Pepe Reig Cruañes
Profesor titular de la UCH-CEU
Miembro del Comité de Empresa
El sistema universitario español vivió en su día como una amenaza la legalización de las universidades privadas. Con el tiempo éstas deben haber aportado algún valor añadido al panorama, ya que han acabado por consolidarse como una especie de tercer sector. No han podido, sin embargo, despejar las preguntas que planean acerca de su grado de pluralismo interno y del dudoso respeto a los derechos laborales, a que están obligadas por las propias leyes de Reconocimiento que les dieron carta de naturaleza.
Estas universidades, salvo que su promotor sea directamente la Iglesia Católica, necesitan la aprobación del Parlamento autonómico y la autorización del Gobierno de la Comunidad. Esta aprobación no es incondicional y está sujeta a la estricta observancia del mandato constitucional en relación con asuntos como la libertad de cátedra y los derechos sindicales. Otra cosa es que los poderes públicos ejerciten o no la vigilancia sobre tales aspectos, lo que no parece estar, hoy por hoy, a la vista.
Todo esto viene a cuento de lo que acaba de ocurrir en la UCH, la Universidad Cardenal Herrera que la Fundación CEU San Pablo tiene en Valencia: dos sentencias en sendos juicios por despido acaban de condenar a la Fundación a readmitir a los despedidos, pagando salarios de tramitación y una indemnización por daños. Lo grave es que dos jueces diferentes han fallado la nulidad de los despidos por haberse vulnerado los “derechos sindicales e ideológicos” de los interesados. Se trataba de dos profesores comprometidos desde el principio con la representación de los trabajadores. Ambos habían apoyado en diversas formas la candidatura unitaria que, sin una etiqueta sindical concreta, agrupaba a los diferentes sindicalismos de clase e independientes frente a la opción sindical promovida por la empresa. La intervención del fiscal, que en casos de vulneración de derechos es obligada, fue contundente en los dos casos: los trabajadores habían presentado “indicios claros” de discriminación ideológica o sindical, sin que la empresa haya sido capaz de desmentirlos. Las sentencias consideran probado que el apoyo a la candidatura crítica era una actividad de riesgo en la UCH, toda vez que los componentes iniciales de dicha lista han sido despedidos o inducidos a marcharse, hasta sólo quedar siete de ellos.
La cosa, además, viene de lejos y no se limita a este centro sino que afecta a todos los de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Ésta probablemente sea la más importante institución educativa privada del país, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas y, últimamente, en manos de un equipo de católicos de última generación, ligados a órdenes y grupos conservadores como Legionarios de Cristo, Neocatecumenales, Opus y otras escuderías. Un equipo presidido hasta hace poco por D. Luís Coronel de Palma, sin méritos académicos conocidos y condenado recientemente por el Banco de España y por el Gobierno a inhabilitación y multa por el escándalo de Eurobank. El estilo de gestión de este equipo se ha caracterizado por el énfasis en la identidad católica y conservadora de la institución y por una gestión autoritaria de los asuntos de personal que les ha llevado a un rosario de condenas judiciales en Barcelona (Univ. Abat Oliva) Valencia (UCH) y Madrid (Univ. San Pablo). Sirvan como muestra de lo primero los congresos sobre terrorismo presididos por José Mª Aznar a bombo y platillo. Para ejemplo de lo segundo baste recordar la forma en que se deshicieron del presidente del Comité de Empresa de la Abat Oliva, por lo que fueron condenados, o los despidos ahora anulados.
¿Pueden actuar estas universidades, en uso de su autonomía, como si no existieran las leyes laborales y el mandato constitucional de libertad de cátedra e investigación? Ni éstas ni las de gestión pública serían posibles en ese estado. La propia ley prevé la posibilidad de revocación del reconocimiento ante incumplimientos sobrevenidos de los requisitos y compromisos a que están obligadas. Pero ¿cuándo empiezan a sonar las alarmas? ¿en qué momento deben los poderes públicos ejercer sus facultades de vigilancia?
Madrid, 19 de marzo de 2007 |
La economía mundial ha mantenido tasas de crecimiento cercanas al 5% en el 2006, con una progresiva pérdida de
protagonismo de EE.UU. a favor de las economías europeas. La fuerte caída del precio del crudo desde el verano ha permitido
una moderación de la inflación general, si bien la subyacente se ha mantenido en niveles muy altos en EE.UU., lo que sigue
preocupando a la Reserva Federal americana. Pese a ello, los mercados descuentan alguna bajada de tipos en el 2007 después de que la propia Reserva Federal interrumpiera las subidas a mediados de año en niveles del 5,25%. En la zona euro, por el
contrario, se han intensificado las expectativas de subidas adicionales a los 150 puntos básicos de aumento efectuado por el BCE
en los últimos trece meses, que han situado el tipo de intervención en el 3,50%. La desaceleración de EE.UU., la caída del precio
del crudo y las expectativas de bajada de tipos de la Reserva Federal han estado detrás de la favorable evolución de la deuda en
el segundo semestre, aunque los tipos a largo plazo cierran el año en niveles más altos que los del 2005, en el 4,71% en EE.UU.
y 3,96% en la zona euro. Aparte de los favorables resultados empresariales y la explosión de operaciones corporativas, el final
del ciclo alcista de tipos en EE.UU. junto a las expectativas de un aterrizaje suave de la economía americana han mantenido un
entorno favorable para la renta variable que, en términos globales y en el conjunto del año, se ha revalorizado del orden de un
8% en euros. |
