EL PAÍS (URL) Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. 07/04/2008

GREGORIO PECES-BARBA 07/04/2008

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo de Sevilla ha dictado una sentencia revocando una decisión de la señora consejera de Educación de la Junta de Andalucía que rechazaba una petición de una familia formada por don Manuel Flores Limón y doña María Dolores Cano Delgado, para que se reconociese a su hijo la objeción de conciencia ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos.

Contradice las tesis del Constitucional y del pensamiento jurídico moderno

Educación para la Ciudadanía recoge los contenidos de la ética pública

La sentencia afirma que no es necesaria ninguna norma legal que autorice la objeción de conciencia y que ésta puede ser planteada y ejercida por los padres directamente, en representación de su hijo si considera que la norma vulnera derechos fundamentales. Esta tesis es como poco arriesgada, se separa de la tradición jurídica democrática y liberal, desconoce la evolución de la cultura política y jurídica moderna, los grandes criterios que forman el perfil de los ordenamientos occidentales, y los contenidos básicos de conceptos como el de moral. También parece poco oportuno publicarla días antes de las elecciones generales de 9 de marzo.

La tesis central es arriesgada y se puede decir que imprudente, contradiciendo las tesis del Tribunal Constitucional y desde luego todas las posiciones más sólidas del pensamiento jurídico moderno. Ambas contradicciones, son en realidad una porque el Tribunal Constitucional, no hace sino recoger el sentido común que nunca debe abandonar al Derecho, y que había formulado, mejor que nadie, Jeremías Bentham en las primeras páginas de su Tratado de Legislación Civil y Penal. En efecto, allí afirma contundentemente que le producen horror esos fanáticos armados de un derecho natural que cada uno interpreta a su manera afirmando que una norma la obedece porque está de acuerdo con ella y otra no, porque la rechaza.

Es una descalificación de cualquier anarquismo jurídico, que sitúa a la voluntad de cada individuo por encima de la norma aprobada por mayoría en las sociedades democráticas. Eso es lo que en puridad hace la sentencia que comentamos poniendo por encima la voluntad de unos padres que alegan una vaga y genérica moralidad para rechazar la obediencia.

El Tribunal Constitucional exige para que exista objeción de conciencia una norma autorizante, Constitución, Ley o Jurisprudencia del mismo Tribunal Constitucional. Por su parte la Sección Segunda en su sentencia recoge una serie confusa de argumentos de sentencias para apoyar sus tesis referidas a supuestos distintos de los aquí atinentes. También cita dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que muestran la confusión de los planteamientos de la sentencia que identifica la ética privada como la única existente.Es obvio que se debe reconocer el derecho de los padres a que se respete en la educación de sus hijos sus convicciones religiosas y filosóficas, pero eso no es relevante puesto que la Educación para la Ciudadanía se refiere a una competencia pública que es la enseñanza que debe comprender los valores constitucionales, las instituciones, los procedimientos de toma de decisiones, y los derechos fundamentales, es decir, los contenidos de la ética pública que se separan en la modernidad de la ética privada.

Esta sentencia sostiene tesis premodernas, como la unificación de la moral y que los derechos de los padres excluyen la posibilidad de una enseñanza basada en la ética pública. Estas tesis contradicen grandes progresos de la modernidad como la secularización de la vida política, que se plantea ya con los Seis Libros de la República , de Bodino, que se profundiza en los Prolegómenos del Derecho de la Guerra y de la Paz , de Grocio, y que se asientan en el Ensayo sobre la Tolerancia , de Locke, de 1689. El siglo XVIII, el siglo de las luces, concretará definitivamente esos presupuestos de la modernidad cuando recupera el derecho de los hombres a pensar por sí mismos y a atreverse a saber y cuando se seculariza la dignidad humana con Kant, al afirmar que somos dignos porque somos seres de fines porque no podemos ser utilizados como medios y porque no tenemos precio.

La sentencia que criticamos aparentemente defiende los derechos de unos padres pero en realidad los derechos a adoctrinar de la Iglesia Católica, excediendo del ámbito de la ética privada y extendiéndose a la ética pública que corresponde al Estado. Es obvio que una genérica y confusa referencia a valores morales que la familia "no tiene por qué exponer detalladamente" no puede ser la base de esa sentencia.

Por cierto que una sección de un Tribunal, ante un tema tan delicado y de tanto alcance político, debió elevar la decisión al Pleno de la Sala y si no lo hizo es porque había, sin duda, muchas posibilidades de que ésta no respaldase una sentencia tan extravagante.

Con todo quizá lo que más sorprende es que el artículo de la Constitución más atinente al caso el 27-2, ni siquiera es mencionado en la sentencia. Dice este artículo que "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". En esta norma está el fundamento y la legitimidad de la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, que expresa el contenido de la ética pública recogida en la Constitución. La ética privada está en el 27-3 y comprende el derecho a recibir la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones, como derecho de los padres. La Iglesia no puede pretender que esas convicciones sean siempre las que la jerarquía interprete, ni mucho menos que eso abarque a la ética pública democrática que es competencia de la soberanía popular y de la regla de las mayorías que marcan el sentido de las normas, entre ellas las que dibujan los contenidos de la Educación para la Ciudadanía.

No tiene, creo, la sentencia muchas posibilidades de sobrevivir a un recurso serio que ya está en marcha. No parece que sea un fundamento racional suficiente para que la señora Aguirre y el señor Camps se hayan lanzado a proclamas de fomento de la desobediencia a la asignatura que podrían bordear la prevaricación, pero que sobre todo ponen de relieve su ignorancia y su desprecio por la modernidad. Sin duda comparten aquella expresión de De Maistre cuando decía que "el desprecio de Locke es el principio de la sabiduría". Peor es que Rajoy se una al rechazo de la asignatura. Espero que este conjunto de disparates y de despropósitos anime a fondo el impulso del Gobierno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

FERNANDO SAVATER 08/04/2008

En los años heroicos y belicosos a comienzos del pasado siglo, se lanzó en Irlanda la consigna: "¿Qué puedes hacer por tu patria?". Cáustico y provocativo, el joven James Joyce declaró entonces: "No pienso hacer nada por mi patria, pero no me importaría que mi patria hiciese algo por mí". Varias décadas y un par de guerras mundiales después, el filósofo de la política Norberto Bobbio habló -con cierta amargura pero no con derrotismo- de "las promesas no mantenidas de la democracia". Recientemente le ha respondido Gustavo Zagrebelsky, que fue presidente de la Corte Constitucional de Italia y es catedrático de Derecho en la Universidad de Turín, en un libro titulado Contro l'etica della verità (editorial Laterza, 2008): "La democracia no promete nada a nadie, pero nos reclama mucho a todos". Es decir: la retórica patriotera, que en último término sacrifica el individuo a entidades abstractas y huecamente sublimes (el pueblo, la tierra, la sangre...), merece el escepticismo de quien se niega a ser arrastrado por ese turbio juego; pero cuando se trata de la institución de la libertad y la igualdad política, la protesta ante el mundo injusto no puede consistir en deplorar lo que no se nos ha dado, sino en plantearnos lo que aún no nos hemos decidido a hacer.

No es lo mismo tener un espíritu amplio que una mente vacía

Una de esas cosas que la democracia pide de nosotros es precisamente enterarnos de en qué consiste la democracia misma: es decir, cuáles son sus modos, sus garantías y las posibilidades que brinda al ciudadano. Qué valores la sustentan y qué ideologías se oponen intrínsecamente a su funcionamiento. Por supuesto estas preguntas no admiten como respuesta dogmas teológicos ni certidumbres verificables semejantes a las adquiridas por medio de las ciencias experimentales, pero tampoco dependen de la opinión asilvestrada de cada cual. Como bien dijo Bertrand Russell, no es lo mismo tener un espíritu amplio que una mente vacía. Precisamente en el libro antes citado, Zagrebelsky distingue -frente a la ética de la verdad absoluta, siempre de raigambre teológica- entre el escepticismo multicultural que cree que cada cual tiene su propia creencia idiosincrásica y todas valen lo mismo y la ética de la duda: el que duda cree en la verdad, la busca, la propone tentativamente, aunque no supone ser su dueño exclusivo y permanece abierto a modificar su planteamiento cuando haya razones mejores para ello.

Precisamente ésta es la aspiración legítima de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, vergonzosamente desacreditada desde sus mismos inicios por una campaña obtusa y mendaz que lleva en su origen el sello inequívoco de la propaganda clerical aceptada acríticamente por personas de sorprendida buena fe y oportunistas políticos. Y no se puede decir que no existan ya libros que sitúan esta aspiración a formar intelectualmente ciudadanos en sus precisas coordenadas, al menos como obras de consulta para los profesores. Acaba de aparecer otro excelente, El saber del ciudadano. Las nociones capitales de la democracia (editorial Alianza), escrito por un notable plantel de especialistas bajo la dirección de Aurelio Arteta. No sólo responde al programa esencial de la controvertida materia académica, sino que puede servir como inspiración reflexiva para cualquier ciudadano, no importa de qué edad, que desee completar su información sobre cuestiones de las que depende y sobre todo va a depender en el inmediato futuro la armonía de nuestra convivencia.

En efecto, una de las fisuras polémicas por las que ha sido atacada la Educación para la Ciudadanía es la proliferación de libros de texto de todo tipo y condición, muchos de ellos con planteamientos realmente peregrinos que se prestan a la escandalizada caricatura (por no hablar de las iniciativas grotescas como la de la Comunidad Valenciana, que para sabotear la asignatura ha decidido darla en inglés... Por lo visto, no quiere más ciudadanía que la de la Commonwealth). Hubiera sido bueno que -en éste y en otros casos similares- el Ministerio de Educación, en vez de hacer dejación de sus funciones orientadoras asegurando que cada cual puede adaptar el temario a su sesgo ideológico -lo cual inutiliza la función armonizadora de la materia- señalara con su homologación aquellas obras que realmente responden a lo que se pretende en tal empeño formativo. Después, que cada centro elija el manual que prefiera, pero por lo menos quienes de verdad tienen interés sincero en responder a lo que la democracia pide de nosotros, los educadores, sabrían mejor a que atenerse.

La Universidad de Barcelona proyecta crecer en el polígono de la Zona Franca

50 hectáreas que ocupaba Seat imitarán la reconversión del 22@

BLANCA CIA - Barcelona - 10/04/2008

La Universidad de Barcelona (UB) está elaborando una propuesta para crecer en el polígono industrial de la Zona Franca. La idea germinal se plasmó en un convenio suscrito entre la UB y el Consorcio de la Zona Franca y se concretará próximamente con la presentación de un plan director.

El proyecto supone crear un eje de investigación en torno a la salud

La UB quiere hacerse mayor en parte de las 50 hectáreas que ha dejado de ocupar Seat, que sigue conservando otras 30 para naves de almacenes. La inmensa pastilla de 500.000 metros cuadrados formaba parte del territorio que Seat tenía en concesión hasta 2050. El consorcio los ha recuperado tras el pago de 140 millones de euros a la empresa automovilística. Ahora se plantea el futuro.

Este futuro parte de varias premisas. Una, el polígono está llamado a la reconversión casi forzosa porque la actividad industrial se está desplazando de los núcleos urbanos. Dos, el territorio del polígono -el conjunto es de 600 hectáreas- está literalmente enganchado a las ciudades de Barcelona -con un nuevo barrio como la Marina de la Zona Franca con 10.000 viviendas en perspectiva en los próximos años- y a L'Hospitalet con una potente transformación en marcha y la Fira 2, a caballo de las dos ciudades. Y, tres, la necesidad de fijar el objetivo en sectores de actividad económica ligada a la tecnología y al conocimiento. Ese diagnóstico es compartido tanto por el Ayuntamiento de Barcelona como por el propio consorcio.

Ese tránsito hacia la Zona Franca del futuro se hace, en parte, mirando o siguiendo la pauta del 22@, otrora zona industrial de Barcelona. Para ello, las administraciones están buscando, de nuevo, la alianza con las universidades y las empresas. Si en el 22@ esa alianza se trabó de forma especial con la Pompeu Fabra, que este curso se instalará en Ca l'Aranyó, en los terrenos de la antigua Seat de la Zona Franca es la Universidad de Barcelona la que puede ser uno de los motores de la transformación. Fuentes de la UB explicaron que se está trabajando en dos líneas diferentes. Una de ellas es ampliar y desarrollar el Biopol y el parque científico del campus de Pedralbes, formado por las facultades de Farmacia, Biología, Física y Química. El Biopol lo conforman actualmente la facultad de Medicina de Bellvitge, el hospital Duran i Reinals y el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell), a los que habría que añadir la escuela de Enfermería, también en el hospital de Bellvitge. "Son centros que trabajan con empresas y grupos de investigación que necesitan de más espacio. El terreno de la Seat está, además, a un paso de las actuales instalaciones -las separa la Gran Via- por lo que esa expansión sería natural", explicaron fuentes de la UB.

Las mismas fuentes precisaron que la otra línea en la que se trabaja es en la creación de un parque tecnológico de las artes creativas creando espacios para televisiones, teatro y cine. En este capítulo el Consorcio de la Zona Franca busca la alianza con Mediapro. La UB no quiere, de momento, hablar con más concreción respecto a calendarios, espacios e inversiones para afrontar esos proyectos.

La tercera línea de reconversión está relacionada con Mercabarna y con los planes de impulsar un parque científico y tecnológico agroalimentario que facilite la instalación de empresas innovadoras del sector.

A esos tres vectores, responsables del área económica del Consistorio barcelonés, añaden un cuarto: el desarrollo de tecnología aeronáutica y espacios físicos para esa industria, un sector al que la capital catalana siempre ha ambicionado pero que, por ahora, se muestra esquivo en favor de Madrid.

. F. - Bilbao - 10/04/2008

El Vicerrectorado de Vizcaya de la Universidad del País Vasco (UPV) ha ampliado la convocatoria de becas EPEZ (siglas en euskera de Prácticas en Empresas por Europa), estrenada el curso pasado con apoyo de la BBK. Este año serán 35 (diez más que el pasado) los titulados que realicen prácticas en empresas extranjeras. La República Checa e Irlanda se suman a los destinos de 2006: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia (este año la ciudad es Venecia) y Portugal.

Una primera tanda de 21 participantes partirá a sus destinos este mes de abril, y regresarán en julio, concluidas las 14 semanas de estancia. El resto partirá en septiembre. La beca paga los principales gastos: viaje, un alojamiento seleccionado, formación,... La BBK ofrece a sus clientes otros 200 euros mensuales.

Entre los 70 aspirantes han sido seleccionados quienes tenían mejor expediente académico, nivel de idiomas y motivación, dando prioridad a los titulados de carreras con menor facilidad de inserción laboral. Otro requisito es estar empadronado en Vizcaya. La mayoría de becados ha estudiado carreras de ciencias sociales y económicas. El 81% son mujeres. Reino Unido e Italia han sido los destinos más demandados. El centro gestiona ya una tercera edición, con otras 45 becas.

De los participantes en la edición anterior, el 90% tiene un trabajo "de calidad", destacó la responsable del programa, María Sáiz. Varios de ellos han decidido no regresar: una joven analiza el impacto medioambiental de una autopista en Lisboa, y otro se ha quedado en el hospital de Lyon en el que realizó las prácticas. Y una becaria en el Reino Unido se ha trasladado a Hungría con una productora televisiva.

La convalidación será automática y los perfiles tendrán validez indefinida

JUNE FERNÁNDEZ - Bilbao - 10/04/2008

Se acabaron las situaciones paradójicas en que una persona tenía que examinarse para obtener un título de euskera cuando ya poseía otro de igual nivel o incluso superior. El viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, presentó ayer, junto a representantes de las cinco consejerías que han participado en su elaboración, un decreto que convalida todos los títulos de euskera, tomando como base el marco común europeo de referencia para las lenguas. La medida, que entrará en vigor el próximo miércoles, tiene carácter retroactivo, por lo que beneficiará de forma automática, sin necesidad de cumplir ningún trámite, a las más de 100.000 personas que ya cuentan con uno de esos títulos. "Era una vieja demanda de miles de personas", reconoció el viceconsejero.

Existen múltiples vías para acreditar el nivel de euskera. Al título EGA (el más extendido), los del HABE y de las escuelas oficiales de idiomas, hay que añadir los diferentes perfiles fijados por Osakidetza, la Ertzaintza, Educación y los del IVAP para el resto de la Administración. Contar con un título generalista no servía hasta ahora para trabajar en dichos organismos públicos. De igual manera, quien obtuviese el perfil lingüístico como ertzaina, por ejemplo, no tenía en otros ámbitos igual consideración que el que poseyese el EGA.

"Queremos evitar que la gente se aburra de tanto examen. No queremos que el euskera se asocie a incomodidades, sino a su uso y disfrute", destacó Baztarrika. El nuevo sistema, "más efectivo", fortalecerá a los euskaltegis, incrementando su número de estudiantes, añadió. Este año, unas 10.000 personas han solicitado presentarse a los exámenes del HABE y 24.400 hicieron los de Osakidetza.

Las diferentes rutas de acreditación se mantendrán porque "responden a necesidades concretas", pero una comisión de seguimiento con representantes de todos los organismos implicados revisará durante un año los exámenes para adaptarlos a la metodología europea. Además, los perfiles lingüísticos para ejercer en las administraciones públicas pasarán a tener validez indefinida. Hasta ahora, dejaban de servir si quien los acreditaba no encontraba trabajo como funcionario en dos años.

La reforma incluirá en menos de seis meses los títulos de las escuelas oficiales de idiomas, los perfiles del profesorado y el certificado para trabajadores del sistema educativo.

En lugar de comparar unos títulos con otros, el nuevo sistema se basa en el modelo común europeo. Los cuatro niveles europeos (B1, B2, C1 y C2) se corresponden con los otros tantos perfiles del IVAP, HABE y Osakidetza. El B2 equivale al 1 de la Ertzaintza, y el C1 al 2 de la policía y al EGA.

El viceconsejero consideró "ejemplar" el proceso para equiparar los títulos, iniciado en 2006. "Es la primera vez que se analizan la totalidad de títulos de una lengua simultáneamente y siguiendo la metodología europea", resaltó. Un grupo de expertos de Cataluña y la UPV asesoraron el procedimiento.

Los títulos

- Desde el día 16, se homologarán los títulos de EGA, HABE, IVAP y los perfiles de Osakidetza y Ertzaintza. En seis meses se incluirán los perfiles de enseñanza y los títulos de escuelas de idiomas.

- Al ser retroactivo, desde ese día se beneficiarán las más de 100.000 personas que han obtenido los 140.448 títulos expendidos desde los ochenta. Unos 82.000 corresponden al EGA, 40.600 al IVAP, 9.000 al HABE y Osakidetza y Ertzaintza suman 9.000.

El ministerio público atribuye a Francisco Baila un delito de prevaricación

MARÍA FABRA - Castellón - 10/04/2008

La fiscalía de Castellón ha presentado una denuncia contra el ex director territorial de Educación y actual director general de Ordenación y Centros Docentes, Francisco Baila, por un presunto delito de prevaricación al admitir a nueve alumnos en un colegio concertado, en periodo extraordinario de matrícula y sin que cumplieran los requisitos que marca la ley. De esta manera, la fiscalía se une a la denuncia presentada por CC OO después de que el pasado noviembre optara por abrir diligencias de investigación penal tras comprobar indicios de delito.

Nueve alumnos fueron inscritos sin que cumplieran los requisitos de la ley

Font de Mora asegura que mantiene la confianza en Baila

El caso concreto denunciado fue el de la matriculación de nueve niños en el primer curso de infantil P-3, realizada en período extraordinario y en el centro concertado de La Consolación de Castellón. La ruptura de la ratio se realizó alegando "necesidades inmediatas de escolarización del alumnado" en resoluciones firmadas por el entonces director territorial. Sin embargo, según apuntó CC OO, estos niños no cumplían ninguna de las dos excepciones que la ley marca para poder acudir a la matriculación extraordinaria que permite romper la ratio. Según el sindicato, los nueve niños ya habían obtenido plaza en otros centros de la localidad, por lo que ni eran casos de alumnos no escolarizados, ni acababan de llegar a la ciudad. Esas resoluciones, tal como reiteró ayer el sindicato, "tienen una motivación falsa" y, en su opinión, la actuación "arbitraria" del entonces director territorial de Castellón no fue otra que la de "favorecer que familias amigas pudieran acceder a la matrícula en un centro concertado".

Según CC OO, el incremento de la ratio "se hizo en contra del informe del inspector del centro y después de que CC OO le llamase la atención sobre la ilegalidad de las resoluciones".

El colegio La Consolación dispone de 75 plazas en las aulas de P-3 y recibió 121 solicitudes para ese curso. En el periodo de matrícula ordinaria admitió a 25 alumnos por cada uno de los tres grupos, con lo que los otros 46 fueron redistribuidos en otros centros de la capital de La Plana. Sin embargo, a mediados de septiembre, en el plazo extraordinario y por orden del entonces director territorial, nueve alumnos fueron escolarizados en La Consolación, donde la ratio quedó en 28 alumnos por aula en lugar de los 25 que marca la ley.

Fuentes del departamento aseguraron ayer que el consejero de Educación mantiene su confianza en el ahora director general de Ordenación y Centros Docentes y se remitieron a las declaraciones realizadas por Alejandro Font de Mora, quien dijo estar seguro de que Baila ha actuado "siempre dentro del marco de la legalidad". Las mismas fuentes hicieron hincapié en el hecho de que, de momento, la actuación ha sido de la fiscalía y no del juzgado.

CC OO anunció ayer que el fiscal jefe ha comunicado su denuncia al juzgado decano para que entre en el reparto que determina qué juzgado instruirá la causa y se inicie así el proceso penal contra Francisco Baila. En su comunicación al sindicato, la fiscalía sostiene que la denuncia presentada "ha sido encontrada ajustada a derecho".

La decisión del fiscal, en opinión de CC OO, pone de manifiesto que la denuncia "no fue un acto ni precipitado ni infundado", ya que obedece a la "voluntad de que quienes nos gobiernan respeten escrupulosamente las normas y que en materia educativa se trabaje por consolidar un sistema que favorezca el aprendizaje respetando siempre el principio de equidad".

. DANIELE/ M. ASENJO

MADRID. La confrontación entre la Iglesia católica y el Ministerio de Educación sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía no tiene tregua. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha asegurado que «cuanto mayor sea el número de padres» que objeten esta materia, «más fácil resultará resolver el problema».

Durante una conferencia pronunciada en Logroño sobre «Iglesia y Estado. La perspectiva del Concilio Vaticano II», el número uno de la Iglesia católica española afirmó que, pese a que «hay que tener cierta voluntad de sacrificio a la hora de padecer posibles consecuencias» éstas «serán menores si se unen muchos padres a esta campaña». Rouco recordó que los obispos apoyan a los padres «en el uso de todos los medios legítimos que les permitan afirmar sus derechos, entre los que se encuentra la objeción de conciencia», informa Ep.

Derecho de todos

Además, señaló que la objeción es un derecho, que «se debe poder ejercer en cualquier colegio», puesto que «el hecho de imponerla (la asignatura) choca contra el ideario». En el caso de las escuelas católicas, precisó que «debemos ser ejemplares» en «el ejercicio del derecho de libertad religiosa».

Para el prelado, la programación de la asignatura «incluye lecciones sobre lo que es el hombre o sobre los principios de la moral», mientras que «sólo al final hace alguna alusión al régimen político de la democracia o los derechos fundamentales». Entre las posibles soluciones que podría zanjar la brecha entre la Iglesia y Educación, Rouco Varela apunta la posibilidad de que pase a ser optativa para que los «padres puedan elegir».

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, no ha tardado en responder, recordando a las familias que han decidido acogerse a la objeción que, «de seguir» el consejo del prelado, «habrá consecuencias». Para Cabrera, «la objeción requiere una regulación legal y las instituciones deberían informar de que se trata de una asignatura exactamente igual de obligatoria que el resto. Por tanto, las consecuencias de promoverla son las que son y hay muchas familias que no lo saben».

Hasta el momento, y según estimaciones del Foro Español de la Familia (FEF), una de las organizaciones promotoras de la objeción, se han presentado 27.000 peticiones, aunque podrían ser más porque algunas no se han tramitado. Encabeza la lista Castilla-La Mancha, con más de 6.000 solicitudes, seguida de Madrid (unas 5.600), Andalucía (4.800), Murcia (casi 2.000) y Valencia (1.050). Por el contrario, en La Rioja sólo se han registrado 48 objeciones y en Baleares apenas una decena. Las comunidades en las que gobierna el PP han anunciado su apoyo a los objetores, a los que ofrecerán alguna alternativa a la asignatura.

ABC

TOLEDO. El consejero de Educación y Ciencia, José Valverde, inaugurará hoy el I Foro del Deporte de Castilla-La Mancha en el que se abordarán y analizarán las perspectivas de futuro de la actividad deportiva en edad escolar y en la universidad.

El Foro, que se celebrará en la Consejería hasta el viernes, tiene como objetivos propiciar un encuentro de los responsables del deporte local y regional, identificar los principales retos de las políticas de desarrollo del deporte en edad escolar, y plasmar la importancia del deporte como nexo de todos los agentes que participan en la promoción del deporte.

V. V.

VALENCIA. El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, decidió dar ayer una clase práctica en el pleno de las Cortes de la conveniencia de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en lengua inglesa.

Font de Mora utilizó una fórmula inédita en la Cámara para empezar una alocución desde la tribuna. «Mister president, their honours (Señor presidente, señorías)», fue la frase con la que el conseller se dirigió a una estupefacta audiencia, que escuchó en inglés los argumentos del popular durante unos veinte segundos, tiempo tras el cual el vicepresidente, José Cholbi, le interrumpió.

El socialista Adolf Sanmartín le había acusado de pretender la enseñanza de la asignatura creada por el Gobierno de Zapatero en inglés para impedir que los alumnos comprendan los contenidos por su corta edad y familiaridad con la lengua, y anunció acciones judiciales contra la iniciativa.

Font de Mora replicó entonces en lengua inglesa que se sentirá muy contento si, en unos años, un debate como el que se celebraba en las Cortes pudiera mantenerse en esa lengua, lo que será posible gracias a las medidas del PP.

Cholbi, que actuaba como presidente en funciones por ausencia de Milagrosa Martínez, le interrumpió para recordarle que los dos idiomas oficiales en el Parlamento son el valenciano y el castellano, y le reclamó que tradujera sus palabras.

El conseller prosiguió, alternando ambos idiomas. «Lo que no queremos es que se produzcan situaciones patéticas; que si un joven valenciano dentro de 20 ó 25 años llega a ser presidente del Gobierno de España, no se tenga que quedar en un rincón porque no entienda lo que están hablando en una reunión internacional», ironizó en referencia a Zapatero.

MARTA FDEZ. VALLEJO

Pérez lleva hoy el conflicto por los extras salariales al Consejo de Gobierno de la institución académica Un sector del profesorado descontento por la gestión de las retribuciones trata de impulsar una candidatura El pago de complementos salariales a los profesores de la Universidad ha acabado por enfrentar a la UPV con el Departamento de Educación después de una legislatura en la que el consejero, Tontxu Campos, y el rector, Juan Ignacio Pérez, han mantenido muy buenas relaciones gracias a la estabilidad en la financiación que ha facilitado el Gobierno vasco a la institución académica. La consejería ha puesto el grito en el cielo al verse obligada a hacer frente al 85% de una factura de 60 millones de euros por tres años de complementos a los docentes, una cifra muy superior a la que tenía prevista -calculaba un máximo de 45 millones-. La UPV no dispone de dinero suficiente para asumir su parte del pago, también más elevado del presupuestado, y reclama que el Ejecutivo autónomo aporte una partida mayor. Educación dice que ni un euro más.

El decreto de asignación de complementos, aprobado por el departamento, la UPV y los sindicatos STEE-EILAS y LAB establecía que la entidad académica debería asumir entre el 10% y el 15% del importe de los extras salariales; y el resto, el Gobierno vasco. El departamento luchó por poner un límite a las asignaciones económicas dedicadas a premiar a los profesores, pero los sindicatos echaron abajo su propuesta y apostaron por un sistema en el que fuese una agencia de evaluación la que libremente decidiera las cantidades a adjudicar, sin topes. «Nuestra idea era fijar una aportación económica y que ese dinero disponible se repartiera entre los aspirantes según sus méritos», destacaron ayer desde la viceconsejería de Universidades.

«Coste inmenso»

Las cifras a pagar por pluses han desbordado todas las previsiones. «El coste es inmenso. Una barbaridad», añadieron las mismas fuentes. «Hay que darse cuenta de que esos 60 millones van al bolsillo del profesores, no se destinan a crear laboratorios o a medidas para mejorar la calidad de la enseñanza, aunque se supone que hay un compromiso de que los complementos deben servir para aumentar la dedicación y el trabajo», señalaron. Los extras llegarían a cerca de 4.000 docentes, que cobrarán una media de 5.500 euros -algunos superarán los 7.000 anuales-.

Educación ha conseguido que Hacienda ponga parte del dinero para cubrir ese extra de pluses que no se esperaban. El resto lo ha arañado de partidas que reservaba para otros fines, lo que ha generado un gran descontento entre los responsables de la consejería que dirige Tontxu Campos. «Hay que darse cuenta del trastorno que supone vernos obligados a quitar de otras áreas», subrayaron desde la viceconsejería de Universidades.

La UPV argumenta que no dispone de dinero para hacerse cargo de ese 5% que no había previsto, cerca de 3 millones de euros, y reclama al Gobierno vasco que asuma el pago. Educación se ha negado de forma rotunda. «Si la cantidad no hubiese sido tan alta habríamos asumido el 90% del presupuesto; pero, en estas condiciones, sólo podemos llegar al 85% y haciendo un esfuerzo muy grande», añadieron las mismas fuentes del departamento.

Candidato a rector

En este tira y afloja, las relaciones con el Rectorado se han tensado hasta acabar en un enfrentamiento abierto. Pero la chispa que encendió a la consejería contra el rector fue una carta que Pérez envió a los profesores en la que admitía defectos en el proceso y aseguraba que había mediado ante la consejería para que agilizara los pagos. «Era un intento claro de dirigir la culpa hacia el Ejecutivo», señalaron fuentes sindicales.

El malestar en el Rectorado por la negativa de Educación a hacerse cargo del pago del 90% del importe de los complementos es palpable, aunque sus responsables declinan hacer cualquier valoración sobre el conflicto. El rector incluyó ayer en el orden del día del Consejo de Gobierno que celebra hoy la UPV un punto para informar de la situación en la que se encuentra el abono de pluses a las plantillas.

Mientras tanto, los docentes siguen sin cobrar los extras salariales prometidos -los más básicos los solicitaron hace un año- y el descontento crece entre la comunidad universitaria a un mes de las elecciones a rector. Los profesores se quejan, además del retraso en los pagos, de la valoración de sus méritos que ha hecho la agencia Uniqual, que consideran a todas luces injusta: hay cerca de un millar de recursos interpuestos. Facultades como Ciencia y Tecnología, Económicas de Sarriko, Relaciones Laborales, Ciencias Sociales o Psicología se han pronunciado duramente en contra del proceso de evaluación. Los sindicatos UGT y CC OO ya han anunciado movilizaciones.

El conflicto por los extras salariales va a pasar factura a Pérez. Un sector de la comunidad universitaria indignado con la gestión que ha hecho la UPV del proceso de asignación de los pluses trata de impulsar una candidatura para disputar el Rectorado al actual responsable de la institución académica. Al parecer, la iniciativa ha partido de una de las facultades en las que sus profesores se han visto más perjudicados por las evaluaciones de méritos de la agencia vasca. Tratarán de buscar el apoyo del sindicato CC OO, mayoritario en la Universidad. El rector se enfrentará a las elecciones en pleno conflicto con el departamento y con sus principales apoyos sindicales, STEE-EILAS y LAB, muy críticos también con su «incapacidad» para hacer efectivos los complementos

También enseñarán la asignatura titulados en Canto Gregoriano y Dirección Coral

Sólo podrán dar clase en centros privados y concertados tras acreditar formación suficiente en la materia.

R. Ruiz

Madrid- Educación ha abierto el abanico de posibles candidatos a impartir la polémica asignatura de Ciudadanía y acaba de meter en el saco de los posibles aspirantes a los licenciados en Ciencias Eclesiásticas, Teología, el Derecho Canónico, Sagrada Escritura, Historia Eclesiástica, Arqueología Cristiana, Ciencias Religiosas, Estudios del Oriente Antiguo, Eclesiásticos Orientales, Derecho Canónico Oriental y Misionología.

Son estudios que, en una buena parte de los casos, estudian sacerdotes y religiosos, imparten universidades católicas y tienen un reconocimiento similar a cualquier licenciatura de letras.

Una orden ministerial, publicada en el BOE el 20 de marzo, ofrece la posibilidad de que estos licenciados puedan dar clases en centros privados y concertados y siempre que acrediten formación suficiente en la materia, informa Efe. Es decir, siempre que en su carrera hayan cursado asignaturas con contenidos similares a los derechos humanos, ética o filosofía o bien siempre y cuando hayan seguido un curso de cien horas reconocido por la Administración.

La orden ministerial no es más que otro guiño del Ministerio de Educación a la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) por no ofrecer demasiadas resistencias a la implantación de la cuestionada asignatura de Ciudadanía.

La primera muestra de agradecimiento ya la dio el Ministerio al permitir a estos colegios que adapten la asignatura al ideario de los centros religiosos. De ahí que la FERE ayer se mostrara satisfecha con la iniciativa relativa a los profesores. «La orden llega tarde, porque tenía que haber salido en septiembre pasado, pero creemos que es positiva porque reconoce como idóneos para impartir la asignatura a licenciados en Ciencias Eclesiásticas. Por eso, en nuestros centros vamos a intentar que quienes impartan la asignatura sean estos titulados porque están más cerca de nuestro ideario», dijo Luis Centeno, asesor jurídico de FERE. ç

La orden también prevé que licenciados en Música Sacra, Canto Gregoriano, Órgano y Dirección Coral impartan Educación para la Ciudadanía.

Las licenciaturas requeridas a los profesionales que impartan Educación para la Ciudadanía serán Filosofía y Letras, Filosofía, Humanidades, Ciencias Políticas, Sociología y Derecho, así como cualquier otra carrera universitaria superior, siempre que se acredite haber cursado al menos un ciclo de estos estudios. También podrán impartirla cualquier titulado superior, siempre que demuestre haber cursado un ciclo de los anteriores estudios, y los licenciados en el área de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales. 
- La ministra de Educación en funciones advirtió ayer al presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, y a las familias que objetar sobre Ciudadanía «tiene consecuencias». La ministra respondía así a Rouco Varela, quien animó a los padres a objetar.

ALICANTE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -  


   La Universidad de Alicante acogerá a partir de hoy el XXIV Consejo de Estudiantes de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, un encuentro en el que se abordarán temas importantes para el futuro de la Ingeniería Técnica de Obras Públicas (ITOP), según informaron hoy en un comunicado fuentes de la institución académica.

   Durante los cuatro días de celebración, estudiantes de esta titulación procedentes de todos los puntos del país analizarán los planes de estudio, la calidad y la metodología docente de estos estudios.

   El Consejo, que ha sido patrocinado por Ecisa Corporación Empresarial dentro de los actos conmemorativos de su 40 Aniversario, abordará aspectos como el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y las nuevas metodologías docentes que tendrán que aplicarse en los futuros títulos.

   Además, se abordarán las infraestructuras y medios necesarios para un correcto aprendizaje, así como el futuro profesional de los ITOP dentro del EEES.

   El acto de inauguración, que se celebrará mañana a las 9.30 horas en el salón de actos de la Politécnica I, estará presidido por el rector en funciones de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar Sanz.

   Además, contará con la presencia del director de la Escuela Politécnica Superior, Fernando Llopis Pascual; el subdirector de I.T. Obras Públicas, Manuel Serrano Cardona; y el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Alicante, Jesús Escolano Baños.

   Los directores de las distintas Escuelas de España donde se imparte la titulación y el Consejo del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas están convocados a la cita, con la finalidad de poner en común las diferentes posturas de estudiantes, directores y colegio profesional.

   El Consejo de Estudiantes de Ingeniería Técnica de Obras Públicas se reúne dos veces al año en distintas universidades, según señalaron las mismas fuentes, quienes recordaron que la última reunión de estas características que se celebraron en Alicante en abril de 2004.

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -


   La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y su homóloga portuguesa (CRUP) se reunirán a partir de hoy y hasta el sábado en la Universidad de Huelva, con el objetivo de establecer contactos "estables" para la promoción de la movilidad de los estudiantes, profesores, personal administrativo y de servicios entre las instituciones universitarias españolas y portuguesas.

   Este encuentro "consolida" la relación entre ambas asociaciones de universidades, después de la pasada reunión, que tuvo lugar en la Universidad de Santiago de Compostela en septiembre de 2006, donde acordaron "promover análisis conjuntos que permitiesen el desarrollo de una posición que conjugue los intereses de ambos países",según indicó la CRUE en un comunicado.

   Además, tratarán la creación de programas de formación conjuntos en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), dirigidos tanto a estudiantes españoles y portugueses como a los de terceros países; y analizarán el proceso de implantación de las titulaciones de grado y de postgrado en este contexto europeo.

   En este encuentro, los rectores aprovecharán para firmar proyectos de colaboración conjuntos, abordarán la movilidad y posibles convalidaciones de créditos entre masteres españoles y portugueses y negociarán colaboraciones en materia de extensión universitaria.