho por ciento ha producido una sacudida tanto entre los interinos como entre los opositores libres. Por un lado, los primeros se verán obligados por primera vez a completar todo el examen de oposición, compuesto de tres partes: la teórica, la programación didáctica y la unidad didáctica. Por otro, los segundos saben que lo tendrán un poco más difícil para optar a una plaza, ya que el proceso extraordinario permite a los interinos cambiar la prueba de unidad didáctica por un informe de la Administración que acredite sus conocimientos docentes.

En juego, hay 7.005 plazas de maestros en Andalucía. Sobre la mesa, 9.523 interinos y muchos más opositores libres.

Tanto sindicatos como la propia Delegación de Educación coinciden en que el resultado de esta nueva situación supondrá un cambio en las estadísticas. Si hasta ahora, una de cada tres plazas era para un interino; ahora las cifras se invierten, y los opositores libres se quedarán con uno de cada tres puestos de funcionario. No obstante, y a pesar de estos números, desde el sindicato CSI-CSIF, apuntan que «los interinos no lo tienen todo hecho» y apuntan a la preocupación que existe entre el colectivo por toda la cantidad de documentos -informe, programación- que deben preparar en apenas dos meses. A ello se suma la obligatoriedad de realizar las tres fases, cuando hasta ahora sólo tenían que presentarse a la teórica, sin completar el ejercicio.

Distintas condiciones

En el otro lado están los opositores libres que llevan ya una o dos convocatorias a sus espaldas. Están indignados e incluso hay rumores de que preparan movilizaciones.

A este grupo pertenecen Rosa, que se prepara por segunda vez las pruebas de Pedagogía Terapéutica, y María del Carmen, que en junio acude a su tercera cita para lograr una plaza en Infantil. «Es verdad que todo apunta a que se le va a dar más facilidad a los interinos», comenta Rosa. «De todas formas, yo me centro en lo mío, en estudiar. Si piensas en que va a ser más difícil, que no hay posibilidad, lo dejas y ya está. Si no lo saco esta vez, será la siguiente», añade.

María del Carmen, por su parte, es más tajante. «Estamos indignados y desanimados. No es justo que nos metan a todos en el mismo bote, pero con distintas condiciones», indica. «Entiendo que tengan que rebajar el número de interinos, pero deberían hacerlo de otra manera porque no competimos en igualdad». Y apunta: «Mi preparadora me ha dicho que tendré que sacar un examen escrito de diez y un oral de diez para obtener plaza».

Las academias ven desánimo

La misma percepción que los opositores la tienen los preparadores. ABC ha consultado a varias academias de oposiciones, que prefieren no ser mencionadas. Desde estos centros señalan que los que van por libre están muy desanimados. «Además han perdido mucha energía este año atendiendo a los rumores sobre cómo sería la oposición», indica el director de una academia, que critica la tardanza en la publicación de la convocatoria. Desde algunos centros hablan también de opositores que están pensando en dejarlo por este año.

Frente a los casos de María del Carmen y Rosa, está la situación de Olga. Ella es maestra interina de Infantil con dos años de servicio, en los que ha realizado sustituciones. «Lo del informe no beneficiará a todos los interinos. Estamos a la espera de que salga la orden, pero dicen que para poder optar a él debes llevar trabajando seis meses ininterrumpidos este curso, por lo que todo dependerá de la suerte que hayas tenido a la hora de acceder a las vacantes y las sustituciones. En mi caso, llevo trabajando desde principio de curso enlazando dos sustituciones, pero no han sido ininterrumpidas, por lo que no tengo derecho al informe», comenta.

Olga vaticina que esta situación se complicará aún más el curso que viene, cuando las pruebas sean para Secundaria, donde hay más interinos y las sustituciones suelen ser más cortas.

Uno de cada 150 menores sufre trastornos autistas pero la mayoría no se detectan

JOSEP CORBELLA - BARCELONA - - Son niños a los que les cuesta entender las emociones de los demás. A menudo juegan solos en el patio, con un tipo de juego distinto del de otros niños. Algunos de ellos no miran a los ojos cuando se les habla. No es raro que tengan aficiones exageradas, como a los trenes o a los relojes. Ni que descodifiquen el lenguaje de manera concreta y literal, sin comprender dobles sentidos o ironías.

A veces no entienden qué esperan de ellos los demás, aunque sí entienden que son víctimas de burlas y agresiones. Su autoestima suele ser baja y su sufrimiento, grande.

Son los afectados por los trastornos del espectro autista, un conjunto de enfermedades que engloba el autismo y otras dolencias relacionadas como el síndrome de Asperger o el autismo atípico. Afectan a uno de cada 150 niños, según datos del Centro de Control de Enfermedades de EE. UU. difundidos el mes pasado que confirman estudios anteriores de otros países. En Catalunya, donde cabría esperar unos 6.000 afectados para una población escolar de 900.000 alumnos, el Departament de Salut tiene contabilizados 160 casos.

"Tenemos un grave problema de infradiagnóstico", destaca Amaia Hervás, psiquiatra infantojuvenil del hospital Mútua de Terrassa. "La gran mayoría de casos no se detecta". El problema es grave, explica, porque la detección a una edad temprana permite aplicar terapias de reeducación eficaces: con estas terapias, los afectados aprenden estrategias para relacionarse con los demás, salir adelante en los estudios y llevar una vida normal. Por el contrario, entre los niños que no son diagnosticados, la tasa de fracaso escolar es elevada y las perspectivas de tener una vida profesional y afectiva satisfactorias, limitadas.

Parte del problema se debe a que "los criterios de diagnóstico han ido cambiando en las últimas décadas", explica Fina Castro, jefa del servicio de psiquiatría infantil y juvenil del hospital Clínic. En los últimos veinte años se ha descubierto que, dentro de los trastornos del espectro autista, se incluyen varias enfermedades que están relacionadas entre ellas, y que tienden a concentrarse en las mismas familias, lo que indica una base genética común, pero que son distintas:
- Elautismo, que afecta a alrededor de uno de cada 250 niños y una de cada 750 niñas, es la más grave y se caracteriza por un desarrollo tardío del lenguaje y por conductas asociales.

Los especialistas recomiendan una consulta al pediatra ante conductas que puedan indicar un trastorno autista como, entre otras, las siguientes:

MENORES DE UN AÑO. Que un niño de entre seis meses y un año no responde a las expresiones faciales - si no sonríe cuando le sonríen, no se pone serio ante caras serias o no llora ante una regañina- suele indicar falta de empatía.

EN LA GUARDERÍA. Un desarrollo tardío del lenguaje, como no decir palabras con sentido hasta después de cumplir dos años y frases después de cumplir tres, puede ser un síntoma de autismo - aunque hay niños sanos que empiezan a hablar tarde-.

EN EL PARVULARIO. Una tendencia excesiva a jugar solo puede indicar dificultades para establecer relaciones con otros niños.

MERCÈ BELTRAN - BARCELONA - El Departament d´Educació abre hoy la convocatoria de 6.856 plazas de oposiciones para el año 2007, lo que la convierte en la más amplia de su historia. Esta convocatoria tiene como objetivo reducir las plazas de interinos y hacer frente a la insuficiencia de personal, provocada tanto por jubilaciones como por el crecimiento de la población escolar y por la implantación de la sexta hora en primaria. En los dos últimos cursos, estas dos cuestiones han comportado un aumento de 8.054 docentes, cifra que ha supuesto un 16% de crecimiento de plantilla.

Del total de las 6.856 plazas que se convocan hoy, 4.490 son para maestros y 2.366 para profesores de secundaria. A la convocatoria que hoy deben sumarse las de 2005 y 2006, en las que se crearon 3.680 y 2.575 plazas, respectivamente.

Hasta el 2010, el departament ha planificado crear 22.655 plazas. Así, para 2008 se prevé convocar 4.563 plazas; 6.060 para 2009 y 5.176 para 2010. Educació explicó ayer que esta oferta tan importante de plazas de oposiciones está relacionada no sólo con el aumento de docentes, sino también con la voluntad de reducir la proporción de interinos (24% de la plantilla actual), y cubrir el importante volúmen de jubilaciones de los próximos cursos. Se prevé que hasta el 2010-11 más de 7.000 profesores se habrán jubilado o acogido a una jubilación anticipada.

El sistema de oposición tiene en cuenta la condición de interino.

A esta convocatoria hizo ayer referencia el conseller de Educació, Ernest Maragall, en su conferencia Compromiso por la educación, compromiso por Catalunya que dictó en CaixaForum. Maragall, que fue recibido con pancartas reivindicativas por el sindicato Ustec-Stes, aprovechó los cien días del Govern para resumir las líneas de futuro, enmarcadas en la Llei d´Educació.

El conseller reiteró la idea de "avanzar hacia la excelencia educativa, sin retroceder ni un milímetro en el camino hacia la equidad", que concretó en dos objetivos generales: desarrollar y consolidar el servicio público de educación, según el Pacte Nacional per l´Educació; e incrementar el éxito escolar. Asimismo, apostó por el desarrollo de un nuevo modelo de formación profesional (FP) y aprendizaje permanente, y la descentralización de la educación pública, compartiendo la responsabilidad con el mundo local.

Maragall se comprometió además a impulsar del trilingüismo en Catalunya; el uso de las nuevas tecnologías y a adecuar la formación inicial del profesorado. Y reafirmó su propuesta de que el catalán no solo sea la lengua vehicular del sistema educativo sino que se refuerce su uso en las aulas y en los patios.

•  El Consell Executiu aprueba hoy el decreto de admisión de alumnos
JORDI CASABELLA
BARCELONA

El Consell Executiu de la Generalitat tiene previsto aprobar hoy el decreto que regula la admisión de alumnos en los centros escolares públicos y concertados para el próximo curso escolar, que finalmente primará el acceso de los alumnos celiacos.
Al igual que ha ocurrido con las familias numerosas, a las que se acordó darles un trato diferenciado tras un primer borrador de decreto que no les concedía prioridad alguna para acceder a los centros, Educació ha reconsiderado su decisión. Finalmente, los alumnos que padezcan enfermedades crónicas que afectan a su aparato digestivo, endocrino o metabólico tendrán ventaja para matricularse en el centro más próximo a su domicilio.
El decreto también fija el periodo de 10 días hábiles del proceso de preinscripción escolar, que se iniciará inmediatamente después de Semana Santa, y que afecta fundamentalmente a los alumnos que ingresan en P-3 (preescolar de 3 años) y primero de ESO y a todos aquellos que cambian de centro escolar.
Educació había argumentado que el elevado volumen de fraude en los certificados médicos, que eludían especificar qué enfermedad padecía el alumno pero que aseguraban que tenía que seguir una dieta, había aconsejado eliminar el trato preferencial a los celiacos. Pero las protestas de la Associació de Celiacs de Catalunya, que se negaba a que los ni-
ños con ese trastorno recibieran la consideración de alumnos con necesidades educativas especiales, han surtido efecto. Esa etiqueta obligaba a seguir un farragoso procedimiento administrativo para conseguir una plaza en un centro donde serían debidamente atendidos, pero no en el más próximo al domicilio.

Los profesores se quejan de los lentos y complicados procesos para expedientar a los estudiantes más conflictivos ? Algunas autonomías apuestan por reforzar la autoridad y capacidad de los docentes para castigar a los «revoltosos»

M. Villasante

Madrid- Sancionar a un alumno por mal comportamiento conlleva un proceso muy frustrante para el profesor y nada disuasorio para los jóvenes, que pueden llegar a ver cómo acaba el curso sin que el colegio haya podido hacer nada para castigarlos. De hecho, esta situación será más que probable si un estudiante comete una falta grave entrado el mes de abril, ya que el trámite para mandarle a casa unos días puede alargarse nada menos que hasta tres meses.
    Y es que, en la actualidad, cuando un docente tiene un problema con un alumno, debe notificar al director lo que ha sucedido, para lo que ha de abandonar el aula con el «infractor», y eso si el estudiante no intenta resistirse. Después, se abre el expediente disciplinario, para lo que el equipo directivo nombra a otro profesor como instructor, que tomará declaración a su compañero, por un lado, y al alumno, por otro, acompañado de sus padres. Problema añadido éste cuando se trata de encontrar la fecha idónea para que los progenitores puedan acercarse al colegio, lo que con demasiada frecuencia supone un inconveniente para ellos.
    Con ambos testimonios, el instructor tiene que entregar un informe al equipo directivo, que a su vez lo entrega al consejo escolar, integrado por representantes de toda la comunidad educativa y encargado de decidir si toma algún tipo de medida disciplinaria, que puede pasar por la expulsión (máximo de tres días), la asistencia a un aula de convivencia o la reposición de todo lo que haya «roto» en clase.
    Así las cosas, la Ley Orgánica de Educación dedica un apartado a la convivencia con medidas abiertas a la posterior regulación autonómica, que es precisamente el momento en el que ahora se encuentran inmersas la mayoría de las comunidades.
    Lo importante, según destaca el sindicato de profesores Anpe, es «que se conceda al profesor la potestad de imponer sanciones directas, aunque en una medida de máxima gravedad tenga también que dar su visto bueno el consejo escolar», indica Carmen Guaita, secretaria de Comunicación de este sindicato, quien lamenta situaciones recientes como ésta: «Una alumna va a clase vestida con una minifalda y un top cortísimos. Cada vez que se levanta a la pizarra los chicos la jalean y silban. El profesor habla con ella y le dice que eso no le ocurriría si fuera vestida de otra manera. Resultado: los padres le denuncian por coacción a la personalidad propia». Con estos episodios, la pregunta sería si se deben regular aspectos como unas normas mínimas de vestimenta y si hay colaboración de los padres para evitar situaciones en ocasiones «surrealistas».
    Entre los borradores de convivencia que hasta ahora se han hecho públicos destaca el de Madrid, que faculta al profesor para imponer sanciones y atribuye a los alumnos el deber de respetar unas normas de conducta, entre las que se incluye la prohibición de llevar móviles y mp3 a clase. Asturias avanza también en el reconocimiento de la autoridad del profesor, con decisiones más «colegiadas» que en Madrid, y el establecimiento de un catálogo de conductas contra la convivencia.
    El decreto de Andalucía destaca por la regulación de la posibilidad de que los alumnos de 3º de ESO (16 años) decidan no ir a clase como una medida de discrepancia con las decisiones educativas del centro, un «derecho de huelga» reconocido en la LOE que queda perfectamente normalizado en esta comunidad. Mientras, en Cataluña llama la atención el alejamiento del centro para las víctimas de acoso escolar, no así para sus agresores.
    Decretos aprobados
    Canarias fue una de las primeras en implantar las nuevas normas y ya tiene protocolos de actuación para los centros escolares. El Plan de Convivencia de la Comunidad Valenciana fue uno de los pioneros en su establecimiento teórico, pero Anpe denuncia que aún no es operativo. Sí lo es el de Murcia, que introduce la posibilidad de que el centro llame a las Fuerzas de Seguridad si el caso lo requiere.
    Galicia ha creado un observatorio para la convivencia, pero no se han concretado medidas efectivas. Aragón sigue sin legislar nada en este problema, mientras que Navarra y País Vasco dan sus primeros pasos en cuanto a estudios y creación de observatorios y Castilla-La Mancha ha firmado un pacto social

Madrid- La Comisión de Educación y Ciencia del Congreso debate hoy una proposición no de ley de ERC en la que los catalanes piden, en el marco de la LOE, que los libros de texto de todos los niveles educativos superiores a Infantil incluyan un temario específico sobre la II República española, «contemplando la realidad plural territorial del Estado» y la «represión de la dictadura fascista y la lucha por la libertad y la democracia», informa Ep.
    Para ello, ERC propone que el Gobierno realice, en seis meses, un informe sobre la Historia de España «deformada, silenciada y/o enterrada durante 40 años de dictadura», que incluya el periodo comprendido entre 1930 y 1976, con la finalidad de incorporarla a los libros de texto.
    Además, se ha de enviar este texto a la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso, con el fin de que los parlamentarios puedan solicitar, en 15 días, información adicional a recibir en un plazo no superior a un mes para que, en el mes siguiente, se planteen las propuestas de resolución que serán votadas en los siguientes 15 días hábiles.
    Asimismo, durante todo este proceso, los parlamentarios podrán solicitar cuantas comparecencias crean necesarias para aportar información. ERC en su proposición no de ley señala que la incorporación de esta parte de la Historia es una «obligación moral del Estado» como forma de «reparación social e histórica». En la elaboración de la temática, ERC cree que hay que tener en cuenta que la visión «deformada, manipulada o silenciada de parte de la Historia no sólo abarca episodios sucedidos después del alzamiento golpista, sino también el periodo republicano de 1931 a 1939».

Pone en marcha el proceso previsto en la ley universitaria para contratar a profesores que trabajaron en la institución

MARTA FDEZ. VALLEJO m.f.vallejo@diario-elcorreo.com/BILBAO

Las nuevas figuras de profesores de la UPV incluidas en la ley universitaria -que les permite ser fijo sin ser funcionario- fue el origen del conflicto que en los años noventa acabó en batalla judicial, con docentes despedidos y un grupo de profesores de plantón permanente a las puertas del campus de Leioa. El litigio comenzó cuando un colectivo de los entonces asociados a tiempo completo se negaron a renovar los contratos administrativos que les ofrecía la UPV. Reivindicaban la creación de un profesorado propio de la Universidad vasca y rechazaban que la única vía para alcanzar la estabilidad fuera entrar como funcionario del Estado.

«La ley contempla ahora la figura del profesorado propio que exigíamos nosotros, y por el que hemos mantenido una lucha de más de quince años», señalaba ayer uno de estos docentes en conflicto. Este grupo -quedan cinco en la actualidad, aunque reciben el apoyo de otros trabajadores- permanece a diario a la entrada del campus y de la facultad de Ciencias Sociales tras una pancarta, entre las ocho de la mañana y las cuatro y media de la tarde. Aunque aún no han decidido una postura común, ven con buenos ojos la posibilidad que les ofrece la ley para ser readmitidos, pero anticipan que reclamarán una negociación a las autoridades académicas.

Recurso

La Universidad vasca se ha visto obligada a esperar dos años para poner en marcha el proceso de creación de los nuevos contratos laborales desde que se publicó la ley. Los responsables universitarios no pudieron moverse hasta que el PSOE retiró, a finales del pasado año, el recurso que pesaba sobre la parte de la normativa en la que se reconocía esa vía de acceso, diferente al camino del funcionario.

La disposición a la que levantó el veto el PSOE permite la incorporación, en diferentes condiciones, de dos colectivos. Por una parte, cerca de 600 asociados de la UPV, que en abril de 2004 tenían 5 años de antigüedad, pasarán a ser fijos con categoría de agregado y colaborador permanente, según sean o no doctores, sin pasar prueba alguna. Sólo precisarán un informe de la Agencia de Evaluación Vasca. El segundo grupo de docentes, el que no trabajaba en abril de 2004 en la Universidad, entraría como profesor colaborador o adjunto -contratos temporales con posibilidad de convertirse en fijos-. «No se puede saber cuántos solicitarán volver. Muchos trabajan como investigadores o profesores en otras universidades», indicaron fuentes sindicales.

Los responsables universitarios han decidido iniciar el proceso por ese último grupo que está fuera de la UPV, ya que su incorporación precisa crear nuevas plazas. Con ese fin, el vicerrectorado ya ha dado el visto bueno a una resolución para abrir un plazo de un mes en el que puedan solicitar su contratación todos los interesados. El próximo Consejo de Gobierno de la UPV, que se celebrará probablemente tras las vacaciones de Semana Santa, debatirá esa resolución, con lo que el período para las peticiones se abriría en mayo.

Representantes del Departamento de Educación se reunirán mañana con parlamentarios y miembros del Partido Popular para tratar sobre la reforma de los actuales modelos lingüísticos. El equipo de Campos ya anunció que tratará de buscar el mayor consenso posible para llevar a cabo este profundo cambio en el sistema educativo vasco, que convertirá el euskera en la principal lengua para impartir asignaturas.

Los populares adelantaron que van a exigir que se respete el derecho de los padres a elegir la lengua en la que estudien sus hijos. Rechazan, además, que se implante un modelo único que no tenga en cuenta las diferentes realidades sociolingüísticas.