Federación de Enseñanza de CC.OO.

Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Enseñanza de CC.OO. ante el 8 de marzo de 2007

Son varias las iniciativas legislativas que el Gobierno ha llevado a cabo en relación con la igualdad de género. En unos casos, se trata de leyes específicas, como la Ley Integral contra la violencia contra las mujeres o la Ley de Igualdad, ahora en trámite parlamentario; en otros, como en el caso de la LOE, incluyendo también la perspectiva de la lucha contra la discriminación femenina, y en otros, en fin, ampliando derechos democráticos de igualdad para todas las personas, hombres y mujeres, como en el caso de la regulación del matrimonio de personas del mismo sexo.

Toda esta legislación debe tener una importante repercusión en el ámbito educativo, no sólo por la necesaria aplicación de medidas específicas, sino también por lo que debe suponer de educación a las nuevas generaciones en el valor de la igualdad de los sexos.

Todas estas nuevas leyes se justifican dada la situación discriminatoria que aún mantienen las mujeres: los datos que refleja la EPA siguen dándonos unas tasas femeninas de actividad y de empleo 22 y 23 puntos por debajo de las masculinas, una tasa de paro femenina casi del doble de la masculina, mayor índice de temporalidad para las mujeres que para los hombres (más de 4 puntos) y, por supuesto, una discriminación salarial que se concreta en que las mujeres ganan alrededor de las tres cuartas partes de lo que ganan los hombres. Por el contrario, las responsabilidades familiares y los trabajos de cuidados siguen estando, fundamentalmente, en manos de las mujeres: las mujeres dedican casi 5 horas al hogar, mientras que los hombres sólo dedican 2.

Y qué decir de la lacra social que significa la llamada violencia de género, cuando ya son más de una docena las mujeres muertas por esta causa en lo que va de año. Una situación que obligaba a la aprobación de una Ley Integral, pero que no ha conseguido reducir el número de muertes ni ninguna otra de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres.

En el ámbito educativo, la discriminación femenina sigue existiendo en múltiples aspectos, desde el mantenimiento de centros segregados por sexo hasta la desvalorización y poca presencia de las aportaciones de las mujeres en los contenidos académicos.

Por ello, la Federación de Enseñanza de CC.OO., que valora positivamente los avances que supondrán estas nuevas leyes para las mujeres, con motivo de la celebración del 8 de marzo, quiere hacer hincapié en las necesidades aún pendientes, dadas ciertas insuficiencias de las propias leyes o bien de su falta de aplicación en nuestro ámbito:

Que el Consejo Escolar del Estado, en su próximo informe anual sobre el sistema educativo, recoja datos y valore el estado de la convivencia en la comunidad educativa y que informe, asimismo, de las medidas que, en relación con la prevención de violencia y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, establezcan las Administraciones educativas.

Es necesario que las Administraciones educativas tomen medidas dirigidas a evitar la existencia de centros que segregan según el sexo, ya que la LOE, si bien no muestra un claro compromiso en defensa de una educación mixta, como hubiéramos deseado, al menos obliga a la no discriminación por razón de sexo en la admisión del alumnado, lo cual sigue siendo incumplido por un buen número de centros.

Que la Ley de Igualdad recoja, como se ha demandado por numerosas organizaciones sindicales, feministas y sociales, entre ellas CC.OO., un permiso de paternidad de 4 semanas a partir de la fecha de aprobación de la Ley, en lugar de esperar 8 años para ello.

Que esta Ley de Igualdad tenga en cuenta también al personal funcionario, tanto del ámbito universitario como del no universitario, para la aplicación de las diferentes medidas en relación con la conciliación de la vida laboral y familiar, que tendrán su aplicación en las trabajadoras y trabajadores de la AGE y en quienes se rigen por el Estatuto de los Trabajadores.

Que la Ley de Igualdad avance medidas y actuaciones reales y concretas dirigidas a conseguir la igualdad de las mujeres en el mercado laboral. No basta con la indicación del necesario tratamiento en la negociación colectiva: hay que fomentar medidas de acción positiva que permitan corregir los parámetros de la EPA que reflejan la discriminación: el incremento del acceso de las mujeres al empleo y sus posibilidades de promoción…, indicadores que no cambiarán sólo, ni siquiera fundamentalmente, con la ampliación de los permisos para el cuidado de las personas.

En definitiva, todas estas leyes son muy necesarias y deben aún mejorarse, pero no basta con su aprobación en el Parlamento y su posterior publicación en el BOE. El Gobierno, las Administraciones correspondientes y las Organizaciones empresariales deben después aplicarlas con voluntad y con firmeza. Nuestro papel, como sindicato, será exigírselo. Por su parte, los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza tienen también ante sí la posibilidad de mantener una práctica educativa que rechace la discriminación de las mujeres y que persiga la igualdad.