El Tribunal desestima la petición de cinco padres para evitar que afecte a todo el curso escolar

ISABEL PEDROTE - Sevilla - 07/09/2007

El primer intento de parar Educación para la Ciudadanía ha sido en vano. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó ayer suspender cautelarmente la implantación este curso de la asignatura, en respuesta a los recursos interpuestos por cinco padres a los decretos de la Consejería de Educación. El tribunal entiende que la Junta no establece la obligación de la asignatura ni sus contenidos -sino la ley y decretos estatales-, y sostiene que la paralización de la materia dañaría el inicio de curso del sistema educativo andaluz, ya que los decretos ordenan toda la Primaria y Secundaria.

La resolución del alto tribunal andaluz da la razón a la Junta en un momento en que la campaña en contra de la polémica asignatura empieza a perder fuerza en la comunidad. Pese al aguacero de declaraciones adversas de los dirigentes del PP en los últimos meses, uno de los portavoces de la Cámara autonómica, Santiago Pérez, aseguró ayer en un debate parlamentario que su grupo no se opone a la materia, y centró sus críticas en la improvisación y la inutilidad. El presidente andaluz de este partido, Javier Arenas, sin embargo, insistió en que lo que se persigue es inculcar la "ideología del PSOE" y pidió que se aplace su aplicación.

El TSJA ha argumentado el rechazo a la suspensión cautelar de Educación para la Ciudadanía durante este curso en que los recursos -interpuestos por cinco padres a los decretos de la Consejería de Educación- no se acredita de manera suficiente los supuestos perjuicios que los demandantes atribuyen a la asignatura, ni ofrecen prueba del pretendido daño. El tribunal entiende que la Junta no establece la obligación de la disciplina ni sus contenidos -sino la Ley Orgánica de Educación (LOE) y los decretos estatales-, y sostiene que la paralización afectaría al inicio de curso de todo el sistema educativo andaluz, ya que los decretos recurridos ordenan en su integridad la enseñanza de Primaria y Secundaria de la comunidad.

Las consideraciones de la sala andaluza coinciden en buena parte con las alegaciones presentadas por la Junta, quien manifestó que lo único que había añadido a las ordenanzas del Ministerio de Educación es la determinación de los niveles (5º de Primaria y 3ª de ESO) en los que se va a impartir la materia, como le obliga la LOE. Los servicios jurídicos de la Administración autonómica también habían advertido del perjuicio para el curso escolar en su conjunto y las lesiones a los centros, los profesores contratados y las editoriales que han elaborado los libros de texto.

Aunque el TSJA no se pronuncia sobre el fondo -la vulneración de los derechos fundamentales, que se resolverá cuando se aborde el recurso- la Fiscalía ya rechazó en sus alegaciones la retirada de la asignatura, al considerar que no se lesionan tales derechos, ni afecta al contenido de la libertad religiosa. El ministerio público, que calificó los recursos de "infundados", consideró, por el contrario, que si hubiera sido estimada la suspensión se habría producido "una grave afectación del interés público general y del derecho a terceros".

El portavoz del grupo de los padres recurrentes, el dirigente local del PP sevillano Carlos Seco Gordillo, expresó su respeto a la decisión del alto tribunal andaluz, si bien puntualizó que las demandas siguen su curso porque el pronunciamiento se refieren únicamente a la suspensión cautelar. Respecto a las críticas que ha recibido por parte de la Consejería de Educación de actuar en nombre de su partido, Seco dijo que su actuación se produce "estrictamente como padre" y negó la existencia de una campaña "orquestada por el PP", como había denunciado la consejera andaluza, Cándida Martínez.

En Andalucía se han registrado 252 solicitudes de objeción de conciencia para eludir la materia.

J. A. H. - Madrid - 07/09/2007

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, señaló ayer que la ley debe ser cumplida por todos, incluso "por la Conferencia Episcopal Española". Bermejo hizo este comentario durante una conferencia de prensa en la que, entre otras cosas, recordó que la objeción de conciencia contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía "es intolerable en un sistema democrático". Y abogó por que se implante un criterio "unánime" en la Conferencia Episcopal. "No es bueno" que haya un sector que "esté manteniendo vivo" el debate sobre la objeción a esta asignatura.

"Sería bueno", añadió, "que el Episcopado siguiera el camino de respeto a la legalidad seguido por su presidente, [Ricardo Blázquez], que, "muy cuerdamente ha dicho ya lo que tenía que decir". Para quien esté en contra, recordó que "hay mecanismos legales para utilizarlos adecuadamente y llegar a los tribunales lo que pueda ser llevado".

El TSJA rechaza paralizar Ciudadanía

ISABEL PEDROTE - Sevilla - 07/09/2007

El primer intento de parar Educación para la Ciudadanía ha caído en saco roto. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó ayer suspender cautelarmente la implantación este curso de la asignatura, en respuesta a los recursos interpuestos por cinco padres a los decretos de la Consejería de Educación.

El tribunal entiende que la Junta no establece la obligación de la materia ni sus contenidos -que competen a la Ley Orgánica de Educación (LOE) y a los decretos estatales-, y sostiene que la paralización de esta disciplina afectaría al inicio de curso de todo el sistema educativo andaluz, ya que los decretos recurridos ordenan en su integridad la enseñanza de Primaria y de Secundaria.

La sala andaluza ha argumentado que no se acredita de manera suficiente los supuestos perjuicios que los demandantes atribuyen a la asignatura, ni ofrecen prueba del pretendido daño.

Las consideraciones de la sala andaluza coinciden en buena parte con las alegaciones presentadas por la Junta, quien manifestó que lo único que había añadido a las ordenanzas del Ministerio de Educación es la determinación de los niveles (5º de Primaria y 3ª de ESO) en los que se va a impartir la materia, como le obliga la LOE. Los servicios jurídicos de la Administración autonómica también habían advertido del perjuicio para el curso escolar en su conjunto y las lesiones a los centros, los padres, los profesores contratados y las editoriales que han elaborado los libros de texto.

Aunque el TSJA no se pronuncia sobre el fondo -la vulneración de los derechos fundamentales, que resolverá cuando se aborde el recurso- la Fiscalía ya rechazó en sus alegaciones la retirada de la asignatura, al considerar que no se lesionan tales derechos, ni afecta al contenido de la libertad religiosa. El ministerio público, que calificó los recursos de "infundados", consideró, por el contrario, que si la suspensión fuera estimada, se habría producido "una grave afectación del interés público general y del derecho a terceros".

El portavoz del grupo de los padres recurrentes, el dirigente local del PP sevillano Carlos Seco Gordillo, expresó su respeto a la decisión del alto tribunal andaluz, si bien puntualizó que las demandas siguen su curso porque el pronunciamiento se refiere únicamente a la suspensión cautelar. Respecto a las críticas que ha recibido por parte de la Consejería de Educación por actuar en nombre de su partido, Seco dijo que su actuación se produce "estrictamente como padre" y negó la existencia de una campaña "orquestada por el PP", como había denunciado la consejera andaluza, Cándida Martínez. También dijo que el parentesco entre los demandantes (se trata de dos hermanos, la esposa de uno de ellos y el cuñado del otro, además de un padre más sin relación familiar) es consecuencia del debate cercano que ha habido sobre el asunto. "Si hubiera seguido el criterio del parentesco habría 200 recursos", dijo Seco.

Según los datos oficiales de Educación, en Andalucía sólo se han registrado hasta ahora 252 solicitudes de objeción de conciencia para eludir la asignatura, frente a las 7.000 que aseguró hace unos días la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (Concapa). El presidente de esta asociación en Andalucía, Juan María del Pino, precisó ayer que no tienen datos al respecto y que la cifra ofrecida por el presidente de Málaga, Eduardo Caro, era una estimación personal, "basada en la gente que había pedido información y acudido a nuestros congresos". No obstante, Pino aventuró que los escritos "se dispararán este mes de septiembre y pasarán de las 252 que dice la Junta que se han presentado, a miles".

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, señaló ayer que la ley debe ser cumplida por todos, incluso "por la Conferencia Episcopal Española". Bermejo recordó que la objeción de conciencia contra Educación para la Ciudadanía "es intolerable"en una democracia.

M. D. - Sevilla - 07/09/2007

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó ayer un auto en el que rechaza la petición de un grupo de padre para que se suspendiera la aplicación de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Los magistrados Victoriano Valpuesta, Eloy Méndez y Rafael Sánchez consideran que la demanda no está justificada. Estos son los argumentos de los jueces:

"Primero. Alega la parte actora, como fundamento de la medida solicitada, que, caso de no suspenderse la vigencia de los Decretos, se perdería la finalidad del recurso, pues su aplicación produciría la implantación obligatoria de una asignatura denominada Educación para la ciudadanía que persigue la formación de los alumnos en una conciencia ética y moral inspirada, entre otras ideas, en la ideología de género, vulnerando la libertad religiosa y el derecho de los padres a elegir la formación moral o religiosa de sus hijos hasta que recaiga sentencia firme (...).

La jurisprudencia ha reconocido la especial relevancia del interés público o general para impedir la adopción de una medida cautelar de suspensión de la ejecución de disposiciones generales, en cuanto persiguen el establecimiento de un nuevo régimen jurídico (...).

De lo precedentemente expuesto se infiere claramente que la entrada en vigor y la consiguiente eficacia de los Decretos impugnados no produce la obligatoriedad de la asignatura, pues ello ya se hallaba establecido previamente en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, y, por otro lado, de las normas recurridas no se deriva directamente la implantación de una asignatura que imponga la formación moral en la denominada ideología de género, por lo que no se acredita la concurrencia del requisito de pérdida de finalidad del recurso como consecuencia de la aplicación de los decretos impugnados (...).

A mayor abundamiento, cabe destacar que el recurrente solicita la suspensión de la eficacia, en su integridad, de ambos Decretos impugnados, normas que tienen por objeto, respectivamente, la ordenación de la enseñanza primaria y secundaria en Andalucía, sin especificar los preceptos concretos objeto de impugnación, por lo que la suspensión cautelar interesada afectaría a toda la ordenación de ambas enseñanzas en Andalucía, y, por tanto, a materias ajenas a la asignatura Educación para la ciudadanía, sin que por el recurrente se haya argumentado nada a este respecto, por lo que no cabría, tampoco, suspender, en este caso, estas decisiones impugnadas en su integridad.

A la vista de lo expuesto, en aplicación del art. 130 de la ley jurisdiccional previa valoración de todas las circunstancias concurrentes, debe acordarse no haber lugar a la suspensión cautelar de los decretos".

I. P. - Sevilla - 07/09/2007

La resolución del alto tribunal andaluz da la razón a la Junta en un momento en que la campaña en contra de la polémica materia empieza a perder reciedumbre en la comunidad. Pese al aguacero de declaraciones adversas de los dirigentes del PP en los últimos meses, uno de los portavoces de la Cámara autonómica, Santiago Pérez, aseguró ayer en un debate parlamentario que su grupo "no se opone a la asignatura", y centró sus críticas en la improvisación y la inutilidad de la disciplina, que tachó de innecesaria. El presidente andaluz de este partido, Javier Arenas, sin embargo, insistió en que lo que se persigue es inculcar la "ideología del PSOE" y pidió que se aplace su aplicación.

La portavoz socialista en esta comisión de Educación, Araceli Carrillo, recordó que el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, llegó a decir en un periódico que la asignatura "va a enseñar a los jóvenes que la banda terrorista ETA marca el futuro de España". La diputada Carrillo lamentó que el PP pueda "caer tan bajo, ser tan ruin y tan rastrero".

ESTHER SÁNCHEZ - Boadilla del Monte - 07/09/2007

Las asociaciones de madres y padres de los cinco colegios públicos de Boadilla del Monte se han rebelado contra la empresa Educatio Servanda, contratada por el Ayuntamiento para impartir las actividades extraescolares durante las tardes del mes de septiembre. Consideran que su ideario, que está a favor de la educación diferenciada (separación entre chicos y chicas) y cuyo principal objetivo es la transmisión del humanismo cristiano, no es el adecuado para los colegios públicos, que son "laicos por mandato constitucional".

La Fundación Educatio Servanda también aboga por la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Los padres han pedido la "inmediata anulación" de esta contratación. Pero el Ayuntamiento no piensa dar marcha atrás. La concejal de Educación, Mercedes Nofuentes, del PP, asegura que se ha sustituido a la empresa anterior por las quejas que se habían recibido de padres y colegios. "La contratación se ha hecho con todo el rigor. Se ha valorado la mejora con respecto a la sociedad y el proyecto se ha valorado siguiendo criterios objetivos de calidad. Aquí no se trata de difundir ninguna clase de ideología", sostiene.

Madres y padres quieren que "religión y política queden fuera de estas actividades". Algo que les parece complicado debido a las "connotaciones de la empresa contratada". El PSOE, en la oposición, también la rechaza.

El tribunal superior andaluz niega las medidas cautelares solicitadas por cinco familias, pero no entra en el fondo de la cuestión

SILVIA MORENO SEVILLA.- Revés judicial a los padres que se oponen a Educación para la Ciudadanía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó ayer paralizar la entrada en vigor de esta nueva materia, tal y como habían pedido cinco padres de Sevilla, que hace unos días presentaron sendos recursos contra ella. El auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo se limita a rechazar las medidas cautelares que habían solicitado los padres, aunque no entra en el fondo de la cuestión ni valora si la asignatura vulnera derechos fundamentales, según dijeron a este diario fuentes del caso. Otro punto que analizan los magistrados en su auto es que la Junta de Andalucía no publicó hasta el 30 de agosto los contenidos exactos que va a tener la asignatura de Educación para la Ciudadanía en la comunidad andaluza. Las familias presentaron sus recursos el día 20, por lo que, según dice la resolución, «no constituye un derecho aplicable». De las siete comunidades donde este curso se aplica la asignatura, Andalucía ha sido la última que ha publicado las órdenes con los contenidos exactos de la nueva materia: sólo unas semanas antes de que empiece el curso escolar. Carlos Seco Gordillo, uno de los padres que ha presentado el recurso, ya anunció a este diario que la Consejería andaluza de Educación estaba retrasando la publicación de la normativa que regula en la comunidad la asignatura dentro de una «estrategia» perfectamente diseñada y «con vistas a entorpecer» los pleitos. Seco Gordillo dijo ayer que los padres están analizando ahora si recurren o no el auto del TSJA. El plazo para hacerlo es de siete días. La negativa del tribunal andaluz a paralizar la polémica materia coincide plenamente con las tesis de la Fiscalía, que además consideró que la nueva asignatura no afecta «al contenido del derecho a la libertad religiosa». «Su ámbito de aplicación ha de ser contemplado [...] desde el ámbito del derecho fundamental a la educación, pues la misma no afecta a la enseñanza religiosa, sino a aspectos propios del sistema de organización educativa, sin que la opinión subjetiva que pueda tener el recurrente sobre el contenido o evaluación curricular de la competencia social y ciudadana y su dimensión ética, contravenga norma jurídica o derecho fundamental alguno», añade el alegato de la Fiscalía. Además, rechaza que la educación suponga sólo la transmisión de conocimientos científicos, culturales o artísticos, ya que «el objetivo del derecho fundamental a la educación radica en el pleno desarrollo de la personalidad humana, y en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». Los cinco recursos presentados tienen el mismo contenido y se fundamentan en la «vulneración de los derechos fundamentales de libre elección de la educación y de libertad de religión» que supone la asignatura. Los padres consideran que algunos de los contenidos atentan contra sus creencias morales y religiosas, especialmente los que se refieren a la naturaleza de la familia, y rechazan que sus hijos tengan que aprender por obligación unos conceptos que consideran ideológicos. La consejera andaluza de Educación, Cándida Martínez, expresó ayer su satisfacción por un auto que «da la razón a la Junta de Andalucía y además acepta todos nuestros argumentos», según informa Efe.

•  Algunos colegios obligan a recibir al profesor de pie y otros crean un carnet por puntos del estudiante
•  Sarkozy alecciona por carta a los maestros en pleno clima de crítica al modelo pedagógico progresista
ELIANNE ROS
PARÍS

En España, el curso escolar comenzará bajo el fuego cruzado de Educación para Ciudadanía, una materia en la que, batallas al margen, se exponen a los adolescentes algunos de los problemas que los adultos (violencia sexista, fraude fiscal, imprudencias al volante, discriminación racial...) En Francia, el debate es otro. Disciplina, autoridad, exigencia, respeto... Después de un curso marcado por el crecimiento de la violencia en las aulas y tras la victoria de un presidente, Nicolas Sarkozy, amante del orden y la mano dura, el país ha recuperado métodos de antaño. Según una encuesta, el 87% de los franceses apoyan la vuelta a la escuela tradicional. Es más, según otro sondeo, el 49% de los alumnos reclaman más autoridad a los profesores.
El estudio, realizado por TNS-Sofres, indica que los escolares sitúan los problemas de indisciplina a la cabeza de las dificultades que deben afrontar, por delante de la multiculturalidad de las clases y del deterioro de las instalaciones. Este curso, algunas escuelas han decidido poner letra a la partitura rescatando antiguas usanzas.
Al norte del país, en la escuela pública de Ohain, la novedad es un carnet de puntos. Como si se tratara de un permiso de conducir, los alumnos de esta población han recibido un carnet con 20 puntos. Lanzar comida o tener una actitud irrespetuosa está penalizado con cinco puntos. El mal comportamiento, con tres. La pérdida de 15 puntos implica que los padres serán citados en el centro y conminados a llamar a su hijo a capítulo. Si caen todos los puntos, el castigo será una semana sin poder comer en el colegio. La tercera expulsión será definitiva.

DE PIE Y DE USTED
En París, el instituto François-Villon, conocido como un centro conflictivo, ha invitado a los padres a pasar la primera jornada con sus hijos, comida incluida. Clase por clase, el director informa de que, a partir de ahora, los alumnos deberán levantarse cuando entre el profesor y solo podrán sentarse cuando éste dé permiso. Algunos profesores de este centro evitan expresamente el tuteo con los alumnos y les hablan de usted.
Estos maestros han decidido seguir los consejos de Sarkozy, que en la carta enviada a los 880.000 docentes del país reclama una escuela del "respeto". El presidente quiere "refundar" la escuela republicana, en otros tiempos famosa por su excelencia, que en los últimos años ha visto subir los problemas de indisciplina y la tasa de fracaso escolar de forma alarmante. El 40% de los estudiantes llegan al instituto sin haber asimilado conocimientos de base y con problemas de expresión oral y escrita. Los defensores del retorno a los viejos métodos culpan al predicamento que han tenido en Francia las teorías pedagógicas que priman el respeto de la personalidad del alumno y sitúan en un segundo plano la transmisión del conocimiento.
Sarkozy se ha situado al frente de los que atribuyen a esta corriente pedagógica la falta de motivación de unos profesores que han perdido la consideración ante una sociedad que genera niños demasiado consentidos. Son recurrentes las declaraciones del presidente contra "los herederos del mayo del 68, que piden a los estudiantes qué tienen ganas de aprender y les dicen que el maestro es un igual".

PROFESOR Y POLICÍA
Más allá va el ministro de Educación francés, Xavier Darcos, para quien "el profesor debe ser respetado como un agente de policía o un magistrado".
Pero no son los políticos --desde la izquierda Segolène Royal también clama por una escuela más disciplinada-- los que han abierto el fuego. Las críticas más feroces han surgido desde dentro del sistema. Libros escritos por profesores o expertos en educación con provocativos títulos como La fábrica de cretinos , de Jean-Paul Brighelli, o La escuela de la cobardía , de Maurice T. Maschino han sido verdaderos éxitos editoriales. El primero, publicado en el 2005, ha vendido 200.000 ejemplares. El segundo, salido de la imprenta hace unas semanas, ya va por los 18.000. Son solo dos ejemplos.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quiso ayer entrar en la polémica sobre la objeción de conciencia en Educación para la Ciudadanía, una acción que tachó de «intolerable en un sistema democrático». Bermejo, como ya avisara el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero el pasado julio -«Ninguna fe puede imponerse a la ley», subrayó entonces-, advirtió que «también la Iglesia tiene que cumplir la ley».

Asimismo, el titular de Justicia no dudó en realizar valoraciones en un terreno ajeno al señalar que la «autoridad eclesiástica debería ponerse de acuerdo» en el asunto de la objeción e instó a la Conferencia episcopal a «seguir el camino» de su presidente, Ricardo Blázquez, partidario de que se imparta la asignatura. Además, Bermejo restó importancia a la última ofensiva de padres objetores, que consideró «un grupo no mayoritario».

SONIA BARRADO

LOGROÑO. El nuevo curso escolar en La Rioja, que comienza hoy para los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial, se iniciará con 45.083 alumnos en todos los niveles, un total de 923 más que el curso anterior -lo que supone un incremento de un 2,09%-, y estará marcado por el desarrollo de la LOE y la potenciación del bilingüismo. El porcentaje registrado en el número de alumnos es mayor en Primaria, donde hay un 5,50% más que en 2006-07.

En cuanto a los alumnos de nacionalidad extranjera escolarizados en La Rioja, al comienzo de este nuevo curso son en total 6.138, casi mil más (928) que en el curso 2006-07. Así, habrá 33 unidades escolares más que el curso pasado; la mayoría de ellas en Infantil y Primaria. En el resto de enseñanzas, debido a la convocatoria extraordinaria de septiembre, se están terminando de definir las unidades necesarias, aunque no se esperan muchos cambios. Asimismo, para poder cubrir las necesidades educativas de los centros, se ha ampliado el número de docentes. Este nuevo curso contará con 60 maestros más de Primaria e Infantil. En total, durante 2007 se invertirán más de 17 millones de euros en incrementar y mejorar las infraestructuras educativas del Gobierno de La Rioja. Este nuevo año académico comienza con otras novedades, como la implantación de la LOE en las Enseñanzas de régimen general (se aplica al primer ciclo de Primaria y a Primero y Tercero de la ESO). También se potenciará el bilingüismo con medidas concretas como el desarrollo de la normativa sobre centros bilingües, de aplicación en el curso 2008-2009, se incrementará a 41 el número de centros y a 153 los profesores que desarrollan el Programa de Innovación Lingüística, y se ampliarán a 28 el número de auxiliares de conversación. Junto a todo ello, ya han dado buenos resultados en cursos anteriores, por ejemplo, el libro blanco de la FP, un instrumento que permite detectar el estado de estas enseñanzas y las propuestas de actuación que sean más sólidas y eficaces.

La Consellería de Vivienda abre hoy el plazo para la solicitud de la «nueva» línea de ayudas ideada para cofinanciar los gastos de vivienda de los estudiantes de Formación Profesional (FP). Esta subvención tiene un presupuesto de un millón de euros y una cuantía máxima por estudiante de 2. 000 euros para el curso 2007-2008. En un comunicado, el departamento dirigido por Teresa Táboas informa de que pone en marcha las ayudas «bono-vivienda» para ayudar a los alumnos de FP, e indicó que la subvención «nunca» rebasará la cifra resultante de multiplicar la renta mensual fijada en el contrato de alquiler por el número de meses que dure el ciclo formativo. Esta ayuda la pueden solicitar los estudiantes que tengan aprobadas todas las asignatura en junio, que su domicilio habitual esté a más de 60 km. del centro de enseñanza y que los ingresos de la unidad familiar, de la que dependa el alumno, no superen los 20. 000 euros.

M. ASENJO MADRID.

El nuevo curso escolar, que en la Comunidad de Madrid comienza el próximo miércoles, será el del inicio de la implantación de las enseñanzas de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Tendrá 1.102.257 alumnos, de los que 120.000 serán inmigrantes, lo que supone el 12 por ciento del total y 5.000 más que el curso pasado.

Así lo anunció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente primero y portavoz regional, Ignacio González, en la presentación de un informe de la Consejería de Educación. Según las estimaciones, el 97 por ciento de los 47.915 alumnos que comienzan las clases es menor de 12 años, ya que 230.484 se incorporan a Educación Infantil y 26.240 a Primaria. Del total de los alumnos matriculados, 626.008 (el 57 por ciento) estudiarán en centros públicos, 295.648 (27 por ciento) en concertados y más de 180.900 (16 por ciento) en colegios privados.

Extensión del bilingüismo

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo año escolar lo constituye la extensión del bilingüismo, ya que un total de 147 centros públicos -25 más que el año anterior- ofrecen esta modalidad de enseñanza.

El informe de la Consejería revela que la Educación infantil, que acoge a niños de 0 a 3 años de edad, iniciará el curso con 75.636 plazas, 9.038 más que en el curso anterior, de las que más de 55.000 estará financiadas con fondos públicos.

Además, el Ejecutivo regional invertirá 28 millones de euros en cheques de guardería en centros privado, ayudas que beneficiarán a 25.000 niños, y aumentará el presupuesto de las becas de comedor hasta alcanzar los 27,2 millones, lo que ayudará a 90.000 alumnos. Además, se concederán 292.957 becas para la compra de libros y material escolar. Esta cifra supone un 25 por ciento más de la invertida el curso pasado

A. R. VEGA

CÓRDOBA. Corren malos tiempos para los cuatro ruedas en el Casco. A los planes de restricción del tráfico que el Ayuntamiento de Córdoba quiere aplicar de manera progresiva desde el día 22, de viernes a domingo, en el entorno de la Mezquita-Catedral, se sumará en Navidades todo el conjunto de calles que conectan la céntrica plaza de las Tendillas con el monumento cuyo eje vertebrador es la calle Jesús María.

Hace un año que el Consistorio instaló una pilona electrónica (similar a las existentes en San Pablo o la Puerta de Sevilla) en la calle Barroso (esquina con la plaza de San Juan), al objeto de impedir el paso de vehículos privados al entramado de vías. Pero hasta el momento no ha funcionado. Tan sólo su presencia y una señal informativa da pistas de que se trata de una gran Área de Circulación Restringida (Acire), aprobada por el Pleno municipal en mayo de 2005.

Debido su complejidad (en este espacio conviven tres colegios y dos residencias de mayores), el anterior gobierno municipal aplazó sus puesta en marcha «sine die». Hasta hoy. El nuevo responsable municipal de Movilidad, José Joaquín Cuadra, avanzó a ABC su intención de encender a finales de año o principios de 2008 este dispositivo, que lleva un incorporado un lector de tarjetas y una cámara para identificar la matrícula de los vehículos autorizado (residentes, comercios, cocheras y taxis).

Con el objetivo de que el corte resulte menos traumático, estudia establecer un horario más flexible que el del entorno de la Mezquita. El cierre parcial de las 19 calles afectadas se aplicaría de 9.30 a 13.00 horas y de 16.30 a 21.30 horas. En total, son nueve horas y media las que estaría operando la pilona, salvo en el horario de entrada y salida de los centros escolares. No obstante, Cuadra explicó que «los padres tienen que ser conscientes de que no se puede llegar hasta la puerta misma de los colegios con el coche». También los servicios de carga y descarga funcionarían en un periodo determinado.

Con todo, el edil de Movilidad se mostró cauteloso a la hora de facilitar plazos y horarios, puesto que todo está a expensas de las sugerencias que le hagan llegar los propios afectados, vecinos, comerciantes e instituciones, con los que ha entablado ya contacto. «Queremos que sea una decisión muy consensuada», puntualizó, consciente de las dificultades con que se topó su predecesor, José Antonio Cabanillas, para establecer las restricciones.

Solicitud de tarjetas

Son más de un millar los vecinos de esta céntrica zona que ya se han sacado la tarjeta que les servirá para acceder a estas calles. Sin embargo, a medida que se acerque la fecha de cierre al tráfico, se intensificará la campaña de información.

Las calles que más directamente se verán afectadas son Barroso, Blanco Belmonte, Jesús María, Ángel Saavedera, Buen Pastor, plaza de Agrupación de Cofradías, Juan Valera, La Compañía, Valladares, Duque de Hornachuelos... y así hasta un total de 19 vías. Se trata del Área de Circulación Restringida más extensa de las 11 declaradas por el Consistorio.

POR M. R. G.

CÓRDOBA. La espera de muchos padres para retirar el «ansiado» cheque-libro del colegio de sus hijos terminó ayer. Aunque algunos centros empezaron la entrega a última hora de la mañana del miércoles, en la mayoría de los colegios la distribución de los vales empezó.

Los padres acudieron a los centros, aunque en esta ocasión no se vieron las aglomeraciones de la mañana del lunes, cuando muchos se acercaron a colegios e institutos para recoger el cheque después de que la delegada de Educación, Dolores Alonso, anunciara que estarían disponibles ese día. En todos los casos, los padres volvieron a casa con las manos vacías.

Los directores de varios colegios consultados por ABC reconocían la impaciencia de algunos padres en los últimos días. También la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de centros públicos (FAPA Ágora) ha recibido algunas quejas, tal y como confirmó ayer su presidente, Francisco Mora. Éste, sin embargo, quiso restar importancia al retraso de la entrega del cheque -«tenemos 15 días», declaró- y centró su crítica en el hecho de que algunos centros, en especial los institutos, aún no tuviesen el listado oficial de libros para el próximo curso. «Hemos recomendado a los padres que exijan este listado. De este modo pueden acudir a la librería y reservar los libros de texto, para que no haya problemas de última hora. Y cuando tengan el cheque los retiran y ya está», explicó.

Mora también hace esta recomendación para los padres cuyos hijos empiecen este curso primero o tercero de la ESO, los dos cursos de Secundaria que se benefician este curso del programa de gratuidad de libros.

La entrega del cheque en los institutos se demorará un poco más, hasta la semana que viene. Las pruebas de recuperación, las evaluaciones de septiembre y la demora en la elección de los manuales son el principal motivo de retraso. Además, en muchos casos hay que esperar a la matrícula de septiembre, que termina el día 8. «No podemos emitir el cheque-libro hasta que el alumno esté matriculado y esto afecta tanto a los nuevos ingresos como a los alumnos para los que la promoción de curso depende de las pruebas de septiembre», explica la jefa de estudios de un instituto de la capital.

Libros reciclados

Mientras tanto, hay un grupo de alumnos, los de tercero, cuarto, quinto y sexto de Primaria, que no tienen que preocuparse por la adquisición de los libros de texto para el próximo curso. Éstos les estarán esperando en clase cuando vuelvan al cole. Son los mismos que sus compañeros utilizaron el curso pasado y responden a la política de préstamo de libros que va ligada al Plan de Gratuidad. Con excepción del material del primer ciclo de Primaria (seis y siete años), donde los manuales se renuevan cada año, en el resto de cursos serán reutilizados durante cuatro años. Los libros son propiedad del centro educativo y éste los cede a los alumnos a modo de préstamo para ser devueltos a final de curso.

Éste es el primer curso en el que los alumnos de 8 a 12 años contarán con libros «reutilizados».

Una treintena de universitarios de elite de EE. UU. harán un curso de grado en la UB, UAB y UPF; sus motivos son diversos

MERCÈ BELTRAN - Barcelona - Todos son buenos estudiantes y están cursando carreras en seis de las mejores universidades de Estados Unidos - Brown, Chicago, Northwestern, Cornell, Harvard y Princeton-. Están en tercero y provienen de Humanidades, Arquitectura, Historia del Arte, Lingüística, Matemáticas y Biología. Todos hablan castellano y algunos catalán. Pasarán un curso en una de las tres universidades catalanas - Barcelona, Autònoma y Pompeu Fabra- gracias al programa Avanced Studies in Barcelona (CASB). Antes de iniciar el curso correspondiente a su carrera, todos realizarán uno introductorio de tres semanas, que se inició el lunes, sobre lengua y cultura catalanas. La única condición que deben cumplir los 37 participantes en este primer programa de movilidad, además de tener un buen currículum, es que no podrán realizar ninguna clase en inglés.

El nivel de exigencia de estos alumnos respecto a sus profesores es, a juicio de éstos, mucho más elevado que el de los estudiantes españoles. El coste anual de una matrícula en las seis universidades que participan en el consorcio es de unos 40.000 dólares.

Ayer, mientras recibían una clase, los tres rectores pasaron a darles la bienvenida. Sorpresa, sonrisas cómplices y una cierta perplejidad que rápidamente cedió ante el aplomo extraordinario que mostraron los alumnos, abrumados por las cámaras. "¿Cómo se sienten los tres rectores juntos?", preguntó uno de los estudiantes. "¿Cómo?", le interpelaron los tres rectores. "Nos llevamos bien y nos vemos con frecuencia", respondió Rubiralta. "Colaboramos en muchas cosas", apuntó Ferrer, y "estamos encantados de tenerlos aquí", apostilló Moreso. Algunos estudiantes explicaron entonces las razones que les habían movido a estudiar en Barcelona.

TEREZA WIDMAR. Estudia Psicología y Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago.

"Hace dos años que estudio catalán en mi universidad y quiero aprender catalán y castellano en Catalunya. Me interesa Catalunya social y políticamente. Tengo curiosidad por saber cómo se defiende la cultura catalana de la influencia española".

ROSALYNN VEGA. Estudia Antropología y Literatura Española en la Universidad de Brown. "Estoy impresionada y feliz por lo magníficos que son sus profesores. Me interesa Catalunya porque étnicamente es más pura y orgullosa de sí misma que el resto de España. La cultura catalana es muy interesante y no se ha asimilado a la española. Eso en Estados Unidos no pasa. Yo soy de origen chino y en mi familia nadie habla chino".

JONH ANDERSON-LYNCH. Estudia Arquitectura en la Universidad de Brown. "Me atrae la ciudad, deseo estudiar su arquitectura y su urbanismo en directo. Quiero aprender cultura catalana, ver cómo vive la gente y poner su arquitectura en un contexto".

JOSÉ MARIA VIAGGIANO. Cursa Sociología en la Universidad de Chicago.

"Me resulta atractivo el contexto urbano. El estilo de vida y su concepción del tiempo es muy distinto al de Estados Unidos. (¿La elasticidad del tiempo, que no es un concepto físico, aquí es mucho más amplia. apostilló Rubiralta¿). Ustedes aprovechan mucho más la interacción social. Le dan mucha importancia a la socialización, a tomar un café, a discutir, a intercambiar puntos de vista. Además, desde el punto de vista social y político son comparables a Puerto Rico, de donde provengo. Catalunya no es un Estado pero en cierto sentido sí lo es, y saber por qué eso es así y cómo lo viven es muy interesante".

El acuerdo firmado por las tres universidades catalanas -Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y Universitat Pompeu Fabra (UPF)- es "una apuesta estratégica" y un paso "muy importante" para la internacionalización y modernización de la universidad catalana y un ejemplo de lo que puede dar de sí la colaboración universitaria. La iniciativa pretende, asimismo, que Barcelona y Catalunya no sólo sean conocidas internacionalmente por el Barça o Gaudí, sino también por la calidad de sus universidades.

Es una forma de intentar situarse "en la primera división universitaria" para competir en un mundo global.

Así lo ven los rectores Màrius Rubiralta (UB), Lluís Ferrer (UAB) y Josep Joan Moreso (UPF), que ayer presentaron el programa junto al director del mismo, Juanjo Romero y los profesores Elisa Martí y Mario Santana.

Los 37 alumnos que conforman este primer grupo de estudiantes provienen de las seis universidades americanas - Brown; Chicago; Northwestern; Cornell, Harvard y Princeton- que forman parte del Consortium for Advanced Studies in Barcelona (CASB), creado para ofrecer a sus estudiantes - sobre todo los de tercer curso- una oportunidad para acceder directamente a las tres catalanas.

El programa, que aprovecha la tarea de los departamentos de estudios catalanes e hispánicos de cada una de las universidades americanas, prevé que los estudiantes seleccionados hagan un curso completo de sus respectivas carreras en las universidades catalanas. El Ministerio de Educación ha sido el que ha legalizado el consorcio.

El borrador elaborado por el Gobierno vasco no hace ninguna referencia a España ? El objetivo para los alumnos será «identificarse como vascos en un marco multicultural» ? Los invita a rebelarse contra el «orden social»

El País Vasco está a punto de aprobar el decreto definitivo de Educación para la Ciudadanía. El borrador ya dispara algunas alarmas.


Mar Villasante

Madrid- «Educación para la Ciudadanía no debe buscar el adoctrinamiento mediante la mera transmisión de valores inamovibles que contribuirían a una acomodación al orden social, sino que debe estimular la tensión entre autonomía y solidaridad», con el ánimo de «ayudar a superar las contradicciones de la vida en la sociedad democrática». Así reza uno de los borradores de la asignatura elaborado por el Gobierno vasco, comunidad en la que la materia comenzará a impartirse en el curso 2008-2009 y cuyo decreto definitivo se publicará previsiblemente en el mes de octubre.
    El texto hace pivotar esta enseñanza sobre los valores democráticos, que relacionan con la propia organización y el funcionamiento del aula y del centro, es decir, que elevan incluso a las relaciones entre alumnos, profesores y autoridades académicas. Pero estos valores, y las leyes que los sustentan, quedan plasmados de forma ambigua.
    ?¿Qué Constitución? Aunque en varios apartados se habla de la Constitución y los valores constitucionales, el decreto evita especificar si se trata de la española. Por el contrario, sí que se pone el acento en las «instituciones autónomas vascas» o en la «construcción europea».
    ?¿Qué cultura? El objetivo para los alumnos será «identificarse como vascos en un marco multicultural, valorando de forma positiva tanto la lengua y la cultura vascas como las lenguas y culturas de pertenencia y referencia». Nuevamente, se evita hablar de España.
    ?¿Qué Estado? Otro de los objetivos será que los escolares conozcan e interpreten los derechos y obligaciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención de los Derechos del Niño, «y su plasmación en los textos legislativos del Estado».
    ?¿Qué derechos? Uno de los criterios de evaluación consistiría en la capacidad para identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales, manifestando actitudes a favor del ejercicio activo.
    ?¿Qué sistemas? Los alumnos deberán conocer la pluralidad de las sociedades actuales, los derechos de los pueblos y su libre ejercicio. O conocer la estructura de los sistemas democráticos y de las instituciones políticas «de distintos niveles, incluido el europeo». No se indica si se incluye también el español.
    Al margen del plano político y legislativo, el borrador contiene apartados que suponen una «intromisión absoluta en los valores personales y familiares y en la educación moral del alumno», según subrayan desde Profesionales por la Ética, una de las asociaciones más beligerantes con la nueva asignatura. Éstos son algunos fragmentos que fundamentan sus temores:
    ?Relativismo. Sostiene el documento que en el contexto de EpC se consigue que las personas tengan comportamientos coherentes con las normas que personalmente han construido y se posibilita que «asuman críticamente las normas que la sociedad se ha dado a sí misma». Se trata también de elaborar principios de valor que sirvan para enfrentarse críticamente con la realidad.
    ?Clases de moral. La enseñanza se dirige a la identidad, las relaciones de género, las elecciones personales y «tomas de posición y juicios de valor para potenciar la actividad crítica sobre los propios valores y conductas». En 4º de la ESO, la asignatura se centra en la construcción de valores ligada a la educación del juicio moral. Contenidos que se completan con el «planteamiento de dilemas morales» o la invitación a «proponer diferentes respuestas a una misma situación éticamente problemática».
    ?Roles y valores. Se aborda la división social y sexual del trabajo, así como las «estrategias sociales de transmisión de roles y valores», entre las que se citan las familias, la escuela, la publicidad o los medios

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -


   El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, recomendó hoy a los padres seguir una serie de pautas para facilitar a los niños el tránsito de las vacaciones a la vuelta al colegio, entre las que se encuentran involucrar a los pequeños en la compra de libros y material escolar o evitar 'cursillos acelerados' de recuerdo de las materias impartidas en el curso anterior.

   Ante la proximidad de la apertura del curso escolar, que se iniciará en la región el día 12 en los ciclos de Infantil y Primaria, Canalda insistió en la necesidad de mantener una relación continua a lo largo del año entre familias, alumnos y profesores a fin de que los padres conozcan la evolución de sus hijos en el centro de estudio.

   "El inicio del curso es un buen momento para sentar las bases de lo que han de ser las responsabilidades de unos y otros a lo largo del año. La formación escolar es una carrera de fondo en la que todos, alumnos, instituciones escolares, profesores y padres, tienen que esforzarse", señaló.

   Por este motivo, el Defensor del Menor recomendó a las familias cambiar en los últimos días de vacaciones los ritmos y rutinas del verano para adaptar a los niños a la nueva situación, así como involucrar a los estudiantes en la compra de libros y material escolar.

TRÁNSITO "SUAVE".

   Asimismo, aconsejó a los padres no someter a los pequeños a 'cursillos acelerados' de recuerdo de materias sino intentar hacer un tránsito "suave" hacia la actividad escolar plena, insistiendo siempre en la importancia de la lectura.

   "Los niños y adolescentes deben comprometerse a desarrollar al máximo sus habilidades y competencias; por su parte, los profesores tienen que practicar un estilo de enseñanza que motive a los alumnos, les ayude a pensar por sí mismos y les despierte el interés por seguir aprendiendo", explicó Canalda.

   El Defensor del Menor también propuso a los padres ofrecer seguridad a sus hijos a la hora de afrontar el curso escolar, valorando su esfuerzo adecuadamente, al tiempo que consideró importante que respalden en igual medida al profesorado, inculcando a sus hijos la necesidad de respetar a los profesores y a sus compañeros.

   "Los padres tienen que participar en la vida escolar, colaborando en lo posible con las AMPAs, asistiendo a las reuniones, conociendo a sus representantes en el Consejo Escolar para canalizar a través de ellos cualquier sugerencia", dijo Canalda, quien recordó la importancia de los encuentros con los tutores.

"LLAMADA AL CONSENSO".

   Finalmente, el Defensor del Menor apuntó que este curso escolar se inicia con la puesta en marcha de una renovación en la organización de algunos cursos como resultado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación y que las instituciones escolares de cada Comunidad tendrán que adaptar los contenidos previstos de forma que se satisfagan las necesidades y demandas de los niños y de sus familias.

   En este sentido, hizo una llamada al consenso y a que se piense siempre en lo que más conviene a los menores y a su correcto desarrollo educativo y personal.

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -


   La falta de ejercicio físico y el peso de las mochilas escolares son los principales causantes de que en España casi el 60 por ciento de los niños y el 69,3 de las niñas padezcan dolor de espalda antes de cumplir los 15 años, según informaron hoy la Organización Médica Colegial (OMC) y la Fundación Kovacs, con motivo  del comienzo del curso académico.

   Así, para evitar que la cifra de menores con afecciones de espalda aumente, estas dos entidades presentaron hoy un monográfico titulado 'Tebeo de la Espalda', dirigido a los menores de entre seis y diez años para facilitarles los conocimientos fundamentales para la salud de su espalda. En el marco de la campaña 'Deporte en familia', estos ejemplares se pondrán a disposición de las autoridades sanitarias y educativas de forma gratuita y se podrán descargar del web www.espalda.org

   "Las dolencias de la espalda son más frecuentes de lo que antes se creía, porque el hecho de padecerlas de niño aumenta el riesgo de padecerlas de manera crónica en la edad adulta", advirtió el presidente de la Fundación Kovacs, el doctor Kovacs. "De todas las medidas que hay, tanto entre los niños como en los adultos, desde el punto de vista preventivo, el ejercicio es la más importante", añadió.

   Asimismo, y el relación al deporte, el doctor Kovacs insistió en que la práctica del ejercicio físico "de forma regular" debe ser compartida entre padres e hijos como una actividad beneficiosa para ambos y para que se consolide en estos últimos como una "práctica habitual". "Que nada sirva de excusa para los vagos", afirmó el especialista, quien aclaró que "cualquier ejercicio es mejor que nada".

   Además, el doctor Kovacs quiso diferenciar en la actividad deportiva realizada regularmente y la actividad que realizan los deportistas de alta competición, que, según explicó tienen efectos "distintos". "El ejercicio habitual es beneficioso para la espalda, mientras que el de alta competición es problemático, pues hay estudios que demuestran que su práctica es perjudicial para la salud y para la espalda".

EXIGENCIAS A LAS INSTITUCIONES.

   Por su parte, el presidente de la OMC, el doctor Isacio Siguero, afirmó que en su próxima reunión con el ministro de Sanidad, Bernat Soria, le pedirá que "se tome en serio este tema y ponga soluciones".

   Asimismo, se refirió al Ministerio de Educación al que instará la compra de mobiliario escolar "adaptable" a las distintas medidas de los menores para que les permita cumplir con las normas de higiene postural, que, según dijo, "no va a cargarse el presupuesto nacional". En este sentido el doctor Kovacs explicó que "los niños no son una producción industrial que se desarrollan exactamente igual, sino que hay una gran variabilidad en el ritmo de crecimiento: unos no caben en la silla y a otros no les llegan los pies al suelo".

   En cuanto al peso de los libros que soportan los escolares, que según recomendación médica no puede exceder el diez por ciento de su peso, el doctor Siguero puso como ejemplo la medida que Japón ha tomado respecto a la carga de las mochilas, que prohíbe a las editoriales la producción de libros que excedan un peso determinado para cada edad.

   "En este sentido proponemos a las editoriales que hagan ediciones trimestrales de los libros de texto", sugirió el doctor Kovacs, quien explicó que esta medida no perjudicaría a las editoriales españolas

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -


   El Grupo Popular exigirá en la Junta General del Principado el coste cero de la enseñanza no universitaria, el cual calcula que supondría un gasto de 47 millones de euros anuales al Gobierno del Principado. Con esta cantidad se garantizaría la gratuidad de los servicios de educación de 0 a 3 años, transporte escolar y comedor, además de crear secciones bilingües en al menos 90 centros durante el primer año de la legislatura, para alcanzar la totalidad de los colegios públicos a lo largo de los cuatro años.

   Fue la demanda del diputado del PP en la Junta General del Principado, Emilio Rodríguez, que convocó hoy una rueda de prensa para criticar la gestión educativa del Gobierno del Principado de Asturias.

   El parlamentario desglosó los cálculos que ha realizado el PP para conseguir la suma de esos 47 millones de euros. El transporte escolar, del que actualmente se benefician unos 16.000 alumnos, ascendería a 5 millones de euros. Los servicios de comedor en los distintos centros de enseñanza tendrían un coste de 20 millones de euros. El importe de las escuelas de educación de 0 a 3 años ascendería a 15 millones de euros anuales. Por último, la financiación de la habilitación de secciones bilingües en al menos 90 centros durante el primer año costaría 7 millones de euros.

   Para el PP "la educación con coste cero debe ser un objetivo político prioritario", afirmó el diputado, quien considera que actualmente no hay "un compromiso presupuestario" por parte del Gobierno regional con las familias.

   El parlamentario consideró además "insuficientes" las ayudas anunciadas de 90 y 130 euros para la compra de libros en educación primaria y secundaria respectivamente. Para Rodríguez la cuantía debería ser al menos el doble de la anunciada.

COMPARECENCIA

   El PP pedirá, asimismo, la comparecencia del consejero de Educación en la Junta para preguntarle por diversas cuestiones. Una de ellas será la escolarización en la etapa de 0 a 3 años, la cual representa un "coste excesivo, tanto para los Ayuntamientos, como para las familias y el Principado".

   También pedirán una explicación sobre la oferta de los ciclos de Formación Profesional, y "si ésta responde o no a la demanda del mercado laboral". "Hay que coordinar la oferta formativa y ponerla de acuerdo con el empleo", señaló.

BILINGÜISMO.

   El diputado también incidió en el asunto de la educación bilingüe en las escuelas, aspecto en el que señaló que "Asturias está retrasada con respecto a otras comunidades autónomas". Los populares no están a favor de aumentar las horas de esta asignatura en los institutos, y "sí profundizar a través de contenidos, es decir, que haya asignaturas cuyo contenido se prepare en inglés".

   En este punto, el PP criticó que en Asturias "no haya ninguna política ni proyecto que apueste por una formación real del profesorado que quiere participar voluntariamente en los programas de bilingüismo". Rodríguez explicó que "hay que diseñar educación física o cualquier área que no sea instrumental en inglés", matizó.

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -


   El Partido Popular pidió hoy que la impartición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía se aplace en Asturias hasta el siguiente curso lectivo, 2008-2009. La formación entiende que hay otras comunidades, como las gobernadas por el Partido Popular, además de Castilla La Mancha y Galicia (gobernadas por el PSOE), y Ceuta y Melilla, cuyas competencias educativas dependen directamente del Estado, donde la asignatura no comenzará a impartirse, al menos, hasta la próxima temporada lectiva.

   Así lo reclamó en rueda de prensa el diputado del PP en la Junta General del Principado, Emilio Rodríguez. El parlamentario regional adelantó que el PP va realizar esta propuesta formal al Gobierno del Principado de Asturias, pidiendo que el currículum educativo actual se mantenga igual, pero eliminando esta materia, "y aplazando su vigencia hasta el próximo curso".

   El diputado justificó su demanda señalando que "no existe una unidad de criterio entre las comunidades", por lo que "se puede dar lugar a que algunos alumnos que se trasladen de unas autonomías a otras puedan cursar la asignatura dos veces, y otras ninguna", explicó Rodríguez.

   Además recordó que el perfil del profesorado que va impartir la asignatura "está aún sin definir, ya que falta a estas fechas el informe preceptivo del Consejo de Estado". "Se cree que serán profesores de filosofía y ciencias sociales, lo que en muchos casos servirá para completar su horario", añadió.

   El diputado acusó al Gobierno asturiano y al español de "trasladar la incertidumbre a las familias, a los alumnos y a los centros educativos, bajo la amenaza de la no promoción o de la no titulación sino la cursan".

NO EXISTE EN LA UE.

   El diputado negó que esta asignatura exista en varios países de la Unión Europea, como se afirma desde diferentes ámbitos favorables a la nueva materia. "Sólo España y Rumanía han propuesta la creación de una asignatura concreta para promover estos valores", afirmó Rodríguez, matizando que "en el resto de países de la unión se transmiten por medio de una enseñanza transversal". Acusa al gobierno de "crear un conflicto que en los países europeos no existe en este momento".

   Así es como, según la versión del PP, "los países europeos han puesto en práctica la resolución del Consejo de Europa" en la que se apoya la difusión de los valores que se plantean en el temario de Educación para la Ciudanía.

Estos parques generan ya el 0,65 por ciento del PIB nacional y el 5,8 de los empleos de I+D de toda España

   MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno ha dedicado este año 416 millones de euros a los parques científicos y tecnológicos, a través de la concesión de créditos blandos, para la inversión en I+D, lo que supone un 26 por ciento más que en la convocatoria anterior, anunció hoy el secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla.

   En una rueda de prensa de presentación del 'Estudio del impacto socioeconómico de los parques científicos y tecnológicos españoles', Quintanilla destacó la importancia de apostar por el desarrollo de estos parques ya que, según recordó, representan "la solución a la falta de conexión entre el mundo académico e industrial". En esta línea, el presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), Felipe Romea, aseguró que los parques son "uno de los mejores instrumentos para incrementar la I+D privado".

   Y es que, según revela el estudio, los parques científicos y tecnológicos, que actualmente suman 25 en España--aunque hay unos 80 proyectos más en desarrollo--, tienen una productividad media muy superior a la media española (62,54%), e incluso superior a la de la economía estadounidense y finlandesa. Además, generan ya el 0,65 por ciento del PIB nacional y el 5,8 de los empleos de I+D de toda España.

   Además, la facturación de las empresas de los parques españoles en el 2005 (10.000 millones de euros) supuso un 0,44 por ciento de la producción total española de ese año, algo "significativo si se tiene en cuenta la escasa superficie ocupada en términos relativos al total de la existente en España", indica el estudio.

   Asimismo, el impacto inducido por los parques de la APTE en el empleo fue responsable del 0,6 por ciento del empleo total en España en 2005. Así se pasó de 60.640 empleos en 2001 a 119.904 en 2005, lo que supone haber doblado todo el empleo generado en cinco años.

RECAUDACIÓN TOTAL.

   Por otra parte, la recaudación total por parte de las Administraciones Públicas gracias a las actividades de los parques puede estimarse en 1.700 millones de euros en 2005, casi el doble de los 858 recaudado en 2001.

   Por último el estudio, que se realizó sobre los 11 parques más consolidados de España, revela que si cada provincia en España contara con un parque, se quintuplicaría el volumen de facturación, se multiplicaría por 5 la participación en el PIB española y el peso relativo del empleo pasaría de un 0,60 por ciento a un 3,18 por ciento.

   Al respecto, Romea indicó que el País Vasco, Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas que más parques tienen en funcionamiento mientras que Madrid junto a Cataluña y Andalucía son las comunidades que más parques tecnológicos están creando.

   En esta línea, Quintanilla añadió que el Gobierno ha aumentado mucho la inversión en el sector público para potenciar el crecimiento en el sector privado y que en esa línea también irá el Plan Nacional de I+D, al incentivar la investigación académica y la transferencia a la producción industrial.

   APTE agrupa a más de 70 parques científicos y tecnológicos de toda España que suman 2.615 entidades y 79.000 trabajadores, a los que representa en foros nacionales o internacionales. También elabora estudios sobre el desarrollo de este tipo de instalaciones y el impacto en su entorno, favoreciendo la colaboración entre parques.

ALJARAQUE (HUELVA), 6 Sep. (EUROPA PRESS) -


   El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, pidió hoy al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que "sea sensato" y, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, retire la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) de este curso para "consensuar su contenido con la comunidad educativa".

   Durante su intervención en la Junta Directiva que el PP de Huelva celebró en la localidad de Aljaraque, Arenas consideró que Chaves "debe abandonar su prepotencia y arrogancia y consensuar la aplicación de la asignatura y no después de aprobar el decreto para su puesta en funcionamiento".

   El presidente del PP andaluz se mostró "encantado" de que a sus hijos se le inculquen derechos y deberes, pero rechazó que se les enseñe "la ideología del PSOE porque hay que educarlos en valores y no en los conceptos sobre la ciudadanía de los socialistas".  

PALMA DE MALLORCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -


   El portavoz del PP, Miquel Ramis, estimó hoy que la consellera de Educación y Cultura, Bárbara Galmés, "se tiró a una piscina sin agua" al anunciar, tras asumir el cargo, que garantizaría la gratuidad de los libros de texto en Baleares a partir de este curso, cuando, según criticó, "se ha dado de bruces con la realidad, porque no hay presupuesto".

   En una rueda de prensa, Ramis consideró que la consellera actuó con una "irresponsabilidad importantísima" al prometer una gratuidad que, a su juicio, no ha podido cumplir, debido a que "actualmente, los padres están pagando entre 200 y 300 euros por los libros de cada hijo".

   Por este motivo, exigió "seriedad" al Govern de Antich, puesto que, en su opinión, "no puede salir un conseller diciendo lo que se le ocurra para adornar los oídos de unos interlocutores", sino que tiene que estar "respaldado" por el propio Ejecutivo.

   Preguntado por las declaraciones del portavoz del PSIB-PSOE en el Parlamento balear, Antoni Diéguez, quien sostuvo que el PP debería pedir "perdón" por no haber garantizado la gratuidad de los libros de texto durante la pasada legislatura "incumpliendo su programa electoral", Ramis afirmó que "no es lo mismo una promesa que se hace en las elecciones y una que se realiza cuando ya se ha asumido la gestión y la responsabilidad de Gobierno".

   La medida anunciada por la consellera de Educación establece que durante este curso, financiará con un máximo de 110 euros los libros de Primer Ciclo de Primaria y de 200 euros los de Educación Especial, siempre y cuando los padres devuelvan los libros en buen estado cuando finalice el curso escolar, con el fin de que puedan ser reutilizados por otros alumnos.

   El objetivo de la Conselleria pretende ampliar progresivamente estas ayudas, de forma que en el curso 2001-2012 se apliquen también  al Segundo ciclo de Primaria y de primero a cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria, con el objetivo de que los padres puedan lograr un ahorro de 800 euros en Primaria y de 1.000 euros en Secundaria.

ZARAGOZA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -


   Cuatro familias han presentado objeción de conciencia a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) en la Comunidad autónoma aragonesa, según informó hoy la directora general de Política Educativa del Gobierno autonómico, Carmen Martínez Urtasun, en una rueda de prensa de presentación de las novedades del curso escolar no universitario 2007-2008.

   Tres de las cuatro objeciones son de centros de la provincia de Zaragoza y una de Huesca. Esta asignatura comenzará a implantarse este curso 2007-2008 en tercero de educación Secundaria en aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) con una hora semanal.

   La directora general aseguró que "no existe derecho a la objeción de ésta ni de otras asignaturas" y explicó que los alumnos que no asistan a clase "se tratará como alumnos absentistas". En estos casos, comentó, son el centro y el consejo escolar quienes deben decidir las medidas disciplinares que se le aplican al alumno.

   Carmen Martínez desestimó la posibilidad de dejar de impartir este curso la asignatura o de que sea optativa, como han solicitado el Partido Popular o los obispos aragoneses, puesto que "no toca aspectos sobre moral o religión", que sí se abordan en otras asignaturas que no son obligatorias.

   A su entender, "es una asignatura normal que no tiene adoctrinamiento" y señaló que "no confiar en los profesionales de la docencia dice mucho". La directora general indicó que no han detectado ninguna polémica respecto a esta asignatura "salvo esta virtual de principio de curso".

   En este sentido, el director general de Administración Educativa del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, aseguró que la inspección no ha detectado ninguna dificultad en los centros para la puesta en marcha de la nueva materia, "tampoco en los centros concertados" por lo que "se cursará con total normalidad", subrayó.

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -


   La diputada regional del PSOE, Inmaculada Ortega, exigió hoy al Gobierno regional que pague "totalmente" el coste de los libros de texto a las familias, y "no el 60 por ciento, aproximadamente que abona en la actualidad". Además reclamó que "de solución inmediata" a las "altas tasas de abandono escolar en La Rioja", que se sitúa en torno al 36,2 por ciento.

   La parlamentaria regional socialista realizó estas demandas en una comparecencia de prensa, en la que analizó diversos aspectos del sistema educativo riojano, ante el inicio mañana del curso escolar 2007-2008. Afirmó que hay aspectos que se "vienen arrastrando del curso anterior".

   Entre ellos citó el hecho de contar con una de las tasas de abandono escolar "más altos de España", con cinco puntos más que el resto del Estado. Aspecto por el que señaló hay que "dar atención preferente" en la Educación Secundaria.

   Ortega explicó que al menos el 36,2 por ciento de los alumnos de cuarto de la ESO, una vez que finalizan sus estudios obligatorios, optan por incorporarse al mercado laboral. Un hecho que para una comunidad que "tiene parámetros económicos tan buenos, no podemos permitir el fracaso escolar, ni la baja participación de los jóvenes en los estudios post-obligatorios.

   Por ello avanzó que el Parlamento regional pedirán que se de solución a las altas tasas de abandono escolar. Para la diputada socialista se puede evitar "incorporando muchos más medios en la etapa secundaria obligatoria, con más profesores, más mediadores sociales y más orientadores escolares". Todo con el fin de "entusiasmar a los chicos de la ESO para que no terminen su etapa de formación a los 16 años".

   Además apuntó que la región cuenta con una tasa media de fracaso escolar, es decir alumnos que no llegan a los niveles mínimos que tasan los profesores, del 27 por ciento, en niveles parecidos al resto de España. De todos modos, para Ortega, una comunidad como La Rioja "no puede permitir que su tasa de fracaso escolar sea tan alta".

   Ante ello, reclamó la elaboración de un Plan de Atención a la Diversidad, ya que "si funcionará como en el resto de España, daría como consecuencia más profesores y programas educativos especializados para los alumnos que no llegan a los contenidos mínimos".

   En cuanto al alumnado inmigrante, Ortega indicó que "no puede permitirse por más tiempo que cuando lleguen se les coloque en el aula que les corresponde por edad biológico, ya que genera problemas", puesto que "viene de un país diferente en idioma, cultura y conocimientos, que conlleva que genere graves problemas para él y para la propia dinámica del aula".

   Para solucionarlo exigió la implantación de aulas de inmersión lingüística y programas educativos diferenciados, para que "pasen un poco de tiempo con sus compañeros y otro en las aulas donde se les enseñe el idioma y adquieran el nivel exigido".

   Por otra parte, la parlamentaria socialista reclamó al Gobierno regional que "deje de ser triunfalista" con la gratuidad de los libros de texto, puesto que "lo que se le paga a una familia son 84 euros, y lo que les cuesta de media a las familias es de 120 a 130 euros".

   Recordó que el Gobierno de España, "aunque no es de su competencia", realizó una aportación de 300.000 euros a La Rioja para la gratuidad de libros de texto para su incremento. Por lo que el Ejecutivo regional debería de pagar "tanto como les cuesta a las familias los libros, y no aproximadamente el 60 por ciento que se abona ahora".

   Ortega exigió que en Infantil se reduzca el número de niños por aula, de 25 a 20, así como que "realmente" se potencie el bilingüismo, y que "no haga una chapuza, como hasta ahora". Explicó que el bilingüismo "de verdad", es aquel en el que entre el 30 y 50 por ciento de las asignaturas principales, se dan en dos idiomas a la vez, en castellano y en inglés.

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -


   El Foro Español de la Familia (FEF) apoyó hoy la iniciativa de la Confederación Nacional Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), que solicitó ayer que todos los padres objeten la asignatura de Educación para la Ciudadanía independientemente que residan en una comunidad autónoma que plante modificar los contenidos.

   Y es que, según recordó el presidente del FEF, Benigno Blanco, en un comunicado, es "inaceptable" en una democracia que el Gobierno "se arrogue el derecho a manipular el sistema educativo para imponer una peculiar y partidista visión de la ética". Asimismo, aseguró que Educación para la Ciudadanía se plantea como "objetivo expreso imponer una presunta 'ética común' que el mismo Gobierno se encarga de definir en sus parámetros básicos".

   Por ello, animó a todos los padres, "idependientemente de su ideología, religión o que vivan en una comunidad donde la asignatura empiece a aplicarse este curso o no o estudien o no en escuelas públicas o privadas", a ejercer el derecho constitucional de objeción de conciencia "en defensa del pluralismo, de la libertad ideológica y religiosa y de la libertad de educación y el derecho de las familias a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales".

   "Se objeta por convicción de conciencia, pero se debe formalizar ya esa objeción por solidaridad", indica Benigno Blanco, quien además, invitó a objetar a aquellas familias cuyos hijos estudian en colegios con ideario propio elegido libremente por los padres, "por mucha confianza subjetiva y objetiva que tales centros les ofrezcan".

Los padres que interpusieron el recurso estudian si pleitearán esta resolución y aclaran que el recurso no ha sido rechazado

   SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado un auto en el que deniega la suspensión cautelar de la aplicación de los decretos autonómicos que desarrollan la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en Andalucía, como demandaban como medida preventiva los padres que a título individual recurrieron esta nueva materia que la Junta implanta en Secundaria este curso, según informó a Europa Press Carlos Seco Gordillo, uno de los promotores de esta iniciativa.

   Esta resolución "no es firme y se puede recurrir por las partes", según indicó el letrado, quien señaló que está estudiando la posibilidad de recurrirla y aclaró que "esto no supone que se rechace el recurso contencioso-administrativo que interpusimos en el tribunal, sino la adopción de la suspensión cautelar"

   El TSJA rechaza así la petición de paralizar preventivamente la puesta en marcha de EpC como habían solicitado los al menos 14 padres que respaldan estos recursos.

   La Fiscalía ya había rechazado también la suspensión cautelar de la materia, algo sobre lo que Seco Gordillo había dicho que no significaba que el TSJA fuera a dictar en el mismo sentido de Fiscalía", algo que finalmente sí se ha producido.

   Las alegaciones de la Fiscalía, a las que tuvo acceso Europa Press, recogen que "las disposiciones generales impugnadas por el recurrente, en nada afectan al contenido del derecho a la libertad religiosa, tal y como ha sido expuesto".

FISCALÍA RECHAZA VULNERACIÓN DE DERECHOS.

   "Su ámbito de aplicación ha de ser contemplado de forma relevante desde el ámbito del derecho fundamental a la educación, pues la misma no afectan a la enseñanza religiosa, sino a aspectos propios del sistema de organización educativa, sin que la opinión subjetiva que pueda tener el recurrente sobre el contenido o evaluación curricular de la competencia social y ciudadana y su dimensión ética, contravenga norma jurídica o derecho fundamental alguno", añade el alegato.

   Asimismo, rechaza que la educación suponga sólo la transmisión de conocimientos científicos, culturales o artísticos, ya que "el objetivo del derecho fundamental a la educación radica en el pleno desarrollo de la personalidad humana, y en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".

   Por último, el fiscal concluye que "ante la falta de concreción de la norma, artículo o precepto de la regulación contenida en las disposiciones impugnadas (...) debemos estimar como infundado el recurso jurisdiccional interpuesto y por ésta vía especial de protección de los derechos fundamentales".

PAMPLONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -


   Esta mañana se presentó en Pamplona la Plataforma Navarra Educa en Libertad, que agrupa a padres y madres que se muestran en contra de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Un colectivo que ya ha puesto en marcha una campaña a favor de la objeción de conciencia, que tiene como lema 'Educación para la ciudadanía: los padres elegimos'.

   Para la Plataforma, la citada asignatura "vulnera de lleno el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el artículo 14.3 de la carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea así como el artículo 27.3 de la Constitución Española, que reconocen la libertad de los padres a la hora de elegir la educación para sus hijos de acuerdo a sus convicciones".

   La coordinadora de la Plataforma, Teresa Jaurrieta, destacó en la rueda de prensa que a los hijos los educan sus padres, "no el Estado y que el Estado no es quien para inmiscuirse en la conciencia". En su opinión, Educación para la Ciudadanía "atenta contra los derechos constitucionales básicos en la España de hoy, como la libertad de enseñanza, libertad ideológica, libertad religiosa y de culto de las personas y comunidades, interpretados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".

   Desde la Plataforma, dijo, están trabajando por que los alumnos que no asistan a esta asignatura que se implanta este curso en todos los colegios navarros realicen en dichas horas lectivas otro tipo de actividades. Jaurrieta explicó que todavía no se ha acordado qué recibirán estos alumnos y recordó que tienen "el derecho y obligación a recibir otra actividad alternativa".

   La coordinadora señaló que si esta asignatura sigue adelante los alumnos que no la cursen serían suspendidos, pero manifestó que están trabajando por que se suprima de la ley "que impone Educación para la Ciudadanía, todo aquello que vulnera nuestro derecho irrenunciable de padres, tanto en el planteamiento de la ley como en los contenidos de la asignatura".

   Asimismo, Teresa Jaurrieta pidió al Gobierno de Navarra que "respete y ampare" la objeción de conciencia de los padres "como recurso legítimo y muestra de reconocimiento de nuestra patria potestad en la educación de nuestros hijos".

   Por su parte, José Luis Bazán, coordinador de la asesoría jurídica de la Asociación Profesionales por la Ética, indicó que con esta asignatura el Estado "ha abandonado indebidamente su obligada neutralidad ideológica en contra de las exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y se ha apartado del parámetro común de los curricula del resto de países europeos".

   A su juicio, el Gobierno ha introducido contenidos que "no se encuentran en Europa" y "ha expulsado otros que sí se imparten en países europeos (como el patriotismo o el sistema de libre mercado)", afirmó.

   Bazán destacó que Profesionales por la Ética ha reunido en la actualidad, junto a otras asociaciones, más de 13.000 objeciones de conciencia en otras provincias españolas.  

   Finalmente, José Luis Solabre, miembro de Concapa en Navarra, destacó que esta asignatura pretende "aleccionar ideológicamente y desnaturalizar las disciplinas académicas". "La autoridad pública no puede imponer una moral, es labor de los padres inculcar la elegida por ellos a sus hijos, no es función del Estado. Ya desde la exposición de motivos la LOE 2/2006 de 3 de mayo nace con error alconsiderar la educación como medio, en vez de ser apreciada como un fin", opinó.

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -  


   La asociación Profesionales por la Ética denunció hoy que la Junta de Andalucía "ha decidido emprender una contraofensiva intentando presionar y amedrentar a los padres que han presentado formulario de objeción de conciencia" contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos "ante la avalancha de objeciones", mediante el envío de un "documento de la Administración educativa socialista en el que se ponen trabas al ejercicio de este derecho constitucional".

   En opinión del presidente de Profesionales por la Ética de Andalucía, Miguel Gómez de Agüero, "la conducta del gobierno autonómico va dirigida a crear un ambiente disuasorio para el ejercicio del derecho constitucional de los padres a controlar la formación de sus hijos". Gómez de Agüero acusa a la Consejería de Educación de esta Comunidad Autónoma de "desconocer la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional", que prohíbe "realizar acciones para vulnerar" los derechos fundamentales e incluso "poner trabas que dificulten" su ejercicio.

   El presidente de Profesionales por la Ética de Andalucía calificó asimismo de "positivo" que el escrito remitido a los padres cite "prácticamente toda la jurisprudencia del Tribunal en materia de objeción de conciencia", a pesar de que consideró "significativo" que la Junta de Andalucía "no cite la sentencia en la que el Tribunal Constitucional defendió la existencia del derecho de objeción de conciencia al aborto", en el que afirmaba que "este derecho existe aunque no haya regulación".

   Para Profesionales por la Ética, la Junta de Andalucía reconoce así que se trata de "un supuesto en el que cabe la objeción de conciencia". Para Gómez de Agüero, "lo que de verdad preocupa a la Junta de Andalucía es la reacción de los padres andaluces y las reuniones y actos pro objeción de conciencia que se están desarrollando por toda la Comunidad autónoma con enorme afluencia de padres". Para el presidente de Profesionales por la Ética de Andalucía, "la rebelión cívica es imparable".

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -


   El fracaso escolar en la escuela pública es del 33 por ciento, más del doble que en la concertada, que se sitúa en el 13,9 por ciento, según un estudio del periódico profesional de la enseñanza 'Magisterio' a partir de datos del INE correspondientes al curso 2000-2001.

   Por comunidades autónomas, el estudio revela que en Andalucía, Madrid y Aragón el fracaso de la pública llega a cuadruplicar el de la concertada. Así, en Andalucía el fracaso escolar en la enseñanza pública representa el 33,2% contra el 8,6% en la concertada; en Madrid es del 35,1% contra el 6,3% y en Aragón, del 37,6% contra el 9,4%.

   Por sexos, los varones fracasan más en todas las redes que las mujeres. Así, en la escuela pública el fracaso escolar en hombres es del 41,7% contra el 23,6% de las mujeres, mientras que en la concertada, los varones representan el 18,2% contra un 9,7% de las mujeres.

   El estudio también explica que aunque "no son pocos" los que defienden que el descenso de calidad de la pública está causado por "el mal reparto" de los inmigrantes entre las dos redes sostenidas con fondos públicos, lo "cierto" es que ese fracaso "es anterior a la presencia significativa de inmigrantes", ya que en el curso analizado --2000-01-- el porcentaje de alumnos inmigrantes que acababan la ESO o la abandonaban sin título era de tan sólo el 0,7%.

   También asegura que es "cierto" que en muchas comunidades la pública escolariza "en exclusiva a la población rural", pero las diferencias "se mantienen tanto en comunidades con más peso del medio rural como en aquellas sin apenas población no urbana".

   Con respecto al nivel de estudios del padre, el informe indica que el 42% de los alumnos cuyo padre no tiene titulación alguna fracasan, contra el 26,5% de los hijos de padres con la titulación básica y sólo el 6% de los alumnos con padre licenciado.

   Asimismo, revela que las diferencias de fracaso entre concertada y pública también podría deberse a "la desigual distribución" de los alumnos más desfavorecidos entre las diversas redes. Y es que, mientras que en la pública un 17% de los alumnos tienen padres sin titulación, y un 53,5% con la titulación básica, en la concertada tienen un 8% de los alumnos con padres sin titulación y un 41% con padres que sólo tienen la titulación básica.

   Sin embargo, añade que "gran parte" de las diferencias entre ambas redes se deben al "mayor carácter compensador" de la concertada, ya que mientras que en la pública fracasa el 44,3% de los alumnos con padres sin titulación, en la concertada lo hace el 33%.

   Así las cosas, el informe critica la pérdida del carácter compensador de la enseñanza pública que tuvo a partir de la Transición. Asimismo, cuestiona a la administración sobre el impacto futuro que puede tener para la sociedad el que haya en la actualidad un 14% de padres sin titulación, y la escuela actual esté dejando a un 26,5% sin ella.

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -


   Los alumnos de Educación Infantil y Primaria de La Rioja y Valencia serán mañana los primeros en volver a las aulas, mientras que los de Baleares y Andalucía no lo harán hasta mediados de mes, según precisó hoy el sindicato docente FETE-UGT.

   De acuerdo al calendario escolar que fijan las respectivas comunidades autónomas, los escolares canarios también se encuentran entre los más madrugadores, ya que los centros podían elegir entre los días 6, 7 y 10 para dar inicio al curso académico.

   En Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Euskadi y Navarra arrancará el próximo lunes, día 10, al igual que en Ceuta y Melilla, ciudades autónomas bajo gestión del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).

   Asturias y Murcia comenzarán las clases el martes día 11, mientras que Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid lo harán al día siguiente, el 12. Baleares aguardará hasta el día 14.

   Andalucía es la única comunidad que no establece un calendario escolar; por lo que la tarea de fijar el inicio de curso corresponde a las delegaciones provinciales. Con todo, las clases en la capital andaluza, Sevilla, serán las más tardías en comenzar, ya que lo harán el día 17.

SECUNDARIA: ARRANCA EUSKADI.

   En Secundaria, Euskadi dará comienzo a las clases el día 10, y posteriormente se incorporarán a las aulas los alumnos de Aragón y Extremadura (día 12), Ceuta y Melilla (13), Asturias y La Rioja, Comunidad de Madrid, Navarra y Valencia (14).

   Los centros canarios abrirán sus aulas entre los días 12, 13 y 14. Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia lo harán el día 17, en tanto que el día 19 lo harán Cantabria y Galicia. Al igual que sucede en Educación Infantil y Primaria, las delegaciones provinciales determinan el comienzo de las clases en cada una de las provincias andaluzas. En Sevilla, los alumnos de Secundaria se incorporarán el día 17.

   Aunque cada comunidad autónoma fija la fecha de inicio de curso, la LOE contempla un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias, recordó en un comunicado la FETE-UGT.

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Las Universidades andaluzas redactarán, a partir del próximo año, sus Memorias de Responsabilidad Social Corporativa, una iniciativa en la que contarán con la ayuda del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Andaluzas que acaba de anunciar que editará una Guía para orientar a los centros en este campo.

   Las Memorias de RSC abarcarán aspectos como la labor de las Universidades en materia energética, medioambiental o de compromiso con la sociedad, entre otros.

   Para sellar esta colaboración, el director general de Universidades de la Consejería de Innovación, Ciencia, y Empresa, Francisco Triguero, y el comité ejecutivo del Foro, se reunieron esta mañana, según informó la Junta de Andalucía en una nota de prensa, para potenciar la cooperación entre ambos organismos y estudiar futuras vías de colaboración, como la dotación de una oficina técnica del Foro en la sede de la Consejería de Innovación o la puesta en marcha de los Premios de los Consejos Sociales, entre otros aspectos.

   En la reunión también se renovó la coordinadora del citado Foro, ostentada durante el último año por el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, y presidido por Manuel Morón Ledro, al mismo tiempo que se decidió ampliar a dos años el período de vigencia de dicho mandato. De esta forma, el Consejo Social de la Universidad de Huelva asume la Coordinación del Foro para los cursos 2007/2008 y 2008/2009, cuya presidencia ejercerá Julio Revilla Saavedra.

   Además, se fijó la estrategia para el desarrollo del Plan Anual de Actuaciones, destinado a promover las relaciones entre la Universidad y su entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la calidad de la actividad universitaria, según recoge la modificación de la Ley Orgánica de Universidades aprobada durante el presente curso.

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -


   El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, advirtió hoy a la Conferencia Episcopal Española de que "también debe cumplir la ley", al recordar que la objeción de conciencia contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía "es intolerable" en un sistema democrático.

   Durante una rueda de prensa convocada para presentar la Memoria de la Abogacía relativa a 2006, Bermejo señaló que debería haber "una opinión unánime" en la Conferencia Episcopal sobre esta asignatura, al considerar que "no es bueno" que haya un sector que "esté manteniendo vivo" el debate sobre la objeción, ya que ello "puede confundir a gente de buena fe, que crea que realmente las leyes puedan incumplirse".

   En este sentido, indicó que "sería bueno" que el Episcopado siguiera el camino de su presidente, monseñor Ricardo Blázquez, quien "muy cuerdamente ya ha dicho lo que tenía que decir sobre esta cuestión" y de la FERE, "que no parece ser ningún grupo de peligrosos revolucionarios y apoya la asignatura y no sólo eso, sino que respalda uno de los textos que se van a explicar".

   "Las leyes no deben incumplirse", insistió Bermejo, quien volvió a destacar la posición de monseñor Blázquez por estar "en la línea del cumplimiento de la legalidad". Al respecto, añadió que si alguien no está de acuerdo con la asignatura "hay mecanismos legales para utilizarlos adecuadamente y llegar al ámbito de los tribunales lo que pueda ser llevado".

   Asimismo, recordó que las llamadas a la objeción de conciencia son "un camino que en un sistema democrático es intolerable" y que por ello, la autoridad eclesiástica "debería ser consciente de este planteamiento".

   Por otra parte, señaló que no cree que exista "ningún movimiento masivo de objeción". "Creo que es minoritario, y que puede que alguien no esté interpretando muy bien la realidad del Estado Democrático, en el que todos, también la Iglesia, debe cumplir la ley", aseveró.

   Por último, indicó que "allá donde se produzcan acciones que pueden ser legales ante los tribunales, actuará el servicio jurídico del Estado en interés de todos, y allá donde se produzcan actuaciones ilegales, habrá que valorarlas para actuar adecuadamente".