La mayoría de gobiernos ha implantado la gratuidad universal de los manuales

ANNA FLOTATS - Santiago - 06/07/2009

El año pasado la vuelta al cole en Galicia fue la más barata de España. Ayudó a ello, en parte, una de las medidas estrella del Gobierno bipartito: la gratuidad universal de los libros de texto mediante préstamos. El centro entregaba los manuales a los alumnos y, al final de curso, éstos los devolvían para que otros estudiantes pudieran reutilizarlos. La nueva Consellería de Educación ha eliminado este sistema, empleado con éxito por la mayoría de comunidades autónomas, y ha relegado a Galicia a los últimos puestos de la clasificación. Junto con Madrid es la comunidad donde el material escolar saldrá más caro a los padres. Los libros sólo serán gratuitos para el 25% de las familias.

El nuevo sistema de Educación deja sin material gratuito al 75% de las familias

Las que ingresen hasta 5.400 euros anuales brutos por persona recibirán una ayuda de 180 euros por cada niño. Y las familias con rentas anuales de entre 5.400 y 9.000 euros por persona (el 40% de la población) tendrán subvencionado la mitad del material. El 35% restante deberá pagar los libros íntegramente. El límite de renta que marca la consellería -que deja sin ayudas a familias mileuristas- es el más bajo de España, un poco superior, aun así, al de Madrid.

Existen dos modelos de ayudas a la financiación de libros. Diez comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el PSOE, aplican el sistema de préstamo, que funcionaba hasta ahora en Galicia. Las otras siete ofrecen ayudas directas mediante cheques, algunas en función de los ingresos de las familias. Lo que sigue es una radiografía de la gratuidad de los libros de texto en España.

- Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha (PSOE) y La Rioja (PP). Son las pioneras en la gratuidad universal. En las tres primeras ya está implantada en toda la educación obligatoria. A La Rioja sólo le faltan dos cursos de Primaria.

- Canarias (PSOE). Está en el camino de la gratuidad universal mediante préstamos. Para comprar los libros, la Administración entrega cheques a las familias de 100 a 135 euros.

- Extremadura (PSOE). Ha iniciado el proceso hacia la gratuidad universal, un objetivo que pretende alcanzar dentro de tres cursos. La Administración ofrece ayudas a las familias cuyas rentas oscilen entre los 7.926 y los 16.955 euros para comprar libros que luego se quedarán en el centro.

- Cataluña (PSC, ERC e IU) y Baleares (PP). Empezaron un programa de reutilización de libros para lograr, con el tiempo, la gratuidad universal. La financiación es mixta. Los libros que luego quedarán en el centro corren a cargo de las familias y la Administración.

- Euskadi (PSOE-PP), Navarra (PP). Aprobaron una ley para la gratuidad universal mediante el modelo de préstamo, que se implementará hasta 2012. La compra de los manuales pueden hacerla las familias (sin abonar cantidad alguna, mediante cheques emitidos por el centro) o bien el propio colegio, que luego entrega los libros a los padres.

- Cantabria (PRC - PSOE), Murcia y Comunidad Valenciana (PP).

Ofrecen ayudas directas para la compra de libros a todos los estudiantes. Entre 100 y 127 euros por alumno en Primaria y 150 en Secundaria.

- Asturias (PSOE), Castilla y León, Galicia y Comunidad de Madrid (PP). La Administración subvenciona los libros de texto en función de las rentas de las familias. En Asturias y Castilla y León pueden recibir ayudas todas las familias cuyos ingresos no superen los 60.000 euros anuales. En la Comunidad de Madrid, en cambio, el umbral de renta se sitúa en 5.963,28 euros por persona, un poco superior al de Galicia.

A. F. - Santiago - 06/07/2009

Uno de los pocos datos que se conocen sobre el futuro decreto del gallego en la enseñanza es un porcentaje. El famoso 33%. El objetivo del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo es que los centros de enseñanza no universitaria impartan un tercio de las asignaturas en gallego, otro en castellano y otro en inglés. Los profesores reconocen los beneficios del trilingüismo en las aulas, pero no ven clara su viabilidad a corto plazo y piden que el cambio sea paulatino.

Galicia se estrenó en la enseñanza trilingüe en 1999. Hoy, 184 centros de Primaria y Secundaria imparten hasta tres asignaturas en inglés o francés. Son las llamadas secciones bilingües, que la Consellería de Educación financia en un 60%. El resto, lo asume el Ministerio de Educación. Los profesores que acrediten un nivel intermedio de inglés pueden dar su materia en esta lengua. Las 627 secciones bilingües de Galicia, que recibieron este curso una inversión de 2.795.723 euros, atienden a más de 9.000 alumnos de Primaria y Secundaria. Pero ahora el trilingüismo es un compromiso de Gobierno y la consellería que dirige Jesús Vázquez pretende afianzar el sistema más allá de las secciones bilingües, aunque todavía no aclara cómo.

CC OO duda que el cambio sea viable. "Sobre todo, no puede ser de la noche a la mañana, primero hay que fortalecer la enseñanza del inglés y luego introducir la lengua paulatinamente y con cautela a otras materias", afirma el responsable de Ensino del sindicato, José Fuentes. ¿Hay suficientes profesores capacitados para impartir sus materias en inglés? Según CC OO no es tanto un problema de competencias como de "adaptación de los cuadros de personal".

Y eso trata de lograr el Proyecto de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, un itinerario formativo dirigido a docentes con una carga lectiva de 200 horas. En Galicia ya lo han cursado 300 maestros. Después de recibir clases intensivas de inglés con profesorado nativo, pasar dos meses en el extranjero y hacer un curso para aplicar lo aprendido en los aspectos didácticos, los docentes son aptos para dar su materia en inglés. Además de este programa, la Xunta ofrece al profesorado estadías en el extranjero durante el verano y licencias retribuidas para estudiar un idioma fuera de España. ¿Se impulsará más la formación del profesorado? ¿Los cursos dejarán de ser voluntarios? Educación todavía no lo sabe. Aun así, los profesores temen que el plan del Gobierno se aplique precipitadamente. "Es ciencia ficción, una barbaridad, un absurdo, inaceptable e inviable desde el punto de vista pedagógico", denuncia Anxo Louzao, de CIG-Ensino. El sindicato alerta también de que el reto del trilingüismo "es una manera para desviar el debate del gallego", cuyo peso en las aulas no alcanzaría, con el nuevo decreto, el mínimo del 50% de materias que establece la norma actual. "Lo primero es normalizar el uso de la lengua propia de Galicia en la escuela", coincide Raúl Gómez, de UGT, quien tacha de "hipotético" y "fantasmagórico" el reto del trilingüismo: "Aunque sería la situación óptima, es imposible alcanzarla con los recursos actuales".

Un juez considera el acoso sexual causa de baja por accidente laboral

Una limpiadora demuestra seis años después la persecución por un compañero

PABLO DE LLANO - Madrid - 06/07/2009

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 30 de Madrid ha dado un impulso a los derechos laborales frente al acoso sexual en el trabajo. El juez José A. Folguera Crespo concluyó el 7 de mayo que la depresión de una limpiadora, Purificación González Oliva, de 32 años, se debió al acoso de un compañero de trabajo de la empresa Plásticos Bandrés, reconociendo su baja médica como accidente laboral, categoría que se suele dar únicamente a los daños físicos.

"Me atiborraba de pastillas, sólo pensaba en quitarme la vida"

Dejó su trabajo en 2003 y recibe pensión por enfermedad común

Purificación dejó su trabajo por enfermedad en junio de 2003, y desde entonces ha recibido una prestación de la Seguridad Social por "enfermedad común", cerca de 400 euros mensuales, menos de la mitad que si hubiesen catalogado su problema como accidente laboral. La sentenciacidente laboral. La sentencia abre una puerta a que la Seguridad Social corrija su decisión y cierra un ciclo de seis años en el que la víctima, divorciada y con dos hijos de 8 y 13 años, ha tenido que sobrevivir con muy pocos recursos, sin trabajo, con una depresión severa y anorexia nerviosa. "Ha sido eterno, pero ha habido recompensa", explica la afectada.

En este tiempo, defendida por una abogada del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), Purificación ha pasado por dos juicios civiles. El primero, por despido: después de coger la baja denunció a la Inspección de Trabajo que había sido acosada sexualmente por Eusebio Bravo, jefe de su turno de trabajo. La empresa la echó en marzo de 2004 alegando que su contrato temporal había vencido; en septiembre, el Juzgado de lo Social número 13 anuló el despido por ser una represalia contra la denuncia de acoso, atestiguado en la vista por algunos de sus compañeros de trabajo. Tras los recursos presentados por la empresa, el Tribunal Supremo ratificó la condena y Plásticos Bandrés, una empresa de envasado con unos 50 empleados, la mayoría mujeres, tuvo que indemnizar a la limpiadora con 30.000 euros.

Al corroborarse el acoso, Purificación y su abogada solicitaron al Instituto Nacional de la Seguridad Social que reconociera que la depresión tenía una causa exclusivamente laboral -el acoso al que fue sometida Bravo-, lo que mejoraría su prestación de baja. La Administración rechazó la petición y ella interpuso una nueva demanda, que acaba de aceptar el juzgado de José A. Folguera.

La abogada, María Cruz Espartosa, opina que las trabas puestas por la Seguridad Social para identificar la baja como accidente laboral se deben a que trataba de "ahorrarse una prestación más cara". Tras la sentencia final, Espartosa ha solicitado de nuevo el cambio del tipo de paga y confía en que al fin acepten.

Estos seis años de batalla judicial llevaron a Purificación González a una situación límite, entre constantes intentos de suicidio y largas curas en el hospital La Paz: "Entraba y salía de la unidad de psiquiatría... Me daban el alta a las tres de la tarde y a las nueve me volvían a ingresar. Me atiborraba de pastillas. Sólo pensaba en quitarme la vida", recuerda Purificación. Mientras ella estaba en el hospital, los niños peregrinaban de casa en casa, entre familiares y amigos de su madre. Cuando volvía a casa, la situación no mejoraba: "Me pasaba el día entero en cama por la medicación, sin fuerzas para levantarme. La niña se ocupaba de su hermano pequeño: le daba el desayuno, le bañaba... Llegó un momento en que convertí a mi hija en madre", dice entre lágrimas.

Purificación había sufrido depresiones antes de empezar a trabajar en Plásticos Bandrés, pero ninguna tan honda. Según fuentes judiciales del caso, esto es lo que hizo que tardase tanto en conseguir que se identificase su enfermedad como accidente laboral. El fallo del juez Folguera, sin embargo, determina que el acoso laboral agravó su enfermedad hasta hacerla "incapacitante".

La jurisprudencia es renuente a aceptar que el acoso moral o sexual pueda producir enfermedades laborales. El fallo en favor de Purificación González se apoya en las pocas sentencias que sí han reconocido esta posibilidad, como la del Tribunal Supremo de 2005 que amparó a un policía autonómico vasco que tuvo problemas de salud por la presión de radicales abertzales.

Una vez que la justicia ha apoyado la demanda de González, la Seguridad Social debe decidir si compensa a la trabajadora por el dinero que dejó de percibir mientras no se reconoció su accidente laboral. El acosador, Eusebio Bravo, está libre de responsabilidades penales y continúa trabajando en Plásticos Bandrés. El director de la empresa, Francisco Tomás, afirmó que hubiera despedido a Bravo "si hubiese recibido una condena penal".

Purificación González va dejando atrás su depresión y vive con su hija mayor en una vivienda de protección oficial en Madrid. Hasta hace algunos días trabajaba en una empresa tramitando deudas de morosos. Pero no teme al futuro. El pasado prefiere dejarlo aparcado. Su mala memoria, arrasada por años de tranquilizantes, le ayuda a ello: "No me acuerdo bien de nada de lo que me pasó". Pero le muestra cuánto se dejó en el camino cada vez que echa la vista atrás y encuentra toda la infancia de sus hijos entre brumas.

Josep Miró i Ardèvol
Dos hechos forman parte de las grandes contradicciones de este país: el crónico bajo rendimiento escolar, y el discurso del nuevo modelo económico, concretado en el anuncio de una futura ley sobre economía sostenible.

El último dato, ceñido sólo a Catalunya, señala que el problema comienza en primaria, donde uno de cada cuatro alumnos no alcanza el nivel necesario, según las pruebas de la Generalitat. Después, en secundaria, el daño crece, logrando que el fracaso escolar aumente hasta el 30% - bastante más en los chicos-.El doble que la UE, el triple que señala como deseable la Estrategia de Lisboa 2010. Pero haríamos bien en no preocuparnos por aquel resultado numérico porque el fracaso real es más grande, simplemente muchos centros lo ocultan haciendo pasar de curso a gente sin la preparación exigible, incluso es posible aprobar a quienes ni siquiera se han presentado al examen.

A pesar de los años transcurridos el problema no ha mejorado, al contrario, empeora. La causa central es la inacción sobre las dos causas determinantes - aunque no únicas-del fracaso en la escuela: la pobreza y la ruptura de la familia.

Un excelente artículo del profesor Lluís Flaquer (Via 09;Centre d´Estudis Jordi Pujol) aporta datos recientes. En España el 24% de los menores de 16 años está en riesgo de pobreza; el 22% en Catalunya. La literatura científica que correlaciona rendimiento escolar y nivel de ingresos, a su vez vinculado con el capital cultural de la familia, es extensísima, y se remonta a Pierre Bourdieu. Algo parecido sucede con los efectos de la ruptura familiar. Desde los estudios de Coleman sobre el capital social de la familia y los resultados en la escuela, y los del Nobel Gary S. Becker sobre capital humano, hace más de dos décadas, se ha demostrado que el divorcio con hijos en edad escolar afecta negativamente a su rendimiento escolar. Este segundo factor nos afectaba relativamente poco, pero las leyes de los gobiernos de España y de la Generalitat, trabajando con ahínco, han conseguido que se ocupe un primerísimo lugar en Europa. Ya somos los primeros en divorcios, fracaso escolar, y paro. Ya vamos camino de la nueva economía. ¿No ha llegado ya el momento de razonar sobre todo esto sin agredirnos a golpe de estúpidas etiquetas?

La iniciativa entra dentro del objetivo de potenciar el respeto y la autoridad en los centros docentes.

6 Julio 09 - Carmen Morodo Compártelo:

MADRID- El Grupo Popular pretende promover un debate en el Congreso sobre la falta de autoridad del profesorado y la necesaria reforma legal para corregir ese problema. España ha sido uno de los países de la OCDE donde mayor descenso ha sufrido la valoración social de la educación y de la profesión docente.
Mientras desde algunas comunidades autónomas periféricas como Cataluña llegan vientos polémicos porque el debate educativo pivota sobre el uso de la lengua como elemento identitario, en las Cortes Generales entran iniciativas de color muy distinto, como una proposición de ley del principal partido de la oposición para que se añada un nuevo apartado al artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación que establezca que en «el ejercicio de sus funciones docentes y directivas en centros docentes, el profesorado tendrá, a todos los efectos legales, el carácter de autoridad pública». El Partido Popular pide que esta cláusula entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Delito de atentado
El reconocimiento legal expreso de su condición de autoridad pública permitiría tipificar las agresiones que sufren los docentes en el ejercicio de su profesión como atentados de los previstos en los artículos 550 y 551 del Código Penal.
Para justificar el objeto de su petición, el PP recuerda en su iniciativa que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una sentencia del 4 de diciembre de 2007, vino a sentar una jurisprudencia que ha sido utilizada en casos como el de la condena a un año de cárcel de unos padres que agredieron a una maestra, declarando la condición de autoridad pública para todos los profesionales que se encuentren ejerciendo una actividad considerada como deber público.
Importancia social
La propia Ley Orgánica de Educación señala en el citado artículo 104, que el PP propone completar, que las administraciones educativas velarán por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea. El problema es cómo se lleva ese principio teórico a la práctica.
En cualquier caso, dentro de la comunidad educativa (docentes, centros educativos y padres de alumnos) hay consenso sobre la idea de que disponer de un profesorado con autoridad es una condición imprescindible para avanzar en un sistema educativo de calidad en el que prime el mérito y el esfuerzo.

¿Falta o delito?
Los profesionales de la educación, como los sanitarios, representan dos de los colectivos más expuestos a las agresiones en el ejercicio de su profesión. Sin embargo, y pese a que la Fiscalía avaló en 2006 juzgar este tipo de violencia como «atentado a la autoridad», el hecho es que la mayoría de los juzgados continúan tomando estos hechos como una simple falta, de acuerdo con los colegios y sindicatos de ambos sectores. El problema es, precisamente, el que pretende solucionar el Partido Popular con esta proposición de ley: falta una legislación clara al respecto. Lo único que existen son acuerdos entre fiscalías, gobiernos autonómicos y colegios profesionales.

Efe

El alumnado extranjero no universitario ha aumentado un 6,8% el curso pasado en comparación con el anterior, hasta los 742.470 estudiantes, que es el crecimiento más bajo de los últimos 14 años en términos relativos. Este aumento es también menos de la mitad del registrado como media en los últimos años, que permanecía estabilizado en subidas anuales del 14,5% desde el curso 2004-2005. Desde mediados de los años noventa, el número de alumnos extranjeros no universitarios en España se ha multiplicado por catorce.

El mundo educativo de Catalunya asiste perplejo a la campaña de la derecha y medios afines. La Ley de Educación se ha limitado a ordenar el sistema lingüístico vigente en los últimos 25 años

El Parlament aprobó el miércoles la primera Ley de Educación de Catalunya (LEC). Horas después, la derecha mediática embistió fijándose sólo en el apartado lingüístico. Según sus tertulianos y portadas, la LEC acarrea, de facto, la “secesión” idiomática de Catalunya y condena al castellano al “destierro” de las aulas catalanas. Rajoy se aventuró a anunciar que, seguramente, el PP la llevará al Tribunal Constitucional y, a la defensiva, Zapatero llamó a no truncar “una paz ciudadana bastante amplia”.

La escuela catalana, hastiada y perpleja ante este tipo de campañas, se ha situado en el punto de mira. Pero el debate es recurrente e idéntico al que, ahora hace un año, provocó un manifiesto que afirmaba la supremacía del castellano frente al catalán, el gallego y el euskera. Se recogieron decenas de miles de firmas que reposan en algunas redacciones y sedes de partidos nacionalistas españoles.

La LEC se sancionó con amplísima mayoría gracias a CiU, PSC y ERC. ICV-EUiA votó en contra y, como los sindicatos, entiende que cuestiona el carácter público y progresista del sistema. Sólo el PP y Ciudadanos (17 de los 135 diputados del Parlament) esgrimieron el “conflicto” lingüístico.

Tercera hora optativa

La norma dota de marco legal al modelo de inmersión en catalán y otorga a la Generalitat una coraza para hacer valer sus competencias y no aplicar, por ejemplo, la tercera hora de castellano, cosa que hasta ahora tampoco hacía desoyendo un decreto estatal. Hacer una tercera hora (o más) dependerá de cada centro y de la realidad lingüística del entorno. Es decir, más castellano donde menos se hable y al revés. El objetivo sigue siendo que al acabar los alumnos dominen castellano y catalán por igual.

La comunidad educativa, desde 2006 inmersa en un debate que arrancó con el Pacte Nacional per l'Educació y que la LEC intenta cerrar, asume que la polémica del Ebro para abajo “tiene mucho de político y nada de pedagógico”. Ellos ni han tratado sobre la lengua.

Que el catalán debe seguir siendo “vehicular” para garantizar la igualdad de oportunidades sólo lo discuten asociaciones minoritarias y radicales del entorno de UPyD y Ciudadanos. El supuesto derecho de los castellanoparlantes a vivir al margen del catalán en Catalunya es su razón de ser.

Los matices del PP catalán

El PP, como demostró su diputado Rafael López el miércoles, es más moderado. Saben que atacar ese consenso les penaliza y por eso la dirección hace equilibrios entre los duros del partido en Catalunya, espoleados por la dirección nacional y sus medios afines, y la voluntad de “normalizarse”.

Montserrat Ros, la líder de la federación de enseñanza de CCOO, es tajante: “A la comunidad educativa le importa un bledo el debate de la lengua porque es irreal. No hay problema. El tema se zanjó con la inmersión. El problema es del catalán, que está en retroceso”, zanja. Sí admite el empeño de ERC en que el asunto se visualizara en la LEC. “Blindar la inmersión fue su condición para transigir en asuntos como cuestionar el modelo público”, apunta.

“Blindar la inmersión fue su condición para transigir en asuntos como cuestionar el modelo público”

Los partidos han incorporado a la ley lo que consagra el Estatut y varios decretos vigentes sobre usos lingüísticos en la red pública y concertada. La comunidad educativa coincide en que no hay, por tanto, novedad sobre la que sostener que habrá menos castellano.

El otro gran sindicato de las escuelas, la USTEC, que también se opone a la LEC, es favorable al blindaje del modelo lingüístico. Su portavoz Rosa Cañadell carga contra la tercera hora de castellano, que no se aplicará a no ser que el TC tercie. “No hacía falta. Ningún informe demuestra que los niños saben menos castellano que en el resto del Estado”, afirma antes de mostrarse de acuerdo con la autonomía de centros y maestros para, con criterio pedagógico, distribuir las horas de lenguas en función de la realidad social y lingüística. Además, como recuerda Ros, la sintaxis o estructura morfológica se suele impartir conjuntamente para ambas lenguas. Y en Catalunya se da, a diferencia del resto del Estado, una hora adicional semanal de clase concediendo así más margen.

El plácet del Constitucional

El presidente de la Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Ricard Aymerich, sostiene que el tema “se vive con naturalidad hasta que se politiza” y que se utiliza “más el castellano que el catalán” en algunos ámbitos educativos. Coincide con las sindicalistas en que el sistema perdura por el “consenso generalizado” en torno a un método que Jordi Pujol pactó con la pedagoga Marta Mata, del PSC, en los 80. Y en 1994 el TC falló a su favor como vía para garantizar el aprendizaje del castellano y, a la vez, hacer del catalán una “realidad efectiva”. El alto tribunal avaló la discriminación positiva como un método eficaz para “corregir situaciones de desequilibrio heredadas”.

Preocupan otras cosas. Aymerich indica que lo que es necesario es plantearse un “cambio metodológico global” y, en el capítulo lingüístico, la representante de CCOO lamenta que el problema es que se acaba con un nivel “no suficiente” en ninguna de las dos lenguas. Diagnostica que el problema está en la masificación de los parvularios.En la posición de la comunidad educativa (padres incluidos) está, seguramente, la razón del poco eco que encuentran algunas portadas en las calles de Catalunya.

Una norma que consolida el sistema lingüístico

¿Se podrá estudiar en castellano?

La lengua vehicular es el catalán. Sin embargo la LEC establece que en la “primera enseñanza”,  si los padres lo piden “en el momento de la matrícula”, se podrá  recibir atención individual con el castellano como vehicular.

¿Hasta ahora se podía aprender en español?

Hasta ahora era casi igual. Lo regulaba la ley de política lingüística de 1998. Poquísimos padres pedían educación vehicular en castellano. Según los últimos datos –extraoficiales–, 23 familias sobre un millón de alumnos.

¿Se permite separar a los alumnos?

Las LEC prohibe separar alumnos por lengua en diferentes líneas o centros.

¿Cuántas horas de catalán hay?

La mayoría de las escuelas de Catalunya imparten tres horas de catalán y dos de castellano a la semana. Sin embargo, estas horas se van adaptando y cambiando en función de la realidad social.

¿En qué hablan los docentes?

La LEC establece que los docentes “normalmente utilicen el catalán en las actividades de enseñanza y de aprendizaje”. La realidad es que en muchas zonas, sobre todo de la provincia  de Barcelona, ambas lenguas se combinan en las aulas.

¿Cuáles son los resultados?

El informe Pisa de 2007 da una media de comprensión lectora de 477 puntos en la OCDE. En España, para el castellano es de 461. Los niños catalanes tienen una calificación superior (477), al igual que gallegos (479) y vascos (487). Los andaluces, monolingües, 445 puntos.

La autora explica cómo, en el cinturón de Barcelona, el castellano es lengua de uso habitual en la escuela y convive sin ningún trauma con el catalán

EMPAR FERNÁNDEZ - 06/07/2009 07:15

Tengo por norma limitarme a hablar públicamente sólo de lo que conozco, por eso empezaré estas líneas precisando que mi experiencia de más de dos décadas en institutos públicos de educación secundaria se circunscribe al área metropolitana de Barcelona. Por lo tanto, lo que ustedes leerán a continuación, no es generalizable a la totalidad de Catalunya, pero sí a una gran parte, por lo menos a la parte más densamente poblada.

En las aulas que frecuento la convivencia de las dos lenguas oficiales nunca ha sido objeto de disputa ni causa de refriegas. Los adolescentes alcanzan la secundaria conociendo ambas lenguas en su versión hablada o escrita, o bien, para mi desesperación y la de mis colegas, desconociéndolas escandalosamente y también en igual medida. Reciben la mayor parte de las clases en catalán, pero no todas, utilizan textos y manuales en dicha lengua y han aprendido que en catalán se resuelven mayoritariamente los ejercicios, se responde los exámenes o se disculpa con la vista baja el alumno que llega tarde a clase.

Competencia similar

Los resultados obtenidos en las pruebas de selectividad por los alumnos formados en nuestras aulas demuestran que la competencia alcanzada es similar en ambas lenguas. El manejo indistinto del castellano y del catalán resulta sorprendentemente ágil y el chico o la chica pasan de una a otra con la facilidad con la que varían la orientación de su mirada.

Los alumnos saltan fácil y con agilidad de una a otra lengua oficial

Un adolescente puede acercarse a la mesa del profesor y, en voz baja, explicar: " És que aquest matí no em trobava bé, tenia mal de panxa. Tinc la nota de la meva mare " [Es que esta mañana no me encontraba bién, tenía dolor de barriga. Tengo la nota de mi madre].

Y a continuación tomar asiento y de la forma más natural del mundo, dirigirse a su compañero: "¿Has visto cómo me ha mirado? Si le digo que he estado liado con el messenger hasta las tres igual hasta se le ocurre llamar a casa".

Los años de inmersión lingüística han propiciado que el catalán sea la lengua vehicular de la educación, pero el castellano, para alivio de aquellos a los que el asunto preocupa y desvela, sigue siendo utilizado regularmente en las aulas por alumnos y profesores. Y no sólo, cuando se imparte la materia en cuestión.

Por otra parte, y esto sí que debería motivo de reflexión puesto que evidencia algún error cometido y por determinar, más allá del aula, allí donde terminan las relaciones formales alumno-profesor, la lengua predominante es el castellano. En el patio, en los pasillos, en la frágil intimidad de la mesa compartida, mientras se reparten empujones, collejas y manotazos, la lengua de la complicidad sigue siendo, mayoritariamente, el castellano.

La desesperación se alcanza con aulas que parecen Naciones Unidas

Las leyes pueden favorecer, propiciar, estimular, en ocasiones prohibir y limitar, pero difícilmente cambiarán en mucho el estado de la cuestión. Y mucho menos si tenemos en cuenta que buena parte de la inmigración que acogemos como podemos en nuestras aulas procede de países suramericanos y que el castellano es lengua de "encuentro".

Desde hace unos años profesores y alumnos hacemos lo posible por favorecer la comunicación, traducimos, repetimos los mensajes las veces que resulte necesario, improvisamos, señalamos, utilizamos las manos, los gestos, las onomatopeyas y los menos dotados incluso dibujamos conceptos en el encerado. Es frecuente alcanzar un punto de desesperación cuando la situación nos desborda, como le ocurrió a un buen amigo cuando el jefe de estudios entró en su clase, una clase que ya parecía la asamblea general de la ONU en versión reducida, en compañía de un alumno cuyo rostro no le resultaba familiar.

- Este es Niko. Acaba de llegar de Bulgaria, estará en tu grupo.

Con cara de entender más bien poco y en voz baja por si las moscas, mi amigo preguntó:

- ¿Y qué habla?

- Búlgaro- respondió el jefe de estudios con cara de circunstancias.

- Cojonudo, como yo.

Y con la esperada resignación del que lleva años aceptando las cosas como vienen, le señaló una mesa libre junto a la ventana.

El inglés y las teles

La LEC difícilmente desterrará el castellano de los centros educativos de Catalunya como afirman sus detractores; el debate al respecto es gratuito, completamente estéril y conduce a menudo a un enfrentamiento que acaba por no beneficiar a nadie. De pervertirlo y de aniquilarlo se ocupan ya y con aprovechamiento el inglés imperial, global, globalizador y omnipresente; los SMS y, de forma harto eficaz y desinteresada, nuestras televisiones públicas y privadas.

Ernest Maragall. Conseller de Educación de la Generalitat. Con el inconformismo y federalismo propios de su estirpe, defiende el modelo lingüístico vigente

BARCELONA - 06/07/2009 07:10

Es la hora de comer y Ernest Maragall (PSC) tiene hambre. Sin embargo, oculta las prisas al recibir a los periodistas de Público en su despacho, y casi parece relajado. Sus respuestas son dilatadas, sobre todo en las cuestiones lingüísticas, como si estuviera harto de callarse. Sus colaboradores dicen que está mucho más tranquilo desde que se aprobó la LEC, la primera norma educativa catalana. Se ha sacado un peso de encima. Y muchos focos.

¿Cómo encaja que, después de tanto trabajo con la LEC, lo único que algunos medios de Madrid destacan es el tema lingüístico?

Esta cultura dominante en esos medios de comunicación no se puede entender como una extensión de la sociedad [española] en términos políticos, porque si fuera así, quien sale perdiendo es España y, muy especialmente, ese núcleo de poder y de emisión de cultura política que es Madrid. Porque si Madrid es esas portadas... ¡ay de Madrid! Es un empobrecimiento y una renuncia a ser y a aceptar cualquier cosa que no sea reducible a un absurdo en términos de coincidencia o subordinación a lo que, desde su punto de vista, es la definición de España. Yo creo en una España mucho más rica, más interesante y mucho mejor que la que nos ofrecen estos medios de comunicación. Evidentemente esas portadas están basadas en una absoluta falsedad y en unsa manipulación de alto nivel respecto a lo que es la propuesta real de la Ley de Educación de Catalunya y de la realidad de nuestro país.

¿Por qué después de 25 años de inmersión algunos en Madrid no entienden el modelo educativo catalán? ¿Qué ha fallado? ¿Ha fallado la izquierda española? ¿O los gobiernos catalanes no se han sabido explicar?

¿Por qué tenemos que buscar tantos culpables y menos entre nosotros? Los hechos y los datos son claros y deberían de ser suficientes. Otra cosa es que haya un tipo de cultura política que a veces parece que es capaz de traspasar fronteras, de derecha a izquierda, y a la que ya le está bien refugiarse en tópicos que explican realidades con una distancia y un desconocimiento evidente. Además, sobre estos tópicos emite mensajes políticos interesados en otras cuestiones. Esta gente utiliza de manera reiterada una determinada aspiración de uno de los pueblos que completan el Estado para abonar un tipo de lectura absolutamente negativa de su concepto pobrísimo de lo que es España. Además, piden a la sociedad española que renuncie a aceptarse tal como es, a conocerse tal como es, a que se quiera tal como es. Es una renuncia y un empobrecimiento en nombre de unas necesidades políticas partidistas. Es su decisión, pero perjudica gravemente al concepto y a la posibilidad de futuro de constituir una España reconciliada con ella misma y consciente de su diversidad y de la riqueza que comporta esta diversidad.

Entonces, ¿Catalunya sí se ha explicado?

Nosotros hemos dedicado siempre muchos esfuerzos a explicarnos. Yo estuve en la comisión que intentó explicar qué era el Estatut del 2006 al resto de España. Acabé llegando a la conclusión de que es precisamente porque nos habían entendido que decidieron que no. Y eso no sólo la derecha sino una parte importante de la izquierda y del socialismo español. Y este no es una renuncia a España, a España como concepto.

¿Pero con esta ley habrá más o menos castellano en las aulas?

Habrá mejor castellano. Habrá la posibilidad, en libertad, en paz y en tranquilidad, de organizar nuestros currículum, nuestros proyectos educativos y nuestra manera de concebir este país, Catalunya, que es diverso, especialmente desde esta perspectiva de usos lingüísticos. Nuestra realidad pide respuestas distintas, no sólo por la inmigración y la historia. Es necesaria una especial significación de la inmigración, como situación añadida, y tener en cuenta el porcentaje que tiene en el castellano la lengua materna. Todo esto pide una capacidad del sistema educativo para tratar de modos distintos estas realidades diversas, sabiendo que el objetivo es el mismo: conseguir que el nivel de capacitación personal y enriquecimiento como ciudadano, derivado de esta cualidad nuestra, la de tener una lengua propia, el catalán, sea un beneficio para todo el mundo y que todo el mundo tenga esta posibilidad, esta oportunidad de distinguirse, en positivo, de otros territorios y países.

¿Tiene sentido que ICV- EUiA siga en el Govern después de que, por otros motivos, diga no a la ley más importante de la legislatura, que sí ha recibido apoyo de CiU?

No debemos mezclar cosas. La ley se planteó como una operación en un ámbito de debate global y de búsqueda de un acuerdo general. No era una política del Govern enfrentado a una oposición con la que negociar, sino que se quería buscar la máxima mayoría posible. Por lo tanto, no hay una contradicción que les impida estar en el gobierno. Evidentemente esto no minimiza que en esta ley uno de los socios del Govern haya optado por manifestar una determinada discrepancia. Aunque esa distancia es objetivamente muy pequeña porque son aspectos muy concretos de la ley.

Pero Dolors Camats, la portavoz de ICV-EUiA en el Parlament, fue muy dura en su comparecencia el miércoles pasado, cuando los parlamentarios votaron la LEC.

Fue dura en el lenguaje. Esa es la especialidad de los que se refugian en la ideología, es un terreno fácil de practicar. [Camats] abusó de los contenidos y se basó en hipótesis que no tienen verificación real. Esto sirve para tranquilizar conciencias pero no tiene más interés.

Como conseller de un Gobierno de izquierdas, ¿no cree que es una concesión excesiva permitir que los colegios concertados segreguen a los niños por razones de sexo?

A ver a ver si nos entendemos. Estamos hablando de la educación del país, es decir, de 4.000 escuelas3.000 públicas y el resto concertadas y de crear un sistema equilibrado, que sea capaz de entenderse y de complementarse. Aquí lo que hay es una construcción en positivo de un equilibrio necesario. Partir de la hipótesis de que la concertada perjudica a la pública o a la inversa es una hipótesis fácil. Es uno de esos refugios que pueden tener comodidad ideológica pero que no responde a ninguna realidad social. Y esta ley es más clara y más exigente en el terreno de la educación diferenciada que la LOE estatal, que ICV-IU apoyó. Es uno de esos casos en los que hay una distorsión de la realidad. D